Luis Alberto Juárez González

Expediente 1729/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1729/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2015

Partes del expediente

  • Luis Alberto Juárez González

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B ".Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de trece de noviembre de dos mil quince (fojas 54 a 62), por el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Juárez González; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata, hágase de su conocimiento que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA V A Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, por el que informa que el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en México, Distrito Federal, no aceptó la competencia que le planteó aquél para conocer del expediente 114/2015 que se le remitió para el dictado de la sentencia respectiva, y como insiste en declinar la competencia a este último, ordenó remitir el citado juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Decimotercer Circuito, con sede en esta ciudad, para resolver el conflicto competencial suscitado; para que surta sus efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA IV B Vista la demanda de amparo signada por Luis Alberto Juárez González contra actos de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en México, Distrito Federal, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1729/2015. En principio, deviene relevante establecer que de la lectura integral del escrito de demanda y constancias anexas, se advierte que el demandante del amparo reclama de las autoridades responsables, las determinaciones contenidas en el oficio 700-63-00-00-00-2015-4778 de quince de octubre de dos mil quince, emitido en el expediente 3S.7-2015 con folio 588029; en el oficio 700-63-00-00-00-2015-3483890 de quince de octubre de dos mil quince y en el oficio 4778 de quince de octubre de dos mil quince, mediante los cuales se determinó dejar sin efectos los certificados de sellos Digitales que utiliza para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Versus esos actos, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo. De entrada, conviene anotar que la mencionada fracción del numeral citado establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria; ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos o medios de defensas ordinarios. Por su vinculación al caso, conviene recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 115/99 y 116/99, -al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Por consiguiente, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere: ? Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ? Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. ? Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. ? Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. En el propio sentido, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, en la tesis aislada LVI/2000, estableció que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto en los casos siguientes: A. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: ? Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ? Actos cuya ejecución es de imposible reparación. ? Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. ? Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. B. Por disposición de la Ley de Amparo (la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece). ? Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ? Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. ? Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. C. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. D. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. ? Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. ? Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (actualmente regulado de manera expresa). En el caso, el quejoso no agotó el recurso ordinario de defensa que existe para combatir los actos reclamados, como lo es, el recurso administrativo de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o, bien, por ser optativo dicho recurso, a través del juicio de nulidad ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que si los actos reclamados le causan agravios, debió haber interpuesto los medios de defensa referidos, a través de los cuales pudo haber obtenido resolución favorable atendiendo al principio de definitividad que exige la materia que nos ocupa. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; El precepto legal transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Lo que significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar el medio ordinario de impugnación. Es importante destacar que el artículo y fracción indicados hacen referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese supuesto. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señala como actos reclamados las determinaciones contenidas en el oficio 700-63-00-00-00-2015-4778 de quince de octubre de dos mil quince, emitido en el expediente 3S.7-2015 con folio 588029; en el oficio 700-63-00-00-00-2015-3483890 de quince de octubre de dos mil quince y en el oficio 4778 de quince de octubre de dos mil quince, mediante los cuales se determinó dejar sin efectos los certificados de sellos Digitales que utiliza para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Ahora, el suscrito estima que tales actos son susceptibles de ser impugnados a través del juicio de nulidad, por tanto, la parte quejosa antes de instar el juicio constitucional, debió agotar el medio de impugnación ordinario en su contra. Para evidenciar lo anterior tenemos que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, prevé los supuestos de competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado; IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales; X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; Párrafo reformado DOF 10-12-2010 XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y Fracción adicionada DOF 10-12-2010 XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal. Fracción recorrida DOF 10-12-2010 Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia. En el referido numeral se establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican en sus diversas fracciones. De ahí que, en el caso concreto, resulten impugnables sus actos a través del juicio de nulidad de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos del numeral 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece su procedencia contra las resoluciones que causen un agravio en materia fiscal. Ahora, en los juicios de nulidad que se promueven ante el citado tribunal existe la posibilidad de suspender el acto reclamado, pues rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual prevé la suspensión de los actos reclamados, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Al respecto resulta procedente analizar el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en contraposición con los artículos 112, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 143 de la Ley de Amparo, para dejar preciso lo anterior, para lo cual se estima conveniente realizar un cuadro comparativo entre ellos: LEY DE AMPARO VIGENTE LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Párrafo reformado DOF 14-07-2014 I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Párrafo adicionado DOF 14-07-2014 Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Artículo 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será admisible la prueba testimonial. Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal. ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo reformado DOF 10-12-2010 Del análisis de los citados artículos se llega a la conclusión de que actualmente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos que los de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. En efecto, toda vez que la Ley de Amparo, en su numeral 128 establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, que consisten en: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que el numeral 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si la quejosa otorga garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Por último, el ordinal 135 establece que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, en su numeral 28 establece: a) Que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. b) Que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. c) Que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. d) Que en los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. En ese sentido, debe decirse que la circunstancia de que en el juicio de nulidad no se exijan mayores requisitos para obtener la suspensión, que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, obliga a los afectados por un acto de autoridad competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a su agotamiento antes de acudir al juicio de amparo, salvo que se esté en presencia de alguna de las excepciones previstas en el artículo 61, fracción XX, de la ley invocada, lo cual en el caso no se advierte; ya que el acto reclamado no carece de fundamentación, no sólo se alegan violaciones directas a la Constitución y el medio de defensa se encuentra previsto en la ley aplicable; tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Luego, conforme a los elementos expuestos, se arriba a la conclusión de que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues los actos que aquí se reclaman pueden ser combatidos mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, dado que el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado; de ahí que resulta inconcuso que la parte quejosa, previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 130/2013 y 19/2015, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , sin que pase inadvertido que si bien el primero de los criterios fue emitido bajo la vigencia de la anterior ley de la materia; lo cierto es que en los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley de Amparo vigente, prevalecen requisitos similares a los que rigieron la suspensión del acto en la anterior Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata. En otro orden, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que precisa, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones personales a las personas que indica, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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