Luis Alberto Cruz Morales
Expediente 689/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Luis Alberto Cruz Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 127 y 128), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 135 y 136) En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dos de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a Luis Alberto Cruz Morales, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que el acto impugnado se encuentra afectado de nulidad absoluta. En consecuencia, en acatamiento de los diversos criterios emitidos por el Alto Tribunal, constriña a las autoridades demandas a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva, consistente en el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio; y demás prestaciones solicitadas a las que tenga derecho tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y prima de antigüedad; y además, establecer condena por las prestaciones que deben ser cubiertas al quejoso para resarcir el daño causado, consistentes en beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concrete su separación y hasta que se realice el pago correspondiente. Así como, para que ordene que se haga la anotación en el expediente personal del servidor público, y en el Registro Nacional de Seguridad Publica, de que éste fue separado del cargo de manera injustificada." (fojas 83 y 84). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 68/2020 (fojas 96 y 97). El cinco de enero de dos mil veintidós, pronunció un nuevo fallo, en el que: 1. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, determinó que el acto impugnado consistente en la destitución del recurrente como Oficial de Vialidad y Tránsito, perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, se encuentra afectado de nulidad absoluta (fojas 110 a 115), por las razones siguientes: a. En autos se encuentra acreditado, con la prueba testimonial anunciada en el sumario, que el dieciséis de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas treinta minutos, el inconforme se encontraba frente a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, llegó a su encuentro Gerardo Águila Meléndez, quien ostenta el cargo de Secretario de dicho Ayuntamiento, y le dijo que por órdenes del Presidente Municipal y por las de él, estaba despedido, y que ya no trabajaría ni cobraría desde ese momento en el citado Municipio. b. El concepto de violación que hace valer el recurrente es fundado y suficiente para declarar la nulidad absoluta del destitución antes descrita, al contravenir el artículo 12, fracción I, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que el Presidente y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, carecen de facultades para emitir el acto impugnado. c. Los artículos 141, 142, 153, 164, 165 y 175 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, establecen el procedimiento que debe seguirse para sancionar a miembros policiacos con la separación o remoción en el desempeño de sus funciones por incumplimiento de los deberes que tienen a cargo. d. El propio marco legal también pone de manifiesto que la autoridad facultada para imponer ese tipo de medidas sancionatorias es el Consejo de Honor y Justicia Policial del Municipio correspondiente. De ahí que el acto impugnado es ineficaz, toda vez que fue emitido por las citadas autoridades municipales, las cuales no tienen la potestad legal para obrar en ese sentido. Además que no medio causa justificada puesta al conocimiento de la autoridad competente, ni se substanció el procedimiento administrativo en que se hiciera saber al recurrente el motivo de la destitución, para darle oportunidad de plantear su defensa legal. 2. Hecho lo anterior, con apoyo en la tesis I.160.A.15 A, del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, ESTADOS Y MUNICIPIOS. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, EL CUAL PREVÉ QUE SIN IMPORTAR EL RESULTADO DEL JUICIO O MEDIO DE DEFENSA PROMOVIDO POR SUS MIEMBROS CONTRA SU SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO NO PROCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, SU REINCORPORACIÓN A ÉSTE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.", y la jurisprudencia 198/2016 de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].", constriñó a las autoridades demandas a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, para lo cual las condenó a pagarle la indemnización respectiva, consistente en el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio (fojas 116 a 119). 3. Del mismo modo, a fin de resarcir el daño causado al recurrente, decretó condena en contra de las enjuiciadas, al pago de las demás prestaciones solicitadas a las que consideró tiene derecho, esto es, remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y pago de cuotas de seguridad social, de forma proporcional a los sesenta y un días que el recurrente prestó sus servicios para las enjuiciadas. Lo anterior en apego a la jurisprudencia 110/2012 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." (fojas 119 a 124). 4. Ordenó a las enjuiciadas hacer la anotación en el expediente personal del servidor público, y en el Registro Nacional de Seguridad Publica, de que éste fue separado del cargo de manera injustificada (foja 125). De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 127 y 128), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 135 y 136) En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dos de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a Luis Alberto Cruz Morales, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que el acto impugnado se encuentra afectado de nulidad absoluta. En consecuencia, en acatamiento de los diversos criterios emitidos por el Alto Tribunal, constriña a las autoridades demandas a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva, consistente en el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio; y demás prestaciones solicitadas a las que tenga derecho tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y prima de antigüedad; y además, establecer condena por las prestaciones que deben ser cubiertas al quejoso para resarcir el daño causado, consistentes en beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concrete su separación y hasta que se realice el pago correspondiente. Así como, para que ordene que se haga la anotación en el expediente personal del servidor público, y en el Registro Nacional de Seguridad Publica, de que éste fue separado del cargo de manera injustificada." (fojas 83 y 84). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 68/2020 (fojas 96 y 97). El cinco de enero de dos mil veintidós, pronunció un nuevo fallo, en el que: 1. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, determinó que el acto impugnado consistente en la destitución del recurrente como Oficial de Vialidad y Tránsito, perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, se encuentra afectado de nulidad absoluta (fojas 110 a 115), por las razones siguientes: a. En autos se encuentra acreditado, con la prueba testimonial anunciada en el sumario, que el dieciséis de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas treinta minutos, el inconforme se encontraba frente a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, llegó a su encuentro Gerardo Águila Meléndez, quien ostenta el cargo de Secretario de dicho Ayuntamiento, y le dijo que por órdenes del Presidente Municipal y por las de él, estaba despedido, y que ya no trabajaría ni cobraría desde ese momento en el citado Municipio. b. El concepto de violación que hace valer el recurrente es fundado y suficiente para declarar la nulidad absoluta del destitución antes descrita, al contravenir el artículo 12, fracción I, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que el Presidente y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, carecen de facultades para emitir el acto impugnado. c. Los artículos 141, 142, 153, 164, 165 y 175 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, establecen el procedimiento que debe seguirse para sancionar a miembros policiacos con la separación o remoción en el desempeño de sus funciones por incumplimiento de los deberes que tienen a cargo. d. El propio marco legal también pone de manifiesto que la autoridad facultada para imponer ese tipo de medidas sancionatorias es el Consejo de Honor y Justicia Policial del Municipio correspondiente. De ahí que el acto impugnado es ineficaz, toda vez que fue emitido por las citadas autoridades municipales, las cuales no tienen la potestad legal para obrar en ese sentido. Además que no medio causa justificada puesta al conocimiento de la autoridad competente, ni se substanció el procedimiento administrativo en que se hiciera saber al recurrente el motivo de la destitución, para darle oportunidad de plantear su defensa legal. 2. Hecho lo anterior, con apoyo en la tesis I.160.A.15 A, del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, ESTADOS Y MUNICIPIOS. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, EL CUAL PREVÉ QUE SIN IMPORTAR EL RESULTADO DEL JUICIO O MEDIO DE DEFENSA PROMOVIDO POR SUS MIEMBROS CONTRA SU SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO NO PROCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, SU REINCORPORACIÓN A ÉSTE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.", y la jurisprudencia 198/2016 de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].", constriñó a las autoridades demandas a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, para lo cual las condenó a pagarle la indemnización respectiva, consistente en el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio (fojas 116 a 119). 3. Del mismo modo, a fin de resarcir el daño causado al recurrente, decretó condena en contra de las enjuiciadas, al pago de las demás prestaciones solicitadas a las que consideró tiene derecho, esto es, remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y pago de cuotas de seguridad social, de forma proporcional a los sesenta y un días que el recurrente prestó sus servicios para las enjuiciadas. Lo anterior en apego a la jurisprudencia 110/2012 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." (fojas 119 a 124). 4. Ordenó a las enjuiciadas hacer la anotación en el expediente personal del servidor público, y en el Registro Nacional de Seguridad Publica, de que éste fue separado del cargo de manera injustificada (foja 125). De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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