Luis Alberto Ishijara Torres
Expediente 521/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Alberto Ishijara Torres
Actuaciones
- Principal
MESA VI B Vistos los autos y el cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintisiete de mayo del presente año (fojas 23 a 26), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que respecto de la autoridad responsable, no se tenga constancia de notificación de la resolución aludida y, en consecuencia, no se advierta si ha o no transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; pues de conformidad con lo dispuesto en el numeral 87 de la ley de la materia, ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente los actos que de ella se hayan reclamado, lo que en el caso no acontece, puesto que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, la copia certificada de la causa penal 181/2015 de su índice, respecto del cual en proveído de veintisiete de mayo del presente año, se ordenó formar el tomo de cuaderno de pruebas (foja 23). Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Principal
MESA VI B Agreguese a los autos el oficio 2694/2015 signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, por el que, en atención al informe justificado solicitado mediante auto de dieciséis de abril de este año (foja 8), transcribe el auto de trece de mayo del presente año, dictado en la causa penal 181/2005 de su registro; al que anexa copia certificada de la causa penal de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad en comento, la copia certificada de la citada causa penal; probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Con la documental antes referida apertúrese el tomo I del cuaderno de pruebas, respetando el folio, entresello y rúbrica asignados. Ahora bien, del estado de autos y constancias remitidas por la autoridad responsable, como premisa fundamental se tiene en cuenta que el quejoso Luis Alberto Ishijara Torres reclama de la autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, la resolución de diecisiete de febrero de dos mil quince, dictada en la causa penal 181/2005, en el cual, por una parte, se dejó insubsistente la resolución incidental de veintiséis de marzo de dos mil doce, en la que se declaró infundado el incidente no especificado de libertad preparatoria, promovida por el sentenciado Luis Alberto Ishijara Torres, y por otra, declaró procedente pero infundado el incidente de referencia; ello con motivo del cumplimiento de amparo 774/2014, índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad (fojas 1418 a 1424 del tomo I de pruebas). Con relación a lo anterior, es de tenerse en cuenta que el quejoso en su escrito de demanda señala como acto reclamado la resolución notificada el doce de mayo de dos mil doce, respecto de la determinación de veintiséis de marzo de ese año; empero, como se precisó, la misma quedó insubsistente por la diversa de dieciséis de febrero de dos mil quince. En principio, conviene señalar que la Segunda Sala del mas Alto Tribunal Constitucional del pais, en la jurisprudencia 10/2003, sostuvo que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. En la especie, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; Como es de verse, esa fracción establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por la parte quejosa, motivo por el cual es necesario determinar, en primer lugar, lo que se entiende por recurso. El más Alto Tribunal del país ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Robustece lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo. De acuerdo con lo antes precisado, debe decirse que el recurso a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que la parte promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados; también es necesario que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente. En ese tenero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de este examen, cobra relevancia el principio del contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. Ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja a la parte promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oída en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchada en defensa de sus derechos, pues bien, puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto este en que la parte quejosa no será escuchada ante las autoridades ordinarias. Por tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En ese orden de ideas, cabe colegir que si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparos que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de amparo, y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En el caso concreto, los requisitos anotados se encuentran colmados, como se explica a continuación. ? El diecisiete de febrero de dos mil quince, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 774/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, emitió resolución en la causa penal 181/2005, en el cual, por una parte, dejó insubsistente la resolución incidental de veintiséis de marzo de dos mil doce, en la que se declaró infundado el incidente no especificado de libertad preparatoria, promovida por el sentenciado Luis Alberto Ishijara Torres, y por otra, declaró procedente pero infundado el incidente de referencia (fojas 1418 a 1424). ? Mediante notificación de nueve de marzo de dos mil quince, el aquí quejoso, en el acto de la notificación, interpuso recurso de apelación contra la resolución de diecisiete de febrero de dos mil quince (foja 1449 del tomo de pruebas). ? El trece de mayo de este año, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, admitió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de diecisiete de febrero citado (fojas 1479 y 1480 del tomo de pruebas). Como se ve, esos datos indefectiblemente, conllevan a sostener que se encuentra en trámite el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, aquí quejoso, Luis Alberto Ishijara Torres, contra la resolución de diecisiete de febrero de dos mil quince, reclamado en esta sede constitucional; medio de impugnación que tiene por objeto que el tribunal de alzada confirme, revoque o modifique la resolución recurrida. Esto es, se afirma que el recurso de apelación de referencia se encuentra actualmente en trámite, debido a que existe el auto admisorio del recurso por parte del juzgado responsable, quien, además, ordenó que una vez notificado el citado auto, se remita el testimonio certificado de la causa penal en que se actua para la substanciación de la segunda instancia. Lo que, de conformidad con los artículos 370 y 383 del Codigo Federal de Procedimientos Penales , forman parte de la tramitación del recurso de apelación; de esa manera el citado recurso constituye una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 144/2000 del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país, que es del tenor: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. De igual manera, robustece lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia 19/94 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: APELACION EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCION XIV, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XIV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, establece la causal de improcedencia del juicio de amparo, en la hipótesis de que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por otra parte, la jurisprudencia número 942, visible a fojas 1541 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece que tal causal debe estar plenamente demostrada y no inferirse a base de presunciones; en esas condiciones, si al notificarse al procesado y luego quejoso, el auto de formal prisión, manifiesta escuetamente "APELO", sin existir ninguna otra constancia de que se admitió o esté en trámite tal recurso ordinario, resulta incuestionable que esta causal no está acreditada plenamente; con mayor razón, si de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 149 de la ley de la materia, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debió acompañar las constancias necesarias para apoyar la improcedencia del juicio, ya que el trámite del recurso no debe justificarse sólo con la constancia de que se interpuso el mismo, sino con todas aquellas que justifiquen su admisión para su trámite. En tales circunstancias, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio constitucional y conlleva a decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 17. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI B Vistos los autos se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional (foja 8); sin embargo, la autoridad responsable, no ha rendido su informe justificado, y no existe constancia que acredite hubiere quedado notificada de su petición; por tanto, no es factible celebrar la aludida audiencia, la que se difiere, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. En tal virtud, requiérase al jefe de Correos de México, en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita el acuse de recibo correspondiente al oficio 3600, dirigido a la autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en los Mochis, con registrado postal 25144, depositado en la oficina a su cargo el diecisiete de abril de este año, y de no cumplir o informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma.
- Principal
MESA VI B Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Luis Alberto Ishijara Torres, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, por violación a sus derechos fundamentales; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 521/2015; tramítese sin incidente de suspensión, por no haber solicitado la parte quejosa esa medida cautelar. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese informe justificado a la autoridad responsable el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a que reciban el oficio, para lo cual deberá acompañar, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación con el acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y así haberlo solicitado expresamente, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le deban hacer de manera personal, háganse en el lugar donde se encuentre privado de su libertad, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento. Por otra parte, toda vez que el quejoso solicita se le asigne un abogado de oficio, mediante oficio que al efecto se gire a la Delegada del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el Estado, con copia de la demanda que se acuerda, notifíquesele el presente proveído a fin de que provea lo conducente a dicha solicitud. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Finalmente, a fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano. Notifíquese personalmente.
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