Lucio Romero Cervantes
Expediente 323/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Lucio Romero Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, seis de junio de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto por el artículo 15, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera de relevancia documental y se conservará en su integridad. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 264 y 265), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 270 y 271). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de febrero de dos mil veintidós este órgano colegiado resolvió conceder a Lucio Romero Cervantes la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".de que el tribunal responsable: 1) Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2) Dicte otra en la que: a. Reitere las consideraciones en que se sustentó para determinar que no se probó la acción reconvencional ejercida por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala. Lo anterior, al no haber prosperado el concepto de violación que en contra de esa determinación formuló dicha Secretaría, en el juicio de amparo directo 282/2021, que se resolvió en esta misma sesión. b. Con libertad de jurisdicción, resuelva a verdad sabida y buena fe guardada, como lo exige el artículo 189 de la Ley Agraria, respecto de todas las prestaciones reclamadas por el actor, ciñéndose estrictamente a los términos en que se plantearon, tal y como se destacó en la presente ejecutoria." (foja 143 vuelta). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de uno de marzo de dos mil veintidós dejó insubsistente la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. El siete de marzo de dos mil veintidós, pronunció otra sentencia, en la que: a. Reiteró las consideraciones en que se sustentó para determinar que no se probó la acción reconvencional ejercida por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala. Lo anterior, al no haber prosperado el concepto de violación que en contra de esa determinación formuló dicha Secretaría, en el juicio de amparo directo 282/2021; por lo que al respecto expuso lo siguiente: "En cumplimiento a la ejecutoria número 323/2021 relacionado con el número 282/2021 que se cumplimenta, en la cual refiere se deje intocado lo que no es concesión de dicho amparo, es que se reitera el estudio siguiente: "Respecto de la primera y segunda prestación solicitada por la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala en su escrito de demanda reconvencional, consistentes en: "1. La nulidad del convenio celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala y la parte actora principal Lucio Romero Cervantes de fecha dieciséis de enero de dos mil doce" y "2. Como consecuencia de la prestación anterior, la restitución a favor de su representada de la cantidad de $28,175.55 (veintiocho mil ciento setenta y cinco pesos 55/100 M.N.) por Lucio Romero Cervantes quien recibiera dicho monto sin que su parcela 194 Z-l P-l/2 fuera afectada, la cual se encuentra en el poblado de N.C.P.E. Mariano Matamoros. Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala." Destacándose que inclusive en el propio convenio se estableció la vigencia de! mismo, esto es al día dieciséis de enero de dos mil dieciocho, conociéndose que tenía corno condición que si llegada la fecha no se encontraba concluido el trámite del procedimiento expropiatorio, el mismo quedaría sin efectos, siendo que a la fecha, no se demostró dentro de autos que el procedimiento expropiatorio esté concluido y, por ende el contrato por sus propias cláusulas fue dejado sin efectos; con lo anterior se tiene por no satisfecho el presente elemento a estudio. En consecuencia, al no satisfacerse uno de los elementos, resulta innecesario continuar el estudio de los demás enumerados, pues resulta improcedente ordenar la nulidad del convenio celebrado entre los contendientes en fecha dieciséis de enero de dos mil doce, absolviéndose a la demandada en reconvención Lucio Romero Cervantes a devolver a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala el monto que recibiera por concepto de la ocupación previa respecto a los 433.47 metros ubicados dentro de su parcela ejidal." b. Con libertad de jurisdicción, la responsable resolvió a verdad sabida y buena fe guardada, como lo exige el artículo 189 de la Ley Agraria, respecto de todas las prestaciones reclamadas por el actor, ciñéndose estrictamente a los términos en que se plantearon, tal y como se destacó en una parte de la ejecutoria que se cumplimenta: "En este sentido, se concluye que el magistrado del tribunal responsable se apartó de los términos en los que el actor reclamó las prestaciones b y d (pago de ocupación previa e indemnización por percepciones agrícolas), a los que quedó circunscrita la litis, por lo que es notorio que no resolvió a verdad sabida conforme a la litis planteada." Determinando: "IX. Precisado lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de las prestaciones hechas valer por la parte actora Lucio Romero Cervantes, en contra de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala quien en su demanda solicitó como primera pretensión la consistente en: "Condenar a la demandada a la desocupación y entrega material en favor de Lucio Romero Cervantes respecto a la superficie correspondiente a la parcela número 194 Z-1 P-l/2, localizada en el poblado N.C.P.E. Mariano Matamoros, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala." Tal prestación deviene improcedente habida cuenta que la colectividad tiene interés en que la "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", que pasa por una superficie de la parcela número 194 Z-1 P-l/2, ubicada en el Ejido de N.C.P.E. Mariano Matamoros, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, siga en operación para su beneficio, dado que la misma sirve para la comunicación de diversas entidades de la República, de tal manera que legal y materialmente no es posible acceder a tales prestaciones, toda vez que el terreno en conflicto ha quedado ya desnaturalizado, esto es, al estar construida la carretera motivo del presente asunto, la cual se encuentra funcionando, existe la imposibilidad física para su desocupación, restitución y rehabilitación a su estado original agrícola, aunado a lo anterior, se tiene también que el interés social que implica el derecho agrario considerado como un derecho de esa índole que tiende a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales, nunca puede estar sobre el interés colectivo o interés público, esto es, las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad, como en el caso acontece; resultando improcedente la prestación aquí señalada. Máxime que como del convenio de ocupación previa se desprende, fuera el propio actor Lucio Romero Cervantes quien otorgara a la demandada, la fracción de terreno consistente en 443.47 metros. A este tópico resultan aplicables por analogía las tesis del Poder Judicial que a continuación se transcriben: "ACCIÓN REINVINDICATORIA. IMPROCEDENCIA CUANDO LA AUTORIDAD ES DEMANDADA Y ACTÚA RESPECTO DE BIENES DESTINADOS AL SERVICIO PÚBLICO." y "ACCIÓN REINVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO, AUNQUE LA VÍA SEA PROCEDENTE." Referente a la segunda y tercera pretensión, las cuales consisten en: "2, Condenar a las demandadas al pago legal y justo a favor de Lucio Romero Cervantes por concepto de ocupación previa respecto a la superficie que fue ilegalmente afectada con motivo de la construcción "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", y que se encuentra construida dentro de la parcela materia de este juicio, pago que deberá efectuarse hasta que quede debidamente cumplimentada la sentencia que al efecto se emita, desde el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (sic); de conformidad al avalúo comercial que se realice" y "3. Condenar a los demandados al pago indemnizatorio de las percepciones agrícolas correspondiente a las cosechas de maíz y forrajes dejadas de obtener en dos ciclos agrícolas al año que producía la parcela materia de conflicto, con motivo de la construcción de "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", hasta que quede debidamente cumplida la sentencia que se emita; de conformidad al avalúo comercial que se realice." En cumplimiento a la ejecutoria número 323/2021 relacionado con el 282/2021 que se cumplimenta, en la cual refiere: b. Con libertad de jurisdicción, resuelva a verdad sabida y buen guardada, corno lo exige si artículo 189 de la Ley Agraria, respecto de todas las prestaciones redamadas por el actor, ciñéndose estrictamente a los términos en que se plantearon, tal y como se destacó en la presente ejecutoria. Es que se realiza el estudio siguiente: Dado que dicha ejecutoria establece que este Unitario determinó absolver a la enjuiciada de dichas prestaciones, en virtud de existir un convenio de ocupación previa de fecha dieciséis de enero de dos mil doce, estimándose que, con motivo de éste, el accionante se diera por pagado de la afectación de su parcela, así como ya no podía reclamar la indemnización de las percepciones agrícolas por existir dicho convenio. Teniéndose que, tal como sigue estableciendo la ejecutoria, debió tomarse corno fecha para analizar dichas pretensiones el día siguiente a que venciera la vigencia de seis años de dicho convenio, esto es, a partir del diecisiete de enero de dos mil dieciocho, pues a partir de esa fecha el convenio firmado dejó de surtir efectos, sin que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hubiera dada cumplimiento a lo pactado en el mismo, tal y como era llevar a cabo el procedimiento de expropiación de la fracción afectada a la unidad de dotación del promovente. Por ende, si bien es cierto que el actor Lucio Romero Cervantes fue quien autorizó y propició la ocupación de la superficie correspondiente respecto a la parcela 194 Z-1 P-l/2 a favor de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala para la construcción de la carretera "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", ésta a la fecha de la conclusión del convenio que firmaran, no dio cumplimiento a realizar los trámites para el procedimiento de expropiación, por tanto, es que resulte procedente estudiar dichas pretensiones a partir del vencimiento del convenio, esto es, a partir de! diecisiete enero de dos mil dieciocho. Resulta pertinente en primer lugar establecer que los daños y perjuicios son equiparables al pago legal por la ocupación previa, la cual a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario, lo anterior es así por derivar de la misma causa de pedir, criterio que fue establecido en la ejecutoria D-832/2014 a foja 211 dictada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en el juicio agrario 621/2010, del índice de este Tribunal, que es del tenor literal siguiente: "Lo anterior, pues partiendo de la lógica de que los daños y perjuicios reclamados derivan de la reparación por el daño ocasionado por la ilegal ocupación previa de una parte de las parcelas del ejidatario actor es claro que dicho concepto se equipara el pago legal y justo por tal hecho, el cual comprende, a su vez, entre otros conceptos, las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario, a título de perjuicios." Teniéndose en consecuencia, que los daños y perjuicios se equiparan al pago tanto de la ocupación previa como de las percepciones agrícolas dejadas de percibir, pues como ya se dijo, devienen de la misma causa de pedir, lo anterior es así, pues desde el momento en que fuera firmado el convenio de ocupación previa por la demandada, la parte actora ya no pudo hacer uso de la misma y, desde ese momento ha sufrido un detrimento patrimonial, el cual se traduce en perjuicios, siendo por ello que no pueden tratarse dichos conceptos por separado, sino de manera conjunta, por devenir de la misma pretensión. Criterio que fue establecido en la ejecutoria D-832/2014 a foja 211 dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el juicio agrario 621/2010, del índice de este Tribunal, que es del tenor literal siguiente: "Lo anterior, pues partiendo de lógica de que los daños y perjuicios redamados derivan de la reparación por el daño ocasionado por la ilegal ocupación previa de una parte de las parcelas del ejidatario actor, es claro que dicho concepto se equipara el pago legal y justo por tal hecho, el cual comprende a su vez, entre otros conceptos, percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario, a título de perjuicios." (sic). Amén de lo anterior, es de destacar que al devenir dichos daños y perjuicios de una ocupación previa ilegal, a partir de que finalizara el convenio que firmaran las partes, es que dicha ocupación, como ya se dijo resulta ilegal a partir del diecisiete de enero de dos mil dieciocho hasta la fecha, figura que se encuentra regulada dentro de la materia agraria, es que se debe acudir de manera supletoria a la materia civil por sí estar regulado el pago de daños y perjuicios sufridos por la ocupación previa ilegal, lo anterior, por así estar establecido en el artículo 2o de la propia ley agraria, permitiendo la misma, que suplamos lo no previsto en la misma con la legislación civil federal, y en su caso, mercantil, según la materia que se trate. Resultando en consecuencia que al no encontrarse dentro de la ley de la materia disposición alguna que regule las consecuencias de la ocupación previa que se hubiere realizado de manera ilegal, es que debemos suplir dicha carencia legislativa con la norma civil federal. Lo anterior, fue establecido por el sustentado dentro de la ejecutoria número D-1293/2016 a fojas 1029 a 1032 vuelta de autos, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito dentro del juicio agrario número 561/2010, del índice de este Tribunal, el cual a la letra dice: (se transcribe).- Criterios que este Tribunal hace suyos, por lo que toda vez que dichas pretensiones se refieren a una reparación del daño derivada de actos ilícitos, en virtud de no haberse cumplido a cabalidad lo estipulado en el contrato de ocupación previa, pues es hasta este momento que no se han iniciado los trámites de expropiación a que se comprometiera la demandada a realizar, pues al no dar cumplimiento cabal a dicha acción genera en consecuencia un daño a la parte promovente, siendo por ello, que su actuar es ilícito y en consecuencia está obligado a repararlo, en virtud de ello, se debe estar a lo que disponen los numerales de aplicación supletoria del Código Civil Federal que a continuación se transcriben: "Artículo 1910. (se transcribe).".- "Artículo 1915. (se transcribe)". El primer numeral, es aplicable a la ocupación previa que de manera Ilegal se realizara en el predio del accionante, por lo que el ocupante en el presente asunto, la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda tendría el deber de reparar el daño que le hubiera causado al ejidatario actor, como lo prevé el segundo de los artículos enunciados, y toda vez que resulta materialmente imposible restablecer la parcela a su situación anterior, al haber perdido su vocación de cultivo por el paso de la carretera que se encuentra construida y terminada sobre esa superficie, así como brindando un servicio público a la colectividad, resulta en consecuencia que dicha reparación se traduce en daños y perjuicios que son equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa la cual a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario a partir del diecisiete de enero de dos mi dieciocho, fecha en que dejó de surtir efectos el convenio de ocupación previa que fuera firmado el dieciséis de enero de dos mil doce, con vigencia de seis años. Ahora bien, en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho es en la que el convenio que firmara con la demandada dejó de surtir efectos, por tanto, será ésa fecha la que se tome en cuenta para establecer el cómputo a partir del cual el actor comenzó a ser perturbado en su posesión. Tomando en cuenta que el convenio que firmara la parte actora dejó de surtir efectos desde el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, es de estimarse que la parte promovente desde esa fecha tuvo conocimiento de la afectación que sufría su predio de ahí que sea esa fecha como cierta para computarse la temporalidad de la afectación sufrida por el accionante. Lo anterior es así, partiendo de la lógica que los daños y perjuicios reclamados derivan de la reparación por el daño ocasionado por la ocupación previa que deviene ilegal, de una parte de la parcela o parcelas de un ejidatario, pues como ya se dijo con antelación, por el hecho de que hasta esta fecha la demandada no ha iniciado los trámites correspondientes a la expropiación del predio del promovente, lo cual le ha generado daños y perjuicios a su patrimonio, actuar que actualiza la ilegalidad de su actuar, al no dar cumplimiento a las obligaciones fundamentales del convenio que firmara con la parte actora, por tanto es claro que dicho concepto se equipara el pago legal y justo por la ilegal ocupación previa, como ya se ha venido diciendo. Además, los daños y perjuicios por ocupación previa ilegal, pueden comprender cualquier afectación derivada de ese hecho, sin que puedan limitarse a las percepciones agrícolas dejadas de obtener, en consecuencia, este tribunal hace suyo el criterio que sustenta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito correspondiente a la sesión celebrada el seis de mayo de dos mil dieciséis, en el amparo directo número 1349/2014, del expediente del índice de este Unitario número 626/2009 (foja 1168 frente, Tomo II), en el sentido de que: (se transcribe). Teniéndose así, que existen dos momentos a tornar en cuanta, el primero, que es cuando con antelación o durante el momento que se lleva a cabo el procedimiento expropiatorio, se ocupan las tierras de forma previa, pues como se ha venido analizando, dicha acción ocasiona una lesión de forma directa al ejidatario, menoscabo que se traduce en daños y perjuicios en su patrimonio; y el segundo, es propiamente cuando ya se materializa la expropiación del bien inmueble. Ahora bien, toda vez que aún no se ha emitido el decreto expropiatorio correspondiente, no obstante que la carretera de mérito ya ha sido concluida en el tramo que afectó la parcela del ejidatario, por tratarse de un hecho continuado, es de estimarse que la ocupación previa ilegal subsiste, pues será hasta que se desincorpore del régimen ejidal la superficie materia de este juicio, que dicha ocupación previa ilegal concluya para dar paso a la ocupación definitiva, de ahí que resulte procedente condenar a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a pagar los daños y perjuicios, los cuales son equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, la cual a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario, desde que dejó de surtir efectos el convenio de ocupación previa de fecha dieciséis de enero de dos mil doce, el cual tenía vigencia de seis años, por tanto, se condenará a la demandada al pago desde el diecisiete de enero de dos mil dieciocho hasta que se realice el pago indemnizatorio y se desincorporen las superficies afectadas. Pues si bien, en autos se encuentra acreditado que el actor recibiera un pago conforme al recibo por concepto de indemnización (foja 47), en la que se estableció que Lucio Romero Cervantes recibiera la cantidad de $28,175.55 (veintiocho mil ciento setenta y cinco pesos 55/100 M.N.) por concepto de ocupación previa de una superficie de 433.47 metros, ubicados en la parcela 194 Z-1 P-l/2 la cual se encuentra amparada con el certificado parcelario número 80935, monto que le fuera pagado mediante cheque número 0000685, expedido por la institución bancaría BBV BANCOMER S.A., Institución de Banca Múltiple. Documental con valor probatorio en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, con la cual se demuestra, que el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala hizo entrega de la cantidad de $28,175.55 (veintiocho mil ciento setenta y cinco pesos 55/100 M.N.), al promovente. Cantidad monetaria que deriva de la ocupación previa sufrida en su parcela durante la vigencia del convenio celebrado entre el actor y la demandada en fecha dieciséis de enero de dos mil doce, convenio que como ya se ha dicho, dejó de surtir efectos posterior a los seis años que tenía el mismo de vigencia, por tanto, dicho monto resultó con motivo del acto contractual referido, lo cual no afecta a la posesión ilegal que la demandada continúo ejerciendo en la superficie ubicada dentro de la parcela del accionante. Por ende, las pretensiones correspondientes al pago de daños y perjuicios, los cuales comprenden, el pago por la ocupación previa y las percepciones agrícolas dejadas de percibir por la promovente, se encuentran subsistiendo hasta en tanto no sea desincorporada la superficie ilegalmente ocupada por la demandada del régimen ejidal, determinando que el cómputo inicia desde el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, fecha en que dejara de surtir efectos el contrato que firmara el actor con la demandada, hasta que sea desincorporada la parcela del régimen ejidal, por los motivos ya expuestos con antelación. Ahora bien, como se menciona en el presente fallo, si la afectación a la parcela del promovente, de la manera en que aconteció en el caso, encuadra en la hipótesis en que los bienes ejidales y comunales pueden ser expropiados por causa de utilidad pública, siendo una de ellas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93, fracción VII de la Ley Agraria, la construcción de una carretera; es incorrecto que, para determinar la superficie a expropiar, se acuda a las reglas previstas en los citados numerales del Reglamento de la Ley Agraria vigente. Resultando en consecuencia que, para determinar el monto de los daños v perjuicios, se debe valorar el dictamen pericial en topografía y demás que obra en autos. En ese tenor, y toda vez que los peritos propuestos por las partes realizaron la pericial en topografía es que se analizará en virtud de ser ésta, la base para poder determinar la superficie ocupada por la demandada y poder establecer el monto de los daños y perjuicios en el peritaje de avalúo Ahora bien, para la identificación y ubicación de las superficies objeto de la litis, las partes contendientes ofrecieron y se les admitió la pericial en materia de topografía a cargo del perito Ildefonso Roberto Rosas Hernández (perito de la parte actora); así como a cargo del licenciado Juan Carlos Flores Romero (perito la parte demandada). Ahora bien, dado que los dictámenes de los peritos antes mencionados fueron discordantes en lo esencial de la prueba, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 152 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, este órgano jurisdiccional nombró perito tercero en discordia en materia de topografía al ingeniero José Antonio Tiscareño Franco, adscrito a este órgano jurisdiccional. En ese tenor, con relación a la pericial en materia de topografía este juzgador valorara dicho medio de convicción conforme a los criterios enseguida descritos. 1. Que no existan datos que revelen la parcialidad del perito al emitir su dictamen. En este aspecto, aunque priva la idea generalizada de que los expertos benefician a la parte que los designa, el órgano jurisdiccional no puede partir de tal prejuicio; sino únicamente atenderá en este punto a si existen datos objetivos que revelen fehacientemente su parcialidad. A partir de lo anterior y revisados los dictámenes elaborados por los peritos ofrecidos por las partes y tercero en discordia, de los mismos no se desprenden datos que revelen parcialidad hacia alguna de las partes contendientes en este juicio. 2. Que el perito posea los conocimientos necesarios para dictaminar sobre la materia de que se trate. Sobre el particular se atenderá a las constancias con las cuales los expertos demuestren tener los conocimientos, sobre la materia de su peritación. Con relación a este punto, el perito Juan Carlos Flores Romero aceptó y protesto el cargo el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho y para acreditar sus conocimientos sobre la materia, exhibió la cédula profesional número 7816191 expedida por la Dirección General de Profesiones, a través del cual acredita tener la patente para ejercer la licenciatura en arquitectura. Por su parte, el perito Ildefonso Roberto Rosas Hernández aceptó y protesto el cargo el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho y para acreditar sus conocimientos sobre la materia, exhibió la cédula profesional número 1866495 expedida por la Dirección General de Profesiones, a través del cual acredita tener la patente para ejercer la licenciatura en arquitectura. Finalmente, el perito José Antonio Tiscareño Franco aceptó y protesto el cargo el tres de abril de dos mil diecinueve y para acreditar sus conocimientos sobre la materia, exhibió la cédula profesional número 2678327 expedida por la Dirección General de Profesiones, a través del cual acredita tener la patente para ejercer la licenciatura. En ese tenor, este juzgador considera que los peritos cumplen con lo dispuesto en el artículo 144 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 3. Si el dictamen cumple con los requisitos internos: Que se ocupe de los puntos cuestionados, así como que guarde coherencia interna y razonabilidad. Esto es, que dé respuesta a los puntos cuestionados, sin abordar aspectos ajenos al interrogatorio propuesto por las partes. Asimismo, que no contenga datos contradictorios, no sea confuso, oscuro o que no puedan apreciarse en forma clara las razones que lo sustentan, no desde el punto de vista científico sino desde la perspectiva meramente descriptiva. Asimismo, que se base en suficientes datos y muestras para sostener su conclusión. Por cuanto hace a este apartado, si bien el arquitecto Ildefonso Roberto Rosas Hernández (perito de la parte actora) dio respuesta a los puntos cuestionados por las partes, para enseguida arribar a la conclusión de que la superficie por concepto de derecho de vía ocupada por la obra denominada "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", sobre la parcela número 194 Z-1 P-l/2, localizada en N.C.P.E. Mariano Matamoros, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, era 2,960,29 m2; no obstante, tal medio de convicción es negarle valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 189 de la Ley Agraria y 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Se afirma lo anterior, pues para llegar a tal conclusión el profesionista, estableció como afectación del derecho de vía correspondiente a la obra "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", de 20 (veinte metros) de ancho por cada lado a partir del centro del eje de la cinta asfáltica, sin que lo fundamentara en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como la Ley General de Vías de Comunicación, esto es, no refirió cuál fue su base para establecer dicha medida, sin embargo tal vía de comunicación de todas formas no corresponde a las descritas en tales legislaciones; esto es, no se trata de una carretera federal. Es así, pues tal vía de comunicación es de carácter estatal, tan es así que el propio actor en este juicio demandó tanto al Gobernador del Estado de Tlaxcala, como a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala (autoridades estatales), no así a la federación, aunque el juicio sólo se haya seguido únicamente por la segunda. De lo expuesto, se colige que el perito más que establecer si en realidad existe una afectación física a la parcela materia de este controvertido derivado de la construcción de la carretera por parte en su caso de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala, determinó la amplitud que: a su parecer corresponde el derecho de vía conforme a las legislaciones aplicables al ámbito federal, siendo que probanza (sic) no tiene estos alcances. Para tal conclusión, se comparte el criterio sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y contenido refiere: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO POR AFECTACION DE LA PROPIEDAD. (se transcribe).- Más aun y como se dijo con anticipación, la carretera en cuestión corresponde a la esfera de competencia estatal, tan así que el mismo perito lo reconoció al exponer al establecer el significado de "Derecho de Vía" (foja 156): "...es una franja de 20.00 MTS a cada lado del eje, completando los 40.00 MTS. es por donde pasan infraestructuras de propiedad del Estado o de compañías concesionarias." Por lo expuesto y a consideración de este operador jurídico, es de restarle valor además con apoyo en la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido refiere: "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN." (se transcribe).- Asimismo, es de sustento la jurisprudencia aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido refiere: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. SISTEMAS. (se transcribe). Por otra parte, respecto al dictamen elaborado por el ingeniero Juan Carlos Flores Romero (perito de la demandada), también es de negarle valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 189 de la Ley Agraria y 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, pues de una revisión al mismo se advierte que establece únicamente como superficie real afectada 10.71 metros cuadrados, pues afirma no aplica el derecho de vía por tratarse de una carretera estatal y no federal, tal y como lo estableció en su punto número dos de su dictamen complementario, destacándose que dicho perito se encuentra favoreciendo a la parte que lo contrató, sin haber basado sus respuestas en las técnicas que la propia ciencia de su especialidad existe, pues fue vago y escueto al dar contestación a las interrogantes formuladas por la promovente, no siendo imparcial al momento de establecer sus respuestas. Finalmente, de un análisis al dictamen emitido por el ingeniero José Antonio Tiscareño Franco (perito tercero en discordia) conforme a los principios que rigen la valoración de las pruebas, aplicando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, se advierte que el mismo goza de valor probatorio para tener por demostrado que la parcela 194 2-1 P-1/2, localizada en leí poblado de N.C.P.E. Mariano Matamoros, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, de la cual es titular la parte actora Lucio Romero Cervantes, sí resultó afectada con motivo de la obra denominada "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", lo anterior con fundamento en el artículo 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, tal opinión está sustentada en estudios propios de su arte, donde utilizó las técnicas adecuadas que de manera lógica condujeron al perito a concluir que la afectación que existe dentro de la parcela 194 Z-l P-1/2 es de 1,188.242 metros cuadrados por bordo de piedras y tierra y de 176.160 metros por fracción de canal. Es así, pues el perito una vez que realizó el estudio de entre otros documentos, los relativos al certificado parcelario número 80935 y plano interno perteneciente al ejido N.C.P.E. Mariano Matamoros, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, este último elaborado por el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para el Registro Agrario Nacional, se constituyó en la parcela de juicio acompañado de la parte actora, para lo cual después de realizar el levantamiento topográfico. En ese contexto, la opinión anteriormente referida resulta suficiente para llegar al conocimiento de la verdad legal buscada y arribar con veracidad, que existe una afectación a la parcela 194 Z-l P-1/2. Para lo expuesto, se comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que refiere: "PRUEBA PERICIAL, OPINIÓN TÉCNICA NORMATIVA DEL CRITERIO DEL JUZGADOR." (se transcribe). De ahí, que este juzgador estime que la superficie real afectada sobre la parcela número 194 Z-1 P-1/2, con motivo de la construcción de la autopista "Tlaxcala-Puebla antes Xoxtla-Tlaxcala", consiste en un área de 1,188.242 metros cuadrados por bordo de piedras y tierra y de 176.160 metros por fracción de canal, respectivamente, tal como lo ilustró el perito tercero en discordia en los planos que anexó a su dictamen y que obran dentro del presente sumario. Siendo por ello que, toda vez que ya se cuenta con la superficie afectada dentro de la parcela 194 Z-I P-1/2, la cual fuera establecida por el perito tercero en discordia en materia de topografía, se tiene que, tal y como se conoce del escrito inicial de demanda el accionante ofreció entre otras pruebas, la siguiente: "7.- La pericial en avalúo de inmuebles.- A cargo del perito que designaré en el momento procesal oportuno y que deberá dar contestación al cuestionario que se le formule, probanza que ofrezco para acreditar el valor comercial de la superficie afectada así como el volumen de producción anual de cosechas y forrajes que producía mi parcela, así como de los daños y perjuicios ocasionados a la misma, con motivo de la ocupación que detentan mis demandadas respecto de la superficie controvertida.". Asimismo, en segmento de audiencia de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el personal actuante de este tribunal en lo conducente acordó: "Admisión de pruebas, a la parte actora Lucio Romero Cervantes se le admite: (.) Por lo que ve a la prueba pericial en materia de valuación el tribunal proveerá lo conducente, en el entendido que le favorezca el fallo a la parte actora." Teniéndose así, que toda vez que dicho fallo favorece los intereses de la parte actora Lucio Romero Cervantes, es que resulta conducente ordenar que en ejecución de sentencia las partes nombren a sus peritos en materia de valuación a efecto de que únicamente determinen el monto respecto al pago al que habrá de condenarse a la demandada realice a favor del actor, por la ocupación previa de la parcela 194 Z-l P-1/2, en una superficie de 1,188.242 metros cuadrados por bordo de piedras y tierra y de 176.160 metros por fracción de canal (debiendo tomar como base el dictamen en materia de topografía rendido por el perito tercero en discordia), así como respecto a las percepciones agrícolas dejadas de percibir por Lucio Romero Cervantes, desde el diecisiete de enero de dos mil dieciocho hasta que se desincorpore la superficie del régimen ejidal. Sin que se tome en cuenta el valor comercial de la superficie total y real que está siendo ocupada por la demandada Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, pues una cosa es el concepto de la valuación de la tierra y otro el atinente a los daños y perjuicios, pues el monto de la superficie afectada será establecido por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, tal y como se estudiará más adelante en el considerando respectivo al pago de la desincorporación de la superficie ocupada de forma ilegal por la demandada del régimen ejidal. En consecuencia, es que se condena a la demandada Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al pago que resulte de la pericial en materia de valuación por concepto de daños y perjuicios a favor de Lucio Romero Cervantes, la cual será determinada en ejecución de sentencia. X. Referente a las prestaciones marcadas con los incisos a), b) y c), respecto a las pretensiones de Lucio Romero Cervantes consistes en: "a) Se condene a los demandados al pago legal y justo en favor de Lucio Romero Cervantes por concepto de indemnización respecto a la superficie afectada con motivo de la construcción de "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", b ) a su vez la desincorporación del régimen ejidal de tal superficie, debiendo realizar las inscripciones correspondientes en el Registro Agrario Nacional y Registro Público de la Propiedad y c) Ordenar al Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, expida el certificado parcelario correspondiente con las nuevas medidas y colindancias, segregando la superficie desincorporada.". Ahora bien entrando en materia, referente a los incisos a) y b) de las prestaciones sustitutas que pidió el actor Lucio Romero Cervantes, se tiene que en ese contexto, respecto al tema concerniente a la figura jurídica de la expropiación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada por contradicción de tesis número 253/2016, expuso en lo que interesa lo siguiente: (se transcribe). Criterio que dio origen a la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN MATERIA AGRARIA. EFECTOS DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINA SU PROCEDENCIA, PERO SE ACREDITA QUE ES MATERIAL Y JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE CUMPLIRLA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA. (se transcribe). Derivado de lo expuesto, la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional, arribó a la conclusión por una parte que la expropiación, es el acto administrativo mediante el cual el Estado puede privar total o parcialmente a los ejidatarios o comuneros de los derechos que ejercen sobre la tierra, atendiendo causas de utilidad pública, contemplado en el párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución Federal y regida procesalmente en la Ley Agraria, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural y la Ley de Expropiación; por la otra que los tribunales agrarios, como órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos están encargados de la administración de justicia agraria y deben ajustarse al procedimiento previsto en la legislación; que les rige, además para dictar las sentencias que les corresponda, dentro de las cuales habrán de proveer lo necesario para la eficaz e inmediata ejecución de lo ahí resuelto. Ahora bien, respecto a la omisión en que ha incurrido la demandada, pues la mencionada secretaría no ha iniciado los trámites del procedimiento de expropiación, tal y como ya ha quedado analizado en el presente fallo, obligación a la que debió dar cumplimiento mediante solicitud de expropiación respecto de la superficie ocupada (previa autorización del ejidatario), en tanto se realizaban los trámites del procedimiento expropiatorio para el pago de la indemnización definitiva, tal y corno lo disponen los artículos 93,. 94, y 96 de la Ley Agraria los cuales a continuación se transcriben para mayor ilustración: (se transcriben). En consecuencia, al no haberse cumplimentado los ordenamientos en materia agraria para expropiación y pago de indemnización definitiva correspondiente, correlativos de los que a la fecha resultan aplicables, artículos 27 fracción VI, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 93, 94 y 96 de la Ley Agraria, así como 60, 61, 65, 67 a 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86 y demás correlativos y aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente a partir del veintinueve de noviembre del dos mil doce, tampoco ha quedado legalmente desincorporada del régimen ejidal la superficie de la precitada parcela, la cual no puede quedar así por tiempo indefinido, por ende en aras de observar los principios de prontitud y completitud al dictar la presente sentencia conforme lo dispone el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en uso de la autonomía y plena jurisdicción de que goza este Tribunal Unitario Agrario en términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Federal, es de condenarse a la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, para que realice pago a la parte actora Lucio Romero Cervantes del monto de la indemnización correspondiente de las superficies de 1,188.242 metros cuadrados por bordo de piedras y tierra y de 176.160 metros por fracción de canal de la parcela 194 Z-1 P-1/2, tal como lo ilustró del perito tercero en discordia en los planos que anexó a su dictamen en materia de topografía y que obran dentro del presente sumario, pericial que ya fue valorada en el considerando que antecede, por ser éstas las superficies afectadas por la construcción de la carretera "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", monto que en ejecución de sentencia deberá ser determinado mediante avalúo a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo a su valor comercial, esto es, el que las tierras tenían al ser afectadas (cuando se ocuparon ilegalmente), toda vez que desde ese momento fue afectada la posesión de su titular, siendo esa la fecha a la que deberá retrotraerse dicho avalúo, sin considerar las edificaciones sobrevenidas, sin perder de vista que el valor que se le otorgue deberá actualizarse al momento de su liquidación. Encuentra sustento lo expuesto con la jurisprudencia que a la letra dice: "INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS EJIDALES, EL VALOR COMERCIAL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA AL ELABORAR EL AVALÚO, ES EL QUE TENÍÁN AL MOMENTO EN QUE FUERON AFECTADAS, MÁS LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE." (se transcribe). Resultando con ello, que no se realizará descuento alguno al monto que le será pagado al actor Lucio Romero Cervantes por parte de la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala en virtud de no haberse demostrado en autos que el mismo recibiera dichos montos como pago de daño perjuicios a partir del diecisiete de enero de dos mil dieciocho, fecha en que dejó de surtir efectos el convenio que firmaran el dieciséis de enero de dos mil doce, con vigencia de seis años, los cuales comprende la ocupación previa y las percepciones agrícolas, como ya fue estudiado en supra líneas. Por lo que la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, deberá Informar el cumplimiento del presente fallo a este tribunal, en un término que no exceda a sesenta días, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 70 y 77 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente a partir del veintinueve de noviembre del dos mil doce, que a la letra dicen: (se transcriben). Lo anterior es así, máxime si se considera que la carretera está construida en su totalidad y en funcionamiento, en consecuencia, para su realización se tuvieron que reunir información, acreditar la causa de utilidad pública, llevar a cabo los trabajos técnicos e informativos necesarios, los estudios de factibilidad o de impacto ambiental, por lo que desde este momento se apercibe a la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma al presente fallo, se le impondrán las medidas de apremio necesarias a fin de lograr su cabal cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 59 de Código Federal de Procedimientos. La anterior condena también encuentra su afectación material que ha sufrido la superficie de la parcela de que se trata, en la que actualmente se encuentra construida la carretera "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", dado que dicha carretera, por su propia naturaleza, es del dominio público. Ahora bien, visto que la afectación material que han sufrido las superficies de 1,188.242 metros cuadrados por bordo de piedras y tierra y de 176.160 metros por fracción de canal de la parcela 194 Z-l P-l/2, en las que actualmente se encuentra construida la carretera "Modernización de dos carriles con acotamiento de la carretera Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del Km. 0+000 al 18+000", por su propia naturaleza es del dominio público, es de estimarse que las superficies en las que está asentada no pueden seguir sujetas a las modalidades que implica el régimen de propiedad ejidal, es decir del núcleo agrario o de sus integrantes, quienes en uso de su derecho reconocido por el artículo 27, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Ley Agraria, puedan seguir interponiendo acciones legales a efecto de que sea pagado nuevamente el valor de la tierra y de los bienes distintos a la misma, poniendo en riesgo el servicio público de interés social por el cual se justificó su afectación. De ahí que resulte conducente que una vez cubierto por la demandada Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala la indemnización en los términos en que ha sido ordenada, deberá procederse a la inmediata prescripción de las superficies de 1,188.242 metros cuadrados por bordo de piedras y tierra y de 176.160 metros por fracción de canal de la parcela 194 Z-1 P-l/2, del régimen ejidal, y su incorporación al régimen del dominio público del Estado de Tlaxcala, pues resulta de elemental sentido común que si la demandada debe pagar por la superficie afectada, por equidad y en vía de consecuencia tiene derecho a su apropiación, máxime si se considera que fue la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, en su carácter de dependencia del Gobierno Estatal; quien suscribió el convenio de ocupación previa de mérito para los efectos de la construcción de la multicitada carretera, de donde deviene su incorporación al régimen del dominio público del Estado de Tlaxcala, otorgando de esta manera a cada parte lo que le corresponde con motivo del cambio del uso de la tierra afectada, es decir, por una parte se entrega el valor que encierra la superficie afectada y por otro la titularidad respecto de la cual se está cubriendo el valor de la misma. Por tanto y acreditado que sea el pago de la indemnización correspondiente, ha lugar a ordenar la desincorporación de las superficies de 1,188.22 metros cuadrados por bordo de piedras y tierra y de 176.160 metros por fracción de canal de la parcela 194 Z-1 P-l/2, motivo del presente controvertido, del régimen ejidal y su incorporación al régimen del dominio público del Estado, así como su inscripción en el Registro Agrario Nacional, quien deberá expedir el nuevo certificado parcelario sobre la superficie ejidal que no resulta afectable de la referida; parcela, a favor de Lucio Romero Cervantes, previa anhelación de certificado parcelario número 80935, tomando como base los trabajos topográficos del perito tercero en discordia y los planos que anexó a su dictamen en materia de topografía y que obran dentro del presente sumario. Resultando aplicable la jurisprudencia federal que es del tenor literal siguiente: "ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN MATERIA AGRARIA. EFECTOS DE LA SENTENCIA EN LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA, PERO SE ACREDITA QUE ES MATERIAL Y JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE CUMPLIRLA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA." (se transcribe). En ese orden de ideas, es inconcuso que debe acatarse lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Agraria y el criterio jurisprudencial invocado que es de observancia obligatoria para este tribunal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, razón por la cual el valor comercial que debe tomarse en cuenta al elaborar el avalúo por concepto de indemnización por ocupación ilegal de la parcela 194 Z-I P1/2, es el que tenía ésta al momento en que fue afectada, más la actualización correspondiente. Así también, es de tomar en consideración que el presente juicio inició desde el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (tal que como se acredita con el sello plasmado en la demanda por la oficialía de partes), esto es hace más de tres años y si consideramos además que la ocupación ilegal de la parcela por parte de la Secretaría Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala, ocurrió al menos desde el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (hace más de tres años), justo es para el actor que el trámite de indemnización que lleve a cabo el Gobierno del Estado de Tlaxcala, se realice dentro de un término prudente y que no se prolongue por mucho más tiempo; inclusive se atiende una necesidad contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo con el imperativo de justicia pronta y expedita que dispone el precepto en mención. Es de apoyo al tema que nos ocupa, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyo rubro y contenido refiere: "SENTENCIA AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA QUE SEA DEBIDAMENTE EJECUTADA." (se transcribe). Así también, es ilustrativa la tesis dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo rubro y contenido refiere: "TRIBUNAL AGRARIO. FACULTAD QUE LE OTORGA LA LEY AGRARIA EN SU ARTÍCULO 191. PARA DICTAR MEDIDAS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS." (Se trascribe). Aunado a ello, resulta imprescindible dar certeza jurídica a las partes involucradas en este controvertido, y estimando que la demandada Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala, está obligada a cumplir y hacer cumplir las medidas decretadas en una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional como lo son los tribunales agrarios en ejercicio de sus atribuciones, pues el derecho fundamental jurisdiccional efectiva, implica garantizar a Ios gobernados la plena ejecución de las sentencias de los tribunales, siendo los servidores públicos los obligados a su inmediato acatamiento, hayan o no intervenido en el juicio, en el cumplimiento de sus atribuciones para desahogar el procedimiento indemnizatorio y a su ejecución, a fin de asegurar que la afectación de tierras ejidales se realice con estricto apego a la ley, y el ejecutivo estatal tiene expresamente conferida la facultad de proveer lo necesario para su cumplimiento, pues estimar que es posible soslayar un mandato jurisdiccional vinculante para una autoridad, sin ejercer del todo las atribuciones que le son conferidas por el orden jurídico, sería imposible ejercer la rectoría del Estado en la materia, en aras del interés general, a través de los órganos del poder público competentes; conclusión que es compatible con el principio de legalidad, según el cual no cabe la interpretación extensiva ni la analogía para prorrogar la competencia de órgano del poder público alguno. Ahora bien, durante el procedimiento se ordenó el emplazamiento del N.C.P.E. Mariano Matamoros, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, por conducto su comisariado ejidal; con el fin de que dedujera los derechos que estimara pertinentes con relación a la demanda planteada por el accionante Lucio Romero Cervantes. Ello fue así, tomando en consideración la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación y cuya observancia es obligatoria para este tribunal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, del rubro siguiente: "COMISARIADO EJIDAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES AUNQUE SE REFIERA A DERECHOS PARCELARIOS, Y SI NO LO HACE, PUEDE ACUDIR EL EJIDATARIO EN REPRESENTACIÓN SUSTITUTA DE AQUEL.". Las consideraciones de la ejecutoria antes referidas que sirven de orientación en el asunto que nos ocupa, en la que destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en la materia agraria, representada por el comisariado ejidal juega un papel muy importante la asamblea de ejidatarios (y la vida comunal), pues puede aquélla actuar inclusive de protector para preservar la existencia misma del ejido y evitar su desmembramiento, si así lo desea, lo que claramente se advierte al ser el facultado final para acordar cuándo las tierras ya parceladas a favor de un ejidatario en lo individual, dejarán de ser tierras ejidales (en su modalidad de parceladas) y pasarán al amparo del derecho común, con todas sus consecuencias, como podría ser su enajenación a terceros, caso en el cual es la propia asamblea quien acuerda que los ejidatarios en lo individual ejercerían el dominio pleno sobre ellas. Asimismo, dicho alto tribunal estableció que las tierras ejidales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas, y corresponde al comisariado ejidal la defensa de tales tierras ejidales. También fue enfático en puntualizar que aun cuando una vez parceladas las tierras (de hecho o de derecho o de iure, es decir, inscritas o no en el Registro Agrario Nacional y expedido o no el certificado correspondiente) el ejidatario en lo individual tiene derecho a su uso y usufructo, lo cierto es que las tierras parceladas todavía forman parte de las tierras ejidales, tal como se desprende del artículo 44 de la Agraria. Y sobre la base de ello estableció que, de conformidad con el diverso 33, fracción II, del mismo ordenamiento legal, el comisariado ejidal está obligado a velar porque se respeten los derechos de los ejidatarios, como son aquellos de usufructo, sobre las tierras ejidales, que han sido parceladas. Asimismo, resulta relevante mencionar que conforme al artículo 9o de la Ley Agraria, los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título; precepto que es del texto siguiente: "Artículo 9o. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título." Incluso, así lo ha establecido la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al definir mediante jurisprudencia que, como el ejido es el propietario de las tierras que le han sido dotadas, está legitimado para demandar, por conducto del comisariado ejidal, la nulidad de un contrato de cesión de derechos a título gratuito, celebrado entre un ejidatario y un tercero ajeno al núcleo de población, respecto de parcelas ejidales de las que el enajenante todavía no adquiere el dominio pleno. Ello es así, conforme a la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justina de la Nación, cuyo rubro y contenido refiere: "COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DEMANDAR, EN REPRESENTACION DEL EJIDO, LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO GRATUITO, CELEBRADO ENTRE UN EJIDATARIO Y UN TERCERO AJENO AL NUCLEO DE POBLACION, RESPECTO DE PARCELAS EJIDALES DE LAS QUE EL ENAJENANTE TODAVÍA NO ADQUIERE EL DOMINIO PLENO." (se transcribe). Así, en segmento de audiencia de ley de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho se hizo constar la incomparecencia de los integrantes del comisariado ejidal del poblado N.C.P.E. Mariano Matamoros, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, no obstante, de que fueron debidamente emplazados para la celebración de la misma, razón por la que con fundamento en los artículos 180 y 185, fracción V, de la Ley Agraria, se les tuvo por perdido su derecho a contestar la demanda, ofrecer pruebas, así como oponer excepciones y defensas. Con lo expuesto, queda evidenciado en este juicio agrario el desinterés mostrado por el representante del poblado en cuestión con relación a la desincorporación de la superficie materia de litis y de la cual son propietarios en términos del artículo 9o de la Ley Agraria, de ahí que a consideración de este operador jurídico no existe impedimento para pronunciarse respecto al régimen ejidal del inmueble ya referido. Es de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido refiere: "AUDIENCIA. CÓMO SE INTEGRA ES GARANTÍA." (se transcribe). Por último, se señala que los aquí litigantes ofrecieron pruebas diversas a las que no fueron consideradas en esta sentencia, las que resultó innecesario estimar en atención a los considerandos que anteceden, de tal suerte que, aún y cuando se hubieren estimado, no variaría el sentido del presente fallo. Para lo anterior, se comparte el criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y contenido refiere: "PRUEBAS, FALTA DE ESTUDIO DE LAS, CUANDO NO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS." (se transcribe). En consecuencia, de conformidad con el artículo 152 fracción I de la Ley Agraria, remítase copia certificada de esta resolución al Registro Agrario Nacional del Estado de Tlaxcala, para su inscripción, así como para la cancelación del certificado parcelario 80935, expedido a nombre de Lucio Romero Cervantes a cuyo efecto deberá expedir gratuitamente el nuevo documento a favor del mismo, en donde se establezca la superficie real con que cuenta la parcela 194 Z-1 P-1/2 así como las medidas y colindancias correctas, una vez segregadas las superficies de 1,188.242 metros cuadrados por bordo de piedras y tierra y de 176.160 metros por fracción de canal, que estableciera el perito topógrafo nombrado como tercero en discordia, adscrito a este tribunal." De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo: "... Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria..."
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, ocho de abril de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de quince de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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