Luis Alberto Ceballos Armas
Expediente 2574/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2574/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Alberto Ceballos Armas
- Luis Alberto Ceballos Armas y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 973/2021-V-A, promovido por María Guadalupe Sánchez Trujillo en contra de los actos que reclama de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el tres de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció María Guadalupe Sánchez Trujillo, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Junta de Gobierno y del Director General, ambos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretario de Gobernación y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, todas con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de cuatro de junio de dos mil veintidós, respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ambos con sede en la Ciudad de México, se desechó la demanda, por los motivos ahí expuestos; y por otra parte, respecto de las restantes autoridades, se admitió a trámite la demanda de amparo; la que quedó registrada con el número 973/2021-V-A, se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de la Junta de Gobierno y del Director General, ambos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con sede en la Ciudad de México, lo siguiente: La aprobación, suscripción y publicación del Acuerdo 2aExtraord-02/2021, de tres de marzo de dos mil veintiuno, por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, específicamente, los artículos 1, 27, último párrafo, 28, fracción I, 62, fracción I, y 63, último párrafo, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, en relación con los transitorios primero y tercero de dicho Acuerdo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con sede en la Ciudad de México, según se advierte del informe justificado que rindió por conducto del Subdirector de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De igual modo, es cierto el acto reclamado a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues no obstante al rendir su informe justificado negó la participación en el Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, lo cierto es que de la consulta al citado documento se advierte su participación al haberlo refrendado. Más aún, la existencia de las normas de carácter general se acredita con su propia publicación en el medio de difusión oficial correspondiente; además debe decirse que esa certeza es implícita al tipo de actos que se reclaman, en atención al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, en este caso, sólo los hechos estarán sujetos a ella de conformidad con lo establecido en los artículos 86 a 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 260, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 191452, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." CUARTO. Causal de improcedencia fundada. Previamente al estudio de fondo de la cuestión sometida a debate, debe analizarse la posible actualización de alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo; ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las autoridades refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la quejosa no acreditó el acto de aplicación respecto de los artículos 1, 27, último párrafo, 28 fracción I, y 63 último párrafo, del Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno. Para resolver este planteamiento, es necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "ARTÍCULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Este precepto estipula que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I y 6, de la Ley de Amparo prevén: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "ARTÍCULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme a lo previsto en los artículos 5°, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos contenidos en el artículo 1º de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, el Alto Tribunal ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. Lo anterior está reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Asimismo, en la jurisprudencia 104, de rubro "INTERÉS JURIDICO, COMPROBACION DEL." emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue establecido que los sujetos que se consideren afectados por alguna disposición tienen la obligación de demostrar su interés jurídico, esto es, que están bajo los supuestos de la ley, lo cual podrán hacer mediante los medios de prueba previstos en las leyes, de manera que de no acreditar su interés jurídico, el juicio de amparo deberá sobreseerse. Ahora bien, cuando el acto reclamado se trata de una ley, es preciso analizar su contenido e impacto en la esfera jurídica de la quejosa a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que significa determinar si es autoaplicativa o heteroaplicativa. Lo anterior tiene racionalidad jurídica en la medida que permite identificar el momento en el cual el contenido de la norma genera efectivamente el agravio o lesión: por su sola entrada en vigor, o bien, se precisa de un acto de autoridad posterior que se dicte con fundamento en la disposición. Así, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es procedente "Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso". El Pleno del Máximo Tribunal del País ha sido consistente en señalar que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas debe acudirse al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En esta narrativa, el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; en cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato origina. En el caso de una norma autoaplicativa, para que se acredite la afectación que una persona resiente con motivo de la entrada en vigor de una disposición, en todo caso será suficiente demostrar que se reúnen las condiciones, circunstancias y posición de los individuos que la norma vincula para que se surta plenamente. En cambio, en el caso de normas heteroaplicativas, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo únicamente se acredita demostrando el acto de aplicación de las disposiciones que se pretenden impugnar. Conviene destacar que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. Mientras que, para el caso de normas heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, resulta menester determinar la afectación que deparan a la esfera jurídica de los gobernados, ya sea de manera directa y personal, o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico que guarde el promovente, situación que, desde luego, se encuentra estrechamente vinculada a la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa que puedan tener los preceptos reclamados. En el caso, los artículos reclamados los artículos 1, 27, último párrafo, 28 fracción I, y 63 último párrafo, del Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, disponen lo siguiente: Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto: I. Establecer los objetivos del SNI, en el marco de una política de Estado que favorezca el interés público nacional, el desarrollo integral del país, la soberanía nacional, la independencia científica y tecnológica, el cuidado y restauración del medio ambiente, y el bienestar del pueblo de México, así como, en general, que reconozca la función social de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación en favor de la humanidad; II. Regular la organización y operación del SNI; III. Establecer la integración y facultades de las instancias del SNI; IV. Garantizar que los recursos públicos sean canalizados para satisfacer los objetivos del SNI previstos en el presente Reglamento; V. Establecer los criterios generales, los procedimientos eficientes, equitativos y públicos, y las instancias de decisión para otorgar las distinciones a las y los humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores que les permita el ingreso, permanencia y promoción de en (sic) el SNI, así como para el otorgamiento de los apoyos económicos; VI. Establecer los motivos para la suspensión y cancelación de las distinciones y los apoyos económicos, así como las formas para determinarlas; VII. Determinar las facultades de las instancias del SNI para el caso de incumplimientos o faltas de ética cometidas por parte de las y los integrantes del SNI o por las y los ayudantes a los que se refiere este Reglamento, así como los procesos e instancias para ejercerlas, y VIII. Establecer las demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del SNI. Artículo 27. La población objetivo del SNI es: I. Mexicanas y mexicanos que realicen actividades de investigación humanística o científica, desarrollo tecnológico o innovación en México o en el extranjero, y II. Extranjeras y extranjeros que realicen actividades de investigación humanística o científica, desarrollo tecnológico o innovación en México. El CONACYT publicará cada año en su página electrónica las convocatorias para el ingreso, permanencia y promoción en el SNI. Artículo 28. Las distinciones que confiere el CONACYT a través del SNI se clasifican en las siguientes categorías y, en su caso, niveles: I. Candidata o Candidato a Investigadora o Investigador Nacional; II. Investigadora o Investigador Nacional, con niveles 1, 2 y 3, y III. Investigadora o Investigador Nacional Emérito. Las investigadoras e investigadores indicarán en su solicitud la categoría y, en su caso, nivel al que aspiran. Artículo 63. La entrega de los apoyos económicos se hará en forma mensual y estará supeditada a la existencia y disponibilidad de la partida presupuestal correspondiente. Los montos de dichos apoyos se regirán por el valor mensual de la UMA, de acuerdo con la siguiente tabla para cada categoría y nivel: I. Candidato(a) a Investigador(a) Nacional: Tres veces el valor mensual de la UMA; II. Investigador(a) Nacional nivel 1: Seis veces el valor mensual de la UMA; III. Investigador(a) Nacional nivel 2: Ocho veces el valor mensual de la UMA; IV. Investigador(a) Nacional nivel 3: Catorce veces el valor mensual de la UMA; V. Investigador(a) Nacional Emérito: Catorce veces el valor mensual de la UMA. Los apoyos económicos se pagarán en el valor vigente de la UMA en el mes al que corresponda el apoyo. Las investigadoras y los investigadores que hayan obtenido alguna de las distinciones y se encuentren adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en alguna entidad federativa distinta de la Ciudad de México, recibirán adicionalmente un tercio del apoyo que le corresponde a la Categoría de Candidata o Candidato a Investigadora o Investigador Nacional, sujeto a disponibilidad presupuestaria. Cabe destacar que la parte quejosa reclamó dichos dispositivos legales en su carácter de autoaplicativos, con motivo de su entrada en vigor, lo cual sucedió el veintiuno de abril del dos mil veintiuno, ya que así lo dispone el artículo PRIMERO Transitorio del acuerdo reclamado. Sin embargo, los preceptos transcritos no tienen la naturaleza de autoaplicativa sino heteroaplicativa, ya que están condicionados al actuar de la parte quejosa; asimismo, de las constancias que integran los autos, no se advierte que tales numerales le hayan sido aplicados por parte de las autoridades responsables y, por consiguiente, que exista un perjuicio a su esfera jurídica. Para corroborar lo anterior, es importante destacar que el numeral 1° se refiere a los objetivos del Reglamento; el artículo 27, se refiere a la población objetivo del Reglamento; el numeral 28, a las categorías y niveles en las que se clasifican las distinciones que confiere el CONACYT a través del SIN; y el artículo 63, la manera en la que se entregarán los apoyos económicos a los investigadores que hubiesen obtenido alguna distinción. Al respecto, la parte quejosa no demostró que previamente al ejercicio de la acción constitucional que alguno de dichos numerales se le hubiese aplicado de forma alguna. Esto es, si bien precisan diversas condiciones para la individualización de la norma, sin las cuales no puede existir alguna afectación a la parte quejosa y, por consiguiente, se torna improcedente la instancia constitucional respecto de tales dispositivos legales. En el caso, respecto de dichos numerales, las autoridades responsables no han emitido alguna determinación que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria de la parte quejosa. Además, aun cuando en la especie se reclaman normas, no se desprende que se hayan aplicado dichos preceptos en perjuicio de la quejosa, de modo que se haya afectado su esfera jurídica. De esta forma, los artículos en comento no causan agravio a la parte quejosa ni afectan su esfera jurídica. Por tanto, no se surte el requisito del artículo 107, fracción I, Constitucional para impugnarlos. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, procede decretar el sobreseimiento, en relación con los artículos 1, 27, último párrafo, 28 fracción I, y 63 último párrafo del Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno. QUINTO. Causas de improcedencia infundadas. En el caso, las responsables alegan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, pues aducen que los artículos del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores impugnados, son de naturaleza heteroaplicativa y la quejosa no demostró el acto de aplicación que le genera perjuicio. De igual manera, la autoridad responsable refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 63 fracción V, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, al ser actos de naturaleza futura o probable, pues se refieren a situaciones probables que aún no han sido materializadas ya que no se encuentra acreditada la aplicación de las porciones normativas impuganadas del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Los anteriores argumentos se analizan de manera conjunta, dada su estrecha relación. En este sentido, debe decirse que si bien la quejosa reclamó el artículo 62 fracción I, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, a partir de su entrada en vigor, lo cierto es que durante el juicio, sí se actualizó tal hipótesis normativa en su perjuicio, cuestión que actualiza la procedencia del juicio de amparo. Para justificar lo anterior, se inserta un cuadro con el texto anterior y el texto vigente de los artículos impugnados del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, derivado de la reforma reclamada: ANTERIOR A LA REFORMA POSTERIOR A LA REFORMA Artículo 62. Los miembros del SNI podrán recibir el apoyo económico correspondiente a cada categoría y nivel cuando cumplan los siguientes requisitos: I. Ser personal activo, vigente y remunerado como corresponde al nivel académico respectivo, II. Laborar en alguna de las dependencias, entidades, instituciones de Educación superior o centros de investigación del sector público, privado o social de México. III. Los servicios prestados deberán ser acreditados por medio de un comprobante de adscripción proporcionado en el formato y con las condiciones que establezca el CONACYT. Para los/las investigadores(as) que ocupen las Cátedras CONACYT, se entenderá que desarrollan las actividades de investigación científica y tecnológica en la institución beneficiada a la cual fueron comisionados por el CONACYT. En el caso de instituciones o centros de los sectores privado y social, éstos deberán estar inscritos o preinscritos en el RENIECYT y deberán haber suscrito un convenio de colaboración con el SNI que se encuentre vigente, en cuyo caso podrán tener el apoyo económico que especifique dicho convenio. Los apoyos económicos otorgados en forma directa por el SNI estarán exentos del pago del impuesto correspondiente, conforme lo establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se darán sin perjuicio de los ingresos que, por concepto de sueldo, salario, compensaciones y otras prestaciones tengan sus miembros Artículo 62. Las y los integrantes del SNI podrán recibir el apoyo económico correspondiente cuando cumplan los siguientes requisitos: I. Ser personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México, salvo las excepciones previstas en esta fracción. Los servicios prestados deberán ser acreditados por medio de un comprobante de adscripción proporcionado en el formato y con las condiciones que establezca el CONACYT. Se exceptúa de los requisitos previstos en el primer párrafo de esta fracción a las personas que formen parte del Programa de Investigadoras e Investigadores por México, así como a aquéllas que realicen Estancias Posdoctorales y cuenten con una beca del CONACYT para tales efectos. En estos casos se considerará como institución de adscripción aquélla en la que, conforme a la normativa aplicable, desarrollen las actividades de investigación humanística o científica, desarrollo tecnológico o innovación. Se exceptúa de los requisitos a los que se refiere esta fracción a las Investigadoras y los Investigadores Nacionales Eméritos. II. No desempeñar un cargo de elección popular durante la vigencia de su distinción. III. Las y los integrantes del SNI que asuman un cargo en la administración pública podrán seguir recibiendo el apoyo económico independientemente de que cumplan o no con el requisito establecido en la fracción I de este artículo, siempre que tengan una licencia sin goce de sueldo o equivalente en su institución de adscripción o una comisión donde gocen de un máximo del 5% de su sueldo, en cuyo caso deberán seguir cumpliendo con las obligaciones a las que se refiere el artículo 71 del Reglamento. Las investigadoras y los investigadores eméritos podrán recibir el apoyo económico una vez que notifiquen anualmente su situación al CONACYT, por sí o a través de su apoderada o apoderado. Según se advierte, el artículo 62 del Reglamento, en su texto original, establecía la posibilidad de que los miembros del Sistema Nacional de personas investigadoras recibieran apoyo económico del CONACYT, con independencia de que laboraran en alguna dependencia, entidad, institución de educación superior o centro de investigación del sector público, privado o social de México. La reforma reclamada, excluye de ese apoyo económico a las personas investigadoras integrantes del Sistema Nacional de Investigadores que laboren en los sectores privado o social de México, pues ahora únicamente es posible obtener el beneficio sí las personas investigadoras son personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México. Esa exclusión normativa es de la que se duele la quejosa quien acredita ser una persona investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, con el documento que aportó a su demanda de amparo, consistente en el Convenio para el otorgamiento del estímulo económico por distinción a investigadores que celebró con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, antes de la reforma, para recibir el apoyo económico a que se refiere el artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Luego, en la Convocatoria 2021 para ingreso, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se estableció que las y los integrantes cuya distinción finalizara el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, podían solicitar su permanencia, en términos de la citada convocatoria, (fojas 230 a 236). Esto es, con la emisión de la convocatoria, las autoridades responsables ubicaron a la quejosa en los supuestos de la norma, dado que para la continuación en el otorgamiento del estímulo económico el cual estaba sujeto a la voluntad de las partes, ahora su inclusión depende de que las personas investigadoras se adapten a las bases contenidas en la nueva convocatoria, que se funda en las normas reclamadas del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, como se advierte de los puntos 6.2. y 6.3 de la citada convocatoria que disponen: "6.2. Los miembros del SIN podrán recibir el apoyo económico correspondiente a cada categoría y nivel cuando cumplan con los requisitos señalados en el Artículo 61 y 62 del Reglamento del SIN y firmen el convenio respectivo. La periodicidad de los apoyos será mensual, estando sujeta a la disponibilidad presupuestal correspondiente. La cuantificación de los apoyos se establecerá en las disposiciones específicas que para el efecto expida el Conacyt. 6.3. Los apoyos se otorgarán de manera independiente a los ingresos que para el efecto la o el integrante del SIN perciba por el desempeño de su empleado, cargo o comisión, dentro de una institución pública." En ese sentido, aun cuando la quejosa no haya demostrado haber enviado su solicitud de inscripción al tenor de las bases contenidas en dicha convocatoria, lo jurídicamente relevante es que quedará excluida del apoyo económico al no cumplir con los requisitos señalados en la redacción del artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. En atención a lo expuesto, sí se advierte el acto concreto de aplicación de la norma reclamada, de ahí que, aun cuando la promovente reclamó el citado precepto desde su entrada en vigor, ello no impide que si durante la sustanciación del juicio se actualizó el acto concreto de aplicación de las normas reclamadas, este órgano jurisdiccional esté imposibilitado a su análisis, pues ello redundaría en una denegación de justicia en perjuicio de la promovente, quien se ubica en el supuesto normativo. Por lo anterior, no se actualiza la causa de improcedencia invocada por la autoridad, consistente en 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en los términos que se plantea, respecto del artículo 62 del referido Reglamento. Por otra parte, tampoco se advierte que los actos reclamados sean futuros de realización incierta, porque a virtud de la convocatoria emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se ubicó a la quejosa en el supuesto normativo, dado que para continuar su permanencia en el sistema nacional de personas investigadoras debe ajustarse a las bases contenidas en ese documento; sin embargo, en términos de los 6.2 y 6.3 de la referida convocatoria, se impide su continuación en el citado sistema al no laborar en una institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México, ello en aplicación del nuevo texto legal de la norma reclamada. Por lo anterior, los actos reclamados no son futuros de realización incierta, pues ya se concretaron en perjuicio de la promovente del amparo, de ahí que la causal invocada por las autoridades responsables también resulta infundada. De igual manera, las autoridades responsables manifiestan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 108 fracción VIII de la Ley de Amparo, ya que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no formuló conceptos de violación. Lo anterior es infundado, ya que contrario a lo que refieren las responsables, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa sí formuló conceptos de violación en contra del Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, pues en el primer concepto de violación refiere que son contrarios al principio de igualdad y no discriminación porque el emolumento que reciben la impetrante como persona investigadora miembro del CONACYT, no puede depender de si la institución en la que labora es privada o pública; argumento que resulta suficiente para evidenciar lo infundado del supuesto de improcedencia que se plantea. SEXTO. Conceptos de violación. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de la litis. La parte quejosa plantea en el primer concepto de violación de su escrito inicial de demanda que el artículo 62 fracción I, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores es violatorio del principio de igualdad y no discriminación reconocido en el artículo 1o. de la Constitución General de la República, ya que -aduce- no existen razones objetivas y razonables para establecer distinciones entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación que aspiren a recibir el apoyo económico por el hecho de ser remunerados en alguna institución público o privada de educación superior, o bien, de un centro de investigación pública en México. Para abordar este planteamiento es necesario acudir al contenido del artículo 1o. de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". El precepto constitucional transcrito establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el propio texto constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Asimismo, el aludido numeral en su párrafo tercero, establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. En concatenación con lo anterior, el último párrafo del artículo 1o. Constitucional reconoce el principio de no discriminación bajo los motivos que se enlistan de manera enunciativa mas no limitativa y que se conocen como categorías sospechosas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado mediante decreto publicado el diez de junio de dos mil once, modificó sustancialmente el contenido de los derechos protegidos constitucionalmente, incluido el de igualdad, el cual es un principio adjetivo que se predica siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza progresivamente a través del tiempo y a la luz de una multiplicidad de factores sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros. De ahí que, a partir de la citada reforma, cuando se alegue una violación al principio de igualdad jurídica, el juzgador no puede desdeñar el texto de los tratados internacionales que hacen referencia a la igualdad y a la prohibición de discriminación, sino que debe efectuar el escrutinio de constitucionalidad correspondiente teniendo como ámbito material de validez a la Constitución y a los diferentes tratados ratificados por México. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 124/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo I, Libro 49, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecisiete, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. SU ÁMBITO MATERIAL DE VALIDEZ A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el citado diario, al establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el propio texto constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, modificó sustancialmente el contenido de los derechos protegidos constitucionalmente, incluido el de igualdad, el cual es un principio adjetivo que se predica siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza progresivamente a través del tiempo y a la luz de una multiplicidad de factores sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros. Consecuentemente, si bien es cierto que el concepto jurídico de igualdad desde un punto de vista abstracto se encontraba presente desde antes de dicha reforma constitucional, también lo es que sus condiciones de aplicación y supuestos de protección se han ampliado significativamente con el contenido de los tratados internacionales; un ejemplo de ello lo constituye la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece criterios específicos para verificar si existe o no discriminación, los cuales complementan materialmente a los preceptos constitucionales. De ahí que, a partir de la citada reforma, cuando se alegue una violación al principio de igualdad jurídica, el juzgador no puede desdeñar el texto de los tratados internacionales que hacen referencia a la igualdad y a la prohibición de discriminación, sino que debe efectuar el escrutinio de constitucionalidad correspondiente teniendo como ámbito material de validez a la Constitución y a los diferentes tratados ratificados por México, máxime cuando ese análisis ha sido solicitado por el quejoso." Ahora bien, el principio de igualdad tiene un carácter complejo dado que subyace a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas e imponen obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos en relación con aquél. Dicho principio, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 64/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 791, Libro 31, Tomo II, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, registro 2011887, que dispone: "PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE. El principio de igualdad tiene un carácter complejo al subyacer a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y último párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII. Esto es, los artículos referidos son normas particulares de igualdad que imponen obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos en relación con el principio indicado; sin embargo, estos poderes, en particular el legislativo, están vinculados al principio general de igualdad establecido, entre otros, en el artículo 16 constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.". En este punto, cabe destacar a título de abundamiento, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-4/84 de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro -párrafos 55 y 56-, ha establecido que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humanos y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. Por tanto, ha sostenido la citada Corte Internacional, no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza, empero, dado que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Asimismo, es importante destacar que ningún derecho es absoluto, por lo que está permitido que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, limiten o restrinjan esos derechos siempre y cuando dicha imposición sea justificada, sea razonable y proporcional, es decir, esté prevista en ley, promueva el bienestar general en una sociedad democrática, y sea compatible con la naturaleza del derecho restringido. En el mismo sentido se debe pensar tratándose de las obligaciones que dejan de asumir las autoridades, pues si implementan medidas restrictivas o de naturaleza regresiva, se debe velar porque esas medidas sean necesarias y proporcionadas, debiendo mantenerse en vigor únicamente en tanto sean necesarias, mitigando las desigualdades que pueden agudizarse en tiempos de crisis y garantizar que los derechos de los individuos, grupos desfavorecidos y marginados no se vean afectados de forma desproporcionada. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 131/2021, cuya sentencia se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el viernes uno de abril de dos mil veintidós, registro digital 30473, sostuvo lo siguiente en relación con los alcances del principio de igualdad y no discriminación, así como la intensidad del escrutinio que debe realizarse al estudiar la constitucionalidad de una norma general a la luz de aquél: "V. ESTUDIO DE FONDO 44. Problema constitucional que se resuelve. De acuerdo con los agravios expresados que, por estar íntimamente relacionados, se estudian de manera conjunta, esta Primera Sala considera que debe resolverse si el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor es inconstitucional, por violar el artículo 1o. que reconoce los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, por no contemplar que las personas morales puedan ser reconocidas como autores. 45. De este modo, la pregunta a la que el presente recurso pretende dar respuesta es la siguiente: ¿El artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor es inconstitucional por vulnerar los derechos de igualdad y no discriminación, al no contemplar que las personas morales sean reconocidas como autores? 46. La respuesta a ese cuestionamiento es negativa, por lo que los agravios estudiados en su conjunto son por un lado infundados y, por otro, inoperantes. 47. Ello obedece a que la distinción que realizó el legislador para solamente otorgarle la calidad de autor a las personas físicas es objetiva y racional, pues tiene como fin otorgarles a estas últimas una protección sobre las creaciones que realizan; persigue un fin legítimo que es otorgarle un derecho a sus creadores, consistente en una explotación exclusiva por un tiempo determinado; a la vez que no es una distinción proscrita y que el derecho a la explotación de una creación no es un derecho humano del que puedan gozar las personas morales. 48. Para justificar esa determinación, en primer lugar, se expondrá brevemente la doctrina constitucional que ha desarrollado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación; posteriormente, se expondrá la norma cuya constitucionalidad se reclama; y, finalmente ésta se someterá a la herramienta argumentativa del escrutinio leve a fin de explicar que la norma que se analiza es constitucional, al establecer una diferenciación justificada y racional. 49. Para comenzar, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo que interesa, indica que: '... 'Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.' 50. También resulta conveniente considerar el contenido del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que los Estados Parte se comprometen: '... a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.' 51. Dichas normas forman parte del parámetro de control de regularidad constitucional, por lo que el derecho a la igualdad-no discriminación permea a todo el ordenamiento jurídico, de forma que cualquier tratamiento que pueda resultar discriminatorio respecto del ejercicio de algún derecho humano es, por sí mismo, incompatible con el orden constitucional. 52. Ahora bien, la igualdad goza de una doble dimensionalidad: es un principio y, a su vez, es un derecho; como principio, fundamenta y da sentido a todo el andamiaje jurídico y a los actos que derivan de él y, en ese sentido, debe utilizarse como una guía hermenéutica en la elaboración, interpretación y aplicación del derecho. 53. En esa tesitura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 18/2003, determinó que el principio de igualdad-no discriminación es una norma de jus cogens y, por ese motivo, no admite acuerdo en contrario; es aplicable a cualquier Estado, independientemente de que forme parte o no de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, genera efectos erga omnes, esto es, incluso, entre particulares.(1) 54. De esta forma, la Corte Interamericana indicó que los Estados pueden realizar restricciones legislativas a dicho principio en la medida en que sean objetivas y racionales, es decir, siempre que no se establezcan diferencias o distinciones que sean ilegítimas o arbitrarias.(2) 55. De acuerdo con la doctrina de esta Primera Sala, el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley -igualdad en sentido formal- y el de igualdad en la ley -igualdad en el derecho-.(3) 56. El primero de ellos obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentran en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.(4) 57. El segundo de ellos opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.(5) 58. La justificación de este derecho parte de que la Constitución no puede ser ciega ante las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través de manifestaciones de todo tipo.(6) 59. Este derecho protege tanto a personas como a grupos y tiene por objeto remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupos sociales.(7) 60. El fin último de este derecho es alcanzar la paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.(8) 61. Al haberse impugnado la constitucionalidad de una norma prevista en la legislación secundaria por otorgar un trato diferenciado a uno y otro tipo de personas -físicas y jurídicas-, esta Primera Sala estudiará únicamente la igualdad sustantiva. 62. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente.(9) 63. Por otro lado, dan lugar a actos discriminatorios indirectos que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello.(10) 64. Aunado a lo anterior, la doctrina ha sustentado que la prohibición de la discriminación y el deber de promoción y de protección son normativamente indeterminados, esto es así, ya que la disposición constitucional que los establece no prevé cuándo un trato es discriminatorio, habida cuenta que no define a priori para todos los casos: (i) cuándo un trato es diferenciado es discriminatorio y por consiguiente vulnera la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos; (ii) cuándo un trato diferenciado es constitucional, por no vulnerar la prohibición de discriminación; y (iii) cuándo un trato diferenciado cumple los deberes de promoción o de protección.(11) 65. De ahí que, dada la indeterminación normativa del principio de igualdad y la proscripción a no discriminar, esta Suprema Corte de Justicia se ha constreñido a determinar, entre otros aspectos: a) los tipos de diferencias que existen entre los grupos de destinatarios; b) cuándo éstos merecen una protección especial, dada su categoría sospechosa; c) cuándo se justifica un trato diferenciado; y, d) cuándo resulta injustificado un trato diferenciado. 66. Para ello, se ha optado por estudiar, atendiendo a la norma o acto de autoridad, los distintos niveles de intensidad en los escrutinios o test de igualdad, estableciéndose una escala tríadica de intensidades para determinar la aplicación del referido principio de igualdad. 67. Los elementos de la referida escala tríadica de intensidades son los siguientes:(12) - Escrutinio débil. Establece que, para que la norma o acto de autoridad sea constitucional, basta que el trato diferenciado que se advierta en aquéllos sea una medida potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. Así, este escrutinio exige: a) Que el trato diferente tenga un objetivo legítimo; b) Que dicho trato sea potencialmente adecuado para alcanzarlo; y, c) Que no esté proscrito constitucional y convencionalmente. - Escrutinio estricto. Esta escala se aplica cuando un trato diferenciado se fundamenta en criterios sospechosos como la raza, condición social o económica, orientación sexual, edad, entre otros. De este modo se tomarán como criterios sospechosos de diferenciación o se considerarán como potencialmente discriminatorios, los siguientes: - Aquellos establecidos y dispuestos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos; - Los que afecten a minorías o grupos sociales constitucionalmente protegidos; - Los que se funden en rasgos permanentes de las personas que no pueden prescindir de éstos por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; y, - Los que afecten a grupos históricamente sometidos a menosprecio y prácticas discriminatorias; - Escrutinio intermedio. Este criterio se aplica para los casos en que el Estado realiza diferencias fundadas en criterios sospechosos con la finalidad de favorecer a los grupos o individuos tradicionalmente desfavorecidos con la finalidad de alcanzar una igualdad. 68. Ahora bien, la recurrente sustenta su argumento de inconstitucionalidad en que el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor viola el artículo 1o. constitucional, debido a que solamente contempla que las personas físicas puedan ser autoras. Tal precepto es del tenor siguiente: 'Artículo 12. Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística.' 69. De lo anterior, esta Primera Sala observa que efectivamente el precepto impugnado hace una distinción entre personas físicas y personas morales al no contemplar la posibilidad de que estas últimas tengan la posibilidad de ser reconocidas con el carácter de autoras. 70. Sin embargo, dicha circunstancia no se fundamenta en alguna categoría sospechosa que amerite un escrutinio constitucional intenso ni intermedio, pues la imprevisión de referencia no obedece a alguno de los tratamientos diferenciados proscritos por el artículo 1o. de la Constitución General. Por ello, esta Primera Sala considera que el escrutinio constitucional que debe efectuarse respecto de dicho precepto debe ser débil, de ahí que deba estudiarse a la luz de lo siguiente: a) que el trato diferente tenga un objetivo legítimo; b) que dicho trato sea potencialmente adecuado para alcanzarlo y; c) que no esté proscrito constitucional y convencionalmente. a) Que el trato diferente tenga un objetivo legítimo. 71. El propósito de esta sección consiste en determinar si la distinción que prevé el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor -que solamente le reconoce el carácter de autor a las personas físicas- persigue un objetivo legítimo. 72. Al respecto, esta Primera Sala considera que la norma sometida a análisis sí persigue un objetivo legítimo con la distinción que prevé. Ello, pues lo que busca es que las creaciones artísticas sean protegidas, mediante un derecho de explotación exclusivo temporal otorgado a su creador. 73. Para justificar que dicho fin se trata de uno legítimo, esta Primera Sala expondrá un criterio formal y, posteriormente, un criterio material. El criterio formal consiste en que el artículo que se comenta persigue un objetivo legítimo, pues así está previsto en el texto fundamental. El artículo 28 constitucional, en su parte conducente, prescribe lo siguiente: '... 'Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.' 74. De acuerdo con dicho enunciado normativo, el Texto Constitucional permite que el Estado pueda otorgar concesiones a los autores e inventores para explotar de manera exclusiva sus creaciones. A mayor abundamiento, la fracción XXV, parte in fine, del artículo 73 constitucional, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual. 75. Bajo esa tesitura puede decirse que el propio Texto Fundamental promueve un reconocimiento del Estado en favor del creador de una obra, por lo que le concede derechos de explotación comercial. 76. Entendido que el objetivo que persigue la norma es uno legítimo, porque es la constitución quién faculta al Estado para conceder un derecho de explotación exclusivo a quienes producen una obra artística, es menester para esta Sala encontrar las razones que soportan esa legitimidad. 77. Conviene recordar brevemente que la primera forma de protección a los derechos de autor se dio en Inglaterra con el Estatuto de la Reina Ana de diez de abril de mil novecientos diez. Si bien con este instrumento no se reconocía al autor la paternidad sobre su obra, si le concedía un privilegio para reproducir su obra de manera exclusiva, basado en un derecho de propiedad sobre la obra. La razón que impulsa este estatuto es el malestar que la piratería intelectual causaba en los editores.(13) 78. Sin embargo, el derecho intelectual como hoy lo conocemos tiene su origen en la ley francesa de tres de enero mil setecientos noventa y uno y su posterior reforma de diecinueve de julio de mil setecientos noventa y tres. En ella, se concedieron derechos a los creadores intelectuales en beneficio exclusivo sobre su creación como un derecho esencial de la naturaleza humana; es decir se reconocía al sujeto del derecho de autor como la persona natural que tiene la propiedad sobre las creaciones de su intelecto.(14) 79. Aunque en ambos antecedentes se concede un beneficio de explotación exclusiva a quien produce una creación artística. La diferencia radica en que en el primero se otorgaba el beneficio en exclusión a todos los demás editores que buscaban enriquecerse a costa de la obra de otro; mientras que, en el segundo antecedente, la razón radica en que es un derecho natural de la esencia humana.(15) 80. Ahora bien, en las fuentes históricas de la legislación nacional es posible encontrar razones por las cuales se debe de otorgar un beneficio de explotación exclusiva a quien crea una obra. Específicamente, en el artículo 50, fracción 1, de la Constitución Mexicana de 1824 se observa que el fin que buscaba el constituyente era la promoción de la ilustración: 'Artículo 50. Las facultades exclusivas del Congreso General son: '1. Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; exigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tiene las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados.' 81. A su vez, la iniciativa en la materia del Ejecutivo Federal de mil novecientos noventa y seis explica que: 'Para que México siga protegiendo con eficacia los derechos autorales debe contar con un marco jurídico moderno y acorde a la realidad en que vivimos, que apoye la industria y el comercio de la cultura; propicie un mejor ambiente para que los creadores puedan darse a la misión de acrecentar y elevar nuestro acervo cultural, y que establezca las bases para un futuro con mejores expectativas en la educación, la ciencia, el arte y la cultura. Todo lo anterior justifica un gran esfuerzo social y político para dar al ingenio y al espíritu humanos el alto lugar que le corresponde dentro de la vida de la República. (sic) '... 'El Estado Mexicano se define por el espíritu democrático que lo anima, de acuerdo con nuestro Código Fundamental, se basa en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En este sentido la presente iniciativa busca armonizar los derechos de quienes con su talento, su inversión o su participación engrandecen cotidianamente nuestra vida y acervo culturales; establecer una plataforma sana para que el Estado, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, garantice adecuadamente un ámbito de legalidad suficiente para el desarrollo del arte y la cultura; así como facilitar, a través de estos elementos el acceso de los diferentes sectores y miembros del cuerpo social al patrimonio cultural que nos identifica y nos pertenece a todos los mexicanos. 'La Iniciativa que se presenta, tiene como principal objeto la protección de los derechos de los autores de toda obra del espíritu y del ingenio humanos, de modo que se mantenga firme la salvaguarda del acervo cultural de la Nación y se estimule la creatividad del pueblo en su conformación y diversidad cultural, de acuerdo con la modernización de las instituciones jurídicas, políticas y sociales que el momento actual de la República reclama. 'El Ejecutivo Federal a mi cargo, busca establecer un ordenamiento jurídico por medio del cual los autores, artistas, sus sociedades de gestión colectiva, y los productores, distribuidores y empresarios, encuentren el mayor equilibrio posible en el tráfico de bienes y servidos culturales.' 82. De esa exposición de motivos se observa que la razón por la cual se protegen los derechos autorales es para dar al ingenio y al espíritu humano el alto lugar que le corresponde dentro de la vida nacional, ello mediante la armonización de los derechos de aquellas personas que, con su talento, inversión o participación, la engrandecen. Es decir, que con la modernización de la legislación en materia autoral se buscó establecer un ordenamiento jurídico por medio del cual los participantes del ámbito artístico encontraran el mayor equilibrio posible en el tráfico de bienes y servicios culturales. 83. Por otro lado, según la doctrina especializada en la materia, la razón por la que se protege este derecho es que se encuentra fundamentado en los derechos naturales del hombre, quien por justicia tiene derecho a la protección de su trabajo.(16) 84. A mayor abundamiento, los autores que han escrito sobre el tema han necesitado ahondar sobre las razones por las que existe esta protección. Algunas de ellas son las siguientes: 85. Por una razón de justicia social. Según esta razón, el autor debe obtener provecho de su trabajo. Los ingresos que percibirá irán en función de la acogida del público a sus obras y de sus condiciones de explotación: las 'regalías' serán, en cierto modo los salarios de los trabajadores intelectuales.(17) 86. Por razón de desarrollo cultural. Esta razón busca que el autor se vea estimulado para crear nuevas obras, enriqueciendo de esta manera las artes. A nadie se le ocurre proponer que los contratistas que construyen las escuelas o los fabricantes de muebles que suministran los pupitres lo hagan gratuitamente.(18) 87. Por una razón de orden económico. Esto implica que las inversiones que son necesarias para la producción de obras serán más fáciles de obtener si existe una protección efectiva.(19) 88. Por una razón de orden moral. De acuerdo con esta justificación, al ser la obra una expresión personal del pensamiento del autor, éste debe tener derecho a que se respete. Es decir, derecho a decidir si puede ser reproducida o ejecutada en público, cuándo y cómo y derecho a oponerse a toda deformación o mutilación cuando se utiliza la obra.(20) 89. Por una razón de prestigio nacional. Esta explicación parte de que el conjunto de las obras de los autores de un país refleja el alma de la nación y permite conocer mejor sus costumbres, sus usos, sus aspiraciones. Si la protección no existe, el patrimonio cultural será escaso y se desarrollarán las artes (sic).(21) 90. Estas razones han justificado que pueda otorgárseles a los creadores la explotación exclusiva de su obra. Como se observa, se refieren específicamente a las personas físicas, pues en sí se encuentran encaminadas a que a los creadores se les remunere por el trabajo. 91. Por otro lado, también se ha categorizado este derecho como uno de tipo social.(22) Para llegar a esa conclusión, se parte de la premisa que el derecho social es aquel en el que la igualdad humana inspira al orden jurídico. Así, como el derecho autoral consiste en un derecho de explotación exclusiva que protege al autor como un creador de cultura, que deriva en el crecimiento del valor intelectual que beneficia al género humano, es un derecho de carácter social.(23) 92. En este sentido, puede decirse que la distinción que hizo el legislador tiene un objetivo que es que las personas que desplegaran una actividad creativa obtuvieran una protección en sus derechos. La legitimidad de ese objetivo tiene una razón formal y material. La primera consiste en que tal protección es mandato constitucional; la segunda, en que es una protección que se le otorga a quien, mediante su labor creativa, producto del ingenio humano, acrecienta el acervo cultural del país. b) Que dicho trato sea potencialmente adecuado para alcanzarlo; 93. El propósito de esta sección consiste en determinar si la distinción que realiza la norma controvertida es la adecuada para alcanzar el objetivo que se propone. 94. Al respecto, esta Primera Sala considera que el trato diferenciado que da la norma es el adecuado para alcanzar el objetivo legítimo, pues únicamente las personas físicas son capaces de realizar el despliegue creativo susceptible de ser protegido en sus intereses morales y pecuniarios. Se explica. 95. La doctrina en un principio consideró que la propiedad literaria es la más santa de las propiedades en virtud de que ésta pertenece sólo a su creador.(24) 96. En este sentido, se consideró que la actividad autoral es la más sagrada, la más legítima, la más inatacable y, si se puede hablar así, la más personal de todas las propiedades es la obra, fruto del pensamiento del autor.(25) 97. Para la doctrina contemporánea, el fundamento básico de la protección del derecho de autor se encuentra en la creatividad y originalidad de la obra. Una creación es una expresión personal, perceptible, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu que tenga individualidad, que sea completa y unitaria y que sea una creación integral. También se ha dicho que es la fijación de un acontecer espiritual originario por medios representativos accesibles a los sentidos en un continente material que le sirve de vehículo.(26) 98. En otras palabras, la creatividad de una obra se encuentra relacionada con la capacidad de creación que tiene la persona humana. Es decir, con la facultad de producir algo, darle vida en un sentido figurado; de ahí que una obra sólo pueda ser autoría de una persona física. 99. En efecto, como lo establece el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Ello es así, pues un autor es la persona que concibe y realiza una obra de naturaleza literaria, científica o artística. La creación es un esfuerzo del talento sólo atribuible a una persona física, por ser ésta quien tiene la capacidad para crear, sentir, apreciar o investigar.(27) 100. Dicho de otra manera, el autor es la persona que ha creado una obra literaria o artística. El carácter de autor de una obra pertenece a una persona física, pues es la expresión de su pensamiento y constituye la expresión de su propia creatividad. (28) Así, la obra del autor es la expresión personal, única, original y novedosa de su inteligencia; es resultado de la actividad de su espíritu que tiene individualidad suficiente y es apta para ser difundida y reproducida.(29) 101. Por ello, la ley mexicana reconoce como único sujeto originario del derecho de autor a quien lo es en virtud de una obra intelectual. Además, en la propia exposición de motivos de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, se dijo que lo que este cuerpo normativo busca es la protección de los derechos de los autores de toda obra del espíritu y del ingenio humanos, lo cual sin lugar a duda implica la protección de las creaciones de las personas físicas. 102. De acuerdo con el artículo 11, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas y, como se vio, se otorga únicamente a las personas físicas el carácter de autor.(30) 103. No sobra señalar que la misma ley reconoce la posibilidad de que varias personas puedan trabajar en sinergia para crear una obra. Por ello, la ley otorga protección a las obras de colaboración y colectivas.(31) 104. Sin embargo; aunque la ley únicamente le reconoce el carácter de autor a las personas físicas, es decir, que se les otorga la titularidad original del derecho de autor, ello no implica que las personas morales carezcan de cualquier tipo de derechos en la materia creativa. 105. En efecto, existen dos ámbitos en los que las personas morales pueden adquirir derechos regulados en la Ley Federal del Derecho de Autor. Éstos son, por un lado, derechos patrimoniales transferidos y, por el otro, derechos conexos. 106. La ley otorga al autor dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Sin ánimos de entrar a más detalles por no ser materia de este recurso, los derechos morales son aquellos que se refieren a la facultad exclusiva de crear, continuar y concluir la obra; de modificarla o destruirla; la facultad de mantenerla inédita o publicarla con su nombre, un pseudónimo o en forma anónima; la facultad de elegir intérpretes de la obra, darle cierto y determinado destino y ponerla en el comercio o retirarla del mismo; así como de exigir que se mantenga la integridad de la obra de su título e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada. 107. El derecho pecuniario, económico o patrimonial implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra y, tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, reproducción, traducción y adaptación; así como el de ejecución y transmisión. 108. Los primeros mencionados son inalienables; en cambio, los segundos pueden ser transmitidos e, incluso, los frutos que produzcan pueden ser objeto de embargo o de prenda. 109. Ahora, los autores pueden ceder los derechos patrimoniales sobre sus obras a personas físicas o morales, a efecto de obtener una contribución. A diferencia del carácter de autor, en el cual, la ley ha establecido que tal reconocimiento le corresponde de manera exclusiva a las personas físicas, la Ley Federal del Derecho de Autor no refiere especificidad alguna sobre quién puede hacerse con los derechos patrimoniales de los derechos de autor; de ahí que válidamente se haya podido afirmar que las personas morales pueden adquirir los derechos patrimoniales de un autor. 110. Por lo que hace a los derechos conexos se encuentran íntimamente relacionados con las obras derivadas u obras de segunda mano. Éstas son obras que, en lugar de ser una creación original, cambian una en algunos aspectos o maneras, en forma tal que a la obra anterior se le agrega una creación novedosa. 111. La función de estos derechos es proteger los intereses legales de determinadas personas, físicas o morales, que contribuyen a la puesta de disposición del público de obras. La Ley Federal del Derecho de Autor reconoce como tales, entre otros, los de edición(32), producción(33) y radiodifusión.(34) En el caso de estos tres, la ley reconoce su titularidad con independencia de si se tratan de personas físicas o morales. 112. Como se observa, la manera en que persigue el fin es el adecuado, pues el despliegue creativo materializado en una obra que protege la Ley Federal del Derecho de Autor sólo puede ser realizado por una persona física. Además, tampoco excluye que las personas jurídicas, como corporaciones, puedan hacerse con los derechos netamente patrimoniales que reconoce tal ordenamiento. c) Que no esté proscrito constitucional y convencionalmente 113. El propósito de esta sección es determinar si el fin buscado por la norma no está proscrito constitucional y convencionalmente. 114. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el reconocimiento del carácter de autor que hace la ley únicamente en favor de las personas físicas no está proscrito por el derecho internacional de los derechos humanos, sino que es acorde con la naturaleza de los derechos humanos. Para justificar ello, se seguirá un criterio formal y otro material. 115. El criterio formal consiste en una somera observación a los tratados internacionales que informan la materia para observar si, de acuerdo con ellos, necesariamente se le debe de reconocer a las personas morales el carácter de autores. 116. El criterio material que se usa en este apartado consistirá en poner en perspectiva la dimensión del derecho de autor como un derecho humano y, en consecuencia, observar si es posible que las personas jurídicas puedan reivindicarlo a su favor. 117. Por lo que hace al aspecto formal arriba mencionado, es necesario acudir al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Si bien, propiamente no se establece si el reconocimiento de autor debe de limitarse a las personas físicas es posible interpretar ello a partir de lo dispuesto por sus artículos 7 y 7 bis. 118. En dichas disposiciones se establece que, por regla general, la protección a los derechos de autor se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. Misma regla, que es modulada según distintos supuestos normativos establecidos a la manera de excepción. Al respecto se pueden destacar la vigencia de la protección de obras realizadas en colaboración, la cual se calcula a partir del último superviviente de los colaboradores. 119. Como puede observarse, la regla está hecha partiendo de la base que el autor es una persona física, la cual tiene derecho de disfrutar de los frutos de su obra de manera vitalicia y que inclusive sus herederos pueden gozar de ellos durante un tiempo determinado. 120. En ese orden de ideas, es dable colegir que el espíritu de esa norma radica en que los derechos de autor tienden a proteger a una persona física y no así a una persona moral. 121. Máxime que no regula cuál es el tiempo de explotación exclusiva que tendría una persona moral si ésta produjese una obra. Esto no es cosa menor, pues tendría que regular, entre otros supuestos, qué pasa si esta se extingue y a quien corresponderían los derechos derivados del carácter de autor que le fue otrora reconocido. 122. A mayor abundamiento, mencionarse el caso específico de las normas relativas a la determinación de la titularidad de los derechos sobre las obras cinematográficas. De acuerdo con el artículo 14 Bis, se reserva a los países miembros que puedan determinar la regulación sobre la titularidad de los derechos de autor en este nicho específico. 123. La razón al respecto radica en que se permitió que ciertos países otorgaran algunos de los derechos morales a las personas jurídicas que fungen como productoras. Por ejemplo, si una obra ha sido creada por un autor empleado a los fines de crear dicha obra -el director-, será el empleador -la productora- y no el autor el titular de los derechos morales y patrimoniales de la misma. Este se trata de un criterio económico que busca proteger a quien invirtió para crear una obra, mas no implica que se le reconozca el carácter de autor. 124. En este sentido, es válido decir que en el plano internacional también se reconoce, salvo casos muy específicos, que sólo las personas físicas pueden ser consideradas autoras y que son, por regla general, los titulares de los derechos morales y patrimoniales que devienen por tal carácter. 125. Por lo que hace a la parte material de la argumentación, conviene traer a cuenta lo establecido por el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. '1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. '2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.' 126. De acuerdo con dicho precepto, se reconoce el derecho humano a que los derechos morales y patrimoniales que tienen los autores de las producciones científicas, literarias o artísticas de las personas sean protegidos. Ello implica que existe un reconocimiento como del derecho de autor como un derecho humano. En virtud de ello, cabe preguntarse si las personas pueden reivindicar dicho derecho a su favor. 127. Al respecto, conviene traer a cuenta que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha sostenido que los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación y que, si bien las personas jurídicas no han sido reconocidas como titulares de derechos expresamente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no restringe la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos,(35) o a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el sistema jurídico regional o de cada uno de los Estados.(36) 128. En ese sentido, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que, si bien el vocablo 'persona' contenido en el artículo 1o. constitucional comprende a las personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas.(37) 129. En esa medida, el juzgador, incluida esta Primera Sala, deberá determinar, en cada caso concreto, si un derecho les corresponde o no pues, si bien existen derechos que sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso, existen otros que, evidentemente, corresponden sólo a las personas físicas, al referirse a aspectos de índole humana como son los derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad física.(38) 130. Sin embargo, existen otros derechos respecto de los cuales no es tan claro definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya que, más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad dependerá del alcance y/o límites que el juzgador les fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la libertad ideológica.(39) 131. Bajo esa premisa, esta Primera Sala encuentra que, el derecho de autor no se trata de un derecho humano que las personas jurídicas puedan reivindicar a su favor, pues sólo a las personas físicas, al referirse a aspectos de índole humana. 132. Ello, pues como se expuso con anterioridad, lo que tutela es la creación artística original que hace una persona y con ella nace la posibilidad de que la pueda explotar de manera exclusiva en su favor. 133. Máxime que, como se expuso con anterioridad, la creación colectiva o en colaboración también está protegida tanto en el derecho internacional como en el derecho interno; de ahí que el caso de una creación compartida tampoco sea motivo para que se le reconozca el carácter de autora a una persona moral. 134. En este tenor, es claro que no está proscrito constitucional o convencionalmente que únicamente se le reconozca a las personas físicas el carácter de autor. Ello, pues en la convención especializada en el nicho no se establece específicamente que se le debe reconocer a las personas morales; además de que no se trata de un derecho humano que sea atribuible a las personas morales. 135. Por lo anterior, es infundado el agravio hecho valer, pues es claro que la distinción que prevé el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor es objetiva y razonable; pues se basa en un objetivo legítimo, que es otorgarle a un autor un derecho a explotar de manera exclusiva su creación; que es adecuado, pues solamente las personas físicas pueden desplegar una acción creativa; y que no está proscrito ya que la Convención de Berna no establece que necesariamente se debe de establecer en favor de personas físicas y morales y que el derecho a la protección creativa no es un derecho humano que las personas morales deban de reivindicar a su favor, por la naturaleza de aquél". Ahora bien, la parte quejosa aduce la inconstitucionalidad del reclamado artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, sustentada en el argumento de que vulnera el artículo 1° Constitucional debido a que exclusivamente regula la posibilidad de otorgar apoyos económicos a las personas investigadoras adscritas a instituciones de educación superior de carácter público. Dicho precepto es del tenor siguiente: "Artículo 62. Las y los integrantes del SNI podrán recibir el apoyo económico correspondiente cuando cumplan los siguientes requisitos: I. Ser personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México. Los servicios prestados deberán ser acreditados por medio de un comprobante de adscripción proporcionado en el formato y con las condiciones que establezca el CONACYT. Para las investigadoras y los investigadores que ocupen las Cátedras CONACYT, se entenderá que desarrollan las actividades de investigación humanística, científica y desarrollo tecnológico e innovación, en la institución beneficiada a la cual fueron comisionados por el CONACYT. Se exceptúa de los requisitos a los que se refiere esta fracción a las Investigadoras y los Investigadores Nacionales Eméritos. II. No desempeñar un cargo de elección popular durante la vigencia de su distinción. III. Las y los integrantes del SNI que asuman un cargo en la administración pública podrán seguir recibiendo el apoyo económico independientemente de que cumplan o no con el requisito establecido en la fracción I de este artículo, siempre que tengan una licencia sin goce de sueldo o equivalente en su institución de adscripción o una comisión donde gocen de un máximo del 5% de su sueldo, en cuyo caso deberán seguir cumpliendo con las obligaciones a las que se refiere el artículo 71 del Reglamento. Las investigadoras y los investigadores eméritos podrán recibir el apoyo económico una vez que notifiquen anualmente su situación al CONACYT, por sí o a través de su apoderada o apoderado". Del precepto transcrito, se desprende que efectivamente hace una distinción entre personas investigadora adscritas -en lo que interesa- a instituciones de educación superior (i) públicas y (ii) privadas, al no contemplar la posibilidad de que estos últimos puedan ser beneficiarios del apoyo económico que regulan dichas normas generales. Empero, dicha circunstancia no se fundamenta en alguna categoría sospechosa que amerite un escrutinio constitucional intenso ni intermedio, pues la imprevisión de referencia no obedece a alguno de los tratamientos diferenciados expresamente proscritos por el artículo 1° de la Constitución, esto es, los derivados del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por ello, el análisis de regularidad constitucional que debe efectuarse respecto de dichos preceptos debe ser en términos del denominado escrutinio ordinario, conforme al cual para que una norma reclamada se considere apegada al texto fundamental, basta que el trato diferenciado que se advierta en aquélla sea una medida potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. Por tanto, dicho escrutinio exige: - Que el trato diferente tenga un objetivo legítimo. - Que dicho trato sea potencialmente adecuado para alcanzarlo; y - Que no esté proscrito constitucional y convencionalmente. Ahora bien, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto -para confirmar la rigurosa necesidad de la medida- o uno ordinario -para confirmar su instrumentalidad-. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 44/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 171, Libro 56, Tomo I, correspondiente al mes de julio de dos mil dieciocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017423, que dispone: "DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO. Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas 'acciones afirmativas'; y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto -para confirmar la rigurosa necesidad de la medida- o uno ordinario -para confirmar su instrumentalidad-. En ese sentido, el primer análisis debe realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se estiman incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas, en realidad conllevan diferencias de trato que, más allá de no ser análogas, en realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse de discriminación, al no existir un tratamiento diferenciado.". En este punto, cabe destacar que el término de comparación propuesto por la quejosa en relación con el precepto reclamado, consiste en la situación jurídica en que se encuentran las personas investigadoras activas miembros del Sistema Nacional de Investigadores pertenecientes al sector público (supuesto de hecho) de recibir apoyo económico (consecuencia jurídica). En ese sentido, previo a admitir el término de comparación propuesto, se debe verificar que la situación jurídica de la parte quejosa pueda contrastarse, para lo cual es necesario indicar que la quejosa es una persona investigadora miembro del Sistema Nacional de Investigadores y que hasta antes de la reforma que impugna venía percibiendo un estímulo económico con motivo de su actividad de investigadora en instituciones privadas. En consecuencia, el supuesto de hecho es similar (personas investigadoras activas integrantes del Sistema Nacional de Investigadores pertenecientes al sector privado) y la consecuencia jurídica es diversa (no reciben apoyo económico), destacando que la distinción de trato aducida en el primer concepto de violación en contra de los preceptos reclamados, se encuentra en la naturaleza de la institución a la cual están adscritas las personas investigadoras, esto es, si es pública o privada. En esas condiciones, es admisible el término de comparación propuesto por la impetrante, ya que ambas situaciones permiten contrastarse entre sí al ser desiguales, de ahí que resulta procedente estudiar si la distinción de trato contenida en los preceptos materia de litis constitucional es ajustada a derecho. Ahora bien, establecido lo anterior se procede a realizar el escrutinio constitucional del artículo 62 reglamentario que se reclama. En lo conducente, se cita la jurisprudencia 1a./J. 55/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil seis, Materia Constitucional, registro 174247, que dispone: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado." Asimismo, en la parte que interesa, resulta aplicable la tesis 1a. CX/2010 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, Tomo XXXII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, Materia Constitucional, registro 163334, que dispone: "IGUALDAD. DEBE ESTUDIARSE EN EL JUICIO DE AMPARO EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA SI SE ADVIERTE QUE LA NORMA GENERA UN TRATO DESIGUAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA. En aquellos casos donde un régimen jurídico tácitamente excluye de su ámbito de aplicación a un determinado grupo, no debe desestimarse el planteamiento de violación a la garantía de igualdad bajo la consideración de que el tema involucra un problema de omisión legislativa. El mismo debe analizarse a la luz del test de igualdad. De otro modo, se haría nugatoria la defensa jurisdiccional del principio de igualdad ante la ley, vulnerando los principios que orientan la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 17 de la norma fundamental.". Cabe recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos, esto es, la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. Incluso, debe decirse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe en sí el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. Por ello, en esos casos, el escrutinio estricto de las distinciones basadas en esa clase de categorías garantizará que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 112, Tomo I, Libro 34, correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciséis, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, registro 2012594, que es del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta." Ahora bien, la Junta de Gobierno y la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología emitieron el "Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, bajo las consideraciones siguientes: "ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES Con fundamento en los artículos 2, fracciones I, II, V y VI, 12, fracciones I, IX, XII, XVI y XIX, de la Ley de Ciencia y Tecnología; 1, 2, fracciones VIII, IX y XX, 6, fracción IV, y 9, fracciones IX y XIII, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1, 5, fracción XVI, 13, fracción VI, 20, fracciones IV y VI, segundo párrafo, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y CONSIDERANDO Que la Constitución garantiza el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y establece la obligación del Estado de apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y de garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes. Que la Ley de Ciencia y Tecnología establece como bases de la política de Estado en la materia, entre otras, las siguientes: incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos; convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad; fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, y promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la tecnología y la innovación en forma participativa. Asimismo, que establece como principios orientadores del apoyo que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, entre otros, los siguientes: las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación deberán apegarse a los procesos generales de planeación que establece la Ley de Ciencia y Tecnología y las demás leyes aplicables; la selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios de los apoyos, se realizará mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos y públicos, sustentados en méritos y calidad, así como orientados con un claro sentido de responsabilidad social que favorezcan al desarrollo del país; se promoverá la divulgación de la ciencia y la tecnología con el propósito de ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la sociedad; la actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que realicen directamente las dependencias y entidades del sector público se orientará preferentemente a procurar la identificación y solución de problemas y retos de interés general, contribuir significativamente a avanzar la frontera del conocimiento, mejorar la competitividad y la productividad de los sectores económicos del país, incrementar la calidad de vida de la población y del medio ambiente y apoyar la formación de personal especializado en ciencia y tecnología; los incentivos que se otorguen reconocerán los logros sobresalientes de personas, empresas e instituciones que realicen investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, y se fomentarán las vocaciones científicas y tecnológicas desde los primeros ciclos educativos. Que en términos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología son facultades de esta entidad, entre otras, las siguientes: la conducción y operación del Sistema Nacional de Investigadores, y establecer sus objetivos, funciones y forma de organización en las reglas de operación y reglamentación interna; promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico; apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Para ello, el CONACYT debe emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil; diseñar, organizar y operar programas de apoyo y un sistema nacional de estímulos e incentivos para la formación y consolidación de investigadores y grupos de investigadores en cualquiera de sus ramas y especialidades, y promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos realizados tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello. Que con base en el Programa Institucional 2020- 2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT promueve cinco ejes rectores de su actividad: 1. Fortalecimiento de la comunidad, 2. Investigación humanística y científica de frontera, 3. Programas Nacionales Estratégicos, 4. Desarrollo tecnológico de vanguardia e innovación abierta, y 5. Acceso universal al conocimiento, con el propósito de cumplir con los objetivos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Plan Nacional de Desarrollo. Que a través de los Programas Nacionales Estratégicos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología busca promover el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia, en particular el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales, y con ello incidir en la atención de los problemas nacionales, así como contribuir a que el Estado mexicano desarrolle y consolide las capacidades suficientes para promover, respetar y proteger otros derechos, entre ellos, los que garantiza el artículo 4º constitucional, en particular el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el derecho a la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa, el derecho de las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Que el Sistema Nacional de Investigadores es un programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el marco de una política de Estado que favorece el interés público nacional, el desarrollo integral del país, la soberanía nacional, la independencia científica y tecnológica, el cuidado y restauración del medio ambiente, y el bienestar del pueblo de México, así como, en general, que reconoce la función social de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación en favor de la humanidad; (.)". De la transcripción que antecede se aprecia que como parte de la motivación se destacaron los puntos siguientes: - Que es obligación del Estado apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, para lo cual deberá proveer recursos. - Que es política del Estado incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos. - Que la selección de personas destinatarios de los apoyos se realizará mediante procedimientos sustentados en méritos y calidad. - Que los incentivos que se otorguen reconocerán los logros sobresalientes de las personas, empresas e instituciones que realicen investigación científica. - Que son facultades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: la operación del Sistema Nacional de Investigadores y promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de proyectos de fomento a la investigación. El reclamado artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, se transcribe nuevamente para facilitar su consulta: "Artículo 62. Las y los integrantes del SNI podrán recibir el apoyo económico correspondiente cuando cumplan los siguientes requisitos: I. Ser personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México. Los servicios prestados deberán ser acreditados por medio de un comprobante de adscripción proporcionado en el formato y con las condiciones que establezca el CONACYT. Para las investigadoras y los investigadores que ocupen las Cátedras CONACYT, se entenderá que desarrollan las actividades de investigación humanística, científica y desarrollo tecnológico e innovación, en la institución beneficiada a la cual fueron comisionados por el CONACYT. Se exceptúa de los requisitos a los que se refiere esta fracción a las Investigadoras y los Investigadores Nacionales Eméritos. II. No desempeñar un cargo de elección popular durante la vigencia de su distinción. III. Las y los integrantes del SNI que asuman un cargo en la administración pública podrán seguir recibiendo el apoyo económico independientemente de que cumplan o no con el requisito establecido en la fracción I de este artículo, siempre que tengan una licencia sin goce de sueldo o equivalente en su institución de adscripción o una comisión donde gocen de un máximo del 5% de su sueldo, en cuyo caso deberán seguir cumpliendo con las obligaciones a las que se refiere el artículo 71 del Reglamento. Las investigadoras y los investigadores eméritos podrán recibir el apoyo económico una vez que notifiquen anualmente su situación al CONACYT, por sí o a través de su apoderada o apoderado". Luego, el artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, antes de la reforma reclamada, disponía que los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), para recibir el apoyo económico correspondiente a cada categoría y nivel, debían cumplir los siguientes requisitos: 1) ser personal activo, vigente y remunerado como corresponde al nivel académico respectivo; 2) laborar en alguna de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, privado o social de México; 3) los servicios prestados deberán ser acreditados con un comprobante de adscripción con las condiciones que establezca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tratándose de instituciones o centros de los sectores privado y social, éstos debían estar inscritos o preinscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), y deberán haber suscrito un convenio de colaboración con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que se encuentre vigente. En conclusión, el artículo en comento, hasta antes de la reforma que se combate, contemplaba la entrega de apoyos económicos a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, siempre y cuando fueran personal activo, vigente y remunerado laborando en alguna dependencia, entidad, institución de educación superior o centros de investigación del sector público, privado o social; en los últimos dos supuestos, además, deberían haber suscrito un convenio de colaboración con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Con la reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicada el veinte de abril de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, el referido precepto prevé lo siguiente: Los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), podrán recibir el apoyo correspondiente cuando cumplan los siguientes requisitos: ser personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México. Como se puede apreciar, con la emisión del "Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, las autoridades responsables excluyeron a los científicos y tecnólogos (miembros del Sistema Nacional de personas investigadoras) de instituciones de los sectores social y privado, que cuenten con convenio previamente celebrado con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), como es el caso de la ahora parte quejosa. Por tanto, tal exclusión que deriva del precepto reclamado no supera el mencionado escrutinio constitucional ordinario, dado que no está justificado que el trato diferenciado que deriva de aquél sea una medida potencialmente -al menos- adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. En efecto, si bien la finalidad expresada en el acuerdo que estableció la reforma del precepto materia de litis constitucional, se vincula con el fomento de la investigación científica y tecnológica para apoyar la generación, divulgación, difusión y aplicación de los conocimientos, lo que puede considerarse un objetivo legítimo; pero la distinción relativa a si la actividad de las personas investigadoras se desempeña en una institución pública o privada, no se advierte que sea, ni siquiera potencialmente, la herramienta válida para incentivar dicha labor de producción y difusión científica. La producción científica se verifica, entre otros, en los centros educativos, de ahí que la falta de apoyos autorizados para quienes reúnan los requisitos normativos respectivos, no puede ser en función del lugar de trabajo, porque la ciencia, por definición, es neutral y objetiva, tal como lo prevé el numeral 3o. Constitucional al señalar que debe generarse libre de distinción, en tanto se indica que toda persona tiene derecho a gozar de beneficios derivados de la ciencia e innovación, y como obligación correlativa, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, garantizando el acceso abierto a la información que derive de ella. Por ello, si la propia constitución establece que para alcanzar esos objetivos, se deberán proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia, es patente que no puede advertirse una finalidad válida la distinción en estudio, porque no es acorde con el principio de disponibilidad ya desarrollado, en cuanto a que de entenderlo de la manera que lo prevén las normas generales reclamadas, se entendería en función de la ausencia de apoyo a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica sólo dentro de escuelas públicas, soslayando que, con base en una perspectiva colectiva, se deben dotar de diversas herramientas para lograr un desarrollo y difusión de la ciencia multifactorial con diversas visiones contextuales. De ahí que la condición en comento, incumple con el principio de accesibilidad porque prevé una política presupuestaria para la producción científica, difusión, con un código cerrado, dado que solo se advierte no solo una generación, sino un acceso a producciones científicas de una parte de la producción (sector público), soslayando que la generación científica se verifica en cualquier institución educativa, dada su característica de objetividad y finalidad educativa que persigue. Más aún, la exclusión contenida en el artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, podría generar en mayor grado un perjuicio para la sociedad en la medida en que desincentivaría la actividad científica de las personas investigadoras adscritas a instituciones privadas y lesiona el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 3o, fracción V, de la Ley Fundamental. Asimismo, de las consideraciones que sustentaron la modificación en estudio, no se desprende que la limitación de otorgar el apoyo económico únicamente a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que estén adscritos en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación de sector público en México, tenga algún propósito o justificación constitucional y que a cambio se obtenga algún beneficio para la sociedad. Por el contrario, se advierte una clara incompatibilidad entre las razones que motivaron la reforma y los preceptos legales analizados, ya que en las primeras se reconoce la obligación del Gobierno Federal de otorgar apoyos para fomentar, desarrollar y fortalecer la investigación; y que en términos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología son facultades de esa entidad, entre otras, promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación científica y tecnológica; mientras que en las segundas -preceptos legales- se excluye a la comunidad científica de los sectores social y privado de los apoyos en comento. Además, por el contrario, tal medida no se ajusta a la prohibición de la discriminación en la vertiente prevista en el artículo 3 Constitucional, no solo para la prestación del servicio educativo sino también para la generación del producto científico (incluyendo sus procesos), al ser la herramienta para la prestación de aquel servicio público. Además de que, corresponde a un principio de elección del plan de vida -vinculado con el libre desarrollo de la personalidad- la decisión tanto como estudiante, como científico, del lugar donde se llevará a cabo la función educacional. El sistema educativo -público y gratuito- debe entenderse en función de un dinamismo de elección del propio sujeto, pues todas las instituciones donde se desarrolle la actividad, deben respetar los principios sociales y colectivos previstos en el artículo 3° Constitucional, dado que son los vehículos para lograr ciudadanos que puedan participar dentro de una sociedad democrática. Por ello, la distinción de la entrega del apoyo en función del carácter, público o privado del centro educativo, no está justificada constitucionalmente, porque distingue el conocimiento en función del lugar donde se desarrolla, a pesar de que la propia Constitución autoriza no solo su generación, sino la propia educación con base en ese conocimiento científico, en una u otra institución. La ausencia de razones constitucionales que respalden ese trato diferenciado, se constata con el hecho de que las consideraciones del acuerdo reclamado no precisan cuál es el otro derecho constitucional que se ve beneficiado por la aplicación de la medida restrictiva, lo que torna en completamente desproporcional la afectación al derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, al no existir beneficio alguno; aunado a que tampoco se advierte que se cumpla con los principios del artículo 3° Constitucional, relacionados no sólo con la generación del conocimiento científico (que provoca la entrega del apoyo económico gubernamental), sino con la propia finalidad de la impartición de la educación, que se verifica, entre otras, a través de herramientas científicas. No se soslaya que sobre el particular podría sostenerse que excluir a las personas investigadoras y científicas pertenecientes al sector social y privado del apoyo económico correspondiente atiende a un déficit en el presupuesto, y que el artículo 61 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores prevé que se podrán otorgar apoyos económicos de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Debe decirse, sin embargo, que cuando una autoridad adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y se alega para justificar su actuación la falta de recursos, recae en aquélla la carga de probar fehacientemente esa circunstancia, es decir: a) acreditar la falta de recursos; b) demostrar que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) que se aplicaron al máximo los recursos o que los que se disponía se aplicaron para tutelar otro derecho humano -y no cualquier objetivo social-, y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente era mayor; no obstante, esto no se acreditó. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de progresividad impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental; sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. Si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 87/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 188, Libro 47, Tomo I, correspondiente al mes de octubre de dos mil diecisiete, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, registro 2015304, de contenido siguiente: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos.". En consecuencia, el artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores materia de litis, no cumple con el escrutinio de constitucionalidad ordinario de referencia, pues se excluye a la aquí quejosa de recibir un apoyo económico que está reconocido en la propia Ley Fundamental, sin que dicha limitante, además, se encuentre siquiera contenida en la ley. En ese orden de ideas, la exclusión prevista en dichos preceptos carece de sustento jurídico porque no existen bases para justificar el trato desigual advertido, en virtud de que anula sin razón alguna un derecho al que tenían acceso las personas investigadoras que no estuvieran adscritas a instituciones de educación superior de carácter público, como la quejosa. Al efecto, se invoca la tesis 1a. CCXV/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible a foja 557, Libro XXII, Tomo 1, correspondiente al mes de julio de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Constitucional, registro 2003975, que dispone: "DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales).". A título de abundamiento, se destaca que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas al emitir la Observación General número 25 relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisó que podría ser necesario imponer algunas limitaciones al derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y gozar de sus beneficios, pero que tales limitaciones deben respetar los siguientes requisitos del artículo 4 del Pacto: a) Las limitaciones deben estar determinadas por ley; lo que no acontece en este asunto, porque ni la Constitución en el artículo 5°, fracción V, ni la Ley de Ciencia y Tecnología que es reglamentaria del precepto en comento, establecen la facultad para el organismo descentralizado de establecer una limitación motivada en la pertenencia de los gobernados al sector público social o privado. b) Deben promover "el bienestar general en una sociedad democrática"; lo que tampoco acontece, ya que no es posible encontrar algún beneficio o ventaja que sea resultado de dicha limitación, máxime que las autoridades responsables no la refieren. c) Toda restricción debe ser compatible con la naturaleza del derecho restringido; aspecto que no satisface el acuerdo reclamado, en tanto que excluir de los apoyos que proporcionan las responsables no es compatible con el derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y gozar de sus beneficios, por el contrario, lo anula. Acorde con lo antes expuesto, el reformado artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, viola el principio de igualdad tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculado al diverso 3o, fracción V, de la propia Ley Fundamental al otorgar apoyos económicos a los integrantes del Sistema Nacional de personas investigadoras (SNI) que estén adscritas en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación de sector público en México, con exclusión de aquellos que pertenezcan al sector social o privado, toda vez que da un trato distinto a integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que se ubican esencialmente en una misma situación, sin que exista en la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o en la exposición de motivos del acuerdo reclamado una justificación objetiva y razonable. Por tanto, al no superarse el escrutinio constitucional ordinario, se concluye que el mencionado precepto reglamentario reclamado es inconstitucional al transgredir el principio de igualdad y no discriminación, pues establece un trato diferenciado e injustificado en detrimento de la quejosa, al excluirla de recibir un apoyo económico por parte del Estado, sin que dicho trato desigual sea una medida potencialmente -al menos- adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. Se cita al efecto, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia P./J. 50/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XVI, correspondiente al mes de diciembre de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, registro 185332, que dispone: "RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA INICIATIVA PRIVADA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples criterios, ha sostenido que el aludido principio constitucional radica, medularmente, en la igualdad ante la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes, en consecuencia, deben recibir un mismo trato, lo que implica que las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos de gravamen que se ubiquen en una situación diversa; en otros términos, el principio de equidad obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que para ello haya una justificación objetiva y razonable, por lo que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares; además, el propio Máximo Tribunal de la República ha sostenido que para cumplir con el citado principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Acorde con lo antes expuesto, el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los Estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, restringiendo a treinta y quince días de salario mínimo, respectivamente, la exención concedida a los demás trabajadores asalariados por la obtención de los mismos ingresos, toda vez que da un trato distinto a sujetos del tributo que se ubican en una misma situación, es decir, establece un régimen fiscal de exención distinto para los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, sin que exista en la propia ley, en la exposición de motivos o en los dictámenes correspondientes de la discusión de dicha ley una justificación objetiva y razonable. Lo anterior se corrobora con el hecho de que ambos tipos de trabajadores son personas físicas que obtienen ingresos, en efectivo, regulados por el capítulo I del título IV de la ley citada, relativo a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado; obtienen el mismo tipo de ingreso: gratificaciones; experimentan modificación patrimonial positiva, al percibir ingresos derivados de gratificaciones y tienen derecho a las mismas deducciones personales, de manera que al encontrarse en la misma hipótesis de causación, en principio, deben estar sometidos al mismo régimen tributario, por lo que si la ley de la materia no contempla, en ninguno de sus apartados, un grupo o categoría especial en la que hubiere ubicado a los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, éstos se encuentran, esencialmente, en igualdad frente a la ley tributaria, con los demás trabajadores asalariados." En consecuencia, al resultar fundado el primer concepto de violación hecho valer por la impetrante del amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 62, fracción I, reformado del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, efectuada por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de abril de dos mil veintiuno, sólo en la porción normativa que excluye a las personas investigadoras impetrantes del SNI que laboran en alguna de las dependencias, entidades, instituciones de Educación superior o centros de investigación del sector privado o social de México, de la posibilidad de acceder a los apoyos económicos que el programa otorga a las personas investigadoras que laboran en el sector público. Por lo que, durante el tiempo que se encuentre vigente el artículo reclamado, en relación a la parte quejosa, deberá considerarse que no sólo a las personas investigadoras del SNI que laboran en alguna de las dependencias, entidades, instituciones de Educación superior o centros de investigación del sector público, pueden acceder a los apoyos económicos que el programa otorga, sino que debe hacerse extensivo a la investigadora impetrante de amparo, en la inteligencia de que el apoyo monetario está sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente. Debe decirse que toda autoridad, aun cuando no haya intervenido como responsable en el presente juicio de amparo, conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de la Materia, deberá abstenerse de aplicar a la parte quejosa la normatividad declarada inconstitucional, o en su caso, tomar acciones para la desaplicación de aquélla. El efecto, el amparo se hace extensivo respecto de la Convocatoria 2021 para ingreso, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por constituir la aplicación y contener el mismo vicio de la normativa declarada inconstitucional, lo que se traduce en que no se le debe exigir a la quejosa, como requisito para pertenecer al Sistema Nacional de personas investigadoras y poder acceder a los apoyos económicos relativos (una vez obtenida la distinción), el laborar en una institución pública, sino que el programa debe hacerse extensivo a los investigadores quejosos del sector privado o social de México, en el entendido de que el apoyo monetario está sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente. En virtud de lo anterior, resulta innecesario analizar los diversos motivos de inconformidad porque la parte quejosa no obtendría mayores beneficios que los alcanzados con la emisión del presente fallo. OCTAVO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Sánchez Trujillo, contra los actos que reclamó de las responsables, por el motivo señalado en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Guadalupe Sánchez Trujillo, en contra de los actos que reclaman del Junta de Gobierno y del Director General, ambos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ambas con sede en la Ciudad de México; por las razones precisadas en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, asistido de la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, con lo informado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa personalmente el ocho siguiente, desahogando dicha vista a través de memorial acordado el diez de los corrientes. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES Por sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil veintidós, en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Geovany Chí Tec en contra de los actos reclamados al Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y Arcadio Escalante, agente de su adscripción, para el efecto de que: - La autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, dejara insubsistente la multa efectuada a la parte quejosa en la boleta de infracción 740, y en vía de consecuencia se le realizara la devolución de lo pagado. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. Derivado de lo anterior, mediante oficio número DSPT/JUR/352/2022, el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, informó que en cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dejó insubsistente la boleta de infracción de folio 740 de fecha cinco de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el agente de tránsito adscrito a esa dirección. Así como que el quejoso fue notificado de lo anterior, según cédula de notificación de veintiséis de octubre del año en curso, donde se le indicó que debía comparecer al área jurídica en un término no mayor de veinticuatro horas, en un horario de 08:00 a 22:00 horas, para la devolución de lo erogado por concepto de la referida infracción, sin que haya dado observancia a lo anterior; para lo cual adjuntó copia de la cédula de notificación respectiva. En desahogo a lo anterior, el autorizado de la parte quejosa a través de memorial recepcionado el nueve de los corrientes, manifestó no estar conforme con lo informado por la responsable, pues no quedó acreditado la devolución de lo pagado con motivo de dicha boleta de infracción, y que si bien exhibió una cédula de notificación, ésta debió realizarse en el domicilio del quejoso, por lo que al haberse practicado en uno diverso éste no estuvo en condiciones de presentarse para efectos de dicha devolución. ANÁLISIS Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se encontraban obligadas a no solamente dejar insubsistente la multa efectuada a la parte quejosa en la boleta de infracción 740, sino además, a devolverle lo pagado. Por ello, como bien refiere el autorizado de la parte quejosa, si la notificación se llevó a cabo en una dirección distinta a la del peticionario del amparo, es claro que no se enteró de lo proveído por la responsable y, por tanto, no estuvo en aptitud de comparecer ante ella para la devolución de la multa que pagó. DETERMINACIÓN Por tanto, no es legalmente permisible concluir que la sentencia protectora de derechos fundamentales ha quedado cabalmente cumplimentada. REQUERIMIENTO En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase nuevamente a las responsables para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, informen y acrediten a este Juzgado haberse ceñido a todos los puntos del fallo protector. Para lo cual, la presente notificación se llevará a cabo a través de mensajería acelerada que presta sus servicios a este Juzgado. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá a cada una, multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal, que equivale a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
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Mérida, Yucatán; tres de noviembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos, se agrega el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residente en esta ciudad, así como su anexo; que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Del oficio de mérito se advierte que el veintiséis de octubre de este año, el Tribunal responsable dictó un acuerdo en el expediente laboral de origen, en el cual concedió al parte actora el término de diez días hábiles, para que realice manifestaciones respecto de los oficios ahí indicados. Al respecto, se requiere al Magistrado responsable para que, una vez transcurrido el plazo que otorgó a la parte actora en el juicio laboral de origen, informe el resultado de las vistas otorgadas; en el entendido que, de efectuarse con anterioridad al fenecimiento del plazo señalado, lo deberá informar a este Juzgado Federal para acordar lo conducente. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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