Luis Adrián García Ramírez
Expediente 585/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/06/2018
Partes del expediente
- Luis Adrián García Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
...Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa... así como las autoridades terceras interesadas... no formularon inconformidad alguna respecto de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; ...se declara que la resolución...ha quedado firme. ...archívese el presente asunto como concluido y en su oportunidad depúrese el presente expediente..
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos de los que se colige que ha transcurrido el plazo de diez días concedido al quejoso Luis Adrián García Ramírez, por propio derecho, y a las autoridades terceras interesadas presidente suplente del Comité de Pensiones y al propio comité del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (fojas 183 y 184 de autos), de conformidad con lo establecido en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con base en las constancias de autos, se procede a verificar, de oficio, si la ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra o no cumplida, y si hay o no exceso o defecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Es importante puntualizar que desde la sentencia de amparo se precisó que esa ejecutoria se regía por las disposiciones de la actual Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en razón de que el presente juicio de amparo directo inició su trámite conforme al anotado ordenamiento legal; por tanto, para determinar sobre el cumplimiento del fallo protector, también resultan aplicables las disposiciones contenidas en la anotada ley. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita magistrada presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la responsable cumplen los lineamientos fijados en la sentencia de amparo emitida por el pleno de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, o si incurrió en exceso o defecto, es preciso tomar en cuenta las consideraciones siguientes: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO En sesión de quince de febrero de dos mil dieciocho, se resolvió el amparo directo 585/2017, promovido por Luis Adrián García Ramírez, por propio derecho, donde se otorgó la protección constitucional para los efectos siguientes: ".. a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; b) Dicte otra en la cual, al resolver los agravios expuestos por la autoridad demandada, atendiendo a la línea argumentativa de esta ejecutoria, determine que en el juicio no quedó plenamente acreditado que la causa que motivó la incapacidad del quejoso para prestar el servicio público, se originó antes de su último ingreso al servicio. Aspecto sobre el cual deberá pronunciarse en forma preferente, toda vez que es el que mayor beneficio genera al quejoso, ya que llevaría a desestimar la razón que sirvió de base a la autoridad demandada para negar la pensión por inhabilitación y el análisis de ese específico tema haría innecesario el estudio de algún otro motivo de inconformidad. c) Como consecuencia, la responsable deberá confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la invalidez de la resolución con número de folio CP/26884/16 que ordenó a la Presidenta del Comité de Pensiones y al Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, a emitir una nueva resolución en la que determine que Luis Adrián García Ramírez sí tiene derecho a una pensión por inhabilitación total del servidor público por causas ajenas al servicio." (foja 140 vuelta y 141 ídem). ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO En relación con el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable remitió el oficio número TJA/SGA/5041/2018 de trece de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual exhibió la copia certificada de la sentencia dictada el doce del citado mes y año en el recurso de revisión 425/2017 (fojas 163 a 182 ídem), de la cual se advierte lo siguiente: Que en el considerando quinto, la resolutora dejó insubsistente la sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada en el referido recurso de revisión; por ende, se tiene por cumplido el inciso a), de la ejecutoria federal. Que en el considerando sexto, analizó los argumentos de los agravios propuestos por la autoridad recurrente en el recurso de revisión y los declaró infundados (fojas 176 a 181 ídem). Al efecto, la autoridad responsable, atendiendo a la línea argumentativa de la ejecutoria de amparo, concluyó esencialmente lo siguiente: Que en el juicio administrativo no quedó plenamente acreditado que la causa que motivó la incapacidad de Luis Adrián García Ramírez, para prestar el servicio público, se originó antes de su último ingreso al servicio público. Que correspondía a la autoridad demandada acreditar con los medios de convicción idóneos y suficientes, que lo asentado en el dictamen correspondía al diagnóstico del padecimiento, para así demostrar plenamente que la causa que motivó el estado de incapacidad se produjo antes del último ingreso del actor al servicio. Que contrario a lo expuesto por la autoridad recurrente, ésta no cumplió con la carga probatoria que tenía para demostrar que efectivamente la insuficiencia renal que padece el aquí quejoso, se hubiese originado o diagnosticado antes del uno de noviembre de dos mil trece, que es la fecha de su último ingreso al servicio público, por ende, no demostró que se actualizara el supuesto de restricción contenido en el último párrafo del artículo 97 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Que si el único motivo que enunció la autoridad recurrente para negar la pensión por inhabilitación no quedó demostrado, resultaban infundados los agravios formulados por dicha recurrente. En ese contexto, se tiene por cumplido el efecto precisado en el inciso b) de la sentencia constitucional. Finalmente, la autoridad responsable, en el propio considerando sexto, con fundamento en el arábigo 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, confirmó la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil diecisiete, en el juicio administrativo 11556/2016, por la magistrada de la Primera Sala Regional del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Toluca, que declaró la invalidez de la resolución contenida en el oficio CP/26884/16, la que a su vez, ordenó a la presidenta del comité de pensiones y al comité de pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a emitir una nueva resolución en la que determinaran que Luis Adrián García Ramírez, sí tiene derecho a una pensión por inhabilitación total del servicio público por causas ajenas al servicio. De lo antes narrado, se tiene por acatado el efecto señalado en el inciso c), de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, acorde al análisis efectuado a las consideraciones realizadas por la autoridad responsable en la sentencia dictada el doce de abril de dos mil dieciocho en el recurso de revisión 425/2017, se tienen por satisfechos todos los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Así las cosas, de un estudio de las aludidas constancias, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este tribunal se encuentra cumplida, sin que se advierta que exista exceso o defecto en su cumplimiento. Cierto, de la confrontación entre los efectos del fallo protector con las acciones que realizó la responsable para acatarlo, se obtiene que ésta no incurrió en defecto, dado que con su actuación atendió a todos los lineamientos establecidos por este órgano colegiado en la ejecutoria de que se trata, sin que haya omitido observar algún aspecto para los cuales se concedió la protección federal. Tampoco cometió un exceso, ya que no rebasó los límites y alcances fijados en el fallo constitucional, pues no fue más allá de lo que se ordenó en éste, es decir, su resolución se ajustó a lo estrictamente establecido en la ejecutoria de amparo. Por tales razones se afirma que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano colegiado, dado que acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria emitida por este tribunal colegiado en el presente asunto. Notifíquese y por medio de lista a la parte quejosa, de conformidad con lo ordenado en proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, así como por oficio a la autoridad responsable y terceras interesadas.Así lo proveyó y firma la magistrada Julia María del Carmen García González, presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante el licenciado Daniel Méndez Palacios, secretario de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con el que en cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto, remite copia certificada de la resolución de doce de abril de dos mil dieciocho, de la que se obtiene que: en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada en el amparo de mérito, dejó insubsistente la sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada por la sección de la sala oficiante en el recurso de revisión 268/2017; y, confirmó la resolución de diez de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la magistrada supernumeraria de la primera sala regional del referido tribunal, en el expediente del juicio administrativo 11556/2016. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista a la parte quejosa Luis Adrián García Ramírez, así como a las autoridades tercera interesadas presidente suplente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con la sentencia recibida para que en el término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, toda vez que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal al quejoso ni a los terceros interesados (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista que para tal efecto se fije en los estrados de este órgano colegiado; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguense a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 1483, con el que se remitieron los autos originales del recurso de revisión 425/2017 y del juicio administrativo 11556/2016. Ahora, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, la sección responsable informa que reasignó el expediente al magistrado Gerardo Rodrigo Lara García, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, por lo que una vez realizado lo anterior, remitirá copia certificada de ésta, con lo que acredita que la ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra en vías de cumplimiento. Finalmente, respecto a su solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en los artículos 192, último párrafo, y 193 de la Ley de Amparo, POR ÚNICA OCASIÓN se concede a la sección responsable un PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, a efecto de que dé total cumplimiento a la concesoria de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado dentro del término concedido, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA de cien Unidades de Medida y Actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, en términos del artículo 192 y el diverso 258 de la ley de la materia y, de estimarlo necesario, este órgano colegiado procederá en términos del artículo 262, fracción V, del citado ordenamiento.
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