Luis Adrian Sanchez Rodriguez
Expediente 643/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Adrian Sanchez Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés, por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia En la sentencia de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, al quejoso Luis Adrián Sánchez Rodríguez, para efecto de que la Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Bravos, en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el Juicio Oral Ordinario 1224/2022, desde la diligencia de emplazamiento y su cita de espera previa, hasta la última actuación ahí practicada; en el entendido que únicamente quedará subsistente el acuerdo en que se admitió a trámite la demanda. Lo anterior, en el entendido de que también deberán quedar insubsistentes todas las consecuencias legales que derivaron de la práctica del emplazamiento, incluyendo la sentencia definitiva de veinticinco de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Bravos, en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a esta juzgadora, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias respectivas. Apercibimiento Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, por lo que Se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Informa transición a expediente electrónico Finalmente, atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 643/2023-VI, promovido por ************, contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el mismo día, ************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad, residentes en esta ciudad. Segundo. Derechos que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 643/2022-VI, se previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores; y una vez hecho lo anterior, el treinta de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: 1.- Al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: Todo lo actuado en el juicio oral ordinario ************/2022, promovido por ************, en contra de ************ y otros. 2.- A los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos y Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: El emplazamiento al citado juicio oral ordinario. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados; adjuntando el juez de origen para tal efecto copia certificada de todo lo actuado en el juicio oral ordinario ************/2022, promovido por ************, en contra de ************ y otros. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por lo tanto, la existencia de los actos reclamados está fehacientemente demostrada. Cuarto. Procedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Ahora, las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna diversa, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso. Quinto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan fundados. En atención a la naturaleza del acto reclamado, debe precisarse que en el artículo 14 Constitucional, se establece que para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, en cualquier procedimiento seguido en contra de un particular, se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. En atención a la naturaleza del acto reclamado, debe precisarse que en el artículo 14 Constitucional, se establece que para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, en cualquier procedimiento seguido en contra de un particular, se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De este modo, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. De ahí que la falta o el defectuoso emplazamiento al juicio natural constituya la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que al demandado se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión. El criterio mencionado, se publicó en la página 133, del tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con el número de registro 200234 P./J.47/95 del Pleno, cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Por ello, el estudio del emplazamiento debe hacerse al tenor de lo dispuesto en las normas que rigen el acto que se estima en agravio del gobernado, pues, se reitera, entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, en un debido proceso; entendiéndose por éste, como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas, estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del estado que pueda afectarlos. Por tanto, para cumplir con el mínimo requisito de respetar la garantía de audiencia en favor del gobernado, es necesario que se realice una notificación que cumpla con las formalidades establecidas en la ley; de ahí que sea evidente que si ello no se cumplió, entonces, sí existe una vulneración a los derechos fundamentales del quejoso. En efecto, la primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; en el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. Así, la trascendencia del emplazamiento ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; ya que es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. En torno a lo anterior, cabe resaltar que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que en su artículo 134, establece lo siguiente: ARTÍCULO 134. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare al demandado, cerciorado el que debe hacer la notificación que el interesado tiene su domicilio en dicho lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por el notificador. Si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o empleados del interesado o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Al instructivo se agregará copia de la demanda y sus anexos, así como de la resolución que se notifica. Si en el domicilio donde debe ser notificado el demandado, no se permite por la persona encargada del lugar ingresar al actuario para practicar la diligencia, por tratarse de un fraccionamiento, parque industrial, condominio u otro lugar análogo, cerciorado el notificador que la persona física o moral buscada tiene ahí su domicilio, el actuario hará del conocimiento a la persona que impida, obstaculice u obstruya una diligencia, la obligación que tiene de permitir el desahogo de la misma, de lo contrario le hará saber el delito en el que incurre conforme al Código Penal, y, de ser necesario, hará uso de la fuerza pública, previa autorización del tribunal. El juez dará vista de lo actuado al Ministerio Público. Las demás notificaciones personales se harán al interesado, o a su representante o procurador, en el domicilio designado al efecto; y no encontrándolo el notificador, sin necesidad de nueva búsqueda, le dejará un instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido del promovente, el tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien entrega, recogiéndose la firma en la razón que se asentará del acto. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia. En tal norma se establece que si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare al demandado, cerciorado el que debe hacer la notificación que el interesado tiene su domicilio en dicho lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por el notificador. Igualmente, se dispone que si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o empleados del interesado o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias; y que al instructivo se agregará copia de la demanda y sus anexos, así como de la resolución que se notifica Asimismo, en el aludido numeral se establece que en el instructivo se deberá hacer constar la fecha y hora de entrega, el nombre y apellido del promovente, el tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien entrega, recogiéndose la firma en la razón que se asentará del acto En el caso, de los antecedentes del presente asunto se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la vía oral ordinaria civil, se admitió a trámite la demanda promovida por ************, en contra de ************ y otros; ordenándose el emplazamiento de los demandados. Ante ello, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con el objeto de llevar a cabo el emplazamiento de ************, realizó las actuaciones siguientes: "C. ************ Domicilio Calle ****** De la Colonia ****** En esta Ciudad. Sírvase Ud. esperar en este su domicilio al suscrito Oficial Notificador _________________ a las Catorce horas con Treinta minutos del día 15 quince del Mes de Diciembre del Año en Curso, para la práctica de la diligencia del ramo civil, con el apercibimiento que si no espera, se procederá conforme lo dispone la ley. Cd. Juárez, Chih. a 14 de Diciembre de Año Dos mil Veintidós. Recibió ************ Y DIJO SER SU ESPOSA" "En ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las catorce horas con treinta minutos del día 15 quince del mes de Diciembre del años dos mil veintidós, el (la) suscrito (a) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor Daniel Quintero Robles adscrito (a) a la Unidad de Notificación y Ejecución de este Distrito Judicial al Bravos, hago constar que me constituí en el domiclio señalado en autos sito en calle ******* cinco mil quinientos treinta de la colonia La Cuesta, de esta ciudad, en busca del (la) C. **********, y cerciorado (a) de que el domicilio en el cual se actúa es el correcto en virtud de la nomenclatura existente en el exterior del inmueble; y, en este domicilio en donde vive, y no encontrándole no obstante la cita de espera que le deje para este día y hora con la C. ************, quien dijo ser su esposa y encontrándose de nueva cuenta a la citada señora quien dice es su esposa y encontrando de nueva cuenta a quien dice quien se identifica con credencial para votar clave de elector ********** expedida a su favor y por instructivo procedo a notificarle en forma íntegra el auto de fecha 29 veintinueve de noviembre del año dos mil veintidós y con los documentos descritos en el capítulo de pruebas, la demanda, sus anexos y el auto que le notifica, todo en un total de 28 veintiocho fojas selladas y cotejadas que son las copias simples de ley exhibidas córrase traslado a la demandada para que dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a partir del día siguiente de la notificación se presenten a este juzgado a contestar la demanda entablada en su contra y a oponer las excepciones si las tuviere, apercibido que de no hacerlo se le tendra por confesos presuntamente de los hechos de la demanda que dejaren de contestar. ." Asimismo, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en la copia del auto dictado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, asentó la leyenda siguiente: INSTRUCTIVO C. ****** DOMICLIO: CALLE ******** EN EL EXPEDIENTE NUMERO ************/22, RELATIVO AL JUCIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR EL C. ********* EN CONTRA DE USTED Y OTROI, ANTE EL JUZGADO QUINTO CIVIL POR AUDIENCIA SE DICTO UN ACUERDO Y DICE: . LO QUE NOTIFICO A USTED POR MEDIO EN SU DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS Y DIJO CON SU ESPOSA SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. EL SUSCRITO OFICIAL NOTIFICADOR Y MINISTRO EJECUTOR ADSCRITO A LA UNIDAD DE NOTIFICADOR Y EJECUCIÓN DEL DISTRITO BRAVOS. DOY FE. .. Al respecto, es oportuno precisar que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos al llevar a cabo las diligencias de emplazamiento y notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; y, por tanto, sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario. Sin embargo, de la copia certificada del "Acta de Matrimonio", expedida el quince de junio de dos mil veintitrés, por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Chihuahua, anexa al escrito inicial de demanda, se desprende el registro del matrimonio entre ************y ************, bajo el régimen de sociedad conyugal, de veintiuno de octubre de dos mil quince. Constancia que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por tanto, de la prueba documental pública, ofrecida por el quejoso, se advierte que ********, persona con la cual el Oficial Notificador, entendió las diligencias de citación y emplazamiento por medio de instructivo, de catorce y quince de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente; es la esposa de Juan Carlos Domínguez Ramos, y no del quejoso ************. Además, de las constancias previamente analizadas se desprende que el oficial notificador no dio cabal cumplimiento a lo señalado por el artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua; lo anterior, toda vez que el notificador al constituirse en el domicilio proporcionado en autos, en busca del demandado, no asentó con suficiencia las circunstancias y medios que le sirvieron de comprobación de haber acudido al domicilio del demandado; pues únicamente asentó que cerciorado de que el domicilio en el cual actuaba era el domicilio correcto, en virtud de la nomenclatura que aparecía en el exterior del inmueble (establecido así en el formato impreso) Por tanto, el solo señalamiento de que se trataba del domicilio del demandado porque así se aparecía en la nomenclatura exterior del inmueble, en el caso, es insuficiente para tener por satisfecho el referido requisito de validez, toda vez que el funcionario que realice el emplazamiento tiene la obligación de asentar en el acta respectiva el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó efectivamente fue el señalado para ese fin, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión; y no respaldar dicha afirmación en el dicho de un individuo que encontró en el lugar; ante la posibilidad de una suplantación de persona, por lo que dicha manifestación podría corroborar que es el domicilio correcto, solo si hubo un cercioramiento previo, lo que en el caso no se cumplió a cabalidad. Máxime que el correcto cumplimiento de la obligación de que dicho funcionario se constituya en el domicilio señalado en autos, se encuentra lógica y jurídicamente implícito en la finalidad del emplazamiento, pues su omisión o incorrecta verificación es la violación procesal de mayor magnitud y carácter más grave, en tanto origina la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el funcionario que realice el emplazamiento tiene la obligación de asentar en el acta respectiva el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó efectivamente fue el señalado para ese fin, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión pues, de lo contrario, el llamamiento a juicio es ilegal y, por ende, violatorio de garantías Por ello, se insiste no es bastante el cercioramiento que efectúa el actuario acerca de que el domicilio en que practica el emplazamiento es el del demandado, si tal constatación la realiza apoyándose únicamente en la nomenclatura exterior del inmueble. Lo anterior, en virtud de que es necesario que, con los atributos propios de su autoridad, se asegure mediante otros datos que tenga a su alcance, de la efectividad de la designación del domicilio de que se trata, esto es, debe cerciorarse que está en el domicilio correcto y, además que la persona a quien pretende llamar a juicio, tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. Máxime que se ordenó emplazar al demandado en la calle *******, domicilio contiguo del cual se demandaba la prescripción positiva, ubicado en la calle *********, ambos en la colonia La ****, en esta ciudad. Además, no soslaya la circunstancia de que en el juicio de origen, en el escrito inicial de demanda, el tercero en esta instancia, ofreciera el testimonio precisamente de ************, vecina del actor (poseedor); persona con la cual el Oficial Notificador entendió la diligencia de emplazamiento del demandado. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/319, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página: 1777, cuyo rubro indica lo siguiente: EMPLAZAMIENTO. ES ILEGAL SI EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA NO ASIENTA EN EL ACTA RESPECTIVA EL CERCIORAMIENTO DE QUE EL DOMICILIO EN EL QUE SE CONSTITUYE ES EL SEÑALADO PARA TAL EFECTO, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE QUE SE VALIÓ PARA ARRIBAR A ESA CONCLUSIÓN (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Los artículos 309, fracción I, 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles establecen las reglas y la prelación de actos a los que habrá de ceñirse el funcionario que practique el emplazamiento a juicio, y si bien es cierto que dichos preceptos no disponen expresamente que aquél deba cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó es el designado por el actor para tal efecto, pues en ellos sólo se prevé que "Las notificaciones personales se harán al interesado ... en la casa designada ..."; también lo es que la expresión "casa designada", que se repite en los dos últimos numerales mencionados, implícitamente impone la obligación de efectuar el referido cercioramiento, en tanto lo acota como un presupuesto lógico-jurídico indispensable. Máxime que el correcto cumplimiento de la obligación de que dicho funcionario se constituya en el domicilio señalado en autos, se encuentra lógica y jurídicamente implícito en la finalidad del emplazamiento, pues su omisión o incorrecta verificación es la violación procesal de mayor magnitud y carácter más grave, en tanto origina la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el funcionario que realice el emplazamiento tiene la obligación de asentar en el acta respectiva el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó efectivamente fue el señalado para ese fin, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión pues, de lo contrario, el llamamiento a juicio es ilegal y, por ende, violatorio de garantías. Así como en lo conducente, la diversa Jurisprudencia III.T. J/19, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998 página: 982, de rubro: EMPLAZAMIENTO, CERCIORAMIENTO DEFICIENTE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO. No es bastante el cercioramiento que efectúa el actuario acerca de que el domicilio en que practica el emplazamiento es el del demandado, si tal constatación la realiza apoyándose en que ese es el que proporcionó el actor y porque tiene a la vista la nomenclatura y número exterior visible de la finca en que actúa, puesto que, para ese fin, es necesario que, con los atributos propios de su autoridad, se asegure mediante otros datos que tenga a su alcance, de la efectividad de la designación del domicilio de que se trata, esto es, debe cerciorarse que a quien pretende llamar a juicio, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; por tanto, si el emplazamiento adolece de los requisitos formales mencionados, resulta ilegal. En esas condiciones, si el quejoso aporto una documental pública, consistente en el acta de matrimonio de ************ y ***********, para demostrar que en el juicio seguido en su contra, y del cual emanan los actos reclamados, no fue emplazado en los términos expuestos en el citatorio de catorce de diciembre de dos mil veintidós y la diligencia de quince de diciembre de esa anualidad; además, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, omitió asentar con suficiencia las circunstancias y medios que le sirvieron de comprobación de haber acudido al domicilio del demandado, se desvirtúa lo asentado por el diligenciario que practicó el emplazamiento. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, página 886, que dice: EMPLAZAMIENTO, PRUEBA DE SU ILEGALIDAD. La fe pública que la ley otorga a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, puede ser destruida mediante prueba en contrario. Por tanto, si el quejoso rindió prueba testimonial parfa demostrar que en el juicio seguido en su contra, y del cual emanan los actos reclamados, no fue emplazado en el lugar de su residencia, el Juez de Distrito obró legalmente si consideró que esta prueba, que satisfacía los requisitos de los artículos 214 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, desvirtuaba lo asentado por el diligenciario que practicó el emplazamiento, por referirse las declaraciones de testigos a hechos y no propiamente a apreciaciones, como lo es la hecha por el diligenciario, en el sentido de que se cercioró de que el domicilio de la demandada era el señalado por el actor, sin indicar de qué elementos se valió para ello. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, página 886, que dice: EMPLAZAMIENTO, PRUEBA DE SU ILEGALIDAD. La fe pública que la ley otorga a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, puede ser destruida mediante prueba en contrario. Por tanto, si el quejoso rindió prueba testimonial parfa demostrar que en el juicio seguido en su contra, y del cual emanan los actos reclamados, no fue emplazado en el lugar de su residencia, el Juez de Distrito obró legalmente si consideró que esta prueba, que satisfacía los requisitos de los artículos 214 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, desvirtuaba lo asentado por el diligenciario que practicó el emplazamiento, por referirse las declaraciones de testigos a hechos y no propiamente a apreciaciones, como lo es la hecha por el diligenciario, en el sentido de que se cercioró de que el domicilio de la demandada era el señalado por el actor, sin indicar de qué elementos se valió para ello. Corolario de lo anterior, ante lo fundado de los conceptos de violación, deberá concederse la protección constitucional solicitada por ************, para que la Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Bravos, residente en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el Juicio Oral Ordinario ************/2022, desde la diligencia de emplazamiento y su cita de espera previa, hasta la última actuación ahí practicada; en el entendido que únicamente quedará subsistente el acuerdo en que se admitió a trámite la demanda. Lo anterior, en el entendido de que también deberán quedar insubsistentes todas las consecuencias legales que derivaron de la práctica del emplazamiento, incluyendo la sentencia definitiva de veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes primero de diciembre de dos mil diecisiete, materia común, del siguiente tenor: EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Asimismo, deviene innecesario analizar los diversos actos reclamados y conceptos de violación, en virtud de los efectos del fallo protector. Orienta la anterior consideración, la Jurisprudencia VI.2o. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 210777, consultable en la página 83, número 80, Agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre estos." Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 73, 74, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ************, para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez, hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarse a cabo, toda vez que a la fecha no se ha emplazado a juicio a la parte tercero interesada *******. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas con treinta minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DEL ACUERDO ADMISORIO Y DIVERSO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 643/2023-VI. Análisis de la demanda A efecto de proveer respecto a la admisión de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. La finalidad de la disposición anterior consiste en esclarecer o aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal. Por medio de ella, el legislador busca que el juzgador pueda conocer con certeza la pretensión del quejoso y, así, que esté en posibilidad de resolver lo que en derecho proceda acerca de la misma. En esa tesitura, debe considerarse que dicha disposición resulta aplicable cuando la demanda presentada satisface los requisitos mínimos necesarios para ser considerada como una demanda básicamente viable, de manera que sólo requiera la aclaración de oscuridades u omisiones formales o de naturaleza secundaria o relativas a omisiones que en alguna forma resulten excusables. Así, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: a) Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera; b) Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, o, c) Imprecisión del acto reclamado, así como la omisión de exhibir las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. En el caso, la parte quejosa acude a esta instancia reclamando lo siguiente: [.] IV.- ACTO RECLAMADO. - 1. De la autoridad señalada como autoridad responsable en su carácter de ordenadora y ejecutora, se reclama la admisión de un juicio de prescripción con un documento base de la acción ilegitimo, convalidación de una simulación de emplazamiento ilegitimo, mismo que cuenta con deficiencias y violaciones procesales; por último, la tramitación de un juicio incumpliendo y trasgrediendo los principios procesales de este y dictando una sentencia dentro del mismo, dejando en un total estado de indefensión al suscrito. 2. De esa misma manera se reclama a la autoridad responsable todo acto de continuación de juicio derivado de todo lo actuado dentro el expediente ******* radicado dentro del Juzgado Quinto Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos. 3.- A la autoridad en su carácter de ejecutora exclusivamente, se reclama la realización de un emplazamiento a juicio, sin cumplir con los requisitos esenciales necesarios, omitiendo el llamamiento a juicio al suscrito en su domicilio particular y simular la recepción y entrega de traslado a una persona totalmente desconocida para el hoy quejoso. [.] Sin embargo, únicamente señala como autoridades responsables a las siguientes: [.] A). AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: El JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con domicilio en los edificios del Gobierno del Estado ubicados en Eje Vial Juan Gabriel y Calle Aserraderos de la Colonia San Antonio, en esta ciudad. B). AUTORIDAD EJECUTORA: El JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS y CENTRAL DEACTUARIOS ADSCRITA AL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, ambos con domicilio en los edificios del Gobierno del Estado ubicados en Eje Vial Juan Gabriel y Calle Aserraderos de la Colonia San Antonio, en esta ciudad. [.] Esto es, la parte quejosa pese a que reclama el emplazamiento al juicio de origen, no señaló como autoridad responsable al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos. Prevención, plazo para su cumplimiento y apercibimiento Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, con copias suficientes del escrito aclaratorio, manifieste con precisión si es su deseo o no señalar como autoridad responsable al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, y de ser así, remita las copias necesarias para la correcta integración. Lo anterior, bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a la referida prevención dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se tendrá por no presentada la demanda. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, tomo I, página 687, Décima Época, con número de registro 2006096, del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizados en términos amplios a los licenciados ******* y ******* toda vez que se encontraron registrados en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la legislación de la materia, se autoriza al resto de las personas que indica, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a la parte quejosa que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde el Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. En otro orden de ideas, del informe y constancias remitidas que se atienden en el presente acuerdo, se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a **********, le reviste el carácter de tercero interesado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, se comisiona al o la Actuaria Judicial de la adscripción, a fin de que, realice el emplazamiento de **********, en el domicilio ubicado en **********. A fin de lograr lo anterior, deberá correrle traslado con la demanda de amparo, auto admisorio de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, así como este proveído que se dicta. Asimismo, deberá hacer de su conocimiento que se señalaron las diez horas con diez minutos del uno de septiembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte tercero interesada Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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