Luis Alberto Chiriboga Iñiguez
Expediente 387/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/05/2023
Partes del expediente
- (Promovente) Fernando Romero Malpica
- Luis Alberto Chiriboga Iñiguez
- LUIS ALBERTO CHIRIBOGA IÑIGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se obtiene que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa. hubiera recurrido el auto en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que en el expediente principal no obstante de que se sobreseyó en el presente asunto, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa lo relativo al acatamiento de la suspensión de plano e informa que al directo agraviado ********************, se le otorgó oficio de salida del país el dos de abril del año en curso, lo que acredita con copia certificada del precitado oficio de salida que envía vía correo electrónico. Sin que haya lugar a tener a la autoridad precitada nombrando delegados y señalando como domicilio para recibir notificaciones, en virtud que por acuerdo de diez de abril de la presente anualidad, se le tuvo por recibida diversa misiva y se proveyó lo conducente . Ahora, de las constancias anexas al oficio de cuenta, se desprende que al quejoso ********************, se le otorgó oficio de salida el dos de abril de dos mil veintitrés, por lo que resulta evidente que el citado quejoso no se encontraba alojado en alguna estación migratoria a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa (cuatro de abril del año en curso). En esa tesitura, en el caso concreto, queda evidenciado que los actos reclamados por cuanto al directo quejoso no existían al momento de la presentación de la demanda, lo cual se ve corroborado con el oficio de salida EM/BC/TIJ/3062/2023, de dos de abril de del año en que transcurre, por el que se le otorgó un documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, documento público que detenta pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. De ahí que lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el directamente agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éste) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el directamente agraviado esté en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sustenta dicha determinación, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), visible en la página 2646, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Décima Época, Materia Común, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del quejoso ********************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y vía electrónica al promovente.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa lo relativo al acatamiento de la suspensión de plano e informa que al directo agraviado ********************, se le otorgó oficio de salida del país el dos de abril del año en curso, lo que acredita con copia certificada del precitado oficio de salida que envía vía correo electrónico. Sin que haya lugar a tener a la autoridad precitada nombrando delegados y señalando como domicilio para recibir notificaciones, en virtud que por acuerdo de diez de abril de la presente anualidad, se le tuvo por recibida diversa misiva y se proveyó lo conducente . Ahora, de las constancias anexas al oficio de cuenta, se desprende que al quejoso ********************, se le otorgó oficio de salida el dos de abril de dos mil veintitrés, por lo que resulta evidente que el citado quejoso no se encontraba alojado en alguna estación migratoria a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa (cuatro de abril del año en curso). En esa tesitura, en el caso concreto, queda evidenciado que los actos reclamados por cuanto al directo quejoso no existían al momento de la presentación de la demanda, lo cual se ve corroborado con el oficio de salida EM/BC/TIJ/3062/2023, de dos de abril de del año en que transcurre, por el que se le otorgó un documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, documento público que detenta pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. De ahí que lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el directamente agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éste) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el directamente agraviado esté en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sustenta dicha determinación, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), visible en la página 2646, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Décima Época, Materia Común, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del quejoso ********************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y vía electrónica al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe." Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa lo relativo al acatamiento de la suspensión de plano e informa que al directo agraviado ********************, se le otorgó oficio de salida del país el dos de abril del año en curso, lo que acredita con copia certificada del precitado oficio de salida que envía vía correo electrónico. Sin que haya lugar a tener a la autoridad precitada nombrando delegados y señalando como domicilio para recibir notificaciones, en virtud que por acuerdo de diez de abril de la presente anualidad, se le tuvo por recibida diversa misiva y se proveyó lo conducente . Ahora, de las constancias anexas al oficio de cuenta, se desprende que al quejoso ********************, se le otorgó oficio de salida el dos de abril de dos mil veintitrés, por lo que resulta evidente que el citado quejoso no se encontraba alojado en alguna estación migratoria a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa (cuatro de abril del año en curso). En esa tesitura, en el caso concreto, queda evidenciado que los actos reclamados por cuanto al directo quejoso no existían al momento de la presentación de la demanda, lo cual se ve corroborado con el oficio de salida EM/BC/TIJ/3062/2023, de dos de abril de del año en que transcurre, por el que se le otorgó un documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, documento público que detenta pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. De ahí que lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el directamente agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éste) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el directamente agraviado esté en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sustenta dicha determinación, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), visible en la página 2646, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Décima Época, Materia Común, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del quejoso ********************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y vía electrónica al promovente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, por sí y en representación de las demás autoridades responsables de ese Instituto, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, en el que refiere acatar la misma y comunica que el directo agraviado no se encuentra alojado en las instalaciones de la estancia provisional de esta ciudad . Asimismo, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Luego, dado que del informe que se agrega se desprende que la citada autoridad responsable refiere que remite la constancia de salida del quejoso Luis Alberto Chiriboga Iñiguez, la cual no se adjuntó al mismo; en consecuencia, requiérasele para que en el plazo de tres días contados legalmente, remita la precitada constancia o bien informe el impedimento que tenga para ello. Apercibido que de no cumplir a lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $5,187 (Cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción II, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la constancia actuarial que antecede, de la cual se advierte que el directamente agraviado Luis Alberto Chiriboga Iñiguez, no está alojado en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes Franklin Iniguez y Fernando Romero Malpica Aguilar, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, informen si conocen el lugar en el que puede ser localizado el directo agraviado, o bien, lo presenten en las instalaciones que ocupa este Juzgado para que ratifique o no la demanda promovida a su favor. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, ambos de la ley de la materia, se harán acreedores a una multa consistente en cincuenta veces la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés. Además, se apercibe a los directos promoventes que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Notifíquese vía electrónica a los promovente.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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