LUDMILLA LEDEZMA CRUZ y Otros.

Expediente 1296/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1296/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2017

Partes del expediente

  • LUDMILLA LEDEZMA CRUZ y Otros.
  • Ludmilla Ledezma Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó de plano la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I A Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo promovida en forma electrónica por Noel Carmona Rosales en su carácter de representante legal de LUDMILLA LEDEZMA CRUZ, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1296/2017. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable integrantes de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la parte quejosa reclama la resolución de dos de octubre de dos mil diecisiete, por el que se resuelve el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio laboral 500/2015. Ahora, la parte quejosa en los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, indica: 1. Con fecha 13 de agosto del año dos mil quince, mi representada presentó demanda laboral ante la Junta Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, integrándose el expediente 500/2015, en acuerdo de radicación de fecha trece de noviembre de dos mil quince. 2. Así, el dieciséis de noviembre del año anterior al que transcurre fui nombrado como apoderado legal de la parte actora en audiencia [.] 3. Mediante escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis se promovió incidente de nulidad de actuaciones por diversas irregularidades. 4. Mediante interlocutoria de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete y notificada al suscrito el día veintitrés de octubre de este año, la autoridad responsable determinó declarar improcedente el incidente. Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, queda de manifiesto que la determinación que se dicta respecto de un incidente de nulidad de actuaciones constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra el laudo respectivo, en términos de los numerales 107, fracción V, 170, fracción I y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues el perjuicio procesal que pudieran resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió. No obsta para estimar lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, pues por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas conlleva una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En suma, contra la resolución que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones procede el amparo directo, por constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, por no constituir una violación cometida durante la secuela del procedimiento, que afecte las defensas de la parte quejosa y trascienda al resultado del fallo, pues no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, porque sus efectos son meramente formales, en atención a que la razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica de la parte afectada, al no alterarse ningún derecho sustantivo, de aquí que hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. En lo conducente resultan aplicables a lo anterior, la jurisprudencia 38/92 del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país. NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta. Al igual que la diversa jurisprudencia 94/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada. Por tanto, queda de manifiesto que el acto reclamado, resolución de dos de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio laboral 500/2015, por el que se resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por la parte actora en el juicio natural, aquí quejosa, por el que se declara improcedente tal recurso, indefectiblemente no es de modo alguno irreparable y no afecta a la parte quejosa en grado predominante o superior, lo que impone que se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada. En esas condiciones, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, y por autorizada únicamente para recibir notificaciones a Thelma Ledezma Cruz, por así indicarle expresamente la parte quejosa. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

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