Luis Alberto Barrero Vazquez

Expediente 1463/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1463/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Barrero Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre del presente año, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó vía electrónica a la parte quejosa, el día veintisiete de septiembre pasado; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el quince de agosto de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó al Congreso del Estado de Yucatán, Gobernador Constitucional del Estado y Directora del Registro Civil del Estado, todos con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: ".el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, deje insubsistente el acto de aplicación de dicho numeral, consistente en el oficio ********************, de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual negó realizar el cambio de sexo masculino a femenino en el acta de nacimiento del aquí quejoso ********************o ********************, y hecho lo anterior, emita otro nuevo." Posteriormente, en auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la autoridad responsable Director del Registro Civil del Estado de Yucatán el cumplimiento de la misma; sin que fuera necesario requerir a las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado, ambos con sede en esta ciudad, en atención a que no tenían acto alguno que ejecutar. Seguidos los trámites de ejecución de sentencia, mediante oficio CJ-DRC-JUR-6565-5538-0159-2022, integrado en autos mediante proveído de veintiuno de septiembre último, el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, informó y acreditó que dejó sin efectos la parte conducente del diverso oficio número ********************, de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en lo relativo a la aplicación del párrafo tercero del artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán; asimismo, comunicó que por acuerdo CJ-DRC-JUR-6565-5538-0159BIS-2022, de siete de septiembre de dos mil veintidós, inscribió la nueva acta de nacimiento del aquí quejoso a nombre de Nikole Ariadna Barrero Vázquez. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio CJ-DRC-JUR-6565-5538-0159-2022, signado por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, residente en esta capital, así como el anexo que acompaña, mismos que remite con relación al requerimiento efectuado por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós y en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe.

  3. Principal

    NOT ELECT Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación realizada a las partes de la sentencia dictada en este juicio el quince de agosto de dos mil veintidós, se realizó por oficio el dieciocho de agosto siguiente y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer resolutivo concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación del presente acuerdo. Con el apercibimiento a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que las diversas autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la promulgación, aprobación, expedición de las normas tildadas de inconstitucionales, la cuales no pueden quedar insubsistentes por tratarse de disposiciones de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció LUIS ALBERTO BARRERO VÁZQUEZ o NIKOLE ARIANA BARRERO VÁZQUEZ a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, Gobernador Constitucional del Estado y Director del Registro Civil del Estado, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de trece de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 1463/2022-III-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Directora responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: Del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán y con sede en esta ciudad: La expedición, promulgación y refrendo, respectivamente, del artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán. Del Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: El oficio CJ-DRC-JUR-3111-2845-0506-2022, de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el apartado relativo a la negativa de realizar el cambio de sexo masculino a femenino en su acta de nacimiento. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Yucatán, Gobernador Constitucional del Estado y Director del Registro Civil del Estado, todos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado, en su informe de ley señaló que se actualizan las causales de improcedencia contenidas en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que la ley impugnada no causa afectación al interés jurídico de la parte quejosa, porque no limita el libre desarrollo de la personalidad. En virtud de que la ley busca atender la garantía de identidad y el derecho al libre desarrollo, motivo por el que contempla la intervención de la autoridad judicial cuando se trata de una modificación o rectificación que altere el acto registrado, con la finalidad de darle legalidad y seguridad a las modificaciones o rectificaciones que pudieren presentarse y de esa forma subsanar algún error que se haya presentado en el acta. El motivo de improcedencia debe desestimarse, porque la simple respuesta dada al quejoso en sentido negativo de realizar la rectificación en la vía administrativa de su acta de nacimiento respecto a la adecuación del sexo a su identidad genérica, y que para ello debe sujetarse al procedimiento jurisdiccional, lo legitima para instar la protección constitucional, mientras que la vulneración o no a sus derechos fundamentales es materia de fondo del presente asunto, que solamente puede ser analizado a la luz de los conceptos de violación expresados por la parte solicitante de amparo. Al respecto, resulta ilustrativa, la jurisprudencia P./J.135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XV, materia común, enero de dos mil dos, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." De igual manera, resulta infundado el diverso motivo de improcedencia invocado por el Poder Legislativo del Estado, relativo a que la parte quejosa no hace valer conceptos de violación en contra de la norma impugnada. Las manifestaciones aducidas por la autoridad responsable, refieren a la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, que respectivamente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De conformidad con la fracción VIII del segundo numeral citado, un requisito esencial de la demanda es que contenga conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Al respecto, adverso a lo aseverado por la autoridad responsable, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia la existencia de argumentos tendentes a demostrar que los artículos 18 y 105 de la Ley del Registro Civil del Estado se oponen a lo dispuesto por los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación, por lo cual sí existen conceptos de violación en la demanda, y por tal motivo resulta infundada la causa de improcedencia invocada. Aunado al hecho de que en el particular existe una violación manifiesta de la Constitución Federal que ha dejado sin defensa a la parte quejosa, por lo que es procedente la suplencia de la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el numeral 79, fracción VI de la Ley de Amparo. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. No existiendo diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni se advierte que debiera hacerse valer alguna de oficio, debe decirse que al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del Juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia Común, Octava Época, intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia a lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Previo al análisis de fondo, es importante señalar como antecedente del acto reclamado, que LUIS ALBERTO BARRERO VÁZQUEZ o NIKOLE ARIANA BARRERO VÁZQUEZ, reclama del Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, en esencia el oficio CJ-DRC-JUR-3111-2845-0506-2022, de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, emitido por la propia autoridad en la parte relativa a la negativa de realizar el cambio de sexo del quejoso, de femenino a masculino en su acta de nacimiento y sus efectos, como se desprende del mencionado oficio que adjuntó al escrito inicial de demanda; negativa que fue reconocida por la aludida responsable al rendir su informe justificado en este juicio de amparo. Entre sus conceptos de violación la parte quejosa alega primordialmente que se viola en su perjuicio el derecho humano a la igualdad y no discriminación protegido por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que si bien no se encuentra claramente en la Constitución sí ha sido definido como un derecho fundamental por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa. En primer término, es menester puntualizar que el criterio adoptado en el presente fallo obedece a las directrices establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo civil 6/2008, del cual derivaron primordialmente, los criterios relativos a la "reasignación sexual". Conviene precisar que si bien dicho criterio no es totalmente aplicable al presente caso, de su contenido se desprende que se analizaron los derechos de todas las personas, así como de los transexuales que desean la "reasignación sexual", entre los que se encuentran el derecho a la identidad personal y sexual, del que deriva la adecuación de sus documentos de identidad, mediante la rectificación de su nombre y sexo; de ahí que este resolutor atienda a los razonamientos adoptados por el más alto tribunal, al momento de pronunciar la presente sentencia, en aras de salvaguardar de la manera más amplia posible sus derechos. Ahora bien, los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". "Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia". En el primero de los preceptos constitucionales, se establece que todas la personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. También se señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, el artículo 4° constitucional, reconoce el derecho a la igualdad legal, entre el hombre y la mujer, lo que conlleva propiamente a que no exista la discriminación; postulado también previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante señalar que en la resolución emitida en el amparo directo 6/2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 12 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los numerales 1, 2, 3, 5, 11, 18 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto De San José de Costa Rica); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2, 3, 6, 16, 17, 26 y los numerales 2, 4, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; asimismo llevó a cabo un análisis de derecho comparado en cuanto al tema de la reasignación sexual y el reconocimiento de la misma a través de los papeles, cartas o documentos de identidad de la persona en las legislaciones Sueca, Alemana, Italiana, de Reino Unido, Holandesa, Española y Argentina y, tomando como base los tratados internacionales en cita, el estudio de derecho comparado, en relación con los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se emitieron diversos criterios vinculados con la "reasignación sexual". Ahora bien, por la importancia que reviste el caso, conviene traer a colación el contenido textual de los razonamientos expuestos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el mencionado amparo directo 6/2008: "[.] Conforme a las disposiciones transcritas, tenemos, primero, que nuestro orden fundamental, en el primer párrafo de su artículo 1°, proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que la Constitución otorga, las cuales no pueden restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y bajo las condiciones que la misma establece, lo que evidencia la voluntad constitucional de asegurar, en los más amplios términos, el goce de los derechos fundamentales y de que las limitaciones a ellos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les atribuye. Además, establece que todos los hombres son iguales antes la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación, deben ser tratados igualmente, sin privilegio, ni favor alguno. Por tanto, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico y, por ende, debe servir de criterio base para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación; sin embargo, tal principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, la que se traduce en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. Así, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan, como efecto de su aplicación, la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Destaca que nuestro orden fundamental prohíbe cualquier tipo de discriminación, entre otras, por razón de sexo o cualquier otra, que atente contra la dignidad humana. Asimismo, los documentos internacionales que, sobre derechos humanos, ha suscrito nuestro país, reconocen, entre otros derechos, que toda persona humana tiene derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, entre otros, por razón de sexo, al reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Así, se reconoce una superioridad de la dignidad humana, prohibiéndose cualquier conducta que la violente. La doctrina jurídica ha sentado que la dignidad del hombre es inherente a su esencia, a su ser. Se trata del reconocimiento de que, en el ser humano, hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, pues "se trata del derecho a ser considerado como ser humano, como persona, es decir, como ser de eminente dignidad". Es un derecho absolutamente fundamental para el ser humano, base y condición de todos los demás: el derecho a ser reconocido siempre como persona humana. Así, de la dignidad humana, se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad. El derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad propia de la persona humana. De esta manera, algunos autores señalan que, de la dignidad humana, se deriva la teoría de los derechos de la personalidad, que componen un sector, dentro del más amplio de los derechos humanos, en el cual se encuentran, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. El individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes. De ahí, el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, definida ésta por el Diccionario de la Real Academia Española, como la singularización, el distintivo de la persona. Por ende, el libre desarrollo de la personalidad es la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo. Como ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera y que, por supuesto, como todo derecho, no es absoluto, pues encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden público. Así pues, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción sexual, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma. Mientras que el derecho de toda persona a la salud, que también reconoce la Constitución Federal y se contiene en los citados documentos internacionales, no sólo se constriñe a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, pues ello desconocería la propia naturaleza humana y la dignidad de las personas; sino que va más allá, pues no sólo comprende su estado físico, sino aspectos internos y externos, como el buen estado mental y emocional del individuo. Lo que lleva a que la doctrina haya señalado que la salud es, en realidad, la obtención de un determinado bienestar general, que se integra necesariamente por el estado físico, mental, emocional y social del sujeto. Derivándose o comprendiéndose, entonces, un derecho fundamental más, que es el derecho a la integridad físico-psicológica. De igual manera, como señalamos, la dignidad humana engloba, entre otros, los derechos a la intimidad y a la propia imagen. El derecho a la intimidad, es decir, a no ser conocidos por otros en ciertos aspectos de nuestra vida y que, por tanto, cada sujeto puede decidir revelar, es el reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás, sean poderes públicos o particulares, que le garantiza el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona o familia, sus pensamientos o sentimientos. Es la plena disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás. Así, en cuanto al ámbito sexual de una persona o a su identidad sexual y de género, es innegable que se trata de aspectos inherentes a la persona humana y a su vida privada y, por ende, forman parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, esa parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Luego, si bien, como todo derecho fundamental, no es absoluto y tiene sus límites en los derechos de terceros, así como en el orden público y en el interés social, es innegable que el riesgo de lesión de la intimidad debe ser razonable para proteger aquéllos, permitiendo, por tanto, la invasión de la esfera privada de la persona, pues no es sostenible el sacrificio del derecho a la intimidad y a la vida privada propia, por el mero hecho de salvaguardar derechos de terceros o el orden público, en tanto que no puede exigirse al individuo que soporte, sin más, la publicidad de ciertos datos de su vida privada. Más aún, cuando este derecho a lo íntimo se vincula con otros, tales como la libre opción de un proyecto de vida y la no discriminación, en tanto se presenta la circunstancia innegable de ciertas minorías que, por su condición, sufren discriminación o marginación, lo que hace exigible fijar una postura desde la óptica de los derechos fundamentales y la dignidad humana. El ataque a la vida privada de la persona puede ocasionar un daño irreparable, en tanto toda persona tiene derecho a vivir su propia vida y desarrollarse como pueda y pretenda, sin que ello signifique ocultar información, sino que ésta pueda desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, qué aspectos de su vida admite exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su dignidad humana. El derecho a la propia imagen, por su parte, implica la imagen que uno conserva para mostrarse a los demás y que, como tal, gran parte de la doctrina ubica, a su vez, dentro del derecho a la intimidad, constituyéndose como derechos personalísimos, pertenecientes al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas. El individuo tiene el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen. Son derechos personalísimos, de los que se dispone con libertad, pero, a su vez, constituyen una obligación de los demás de respeto a ese derecho y, por tanto, se configuran como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, en tanto pueden reclamarse por la defensa de la intimidad violada o amenazada, cuanto se puede exigir del Estado que prevenga eventuales intromisiones que lesionen ese derecho personalísimo, de acuerdo con Osvaldo Alfredo Gozaíni. En consecuencia, como todo derecho, no es absoluto y sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior. Dentro de los derechos personalísimos, se comprende necesariamente el derecho a la identidad personal, es decir, la persona con sus propios caracteres, físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad. Así, la identidad personal es el conjunto y resultado de todas aquellas características que permiten individualizar a una persona en la sociedad, es todo aquello que hace ser "uno mismo" y no "otro" y se proyecta hacia el exterior, permitiendo a los demás conocer a esa persona y, de ahí, identificarla. Por consiguiente, el derecho a la identidad personal, relevante para la problemática que nos ocupa, se define como el derecho que tiene toda persona a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los otros. Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad. Por ello, se encuentra relacionado estrechamente con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. De igual forma, se implica el derecho a la identidad sexual, pues cada individuo se proyecta frente a sí mismo y, de ahí, frente a la sociedad, también desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a su orientación sexual, esto es, sus preferencias sexuales, sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, de acuerdo a su psique, emociones, sentimientos, etcétera. Así, dicha identidad se integra a partir, no sólo de su aspecto morfológico, sino, primordialmente, de acuerdo a sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y, de acuerdo a ese ajuste personalísimo de cada sujeto, es que proyectará su vida, no sólo en su propia conciencia, sino en todos los ámbitos de la misma. Lo anterior, porque, eminentemente, la sexualidad es un elemento esencial de la persona humana y de su psique, forma parte de la esfera más íntima y personal de los seres humanos, siendo, por tanto, la autodeterminación sexual, trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno desarrollo y, de ahí, la protección constitucional incluye la libre decisión de la sexualidad. Luego, la identidad personal, que comprende la sexual, será a partir de la cual, la sociedad identifica a cada individuo y lo distingue de los demás, a través de elementos o datos, como el nombre, el sexo, la filiación, la edad, sus calidades personales, sus atributos intelectuales o físicos, etcétera, o bien, de la conjunción de todos o algunos de ellos. En este orden de ideas, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian, en forma expresa, en la Constitución mexicana, sí están implícitos en las disposiciones de los tratados internacionales antes mencionados, suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, previsto en el primero de los preceptos de nuestra Constitución, pues, sólo a través de su pleno respeto, podría realmente hablarse de un ser humano en toda su dignidad. En este punto, se considera pertinente aludir someramente a la experiencia que en derecho comparado se ha observado, en cuanto al tema de la reasignación sexual y, en algunos de estos casos, el reconocimiento de la misma a través de los papeles, cartas o documentos de identidad de la persona. 3. Derecho comparado En cuanto a la legislación, se advierte, por ejemplificar algunos casos, que la ley sueca, de veintiuno de abril de mil novecientos setenta y dos, prevé el cambio jurídico de sexo, como consecuencia de una intervención quirúrgica destinada a este fin. La ley alemana, de once de agosto de mil novecientos ochenta, también regula tal aspecto, sujetándolo a diversas condiciones. La ley italiana número 164, de catorce de abril de mil novecientos ochenta y dos, establece un procedimiento denominado "Rectificación de la Atribución del Sexo", con base en el cual es posible que las personas transexuales puedan solicitar ante los tribunales, la inscripción acorde a su nueva identidad. En el Reino Unido, la Ley de Reconocimiento de Género (Gender Recognition Act), expedida en dos mil cuatro, permite que cualquier persona mayor de dieciocho años pueda solicitar el reconocimiento de género, sujetándolo igualmente a diversos requisitos, entre los que destaca, el que "viva en el otro género", para lo cual deberá comprobar, mediante reporte médico o psicológico, tener disforia de género, haber vivido durante dos años con el mismo y tener planeado morir de acuerdo al sexo adquirido. Se establece también que tendrá derecho a la confidencialidad sobre su cambio de género ante cualquier persona o institución. La ley holandesa, de veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y cinco, que modifica el artículo 29 del Código Civil, permite dicho cambio, si se cumplen los requisitos que la propia norma señala. Es relevante mencionar que, en esta normatividad, se señala que cualquier holandés que tenga la convicción de pertenecer al sexo opuesto al que ha sido mencionado en su acta de nacimiento y que físicamente se encuentre adaptado al sexo requerido, en la medida en que ello sea posible desde el punto de vista médico o psicológico, habiéndose justificado, podrá pedir al Tribunal que ordene llevar a cabo una modificación en la mención del sexo, en el acta de nacimiento. Recientemente, España, a través de la ley 3/2007, de quince de marzo de dos mil siete, "Ley Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas", establece la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, la que conlleva el cambio del nombre propio, inclusive, sin que hubiera existido cirugía de reasignación sexual. Por último, en Argentina, se establece que los profesionales que ejerzan la medicina tienen la obligación de efectuar las cirugías que modifiquen el sexo, posteriormente a una autorización judicial. Se autoriza que aquellas personas que son sometidas a la operación de reasignación sexual, puedan tramitar, vía juicio, la rectificación del nombre y el sexo del documento de nacimiento. Existe, además, un Proyecto de Ley de Identidad de Género, que propone la creación de una oficina que se encargará de emitir, en un plazo de noventa días hábiles después de recibida la solicitud, la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de la persona solicitante, manteniéndose la reserva de la identidad del solicitante, salvo requerimiento legal [.] Sin embargo, si los documentos de identidad de la persona transexual, entre ellos, el acta de nacimiento, mantienen los datos con los que originalmente fue registrada al nacer, a partir de la asignación del sexo biológico y solamente se realiza una nota marginal de la sentencia que otorgó la rectificación concedida, con la consiguiente publicidad de aquellos datos, es innegable que, como se ha explicado, se vulneran los mencionados derechos fundamentales del quejoso, sin que se advierta razonabilidad alguna para limitarlos de esa manera. Ciertamente, en el caso, no se observa que los derechos fundamentales en juego deban ser limitados, a través de la aplicación de una previsión legal como la que nos ocupa, a fin de preservar derechos de terceros o el orden público. Es cierto que, tratándose de la reasignación sexual, se producen diversos efectos, no sólo en el ámbito de la persona transexual, sino, como ser social, en sus relaciones con los demás, puesto que es indudable que existe una diversidad de consecuencias, en las que están en juego los derechos de terceros, así como el orden público, tales como las que se refieren al matrimonio, sucesiones, relaciones de trabajo, servicio militar, filiación, actos contractuales, antecedentes penales, etcétera, que requieren certeza. Sin embargo, tales derechos de terceros o el orden público, encuentran su protección y mantenimiento en diversos mecanismos legales que no importen el sacrificio o el riesgo de lesión de los derechos fundamentales del quejoso que, incluso, habiéndose sometido a una intervención quirúrgica, no podría alcanzar un bienestar general (equilibrio en todos los aspectos de su vida) y, por ende, el libre desarrollo de su personalidad, si no se le permite el cambio en los asientos registrales del dato referente a su sexo, a través del cual, logre concluir su nuevo aspecto con la realidad registral, lo que sólo puede lograrse con la expedición de nuevos documentos de identidad, así como con la protección de esa información frente a terceros, salvo los casos que expresa y limitativamente establezca el legislador, como ocurre, por ejemplo, en relación con el matrimonio, la adopción o los actos que hubiere realizado con anterioridad a la rectificación registral y de los que se desprendan obligaciones, deberes o responsabilidades de su parte. Máxime que, en el caso concreto, sostener que debe permitirse la lesión a sus derechos fundamentales o que éstos deben sacrificarse ante los derechos de terceros o del interés público, afectaría, de manera total, el núcleo esencial de estos derechos, privándolos de toda eficacia, en tanto no se trata de una molestia "menor", sino de su completa anulación. Siendo importante, además, que la plena identificación de la persona, a partir de la rectificación de su nombre y sexo, le permitirá proyectarse, en todos los aspectos de su vida, como el ser que realmente es y que físicamente ha adecuado, lo que no sólo le permitirá realizar diversos actos, sino que, precisamente, conferirá certeza jurídica a éstos, al existir plena correspondencia entre su documentación y su aspecto, quedando reservada la información anterior, que sí constará al margen de la acta primigenia. A este respecto, es de suma relevancia que este Tribunal Pleno deje en claro que la expedición de una nueva acta al quejoso no se traduce en que su historia pasada se borre o desaparezca a partir de ese momento, por lo que todos aquellos actos del individuo que hubiere realizado bajo su identidad anterior y que traían aparejados efectos jurídicos, siguen produciéndolos y le son exigibles, de ahí que, necesariamente, la expedición de su nueva acta conlleve la anotación marginal en su acta primigenia y la constancia en los correspondientes asientos registrales, así como que la reserva de estos datos tenga excepciones, como en tratándose de una resolución judicial que ordene su publicidad en un caso concreto, o bien, el conocimiento reservado de determinadas autoridades sobre el cambio registral. En estas condiciones, atendiendo a la diversidad de actos que realiza una persona a lo largo de su vida, que no sólo tienen efectos o consecuencias para sí misma, sino también frente a la sociedad, es necesaria su plena identificación, a efecto de que las obligaciones o responsabilidades derivadas de tales actos le sean exigibles, lo que, como hemos señalado, sólo puede lograrse a partir del conocimiento cierto de determinados datos, como su nombre y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, filiación, etcétera, que lo individualizan dentro de la sociedad. Situación que adquiere relevancia, tratándose de cambio registral por reasignación sexual, dado que, como mencionamos, tal cambio no se traduce en la inexistencia de los actos o hechos celebrados o acontecidos bajo la anterior identidad [.]. De esta manera, los actos realizados por una persona transexual bajo su anterior identidad, que hubieran generado o, incluso, pudieran llegar a generar obligaciones o responsabilidades al individuo, le serán exigibles, en los términos de las leyes aplicables, salvo en los casos en que la propia legislación determine la extinción o modificación de las mismas. Tales supuestos, de manera enunciativa, mas no limitativa, comprenden aquellos hechos que constituyan delitos; los actos que originen obligaciones civiles, como las derivadas de contratos y familiares, como las generadas por su filiación (matrimonio, adopción, sucesiones); obligaciones fiscales, como el pago de contribuciones; las que deriven de su calidad de ciudadano mexicano, que implican su identificación para fines electorales o de ejercicio de derechos políticos, como votar y ser votado, asociación política, entre otros, o su pasaporte, para efectos de acreditación de nacionalidad, de estancia o residencia en un país extranjero y todos los actos realizados dentro o fuera del país, que derivan de dicha condición; las que se produzcan por sus relaciones comerciales, tales como su participación en alguna sociedad mercantil, o bien, el uso de tarjetas de crédito o departamentales u otras figuras similares a través de las cuales hubiere adquirido algún crédito que genere saldo a cubrir; todas aquellas derivadas de sus relaciones laborales, como por ejemplo, el incumplimiento de un contrato individual de trabajo, las cuotas de seguridad social; su relación con empresas aseguradoras de diverso tipo; y todas aquellas relaciones jurídicas que generen obligaciones a su cargo, así como responsabilidades, en caso de incumplimiento. De igual forma, debe señalarse que así como las obligaciones y responsabilidades derivadas de las relaciones jurídicas en que el sujeto sea parte, no se modifican, ni se extinguen, por el hecho de haber reasignado su identidad sexual, tampoco los derechos generados a su favor, con motivo de dichas relaciones, se pierden por esa circunstancia, puesto que nacieron o se establecieron con independencia del sexo legal en el que se le había registrado, por lo que la reasignación sexual efectuada, no podría ser obstáculo para exigir a terceros el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con él o que deriven de alguna de las relaciones jurídicas a que nos referimos con antelación. Por todo lo anterior, se concluye que la nueva identidad de una persona, en cuanto a nombre y sexo, en su acta del Registro Civil, no se traduce en la inexistencia de los hechos o actos acontecidos o realizados bajo su anterior identidad y, menos aún, en la extinción o modificación de sus obligaciones, por lo que la protección de sus derechos fundamentales no significa la desprotección de los derechos de terceros o del orden público; sin embargo, corresponderá a las autoridades competentes resolver, en cada caso concreto, las posibles controversias o conflictos que, posteriormente al cambio registral, pudieran llegar a presentarse [.]". Ejecutoria en la que tuvieron su génesis los siguientes criterios P. LXIX/2009, P. LXXIII/2009, P. LXXII/2009, P. LXIV/2009, P. LXXIV/2009, P. LXXI/2009, P. LXVI/2009, P. LXVII/2008 y P. LXX/2009, de rubros y textos siguientes: "REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Partiendo de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento a los derechos a la identidad personal, sexual y de género, pues a partir de éstos el individuo se proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad, se concluye que la reasignación sexual que decida una persona transexual para adecuar su estado psicosocial a su físico y de ahí, vivir en el sexo con el que se identifica plenamente y ser reconocido como tal por los demás, constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad, en tanto es una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual y de género ante sí mismo, que influye decisivamente en su proyecto de vida y en todas sus relaciones dentro de la sociedad". "REASIGNACIÓN SEXUAL. LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO POR ESE MOTIVO, NO SE TRADUCE EN LA INEXISTENCIA DE LOS HECHOS O ACTOS ACONTECIDOS BAJO LA IDENTIDAD ANTERIOR NI EN LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INTERESADO. La expedición de una nueva acta de nacimiento en la que conste el cambio de nombre y sexo de una persona transexual, no se traduce en la desaparición de su historia, por lo que todos aquellos actos que hubiere realizado bajo su identidad anterior y que traían aparejados efectos jurídicos, siguen produciéndolos y le son exigibles, salvo en los casos en que la propia legislación determine la extinción o modificación de los mismos; de ahí que, necesariamente, la expedición de la nueva acta de nacimiento tratándose de reasignación sexual, conlleve la anotación marginal en su acta primigenia y la constancia en los correspondientes asientos registrales, así como que la reserva de estos datos tenga excepciones; correspondiendo, en cada caso concreto, a las autoridades competentes resolver las posibles controversias o conflictos que, posteriormente al cambio registral, pudieran llegar a presentarse". "REASIGNACIÓN SEXUAL. LA NOTA MARGINAL EN EL ACTA DE NACIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE OTORGÓ LA DEMANDA DE RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE Y SEXO, CON LA CONSIGUIENTE PUBLICIDAD DE DATOS, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERESADO. Si una vez realizados los procedimientos médicos, estéticos e incluso quirúrgicos necesarios para modificar física y psicológicamente el sexo de una persona transexual, se mantienen los datos concernientes al nombre y sexo en sus documentos, entre ellos el acta de nacimiento, con los que originalmente fue registrada al nacer y solamente se asienta una nota marginal de la sentencia que otorgó la rectificación concedida, con la consiguiente publicidad de aquellos datos, se violan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y a la no discriminación, a la intimidad, a la vida privada, a la propia imagen, a la identidad personal y sexual, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud, porque la nota marginal propicia que dicha persona exteriorice hasta en las más simples actividades de su vida su condición anterior, generando eventuales actos discriminatorios hacia su persona, sin que se advierta razonabilidad alguna para limitarlos de esa manera". "REASIGNACIÓN SEXUAL. LA SENTENCIA QUE NIEGA LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO EN LA QUE SE RECTIFIQUEN LOS DATOS RELATIVOS AL NOMBRE Y SEXO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, ES INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE OCTUBRE DE 2008). Aun cuando el Código Civil para el Distrito Federal -antes de la reforma efectuada en 2008, a partir de la cual ya contempla en sus artículos 35, 98 y 135 Bis la expedición de una nueva acta de nacimiento tratándose de la reasignación de concordancia sexo-genérica, así como al Código de Procedimientos Civiles para esa entidad, a fin de regular el procedimiento respectivo-, sólo preveía en su artículo 131 ter la anotación marginal de la sentencia que niegue o autorice la rectificación de algún dato del acta de nacimiento, con la finalidad de adecuarla a la realidad, tal objetivo no se cumple tratándose del caso de una persona transexual si la sentencia que autorice la rectificación del nombre y sexo en el acta se limita a ordenar dicha anotación, negándole la expedición de una nueva acta. Lo anterior, porque, ante una laguna legal que dé respuesta a las exigencias constitucionales que deben satisfacerse en ese caso particular, el Juez, en una labor de integración, debe buscar colmarla con algún principio general de derecho que permita resolver la pretensión del accionante, conforme a los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19 del Código Civil para el Distrito Federal. Por consiguiente, si el quejoso, al haber sido diagnosticado, por una parte, con un estado intersexual (pseudo hermafroditismo femenino) y, además, como persona transexual, se sometió a tratamientos de reasignación sexual de índole hormonal, psicológico e incluso quirúrgicos y, por esa razón, solicitó ante el Juez de lo Familiar la expedición de una nueva acta de nacimiento, con la rectificación de su nombre y sexo, para lograr la adecuación legal a su realidad social, ante dicha situación, al no haber buscado el juzgador la solución que permita a esa persona el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y, por tanto, el respeto a su dignidad humana, dicha sentencia resulta inconstitucional". "REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA LIMITAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, IMPIDIÉNDOLE LA ADECUACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, BAJO EL PRETEXTO DE PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN PÚBLICO. Tratándose de la reasignación sexual de una persona transexual y, por tanto, de la adecuación de sus documentos de identidad, mediante la rectificación de su nombre y sexo, evidentemente se producen diversos efectos tanto en su vida privada como en sus relaciones con los demás, en las que innegablemente entran en juego los derechos de terceros, así como el orden público, como ocurre en aspectos como el matrimonio, sucesiones, relaciones laborales, servicio militar, filiación, actos contractuales, antecedentes penales, etcétera. Sin embargo, la protección a terceros y al orden público se garantiza a través de diversos mecanismos legales que no impliquen o permitan la lesión o el sacrificio de los derechos fundamentales de aquella persona, pues de lo contrario, se afectaría de manera total el núcleo esencial de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, a la salud -en su concepción integral- a la propia imagen, vida privada e intimidad y, por consiguiente, a su dignidad humana y no discriminación, en tanto que la plena identificación de su persona, a partir de la rectificación de su nombre y sexo es lo que le permitirá proyectarse, en todos los aspectos de su vida, como el ser que realmente es, reconociéndose así, legalmente, su existencia". "REASIGNACIÓN SEXUAL. PREEMINENCIA DEL SEXO PSICOSOCIAL FRENTE AL MORFOLÓGICO PARA RESPETAR A PLENITUD LOS DERECHOS DE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL. Ante los factores objetivos y subjetivos que definen a una persona, se advierte que tratándose de su identidad sexual y de género, se presenta en la realidad una prelación o preeminencia del factor subjetivo (sentimientos, proyecciones, ideales), sobre sus caracteres físicos o morfológicos (factor objetivo), de manera que derivado de la compleja naturaleza humana, que lleva a cada individuo a desarrollar su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual, al ser aspectos que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad". "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente". "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior". "DERECHO A LA SALUD. TRATÁNDOSE DE LA REASIGNACIÓN DEL SEXO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, ES NECESARIA LA EXPEDICIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, A FIN DE LOGRAR EL ESTADO DE BIENESTAR GENERAL PLENO QUE AQUEL DERECHO IMPLICA. Considerando el derecho a la salud como la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, se advierte que los tratamientos psicológicos, hormonales e incluso quirúrgicos a que se hubiere sometido una persona transexual para lograr la reasignación del sexo que vive como propio, no resultan suficientes para alcanzar ese estado de bienestar integral, si no se le permite también, mediante las vías legales correspondientes, adecuar su sexo legal con el que realmente se identifica y vive como propio, con la consiguiente expedición de nuevos documentos de identidad, dado que se le obligaría a mostrar un documento con datos que revelarían su condición de transexual, sin el pleno reconocimiento de la persona que realmente es, generando una situación tortuosa en su vida cotidiana, lo que indudablemente afecta determinantemente su estado emocional o mental y, de ahí, su derecho a una salud integral". De la ejecutoria y tesis transcritas, se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las directrices siguientes: 1. En el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. 2. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por lo tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por ende, solo a ella corresponde decidir autónomamente. 3. Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no solo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. 4. El derecho a la salud, constitucionalmente reconocido, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. 5. El derecho a la propia imagen, que implica la imagen que uno conserva para mostrarse a los demás y que la doctrina ubica, a su vez dentro al derecho a la intimidad, se constituye como un derecho personalísimo, perteneciente al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas. El individuo tiene el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen. 6. Es a partir de la identidad personal, que comprende la sexual, que la sociedad identifica a cada individuo y lo distingue de los demás, a través de elementos o datos, como el nombre, el sexo, la filiación, la edad, sus calidades personales, sus atributos intelectuales o físicos o bien, de la conjunción de todos o algunos de ellos. 7. Tratándose de la reasignación sexual de una persona transexual y, por tanto, de la adecuación de sus documentos de identidad, mediante la rectificación de su nombre y sexo, evidentemente se producen diversos efectos tanto en su vida privada como en sus relaciones con los demás, en las que innegablemente entran en juego los derechos de terceros, así como el orden público, como ocurre en aspectos como el matrimonio, sucesiones, relaciones laborales, servicio militar, filiación, actos contractuales, antecedentes penales, etcétera. Sin embargo, la protección a terceros y al orden público se garantiza a través de diversos mecanismos legales que no impliquen o permitan la lesión o el sacrificio de los derechos fundamentales de aquella persona, pues de lo contrario, se afectaría de manera total el núcleo esencial de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, a la salud -en su concepción integral- a la propia imagen, vida privada e intimidad y, por consiguiente, a su dignidad humana y no discriminación. 8. La expedición de una nueva acta no se traduce en que la historia pasada de la persona reasignada sexualmente se borre o desaparezca a partir de ese momento, por lo que todos aquellos actos del individuo que hubiere realizado bajo su identidad anterior y que traían aparejados efectos jurídicos, siguen produciéndolos y le son exigibles, de ahí que, necesariamente, la expedición de su nueva acta conlleve la anotación marginal en su acta primigenia y la constancia en los correspondientes asientos registrales, así como que la reserva de estos datos tenga excepciones, como en tratándose de una resolución judicial que ordene su publicidad en un caso concreto, o bien, el conocimiento reservado de determinadas autoridades sobre el cambio registral. 9. La nueva identidad de una persona, en cuanto a nombre y sexo, en su acta del Registro Civil, no se traduce en la inexistencia de los hechos o actos acontecidos o realizados bajo su anterior identidad y, menos aún, en la extinción o modificación de sus obligaciones, por lo que la protección de sus derechos fundamentales no significa la desprotección de los derechos de terceros o del orden público; sin embargo, corresponderá a las autoridades competentes resolver, en cada caso concreto, las posibles controversias o conflictos que, posteriormente al cambio registral, pudieran llegar a presentarse. Conviene puntualizar que los principios de Yogyakarta, es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unos estándares básicos, para evitar los abusos y dar protección a los mencionados derechos. Dicho documento fue conformado a petición de un ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por expertos en derecho internacional de los derechos humanos de diversos países, incluyendo miembros de la Comisión Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, académicos y activistas, reunidos en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de dos mil seis y contiene principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados por unanimidad por los mencionados expertos, e incluye recomendaciones a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales regionales, la sociedad civil y a la propia organización de las Naciones Unidas. Se compone de veintinueve principios, entre los que destaca el 3, "el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica". También es importante destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió la opinión consultiva OC-24/17, relacionada al tema en estudio, en cuanto a la modificación de los registros y los documentos de identidad para que estos sean acordes con la identidad de género auto-percibida. En la que determinó que los procedimientos deben estar regulados e implementados de conformidad con ciertas características mínimas, de manera que ese derecho se vea efectivamente protegido y así evitar además, que se violen derechos de terceras personas o menoscabar el principio de seguridad jurídica, pues esta debe quedar garantizada a través de procedimientos que aseguren que los trámites de reconocimiento de identidad de género, no impliquen alteración de la titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados. También destacó que los Estados deben desplegar esfuerzos para que las personas interesadas en que se reconozca su identidad de género auto-percibida en sus registros y documentos de identidad, no sean sometidos a cargas irrazonables, y que los procedimientos correspondientes estén basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como las certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes. Lo anterior, derivado de que el reconocimiento de la identidad de género encuentra su fundamento en la posibilidad de auto determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia. Asimismo, que el trámite o procedimiento tendiente al reconocimiento de la identidad de género auto-percibida de una persona consistiría en un proceso que cada persona tiene derecho a realizar de manera autónoma y en el cual el papel del Estado y de la sociedad debe consistir meramente en reconocer y respetar dicha adscripción de identidad, sin que la intervención de las autoridades Estatales tenga carácter constitutiva de la misma, pues, dicha validación bajo ningún concepto, debe quedar bajo el escrutinio externo. Pues si bien, los Estados tienen en principio una posibilidad para determinar los procedimientos más adecuados para la rectificación del nombre y/o sexo/género, debía destacarse que el procedimiento que mejor se ajusta a los requisitos establecidos en la apuntada opinión consultiva es el que es de naturaleza materialmente administrativa, dado que el proceso de carácter jurisdiccional eventualmente puede incurrir, en algunas formalidades excesivas que se observan en los trámites de esa naturaleza. Mientras que un trámite de carácter jurisdiccional encaminado a obtener una autorización para que se pueda materializar efectivamente la expresión de un derecho de esas características representa una limitación excesiva y no sería adecuado puesto que debe tratarse de un procedimiento materialmente administrativo, sea en sede judicial, o en sede administrativa. En ese sentido, la autoridad únicamente podrá oponerse a dicho requerimiento, sin violar la posibilidad de auto determinarse y el derecho a la vida privada del solicitante, si constata algún vicio en la expresión del consentimiento libre e informado del solicitante. Establecido lo anterior, se concluye que resultan esencialmente fundados lo expuesto en sus conceptos de violación y suficientes para otorgar la protección constitucional, pues los dispositivos señalados por la responsable para sustentar el acto reclamado, al obligar a las personas transgénero a tramitar un procedimiento jurisdiccional para la rectificación de su acta, en cuanto a la adecuación de su género, acorde a su auto percepción limita sin justificación derechos de acceso a la justicia, al colocar barreras que dificultan realizar el trámite con facilidad y cargas mayores que la mera manifestación de su voluntad y como consecuencia, restringe de manera desproporcional sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, de identidad así como el principio de igualdad, al desconocer el especial sometimiento estructural de un grupo vulnerable. En ese orden, tenemos en cuenta el contenido del artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán, señalado como acto reclamado e invocado por la responsable en la emisión del oficio reclamado como acto de aplicación, así como los artículos 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112, de dicho ordenamiento, relativos al cuerpo normativo donde se encuentra lo referente a la rectificación de actas, disponen: "Artículo 18.- Cuando en un acta se detecte una equivocación o defecto dentro de los 3 días hábiles siguientes a su elaboración, se deberá cancelar y elaborar enseguida una nueva acta con las referencias debidas, misma que será firmada por los interesados. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior lo previsto en los artículos 110 y 111 de esta Ley y el reconocimiento que voluntariamente haga un progenitor de su hija o hijo en los términos del Código de Familia. Las rectificaciones o modificaciones de actas del estado civil que cambien o alteren la esencia del acto registrado serán de la exclusiva competencia de la autoridad judicial. Procedencia de la rectificación de actas Artículo 105.- Las rectificaciones de actas proceden para: I.- Cambiar algún nombre u otra circunstancia, ya sea esencial o accidental, y II.- Subsanar vicios o errores, sin alterar ni cambiar la esencia del acto consignado en las mismas. Personas que tienen derecho a solicitar la rectificación Artículo 106.- Tienen derecho a solicitar la rectificación de un acta, en los casos a que se refiere el artículo anterior: I.- Las personas de cuyo estado civil se trate; II.- Las personas que se mencionen en el acta y tengan relación con el estado civil de alguno; III.- Los herederos de las personas comprendidas en las 2 fracciones anteriores, y IV.- Los adoptantes, en los casos establecidos en el artículo 370 del Código de Familia. Acuerdo de procedencia o improcedencia de la rectificación Artículo 107.- El Director emitirá el acuerdo de procedencia o improcedencia de la rectificación solicitada con base en la información que aporten los interesados. Recurso administrativo de revisión Artículo 108.- Procede el recurso administrativo de revisión previsto en la Ley de la materia contra el acuerdo a que se refiere el artículo anterior. Obligaciones con motivo del acuerdo que concede la rectificación Artículo 109.- Cuando proceda la rectificación del acta, deberá remitirse la anotación respectiva al Oficial que corresponda. La Dirección hará la anotación correspondiente en las actas que obren en el archivo a su cargo. Derecho de la persona mayor de edad para solicitar modificación de acta Artículo 110.- Cualquier persona mayor de edad podrá comparecer ante el Oficial que corresponda para solicitar, por una sola vez, la modificación del nombre propio con el que fue inscrito en su acta de nacimiento. Obligación del Oficial ante resolución de nulidad Artículo 111.- El Oficial deberá realizar la anotación en el acta correspondiente cuando el juez resuelva y declare la nulidad de la misma en la forma prevista en esta Ley y su Reglamento. Casos en los que procede realizar aclaración o reposición administrativa Artículo 112.- El Director podrá ordenar la reposición o aclaración de algún registro, con base en el duplicado existente, a falta del original. Cuando no aparezca un registro, éste se haya perdido, se encuentre ilegible o se adviertan alteraciones en el acta, el Director solicitará se realice el cotejo correspondiente con los ejemplares que obren en su archivo o en el Archivo General del Estado. En caso de ser procedente la reposición o habilitación del acta, se integrará a los libros correspondientes. En los casos en que no sea posible reponer o habilitar el acta por la vía administrativa se deberá promover ante la autoridad judicial o fedatario público en su caso." De los numerales antes transcritos destaca en lo que interesa, que las rectificaciones, modificaciones o reposiciones de las actas del estado civil, pueden realizarse a través de dos vías, a saber: administrativa o judicial. En cuanto a la vía administrativa, contempla la posibilidad de que se rectifique administrativamente el acta de nacimiento, siempre y cuando no cambien o alteren la esencia del acto registrado, es decir proceden solo para el caso de cambiar algún nombre u otra circunstancia, ya sea esencial o accidental, y subsanar vicios o errores, sin alterar ni cambiar la esencia del acto consignado en las mismas. El señalado trámite correrá a cargo de la Dirección de la oficina registral. En caso de tratarse de corrección de meros errores mecanográficos u ortográficos, este procederá de inmediato a realizar la corrección, sin necesidad de homologación jurisdiccional; y, en tratándose de rectificaciones o modificaciones de actas del estado civil que cambien o alteren la esencia del acto registrado serán de la exclusiva competencia de la autoridad judicial. De todo lo anterior, se advierte que los dispositivos transcritos contemplan la vía administrativa para la rectificación, modificación o reposiciones de las actas del estado civil sólo en los casos detallados, siempre que no haya afectación a la esencia del acto registrado, toda vez que en ese caso deberá tramitarse por la instancia jurisdiccional. Así se plasmó que en cuanto a la rectificación no se afecta la esencia del acto registrado para los casos en que sólo se trate de cambiar algún nombre u otra circunstancia, ya sea esencial o accidental, y subsanar vicios o errores, sin alterar ni cambiar la esencia del acto consignado en las mismas; lo cual, lleva implícita la prohibición para realizar, a través de la vía administrativa, la adecuación integral del acta de nacimiento de una persona transgénero acorde a su identidad de género auto percibida, por lo que, en todo caso, dicho cambio registral debe tramitarse en un juicio de rectificación de acta ante la autoridad judicial. Lo que deviene conculcatorio de los derechos humanos de igualdad, no discriminación por el género y las preferencias sexuales, así como al libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior es así, ya que es factible concluir que si bien el precepto no prohíbe expresamente la rectificación administrativa para el cambio de sexo, sí contiene implícitamente, una restricción legal, que impide obtener su reasignación sexual a la persona. Y si bien es cierto que el artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán, citado por la autoridad responsable en el acto reclamado y transcrito con antelación, permite realizar la rectificación judicial ante el juez competente para su trámite, en los casos en que los vicios y demás irregularidades que haya en las actas sean sustanciales; también lo es que no señala expresamente el cambio de sexo. Aunado a que la rectificación judicial de las actas del estado civil, al instarse ante el juez competente, implica una mayor carga para las personas que deseen cambiar su sexo, para obtener su reasignación sexual, pues es evidente que implica un mayor gasto económico y su trámite es más largo, que el sencillo trámite que se pueda realizar ante el oficial del Registro Civil, ya que con la sola manifestación del solicitante puede proceder a la rectificación del acta; sin necesidad de que el interesado comparezca a una instancia jurisdiccional (en sentido formal y material), en la que deberá instaurar un procedimiento con mayores cargas y fases procesales. Sin que pueda considerarse que ambas vías brinden al solicitante condiciones iguales o al menos semejantes, pues aun cuando en los dos casos los trámites correrían a cargo de autoridades de los poderes del Estado, como se expuso, las circunstancias particulares con las que cada una de ellas brinda al solicitante resultan diversas. Lo que adquiere especial significado pues el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar los derechos humanos de igualdad, no discriminación por el género y las preferencias sexuales, así como al libre desarrollo de la personalidad, mediante procedimientos o trámites simples, ágiles, sencillos y eficaces. Inclusive, el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó el comunicado de prensa 40/2017, donde insta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes que incluyan de manera trasversal la perspectiva de identidad de género en las políticas públicas que buscan contrarrestar los círculos de pobreza, exclusión, violencia y criminalización que afectan a personas trans en América, entre otras cosas, tales medidas incluyen el reconocimiento de la identidad de género de forma sencilla, expedita y no patologizante, así como la protección de las conductas en el ejercicio de dicha identidad, lo cual debe ser extensivo a los distintos aspectos de la vida de la persona, en ámbitos como educación, salud, trabajo y vivienda. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), textualmente expreso: "[.] En el marco del Día de la Visibilidad Trans, que tiene lugar el 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se une a la comunidad internacional para resaltar el valioso rol que las personas trans ocupan en los procesos de reivindicación de sus derechos, el combate del cisexismo e inclusión en espacios públicos y de poder. La CIDH saluda el liderazgo de algunas personas trans y la ardua labor que realizan en la región, e insta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes que incluyan de manera trasversal la perspectiva de identidad de género en las políticas públicas que buscan contrarrestar los círculos de pobreza, exclusión, violencia y criminalización que afectan a personas trans en América. Entre otras cosas, tales medidas incluyen el reconocimiento de la identidad de género de forma sencilla, expedita y no patologizante, así como la protección de las conductas en el ejercicio de dicha identidad, lo cual debe ser extensivo a los distintos aspectos de la vida de la persona, en ámbitos como educación, salud, trabajo y vivienda [.]". También es preciso señalar que la postura adoptada, es acorde con el principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado; además de que privilegia el derecho a un recurso efectivo (contenido en un sentido lato) reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En términos de la citada Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. Por cuanto se refiere a la efectividad del recurso, la Corte ha establecido que para que tal recurso efectivo exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, estos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes. En ese contexto, y con base en las consideraciones que sustentan la resolución del amparo directo 6/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial, frente al sexo morfológico; y partiendo de esta premisa, si el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, implica necesariamente el reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género, de tal manera que la "reasignación sexual" que decida una persona, con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico y el sexo con el que se identifica plenamente, necesariamente constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de su personalidad, que influye en sus relaciones sociales. Máxime que las normas materia de análisis constitucional hacen una distinción basada en las categorías del sexo y las preferencias sexuales, por lo que corresponde realizar un escrutinio estricto de la medida legislativa. La Primera Sala del Tribunal Supremo, estimó conveniente hacer una explicación de la forma en la que se tiene que realizar el test de igualdad en estos casos, para poder clarificar las diferencias que existen entre un escrutinio ordinario y el que debe aplicarse a las distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa. En primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa, desde el punto de vista constitucional. Al respecto, la aludida Sala del Máximo Tribunal de País sostuvo que cuando se aplica el test de escrutinio estricto para enjuiciar una medida legislativa que realiza una distinción, no debe exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible. Dicho de otra forma, la finalidad perseguida no debe ser abiertamente contradictoria con las disposiciones constitucionales. Así, al elevarse la intensidad del escrutinio debe exigirse que la finalidad tenga un apoyo constitucional claro -debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante-. Agregó que la medida debe perseguir la satisfacción o protección de un mandato de rango constitucional. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que la medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalados; esto es, la medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. En este contexto, cabe precisar que la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible, para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Argumentos plasmados en la jurisprudencia 1a./J. 87/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. La constitucionalidad de las distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa debe analizarse a través de un escrutinio estricto, pues para estimarse constitucionales requieren de una justificación robusta que venza la presunción de inconstitucionalidad que las afecta. Para ello, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, es decir, debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante y no simplemente una finalidad constitucionalmente admisible. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional". Por tanto, una vez explicada la estructura del test de escrutinio estricto, permite concluir que el artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán, es contrario a los mencionados derechos fundamentales, al contener implícitamente una restricción legal, que impide a la persona obtener su reasignación sexual (cambio de sexo), lo que propicia que se le mantenga legalmente registrado con un sexo distinto al que realmente siente como suyo. Por lo que, en aras de proteger los derechos fundamentales de todo individuo (a la igualdad, no discriminación por el género y su preferencia sexual, así como al libre desarrollo de su personalidad, reserva de su intimidad, vida privada y propia imagen) y dadas las consideraciones de la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo 6/2008, se concluye que, es viable variar el registro del sexo y la identidad de una persona, en aras de respetar los derechos fundamentales de las personas transexuales a la dignidad humana, igualdad y no discriminación, así como al libre desarrollo de su personalidad, puesto que no puede atentarse contra su dignidad humana al anular o menoscabar su derecho al reconocimiento de identidad de género derivado de la reasignación sexual. De tal manera que lo expuesto en el presente fallo pone de manifiesto la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán, que regula la rectificación administrativa de las actas de nacimiento y los supuestos en los que procede la misma. En esas circunstancias, es que dicho precepto, contraviene los derechos fundamentales de las personas transexuales, a la igualdad, no discriminación por el género y su preferencia sexual, así como al libre desarrollo de su personalidad, reserva de su intimidad, vida privada y propia imagen; pues les impide manifestarse, en la forma en que se ven a sí mismos y se proyectan ante la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos y acciones, que los individualizan e identifican propiamente. Ya que el contenido del artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán, implícitamente, niega o prohíbe la procedencia de la "reasignación sexual" a la persona que lo solicite, en sede administrativa, al no prever dentro de las hipótesis de rectificación de los datos asentados en las actas del registro civil, el relativo al cambio de sexo, lo cual, impide toda posibilidad de que puedan adecuar su identidad jurídica a la realidad social, en cuanto a un sexo distinto, del biológico y con el que fueron registrados en su primigenia acta de nacimiento; esto es, se obstaculiza la adecuación de su identidad legal, a su identidad sexual, ya que no se les permite adecuar el sexo, con el cual se identifican plenamente. Además, de que restringe la posibilidad de que las personas que han decidido ostentarse con un género distinto al que les fue asignado al nacer, puedan acceder a un trámite administrativo sencillo para corregir esa situación; debido que el sujetarla a la tramitación de la vía jurisdiccional entorpece y limita el ejercicio de los derechos de las personas trans, contiene barreras al acceso a la justicia, perpetúa y reproduce la discriminación histórica- estructural que estos grupos o personas han sufrido; aunado a que existe un procedimiento administrativo alternativo igualmente idóneo para dar seguridad jurídica a la adecuación integral del acta de nacimiento de las personas transgénero a la identidad de género auto percibida, que interviene en los derechos fundamentales en un grado menor. Así, este Juzgado de Distrito determina que la medida no es proporcional. Por ello, es dable concluir, que el dispositivo invocado transgrede los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 78 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal, contra el artículo impugnado, para el efecto de que: a) Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán. b) Esto, en cuanto a que no se aplique a la parte quejosa concretamente la restricción en ellos contenida en cuanto a vedar la posibilidad de que en sede administrativa se solicite la modificación del acta de nacimiento, sobre la adecuación de los datos de identidad de conformidad con la identidad de género auto-percibida (sexo). c) Consecuentemente, el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, deje insubsistente el acto de aplicación de dicho numeral, consistente en el oficio CJ-DRC-JUR-3111-2845-0506-2022, de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual negó realizar el cambio de sexo masculino a femenino en el acta de nacimiento del aquí quejoso LUIS ALBERTO BARRERA VÁZQUEZ o NIKOLE ARIANA BARRERO VÁZQUEZ, y hecho lo anterior, emita otro nuevo. En el entendido que, el procedimiento administrativo que ha de seguir, debe ser el idóneo y cumpla a cabalidad con los estándares que señala tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para esa clase de trámites, lo que implica que la autoridad responsable deberá prescindir de aplicar para ese procedimiento, las normas reclamadas o cualquiera otro precepto que resulte incompatible con los aludidos postulados constitucionales e internacionales, por lo que en el caso de resultar procedente la solicitud de adecuación de la identidad de género auto-percibida, deberá expedir una nueva acta de nacimiento que refleje los cambios pertinentes, pero sin evidenciar la identidad anterior; y, por cuanto hace al acta de nacimiento primigenia, ésta debe quedar reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. Ahora bien, atendiendo a los efectos de la protección constitucional concedida respecto del numeral reclamado, es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica a cargo del Congreso del Estado de Yucatán ni del Gobernador Constitucional del Estado, pronunciarse sobre la anulación de las normas combatidas; por tanto, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento a que ello corresponde al Director del Registro Civil del Estado; precisándose además, que cualquier autoridad, a pesar de no ser parte en este juicio, estará obligada a acatarla. Apoya lo anterior la tesis 1a. CLXXXII/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO. En el amparo directo, el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la ley controvertida trae como consecuencia que se deje insubsistente la sentencia que se funda en ella y se emita otra en la cual no se aplique el precepto legal considerado inconstitucional, y si su aplicación se realizó en el acto originalmente impugnado ante la autoridad que emitió la sentencia, el efecto será dejar insubsistente ese acto, para que se emita uno nuevo apegado a lo sostenido en la ejecutoria de amparo. En cambio, la declaración de inconstitucionalidad de una ley en el amparo indirecto tiene como efecto dejar insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías hasta que se reforme". SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a LUIS ALBERTO BARRERO VÁZQUEZ o NIKOLE ARIANA BARRERO VÁZQUEZ, en contra de los actos reclamados al Congreso del Estado de Yucatán, Gobernador Constitucional del Estado y Director del Registro Civil del Estado, todos con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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