Luis Aguilar Hernández
Expediente 615/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/05/2018
Partes del expediente
- Luis Aguilar Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días concedido en proveído de treinta de abril de dos mil dieciocho, al quejoso Luis Aguilar Hernández, y a la autoridad tercera interesada subdirector general de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con base en las constancias de autos, se procede a verificar, de oficio, si la ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra o no cumplida, y si hay o no exceso o defecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Es importante puntualizar que desde la sentencia de amparo se precisó que esa ejecutoria se regía por las disposiciones de la actual Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en razón de que el presente juicio de amparo directo inició su trámite conforme al anotado ordenamiento legal; por tanto, para determinar sobre el cumplimiento del fallo protector, también resultan aplicables las disposiciones contenidas en la anotada ley. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita magistrada presidenta procede a verificar oficiosamente si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la responsable cumplen los lineamientos fijados en la sentencia de amparo emitida por el pleno de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, o si incurrió en exceso o defecto, es preciso tomar en cuenta las consideraciones siguientes: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho se resolvió el amparo directo 615/2017, promovido por Luis Aguilar Hernández, por propio derecho, donde se otorgó la protección constitucional para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la sentencia impugnada, y en su lugar; b) Emita otra en la que atienda a la distribución de la carga probatoria que se estableció en la presente sentencia, determinando que: Correspondía al Subdirector General de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México, acreditar que el quejoso continuó prestando sus servicios y que fue éste quien se retiró sin causa justificada, abandonando el servicio. Que al no haber aportado medio de prueba que acreditara su dicho, en consecuencia, llegue a la conclusión de que la autoridad responsable no probó lo que le correspondía. c) Con base en lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva en torno a la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, pronunciándose respecto de todas las prestaciones reclamadas." (foja 120 vuelta de autos). ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. En relación con el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, el secretario general de acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, remitió el oficio número TJA/SS/III/3955/2018 de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, al cual anexó copia certificada de la sentencia dictada en dicha fecha en el recurso de revisión 797/2017, de la cual se desprende lo siguiente (fojas 141 a 164 ídem): Que en el considerando tercero, la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el referido recurso de revisión, por lo tanto, se tiene por cumplido el efecto precisado en el inciso a) del fallo federal. Que en el considerando cuarto, la sección de la sala superior del conocimiento, por un lado, declaró que eran fundados los agravios expuestos por el recurrente y, por otra parte, analizó la distribución de la carga probatoria conforme a los lineamientos expuestos en la ejecutoria de amparo y resolvió que correspondía al subdirector general de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México, acreditar que el quejoso continuó prestando sus servicios y que fue éste quien se retiró sin causa justificada, abandonando el servicio. Además, refirió que al no haber aportado medio de prueba que acreditara su dicho, concluyó que la autoridad responsable no probó lo que le correspondía (fojas 153 a 155 ídem). Atento a lo anterior, se tienen por satisfechos los efectos señalados en el inciso b) de la sentencia constitucional. Por otra parte, en relación con el efecto indicado en el inciso c) del fallo federal, en el cual se ordenó a la responsable que, con plenitud de jurisdicción, resolviera en torno a la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, pronunciándose respecto de todas las prestaciones reclamadas. La sala resolutora, en el considerando quinto, revocó la sentencia recurrida del nueve de mayo de dos mil diecisiete, en la que la magistrada regional resolvió decretar el sobreseimiento en el juicio administrativo número 86/2017 de su índice, y declaró la invalidez de la baja verbal del dieciocho de enero de dos mil diecisiete, ordenada por el subdirector general de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México. Por otra parte, en el considerando sexto, la autoridad responsable señaló la forma en que la autoridad demandada debía restituir en el pleno goce de los derechos afectados al actor, lo que debía realizar a la luz de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la interpretación que sobre los alcances de esa norma constitucional ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa tesitura, indicó que no era procedente la reinstalación de Luis Aguilar Hernández, en los términos en que venía prestando sus servicios en la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México, hasta antes de la ilegal separación de la que fue objeto, por lo que debía recibir como indemnización tres meses de salario, más veinte días por cada año efectivo de servicio. Consecuentemente, en el considerando séptimo, con fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a/J.110/2012(10a), condenó al subdirector general de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México, a pagar a Luis Aguilar Hernández, la indemnización consistente en tres meses del sueldo que percibía en el empleo, cargo o comisión que desempeñaba, más veinte días por año efectivo de servicio; así como al pago de la remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó la separación, estos es, el dieciocho enero de dos mil diecisiete y hasta que se realice el pago correspondiente y, en ese sentido, dijo que dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, también debían cubrirse al demandante las cantidades que por esos conceptos, pudo percibir, desde el momento en que se concretó la separación injustificada y hasta que se realice el pago a las demás prestaciones a que tuviere derecho. Asimismo, ordenó anotar en el expediente del servidor público y en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad del Sistema Nacional y en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal, tanto la separación del servidor público, como su anulación respectiva, para el efecto de que se haga constar que fue declarada inválida la baja en el servicio, pero que en términos de la prohibición constitucional aplicable no fue jurídicamente posible decretar su reincorporación. En ese sentido, se tiene por acatado el efecto precisado en el inciso c) de la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que los argumentos sostenidos por la responsable, relativos a la declaratoria de invalidez de la baja verbal del dieciocho de enero de dos mil diecisiete, ordenada por el subdirector general de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México, y a la condena a la autoridad demandada, fueron pronunciados en el ejercicio de la libertad de jurisdicción que este tribunal le devolvió en la ejecutoria de amparo, por lo que no son materia de análisis en el presente acuerdo, por tanto, las consideraciones emitidas en ese sentido son ajenas al estudio aquí efectuado. Son aplicables al caso, los razonamientos contenidos en la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." Así como, por analogía de los argumentos que la sostienen, la tesis 2a. XXIX/2010, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales." Conforme a lo expuesto, se colige que todos los efectos precisados en el fallo protector fueron acatados por la autoridad responsable. Así las cosas, de un estudio de las aludidas constancias, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este tribunal se encuentra cumplida, sin que se advierta que exista exceso o defecto en su cumplimiento. Cierto, de la confrontación entre los efectos del fallo protector con las acciones que realizó la responsable para acatarlo, se obtiene que ésta no incurrió en defecto, dado que con su actuación atendió a todos los lineamientos establecidos por este órgano colegiado en la ejecutoria de que se trata, sin que haya omitido observar algún aspecto para los cuales se concedió la protección federal. Tampoco cometió un exceso, ya que no rebasó los límites y alcances fijados en el fallo constitucional, pues no fue más allá de lo que se ordenó en éste, es decir, su resolución se ajustó a lo estrictamente establecido en la ejecutoria de amparo. Por tales razones se afirma que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano colegiado, dado que acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria emitida por este tribunal colegiado en el presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
visto el oficio de cuenta, suscrito por el secretario general de acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con el que en cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto, remite copia certificada de la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, de la que se obtiene que: en cumplimiento a la ejecutoria de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictada por este órgano colegiado en el amparo de mérito, dejó insubsistente la sentencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revisión 797/2017; revocó la diversa de nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la magistrada de la quinta sala regional del citado tribunal, en el juicio administrativo 86/2017; declaró la invalidez de la baja verbal de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, ordenada por el Subdirector General de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México; y, condenó al citada autoridad, a dar cumplimiento en sus términos a la sentencia recibida. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista a la parte quejosa Luis Aguilar Hernández, así como a la autoridad tercera interesada subdirector general de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México, con la sentencia recibida para que en el término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, toda vez que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal al quejoso ni a los terceros interesados (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista que para tal efecto se fije en los estrados de este órgano colegiado; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes con el primero de los oficios de cuenta, suscrito por el secretario general de acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al apercibimiento formulado en auto de veintisiete de marzo de mil dieciocho, acusa recibo del oficio 468-II, con el que se remitieron los autos originales del recurso de revisión 797/2017 y del juicio administrativo 86/2017; en consecuencia, téngase por cumplimentado el requerimiento formulado y, déjese sin efectos el apercibimiento con que fue conminada la autoridad oficiante en el citado proveído, asimismo, remite el oficio de mérito. Por otra parte, con el segundo de los oficios de cuenta, suscrito por el secretario general de acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual remite el proveído de dieciséis de abril del año en curso, del que se advierte que el presidente turnó los autos a la ponencia de la magistrada Blanca Dannaly Argumedo Guerra para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, el cual ha sido listado para su discusión en la próxima sesión que se celebrará el veintiséis de abril de dos mil dieciocho y, una vez que sea aprobado se notificará de forma inmediata la sentencia a este órgano colegiado; con lo que acredita que la ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra en vías de cumplimiento. Finalmente, respecto a su solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en los artículos 192, último párrafo, y 193 de la Ley de Amparo, POR ÚNICA OCASIÓN se concede a la sección responsable un PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, a efecto de que dé total cumplimiento a la concesoria de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado dentro del término concedido, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA de cien Unidades de Medida y Actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, en términos del artículo 192 y el diverso 258 de la ley de la materia y, de estimarlo necesario, este órgano colegiado procederá en términos del artículo 262, fracción V, del citado ordenamiento.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual devuelve el diverso 468-II del índice de este órgano colegiado, con el que el actuario adscrito a este órgano colegiado por error remitió los autos del recurso de revisión 797/2017 y el juicio administrativo 86/2017, toda vez que refiere que la autoridad responsable en el presente asunto lo es la tercera sección del citado tribunal; en consecuencia, reenvíese el citado oficio, así como los autos descritos en líneas precedentes a la autoridad responsable Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
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