Luis Adrián Zúñiga González

Expediente 887/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
887/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Manuel Iván López Gamiño y Otros.
  • Luis Adrián Zúñiga González y Otros.
  • Luis Adrián Zúñiga González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de ocho de diciembre del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, promovido por *******, *******, *******, ******* y *******. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto VIGÉSIMO, del invocado Acuerdo General 1/2009. Para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, glósense a los autos para que obren únicamente como constancias el oficio y anexo enviados por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, toda vez que como se desprende de los párrafos que preceden causó ejecutoria el presente juicio, y se ordenó el archivo definitivo del mismo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de diciembre de dos mil diecisiete. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 887/2017-V; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en ciudad Juárez, turnado a este juzgado de Distrito en misma fecha, *******, en su carácter de defensora particular de los quejosos *******, *******, *******, ******* y *******, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de lo resuelto en audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad. SEGUNDO. La parte quejosa manifestó que la autoridad responsable violó en su perjuicio los derechos fundamentales consignados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relató los antecedentes del caso. TERCERO. El diez de noviembre de dos mil diecisiete, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda que originó el presente juicio (fojas 20 a 22); se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete (fojas 26); se reconoció el carácter de tercero interesado a la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, la cual fue debidamente emplazada (fojas 27); y, finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos dictados por autoridad que tiene su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. Lo resuelto el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal *******, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en lo relativo a la negativa a declarar la prescripción de la acción penal ejercida en contra de los aquí quejosos *******, *******, *******, ******* y *******, por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple de marihuana, contemplado y sancionado por el numeral 477, de la Ley General de Salud. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su estudio. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se reclama al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, porque así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copias certificadas de las documentales anexas, así como los registros audiovisuales de las audiencias de formulación de imputación y lo resuelto sobre la solicitud de prescripción de la acción penal, constantes en dos discos compactos (DVD), que obran dentro de la causa penal *******, que como complemento a su informe justificado anexó la autoridad en mención (fojas 29 a 37); documentales públicas a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Misma consideración que debe prevalecer respecto a los registros audiovisuales señalados en supralíneas, consistentes en dos discos ópticos en formato de videograbación (DVD), toda vez que las videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral hechas en discos versátiles digitales, para efectos del amparo indirecto constituyen una prueba documental, que se desahoga por sí misma, al haberse remitido por la autoridad responsable para justificar su informe. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la tesis VI.2o.P.6 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, correspondiente al mes de febrero de dos mil trece, 2013, página 1529, bajo el epígrafe: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL HECHAS EN DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD). PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CONSTITUYEN UNA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE DESAHOGA POR SÍ MISMA, CUANDO SON REMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA JUSTIFICAR SU INFORME. Hasta hace algunos años el concepto de documento parecía no requerir mayor definición, pues era inmediatamente entendido como escritura -documento escrito-. No obstante, el acelerado avance científico-tecnológico ha generado una gran diversificación en los medios y modos de almacenar información (los cuales se han adoptado y popularizado en las sociedades modernas), evolución que ha derivado en que la equivalencia entre escritura y documento no pudiera mantenerse por más tiempo. Ejemplo de la anterior realidad es que para la implementación del nuevo procedimiento penal de corte acusatorio y oral, producto de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, los ordenamientos adjetivos surgidos a raíz de ésta han establecido que el registro de las audiencias orales no sea por escrito, sino que debe efectuarse a través de audio y video (imágenes y sonidos), lo que implica que la información captada por esos medios deba ser almacenada a través del soporte material correspondiente, para así formar parte de las constancias que integran el procedimiento. Esto es, las actuaciones en los nuevos procedimientos penales ya no se encuentran limitadas al soporte físico proporcionado por el papel, sino que, siendo finalmente datos, se están almacenando en soportes y formatos diversos (dependiendo el tipo de información de que se trate), los cuales integran las constancias del procedimiento con plena validez y eficacia legal. Siendo así, si una autoridad judicial remite como apoyo a su informe con justificación un disco versátil digital (DVD) (que es el soporte físico), que contiene la videograbación de una audiencia, lo que está haciendo es simplemente adjuntar el documento idóneo para justificar su informe, el cual tendrá pleno valor probatorio siempre y cuando esté certificado en cuanto a su autenticidad por la propia autoridad judicial (fe similar a la que se da respecto a documentos escritos), y para efectos del juicio de amparo indirecto se desahogará por sí mismo, al tener el carácter de una prueba documental. CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a dicho principio y analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañaron las autoridades responsables a su informe con justificación, no se advierte que las partes hayan invocado causal de improcedencia alguna, ni este juzgador advierte de oficio su actualización. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como requisito de la sentencia que el juzgador los transcriba para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en aquélla, pues se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sostiene lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, registro 164618, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Antes de entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado es menester precisar que, como en el caso, el juicio de amparo lo promueven los imputados, a través de su defensora, tal supuesto encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, al ser necesario se suplirá la deficiencia en la exposición de los conceptos de violación expuestos. SEXTO. DETERMINACIÓN QUE ADOPTA ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Los argumentos que expresa la defensa de los quejosos en los conceptos de violación son infundados, sin que exista deficiencia de la queja que suplir, acorde a lo dispuesto por el invocado artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Del análisis de los motivos de inconformidad planteados por la parte quejosa, destaca que hace referencia a que se transgrede en perjuicio de sus representados los numerales 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, pues el Juzgador de origen no atendió las reglas y supuestos para que opere la prescripción de la acción penal contenidos en los artículos 105, 108, 111, 115 y 119 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Así, la parte quejosa reclama la negativa del Juez de Control, a decretar la prescripción de la acción penal que se ejerció en su contra por el delito contra la salud contemplado y penalizado en el numeral 477 de la Ley General de Salud, dentro de la causa penal *******; pues a su decir, la prescripción de la acción persecutoria se interrumpe sólo con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición, como expresamente lo señala el artículo 114 del Código Penal del Estado de Chihuahua, y no con la solicitud realizada por el Representante Social al Juez de Control para formular imputación. Por lo que de manera primigenia, conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la prescripción de la acción penal supone una inactividad del Ministerio Público en relación con el derecho de persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción. Lo anterior se encuentra contenido en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLV, Segunda Parte, Materia Penal, página 64, de la Sexta Época, registro 261040, que a la letra dice: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA. Conviene distinguir, desde luego, entre la prescripción de la acción y la prescripción de la pena. La acción penal como derecho de persecución que nace cuando se ha cometido un delito, prescribe por el simple transcurso del tiempo si no se ejercita por el Ministerio Público, reclamando del órgano jurisdiccional, la declaración del derecho en el hecho que estima delictuoso y la determinación de la pena que debe aplicarse al delincuente. Consecuentemente, la prescripción de la acción supone una inactividad del Ministerio Público por todo el tiempo que la ley señala como suficiente para extinguirse por su no ejercicio o actuación de ese derecho de persecución. En cambio, la prescripción de la pena supone el incumplimiento de la sentencia y, en una pena privativa de la libertad, la fuga implica el incumplimiento de la sentencia. El fundamento de la prescripción radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo, sino también en la seguridad que todos los hombres deben tener ante el propio Estado. En consecuencia, la prescripción de la acción penal más que un beneficio para el inculpado o un derecho procedimental, es una consecuencia o sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos ante su inactividad. Ahora bien, considerando que el Estado es el representante de la sociedad organizada, corresponde a él velar por el orden social, por lo que es él también quien debe reprimir todo lo que vulnere dicho orden; por tanto, cuando se comete un hecho delictuoso surge para el Estado el derecho de perseguirlo y de reclamar la aplicación de la ley. Así, la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley; y el ejercicio de la acción penal se da cuando el Estado reclama al órgano jurisdiccional la aplicación de la ley, cuando le exige el reconocimiento de su derecho, del que tiene de acudir ante él para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. Con la finalidad de que el Estado, a través del Ministerio Público, pueda ejercer la acción penal, debe conocer e investigar el hecho respecto del cual solicitará ante el órgano jurisdiccional la aplicación de la ley, ello lo hace mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien en él participa; esa investigación se contiene en la carpeta de investigación y tiene como fin la preparación del ejercicio de la acción penal. Una vez que el Ministerio Público cuenta con datos que establecen que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, inicia el ejercicio de la acción penal, es decir, solicita al órgano jurisdiccional la aplicación de la ley en relación con ese hecho. Ahora, la prescripción de la pretensión punitiva y las penas se encuentra prevista en el Título Quinto, Capítulo Primero, que en sus artículos 92, fracción IX, 105, 106, 108, 111 y 114, del Código Penal del Estado de Chihuahua, establecen: 92. Causas de extinción La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad, se extinguen por: (.) IX. Prescripción; (.) 105. Efectos y características de la prescripción La prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. (.) 106. Prescripción de oficio o a petición de parte La resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte. 108. Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de: I. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo; II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente; III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado; IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; y V. El día en que el Ministerio Público haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia. 111. Prescripción según el tipo de pena La pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá: I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa. II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. 114. Interrupción de la prescripción La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. El plazo de prescripción volverá a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad. Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición. 115. Suspensión de la prescripción El cómputo de la prescripción se suspenderá: I. Durante el trámite de extradición internacional o con entidades federativas o el distrito federal; II. Cuando se toma un criterio de oportunidad; por la suspensión del proceso a prueba; y por formas alternativas de justicia, cuando estas medidas no extingan la acción penal; III. Por la declaración formal de que el imputado se ha sustraído a la acción de la justicia. En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder de un tiempo igual al de la prescripción de la acción; sobrevenido éste, continuará corriendo ese plazo; IV. Cuando la realización de la audiencia de debate se suspenda por causas atribuibles a la defensa, con el propósito de obstaculizar el normal desarrollo de aquella, según declaración que efectuará la autoridad judicial en resolución fundada. Desaparecida la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continuará su curso. De los numerales 92, 95 y 106 transcritos, se advierte que la prescripción es personal, extingue la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar y medidas de seguridad, bastando para ello el simple transcurso del tiempo señalado por la Ley; pudiendo decretarse de oficio o a petición de parte. A su vez, el artículo 108 refiere que los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y si son instantáneos, permanentes o continuados; el momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; y el día en que el Ministerio Público haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Asimismo, el diverso 111 prevé que la pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años, regla que se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa; y en un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. Mientras que el arábigo 114 declara que la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición; y que el plazo de prescripción volverá a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad. Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición. Además, el artículo 115 contempla los supuestos en los que el cómputo de la prescripción se suspenderá, a saber, durante el trámite de extradición internacional o con entidades federativas o el distrito federal; cuando se toma un criterio de oportunidad; por la suspensión del proceso a prueba; y por formas alternativas de justicia, cuando estas medidas no extingan la acción penal; por la declaración formal de que el imputado se ha sustraído a la acción de la justicia. En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder de un tiempo igual al de la prescripción de la acción; sobrevenido éste, continuará corriendo ese plazo; y cuando la realización de la audiencia de debate se suspenda por causas atribuibles a la defensa, con el propósito de obstaculizar el normal desarrollo de aquella, según declaración que efectuará la autoridad judicial en resolución fundada. Desaparecida la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continuará su curso. A su vez, los numerales 223 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, estatuyen: 223. Deber de persecución penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, investigará el hecho y, en su caso, promoverá la persecución penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley. (.) 274. Concepto de formulación de la imputación. La formulación de la imputación es el acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados. 275. Oportunidad para formular la imputación. El Ministerio Público deberá formular la imputación en un plazo que no podrá exceder de ocho días cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial. (.) 276. Solicitud de audiencia para la formulación de la imputación. Si el Ministerio Público deseare formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez la celebración de una audiencia, mencionando la individualización del imputado, de su defensor si lo hubiese designado, la indicación del delito que se le atribuyere, la fecha, lugar y modo de su comisión y el grado de intervención del imputado en el mismo. A esta audiencia se citará al imputado, a quien se le indicará que deberá comparecer acompañado de su defensor. Al imputado se le citará bajo el apercibimiento de que, en caso de no comparecer, se ordenará su aprehensión. 278. Efectos de la formulación de la imputación. La formulación de la imputación producirá los siguientes efectos: I. Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. II. El Ministerio Público perderá la facultad de archivar provisionalmente la investigación. De lo anterior se advierte que los referidos ordenamientos contemplan, la preparación del ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la misma; también que es el Ministerio Público quien debe, en su caso, ejercer la acción penal; por lo que podemos señalar que la persecución penal inicia cuando se pone en conocimiento del Representante Social de un hecho delictuoso, y termina con la solicitud ante el Juez de Control de solicitar audiencia para la formulación de la imputación, mientras que el ejercicio de la acción penal inicia con dicha solicitud. Ahora bien, si el ejercicio de la acción penal se inicia con la solicitud de audiencia para formular imputación, resulta incongruente considerar que ésta no interrumpe la prescripción de la acción penal, toda vez que sería tanto como estimar que el derecho prescribe mientras se ejerce. En efecto, al ser el acto de solicitud para formular imputación el inicio del ejercicio de la acción penal, no puede estimarse que tal acción se extinga al iniciar su ejercicio, pues la prescripción se da ante la inactividad (no ejercicio) del Ministerio Público respecto al derecho de persecución del cual es titular. Debe señalarse que en la preparación del ejercicio de la acción penal, la prescripción se configura por no ejercerse la acción penal y, por tanto, se interrumpe con el inicio de su ejercicio, esto es, con la solicitud para formular imputación; por tanto, en esta etapa no puede ser la aprehensión o la comparecencia del imputado ante la autoridad jurisdiccional, si en virtud de la misma queda a su disposición, las que interrumpan la prescripción. Lo anterior en virtud de que es hasta la solicitud de audiencia para formular imputación, cuando inicia el ejercicio de la acción penal y, en todo caso, será a partir de que el órgano jurisdiccional considere al imputado sustraído de la acción de la justicia y ponga en conocimiento de este hecho a la Representación Social, cuando inicie el cómputo de la prescripción considerando la detención del imputado, ya que a partir de ese momento resultará imposible para la autoridad jurisdiccional continuar ejerciendo la acción penal sin detenido. Como se advierte del numeral 276 de la legislación procesal penal estatal, si el Ministerio Público deseare formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez la celebración de una audiencia, a la cual se citará al imputado, a quien se le indicará que deberá comparecer acompañado de su defensor, bajo el apercibimiento de que, en caso de no comparecer, se ordenará su aprehensión, razón por la cual antes del ejercicio de la acción penal no puede interrumpirse la prescripción con la aprehensión o la comparecencia ante la autoridad jurisdiccional; y tal situación demuestra que el artículo 114 del Código Penal del Estado de Chihuahua, no está referido a la etapa anterior al ejercicio de la acción penal. Por lo que al constituirse la prescripción ante la inactividad del Ministerio Público respecto al derecho de persecución del cual es titular, resulta evidente que al ejercer acción penal está realizando actos tendentes a cumplir con su función, lo cual no puede considerarse inactividad alguna, por lo que es evidente que se interrumpe tal figura. Así las cosas, si bien el artículo 114 del Código del Código Punitivo Estatal no señala de manera expresa, como sí lo hace respecto a la aprehensión y la comparecencia ante la autoridad jurisdiccional, que el ejercicio de la acción penal interrumpe la prescripción, ello obedece a que tal precepto está referido al momento en que ya puede procederse a la detención, de conformidad con el artículo 276 de la legislación procedimental de la materia, esto es, una vez que ya se ha realizado el ejercicio de la acción penal, acto este último con el que, como quedó apuntado, inicia el ejercicio de la acción penal, el cual, si bien forma parte de la investigación inicial, lo cierto es que interrumpe la prescripción de la acción penal, pues es un acto tendente a la persecución del delito. En tales condiciones, debe concluirse que el ejercicio de la acción penal, sí interrumpe la prescripción de la acción penal, acorde a lo dispuesto en el criterio jurisprudencial 1a./J. 152/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Penal, página 84, de la Novena Época, registro 176054, del rubro y texto: ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU PRESCRIPCIÓN. Si se considera que el ejercicio de la acción penal se inicia con la consignación, resulta incongruente estimar que ésta no interrumpe la prescripción de la acción penal, toda vez que sería tanto como estimar que el derecho prescribe mientras se ejerce. En efecto, no puede estimarse que tal acción se extinga al iniciar su ejercicio, pues la prescripción se da ante la inactividad (no ejercicio) del Ministerio Público respecto al derecho de persecución del cual es titular. Así, la prescripción sólo se configurará por no ejercerse la acción penal y se interrumpirá con el inicio de su ejercicio, esto es, con la consignación. Si bien el artículo 137 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla no señala de manera expresa, como sí lo hace respecto a la aprehensión, que la consignación interrumpe la prescripción, ello obedece a que tal precepto está referido al momento en que ya puede procederse a la detención de conformidad con el artículo 109 del mismo ordenamiento legal, esto es, una vez que ya se ha hecho la consignación, acto este último con el que, como quedó apuntado, inicia el ejercicio de la acción penal, el cual, si bien forma parte de la averiguación previa, lo cierto es que interrumpe la prescripción de la acción penal, pues es un acto tendente a la persecución del delito. Criterio que ha sido reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2010, de la Novena Época, registro 164446, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, Materia Penal, página 131, que reza: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. NO OPERA CUANDO EL INCULPADO ESTÁ GOZANDO DEL BENEFICIO DE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la prescripción de la acción penal no opera cuando el procesado se encuentra subjúdice, es decir, a disposición de la autoridad instructora, como es el caso en el que el acusado está disfrutando de la libertad caucional, pues la condición indispensable para que aquélla opere, es la imposibilidad que para el ejercicio de la acción penal opone la sustracción del acusado a la justicia que, unida al olvido del acto antijurídico consecutivo al transcurso del tiempo, se traduce en la exigencia social de confirmar la situación jurídica de los individuos en la remisión de sus infracciones; sin embargo, al estar disfrutando de tal beneficio, el inculpado no deja de estar sometido a la acción de las autoridades. Por tanto, la prescripción de la acción penal no opera en un proceso en el que se concedió la libertad provisional bajo caución al inculpado, porque en su situación se encuentra restringida su libertad, restricción que continúa viva y produciendo efectos mientras se pronuncia la sentencia definitiva, ya que el beneficio de dicha libertad caucional tiene el efecto de que los acusados no sean recluidos en los centros de readaptación, quedando sujetos a la potestad judicial por lo que al no practicarse diligencias en el proceso, no significa que corra el plazo de la prescripción de la acción penal porque ésta opera, como se dijo, cuando el acusado se sustrae de la justicia. Máxime que este Alto Tribunal ha sostenido que la consignación interrumpe la prescripción de la acción penal, pues si el ejercicio de ésta inicia con la consignación, resulta incongruente estimar que ésta no interrumpe la prescripción de la acción penal, toda vez que sería tanto como considerar que el derecho prescribe mientras se ejerce. (el subrayado es nuestro) Así como en la jurisprudencia 1a./J. 68/2015 (10a.), de la Décima Época, registro 2010475, a consultar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia Penal, página 778, que a la letra dice: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA DE PARTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y OAXACA). Los artículos 79 y 124 de los Códigos Penales para los Estados de Quintana Roo y Oaxaca disponen, en términos similares, que la acción penal en los delitos perseguibles a instancia de parte prescribe en un año, contado a partir de que la parte afectada tiene conocimiento del delito y en tres años fuera de esa hipótesis. De dichos numerales también se advierte que, una vez satisfecho el requisito de la querella, así como el ejercicio de la acción penal, se deben observar las reglas señaladas por la ley para los ilícitos penales que se persiguen de oficio, lo cual es acorde con lo establecido por esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 54/2009, (1) de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA, SÓLO SON APLICABLES LAS REGLAS GENERALES PREVISTAS PARA LOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO SI SE INTERRUMPIÓ EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN Y, MEDIANDO QUERELLA, SE CONSIGNÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).". Pues bien, a juicio de esta Sala, lo anterior no significa que únicamente la consignación de la averiguación previa interrumpe la prescripción. La formulación de la querella dentro del término de un año también la interrumpe, pues no es lógico estimar que un derecho prescribe mientras se ejerce y que el plazo relativo continúa su curso si el afectado ya hizo valer su derecho a que el Estado investigue una conducta delictiva. Por ende, una vez que la víctima acude a excitar al órgano ministerial, el término inicia nuevamente. (lo subrayado es nuestro). Ahora bien, a fin de dar contestación a los conceptos de violación plasmados por la parte quejosa, se precisa transcribir los antecedentes del caso que se extraen de las constancias que conforman este juicio de amparo: 1. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, aproximadamente a las veintidós horas con doce minutos, en el cruce de las calles *******, elementos de la Policía Estatal Única División Preventiva, realizaron la detención de *******, *******, *******, ******* y *******; a quienes se les encontró en su poder, de manera personal, el estupefaciente denominado marihuana con peso neto de *******, *******, *******, ******* y *******, respectivamente. Por lo que el Ministerio Público encuadro su conducta en lo previsto por el artículo 477 de la Ley General de Salud, que sanciona el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de marihuana (disco 1 - 10:41:04). 2. El uno de junio de dos mil diecisiete, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, recibió solicitud por parte del Ministerio Público para formular imputación en contra de los justiciables, señalando para tal efecto las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, ello atendiendo a la logística de programación de audiencias; sin embargo, previo a ello, dicha diligencia fue diferida para el veinte de septiembre del mismo año (disco 1 - 10:35:11). 3. El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, la defensora particular de los quejosos, mediante escrito y en audiencia pública, solicitó al Juez de origen se decretara la prescripción de la acción penal ejercida por la Representación Social en favor de sus defensos, pues a esa data habían transcurrido los tres años que refiere la legislación penal estatal; solicitud que fue denegada por el Tribunal de Control, bajo el siguiente argumento: ".el derecho no prescribe mientras se ejerce, y a esto me refiero, en el sentido de que finalmente en relación a la solicitud que ha planteado la Representación Social el día uno de junio de dos mil diecisiete, debo decir que efectivamente, ante ello, hizo valer ese derecho, esa intención de ejercitar acción penal en relación a los hoy imputados, y finalmente precisamente ha sido el argumento central que se ha destacado en amplías resoluciones por este Tribunal así por el Tribunal de Alzada, que efectivamente de dichas determinaciones se encuentra al análisis constitucional precisamente para efecto de enmendar ese criterio o finalmente continuar con el mismo, en tal sentido, debo decir que este Tribunal de Control ha sostenido este criterio y finalmente es el que se sostiene en este momento, virtud de lo anterior es que se determina el no declarar el sobreseimiento de la presente causa en razón a la prescripción de la acción penal, virtud de que efectivamente se arriba a ese mismo criterio, en razón de que el derecho, específicamente la intención de ejercer acción penal en contra de los hoy imputados como ocurrió el día veinte de septiembre de dos mil diecisiete, evidentemente devenida de la solicitud planteada el día uno de junio de dos mil diecisiete, por lo cual evidentemente se encontraba dentro de los parámetros que establece precisamente en relación a un análisis aritmético del término de la prescripción punitiva en relación a la fecha en que ocurrieron los hechos el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, entonces, claro está que se encontraba al menos dentro del término dicha solicitud, en razón de ello, evidentemente, la propia defensa podrá realizar las recusaciones correspondientes, interponer los recursos correspondientes, y finalmente se determine la constitucionalidad de este acto procesal." (fojas 33; disco 2 - 10:47:55). Con lo plasmado, la parte quejosa alega que la acción persecutoria ejercida en su contra dentro del proceso natural se encuentra prescrita, puesto que el delito contra la salud contemplado y penalizado por el numeral 477 de la Ley General de Salud, es de consumación instantánea y se sanciona con una pena privativa de libertad de diez meses a tres años de prisión; por tanto, dicho plazo se cumplió el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, toda vez que los hechos delictivos que le son imputados acontecieron el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, y comparecieron ante el Juez de la causa el veinte del mismo mes y año, con motivo de la solicitud de la Representación Social para formular imputación en su contra, por lo que desde aquella fecha habían transcurrido tres años y dos días, término que excede el plazo señalado en la fracción I, del numeral 111 del citado código punitivo, esto es, tres años. Argumento que resulta infundado, puesto que el delito previsto y sancionado por el numeral 477 de la Ley General de Salud, establece: 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. Dicho injusto es de los llamados permanentes, cuya consumación de acuerdo a lo establecido por la fracción II, del artículo 17, del Código Penal Estatal, se prolonga en el tiempo, lo que es evidente, acontece en la especie; es decir, se actualiza la consumación del injusto de posesión del narcótico afecto, cuando el activo tiene físicamente el estupefaciente o bien dentro de su radio de acción material e inmediata disponibilidad, cuya consumación se prolonga en el tiempo. Por tanto, debe tomarse en consideración lo previsto en los numerales 108 y 111 del Código Punitivo Estatal, los cuales prevén que el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos, en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contará a partir del momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente; y que la pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Lo que lleva a concluir que el término aritmético para que prescriba la acción penal, es de tres años; y al tomarse en cuenta la fecha en que ocurrió el evento delictivo (18 septiembre 2014); y la data en la que la agente del Ministerio Público ejerció acción penal ante el Juez de Control, solicitando se fijara fecha para formular imputación en contra de la parte quejosa (01 junio 2017); es dable concluir, que transcurrió un plazo de dos años, ocho meses y quince días, por ende, no se encuentra en el supuesto de prescripción, que en el caso sería de tres años. Pues si bien es cierto que la legislación sustantiva penal para esta entidad federativa solamente considera de manera expresa que la aprehensión del justiciable o su comparecencia ante la autoridad jurisdiccional cuando queda a su disposición, interrumpe la prescripción, también es verdad que el ejercicio de la acción penal que realice el fiscal del conocimiento igualmente tiene tal efecto, puesto que no puede considerarse que un derecho se extinga durante su ejercicio; tal y como ha quedado precisado en párrafos precedentes. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por los peticionarios de derechos fundamentales, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA, en contra del acto atribuido al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 79 y 124 de la Ley de Amparo en vigor; se, R E S U E L V E : ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, *******, *******, ******* y *******, por las razones especificadas en el último considerando. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el documento y los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante el Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx. Doy fe. GMA

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINCUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el documento y los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.

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