LUIS ALBEERTO HERNÁNDEZ ORTIZ y Otros.

Expediente 945/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
945/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Luis Albeerto Hernández Ortiz
  • LUIS ALBEERTO HERNÁNDEZ ORTIZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que anexa: el escrito signado por el quejoso ......; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en virtud de que en párrafos que anteceden causó estado el proveído de veintiséis de septiembre del actual, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente.

  2. Principal

    Mesa III-A. Notificación personal por lista. (Quejoso). San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que adjunta las boletas de turno, demanda de amparo, así como razones actuariales, derivadas del juicio de amparo 975/2018 de su estadística, promovido por ********; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 945/2018. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que dicho órgano constitucional estimó que a este Juzgado Federal corresponde el conocimiento del referido juicio de amparo, puesto que los actos ahí reclamados derivan de la misma causa penal de la que emanó el acto reclamado en el diverso 1643/2016 del registro propio, ya que tienen su origen en la causa penal **/**** del Juzgado de Control de Etla, Oaxaca, y por ello se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común a los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado mediante el Acuerdo General 48/2008; por consiguiente, al compartir los motivos expuestos por la autoridad oficiante, este juzgado se avoca al conocimiento de este asunto, por razón de turno. Luego, es menester anotar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de verificar el escrito de demanda para advertir que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) Tortura física y psicológica, violencia institucional y estructural, discriminación por razón de género masculino, aporofobia, discriminación racial, discriminación por ser sujeto jurídico débil. b) Omisiones del defensor de oficio o público consistentes en entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa; asesorarlo sobre la naturaleza y consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen en la causa penal **/****; comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley; analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación a fin de contar con mayores elementos para la defensa, comunicarse directamente con el imputado cuando lo estime conveniente siempre y cuando no altere el desarrollo normal de las audiencias; recabar y ofrecer medios de prueba necesarios para la defensa; el no haber ofrecido hasta la fecha algún dato o medio de prueba para su inocencia; presentar argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a su favor y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causa legal que sea en beneficio del imputado; solicitar el no ejercicio de la acción penal por ser inocente; ofrecer datos o medios de prueba en la audiencia correspondiente y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley; promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación de proceso penal; participar en la audiencia de juicio en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales; mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; formular solicitud de procedimientos especiales; guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones, interponer los recursos e incidentes en términos de la legislación aplicable y en su caso promover el juicio de amparo; informar al imputado y sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa; el no tener la asistencia de investigadores privados, en la carpeta de investigación que obra en la causa penal **/**** del índice del Juzgado de Control de Etla, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA. Ahora bien esta Juzgadora estima que contra los referidos actos reclamados marcados como inciso b), se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque ha cesado en sus efectos, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La causa de improcedencia citada se puede actualizar en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se actualiza la sustitución de actos procesales, que consiste en la dependencia de una actuación de otra, por la relación que guardan entre sí, de manera que la resolución del segundo acto deja sin efectos el acto previo; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida (sustitución). En concordancia con lo expuesto, se cita la tesis aislada I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja 1491 del Tomo XXX, Diciembre de 2009, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165870, que es del tenor siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. En relación con el mismo tópico conviene recordar que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado controvierte a través de la instancia constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional, y ese acto es sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y se emitió otro que lo modificó, revocó o confirmó, o bien, porque en virtud del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Ahora bien, la actualización de la hipótesis de improcedencia en comento, encuadra al caso particular, toda vez que el amparista se duele en esencia de diversos actos que su defensa no ha realizado dentro de la carpeta de investigación que obra en la causa penal **/**** del índice del Juzgado de Control de Etla, Oaxaca, los cuales se colige se constriñen a actos de su defensa en la etapa de investigación a fin de que no se judicialice. Sin embargo, existe radicado en este propio órgano jurisdiccional el expediente de amparo 1643/2016, el cual fue promovido por **********, contra el auto de vinculación a proceso de seis de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal **/****, por la Juez de Control de Etla, Oaxaca, sede Ixcotel, Circuito Judicial de Valles Centrales, que se instruye en su contra por el delito de EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN en agravio de la persona con identidad reservada con iniciales A.E.L; asunto en el que mediante sentencia engrosada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se negó la protección constitucional al quejoso; además dicho fallo fue confirmado por la superioridad, quien al resolver el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la sentencia emitida por este Juzgado, la confirmó en sus términos. En ese orden, resulta evidente que el auto de vinculación a proceso emitido el seis de septiembre de dos mil dieciséis, en la causa penal **/****, por la Juez de Control de Etla, Oaxaca, sede Ixcotel, Circuito Judicial de Valles Centrales, que se instruye contra el quejoso por el delito de EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN en agravio de la persona con identidad reservada con iniciales A.E.L; sustituyó todos los actos emitidos en la carpeta de investigación que le dio origen, en ese sentido cualquier vulneración que perciba el quejoso que tuvo en esa etapa procesal ha quedado sustituida y ha sido superada pues actualmente se rige por el auto de vinculación a proceso que fue dictado en su contra. Lo anterior, conduce a concluir que los actos reclamados marcados con el inciso b), no pueden ser motivo de análisis en este juicio constitucional, toda vez que, la etapa procesal en los que se ubican los mismos cesó en sus efectos por sustitución procesal, con motivo del dictado del auto de vinculación a proceso de seis de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal **/****, por la Juez de Control de Etla, Oaxaca, sede Ixcotel, Circuito Judicial de Valles Centrales, que se instruye en su contra por el delito de EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN en agravio de la persona con identidad reservada con iniciales A.E.L, que es la resolución que actualmente rige en el proceso penal del quejoso y en la cual se analizaron violaciones al debido proceso, así como la defensa adecuada. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sin que pase desapercibido que del análisis integral de la demanda, se desprende que el quejoso se duele en los actos marcados como inciso a) de tortura física y psicológica, violencia institucional y estructural, discriminación por razón de género masculino, aporofobia, discriminación racial, discriminación por ser sujeto jurídico débil, en virtud de que su defensa ha sido deficiente y es por ello que tiene dichos síntomas psicológicos; los cuales se desprende que solo se trata de una apreciación subjetiva de las consecuencias que en su persona dice provoca las deficiencias en su defensa; ello pues, no le atribuye a las responsables que lo estén torturando, sino que esto se genera por el hecho de que estima que sus defensores no lo han asesorado debidamente, por lo que es evidente que tales actos de manera destacada no se ubican propiamente dentro de los casos señalados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más aún que no se puede considerar que dichos actos sean considerados como de tortura ya que con los datos que hasta el momento se tienen, no podrían constituir un sufrimiento físico que afectan la dignidad de la persona, ya que el acto de tortura lato sensu, no encuentra justificación constitucional ni convencional. Es aplicable, en lo substancial, la tesis P. XXII/2015 (10a.)15 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. Robustece el anterior argumento el hecho de que de autos se conoce que el órgano que ha declinado el conocimiento del asunto, en su acuerdo dictado el veintiuno de septiembre de esta anualidad, proveyó la suspensión de plano respecto de tales actos; además, que al momento de que el actuario de esa adscripción se constituyó en el Reclusorio Regional de Etla, Oaxaca en busca del aquí quejoso, dicho interno le indicó que no era necesario realizar la certificación de su estado físico en virtud de que no estaba siendo maltratado ni azotado, ni siendo objeto de algún acto contenido por el artículo 22 constitucional, sino que únicamente se siente violentado psicológicamente pues él es inocente y no debería estar detenido; lo que conlleva a esta Juzgadora a corroborar que los actos antes mencionados únicamente se refieren a cuestiones psicológicas del directo quejoso. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Reclusorio Regional de Etla, Oaxaca, no obstante, como lo indica, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo y por autorizados para tales efectos a las personas que menciona, por así manifestarlo expresamente el promovente, y ser este asunto de naturaleza penal; por tanto notifíquesele personalmente este proveído por su conducto. Asimismo, se autoriza a las partes para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado mediante el Acuerdo General 48/2008; mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, para que realice la compensación respectiva a fin de equilibrar las cargas de trabajo y lo registre como asunto penal judicial, y posteriormente lo devuelva a este juzgado. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    MESA III A Notifíquese personalmente.

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