Luis Alberto De La Cruz Cotoc
Expediente 823/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 18/07/2022
Partes del expediente
- Luis Alberto De La Cruz Cotoc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que feneció el término de quince días previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la ley reglamentaria, para inconformarse contra el auto pronunciado por este juzgado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que las partes hubiesen realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el citado arábigo, SE DECLARA CONSENTIDO. Ahora bien, toda vez que en el proveído en mención se acordó lo relativo al destino de este expediente, quedando pendiente su envío físico al archivo, remítase a él por estar debidamente concluido. En la inteligencia que deberán conservarse los proveídos integrantes del incidente respectivo, ahora bien, se estima que, dado que se negaron tanto la suspensión provisional como la definitiva, se actualizan las hipótesis previstas en el inciso c) del artículo 21 (original del incidente de suspensión), e inciso a), fracción II del numeral 20 (duplicado del incidente) del referido Acuerdo, por lo que ambos son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años - para el cuaderno original- y seis meses -para el duplicado-, a partir de la fecha en que se emitió la resolución interlocutoria, procédase a su respectiva destrucción. Devuélvanse las constancias y discos de video digital enviados.
- Principal
ANTECEDENTES. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en sentencia terminada de engrosar el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se otorgó el amparo al quejoso ****. DECLARATORIA. Lo expuesto, de acuerdo con el criterio de este resolutor, denota que la ejecutoria se cumplió en sus términos. Se afirma lo anterior, toda vez que, como ya se hizo patente, el Juez de Control responsable, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente sumario realizó lo estipulado. Bajo tal contexto, toda vez que en lo que fue materia del presente juicio de amparo, se atendieron los parámetros de la sentencia protectora, en razón que de lo reseñado se advierte que la autoridad responsable cumplió sin defecto ni exceso tales lineamientos por los cuales se otorgó la protección constitucional, por lo que con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDO; haciéndole saber a las partes que se dejan a salvo sus derechos para interponer el recurso procedente. Consecuentemente, dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables y realícense las anotaciones en el libro de gobierno, y toda vez que como quedó precisado en la certificación correspondiente, no obra documento importante alguno, con apoyo en el invocado precepto 196, se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años transfiérase el presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y documentación. Resérvese el envío físico de los autos al archivo de este órgano de control, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el ordinal 202, párrafo primero, de la ley de la materia.
- Principal
Agréguese a los autos los oficios de cuenta firmados por el Teniente Coronel de Justicia Militar y Licenciado ****, Primer Juez Militar de Control de la Primera Región Militar, mediante el cual comunica haber dado cumplimiento al fallo protector y remite un disco compacto para acreditarlo. En tal virtud, *** con dichas actuaciones, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en el entendido que una vez transcurrido el mismo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgador resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de los actuales, en esencia, manifiesta encontrarse imposibilitado materialmente para acatarlo. Sobre el particular, resulta oportuno destacar que en la ejecutoria de amparo, en lo que interesa, se estableció:***. De la transcripción señalada con antelación, se desprende que la Primera Sala del Alto Tribunal, de manera expresa estableció que en los tribunales de justicia locales y en el poder judicial de la federación, se cuenta con un registro electrónico de cédulas profesionales, al que los abogados deben acudir a efecto de inscribirse y obtener un número de registro en dicho sistema, para esto deben cumplir con cierta normatividad y exhibir determinada documentación, la cual puede variar según la entidad; y, tal aspecto, debe tomarse en consideración para determinar la forma en que se debe verificar la calidad profesional de la defensa del imputado. Lo anterior, pues señaló que con ello, se genera la información suficiente, que permite al personal a cargo de dicho registro, verificar, en lo que aquí interesa la identidad de su presentante. Sentado lo anterior, no pasa inadvertido que en la ejecutoria mencionada, no se hizo un especial pronunciamiento de los Tribunales de Justicia Militar; sin embargo, la Sala del Alto Tribunal del País, sí estableció la posibilidad de que, en los casos en los que no se cuente con un sistema de registros, los Órganos Jurisdiccionales [en el caso la autoridad responsable], tome las medidas necesarias para llevar un registro interno que persiga la misma finalidad [verificar la identidad de quien se ostentó como defensor del imputado y exhibió la cédula profesional]. Sobre ello, este Órgano de Control Constitucional, en la ejecutoria emitida en el presente controvertido, hizo el pronunciamiento respectivo, pues, en lo conducente, se señaló: ***. Lo anterior hace patente que si bien, la autoridad responsable no cuenta con un sistema de registro [previamente establecido] y no tiene acceso a los tribunales de distinto fuero; lo cierto es que, el área administrativa de su adscripción, puede llevar el control y registro de los diversos intervinientes en los procedimientos penales que se están realizando dentro de ese Órgano Jurisdiccional. Es decir, el personal administrativo designado para tal efecto, está en condiciones llevar a cabo los procesos de registro internos; y, para ello solicitar, en lo que interesa, a los defensores de los investigados, diversa documentación, con el objeto de verificar su identidad. En este contexto, este Órgano de Control Constitucional, no advierte la imposibilidad material que aduce el Juez responsable para acatar la sentencia de amparo, en los términos siguientes: ***. Lo anterior es así, pues en caso de que al momento de dictarse el acto reclamado en esta instancia, no se hubiera llevado a cabo el procedimiento de registro de la defensa del aquí quejoso, al tenor de lo señalado en la ejecutoria de amparo y precisado en el presente auto. Está en condiciones, por las razones señaladas en líneas precedentes, de llevar a cabo el registro correspondiente y acatar el fallo protector en sus términos. Por tanto, subsiste el requerimiento y apercibimientos decretados en auto de doce de mayo del año en curso.
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