Luis Alberto Gómez Sánchez
Expediente 639/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/06/2023
Partes del expediente
- Luis Alberto Gómez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa el recurso de queja a que se refiere el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del proveído de siete de junio de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, Acuerdo General de siete de junio de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV), del precitado Acuerdo General. Por último, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, de propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Penal y otras autoridades; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 639/2023-C. Ahora, como cuestión previa, cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano..." Del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo esencialmente reclama: - La orden de traslado, su ejecución y - La convalidación realizada por el Juez responsable mediante determinación de catorce de febrero de dos mil veintitrés, al calificar de legal la orden de traslado del Centro de Reinserción Social La Mesa en Tijuana al Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California. Precisado lo anterior, la suscrita advierte que la orden de traslado ejecutada, se llevó a cabo el trece de febrero de dos mil veintitrés, y fue calificada de legal por el Juez Tercero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, el catorce del mismo mes y año, según lo refiere el quejoso. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado, consistente en la orden de traslado ejecutada de trece de febrero de dos mil veintitrés, misma que reclama al Director del Centro de Reinserción Social La Mesa en esta ciudad y a la Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario en Baja California (CESISPE), se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en este caso, la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispositivo legal que textualmente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, la indicada causa de improcedencia, se actualiza debido a que el acto reclamado en esta vía, consistente en la orden de traslado ejecutada el trece de febrero de dos mil veintitrés, por las autoridades antes mencionadas, cesó en sus efectos al haber sido sustituida procesalmente, por haberse calificado de legal por parte del Juez Tercero de Primera Instancia Penal en esta ciudad, el catorce de febrero siguiente, lo que torna improcedente la acción de amparo respecto del citado acto, dado que en todo caso la diversa determinación judicial, es la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales o bien por los medios de defensa ordinarios, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto tiene aplicación por las razones jurídicas la siguiente tesis, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, número de registro 165869, del rubro y textos siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Sentado lo anterior y en relación al diverso acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia Penal de esta ciudad, es necesario establecer que ante las circunstancias legales que imperan en nuestro sistema jurídico, específicamente, lo relativo a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la reforma a los artículos 18 y 21, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la cual entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. A lo expuesto, se suma la reforma publicada en el citado medio de difusión oficial el diez de junio de dos mil once, que modificó el segundo párrafo del mencionado artículo 18 constitucional, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, y que representó el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos en la carta magna y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte; esquema de protección que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Así, se puede decir que como parte integral de la implementación del sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De ahí que, se considere que el peticionario de amparo cuenta con medios ordinarios de defensa para la impugnación de la convalidación de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por lo que aun y cuando tales actos afectan su libertad personal de manera indirecta, no debe estimarse que dicha vulneración sea fuera del procedimiento. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Inciso adicionado DOF 17-06-2016 Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la transcripción anterior se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto -por regla generalprevio a instar la acción constitucional el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; así como órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos en los que se establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, aquellas que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En el presente caso, el acto reclamado consistente en la determinación de catorce de febrero de dos mil veintitrés, que calificó de legal la orden de traslado de ******************** del Centro de Reinserción Social La Mesa en Tijuana al Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California, ejecutada el trece de febrero del año en curso, no representa alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; por tanto, le era exigible a la parte quejosa agotar el recurso de apelación que para el caso contempla el artículo 132, fracciones I y VII, en relación con el numeral 52, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual tiene por objeto su modificación, revocación o anulación. En efecto, al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las quejas 36/2020 y 46/2020, sostuvo que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, precisó que dicho numeral establece que si el Juez califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada. Por tanto, conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, y previo a instar el juicio de amparo, tendrá que agotar el referido medio de defensa. Consideraciones que fueron plasmadas en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2023063, cuyo texto y contenido son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." En ese sentido, es claro que en contra de la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, que calificó de legal el traslado de ********************, efectuado el trece de febrero de dos mil veintitrés, del Centro de Reinserción Social Tijuana al Centro de Reinserción El Hongo, con sede en Tecate, la parte quejosa debió interponer el medio ordinario de defensa procedente -recurso de apelación-. Por lo que al no hacerlo así, se estima que no cumplió con el principio de definitividad que se requiere para acudir al juicio de amparo, motivo por el cual, éste resulta improcedente. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, el señalado en el escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que sí cuenta con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, por no contar con dicho registro. De igual manera, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico a fin de establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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