Luis Adelfo Mirón Jiménez
Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 48 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Adelfo Mirón Jiménez
- Notario Publico Numero Uno del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala
- Lázaro León Hernández
- William Felipe Cruz Cervantes
- Rufina Lira Hernandez
- Enedina Gómez Fernández
- Alejandra Pérez Zempoalteca
- María Félix Báez Matlalcoatl
- Rosalia Ramírez Tellez
- Ruben Molina Rodriguez
- Alma Delia Andrade Luna
- Guadalupe Ramírez Téllez
- Antonio Carrillo Cote
- Yolanda Pérez Pérez
- Jose Guillermo Ángulo Hernández
- Fabiola Rosalía Lima Castañeda
- Argmiro Zambrano Ramos
- María Teresa Silvia Hernandez Medina
- Sandra Milena Toloza Trujillo
- Omar Vega Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio número 1972, suscrito por el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, por el que acusa recibo del diverso oficio 34390/2019 de los del índice de este juzgado, por el que se le devolvió el expediente 289/2013 generador del acto reclamado. Notifíquese.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el siete de octubre de dos mil diecinueve; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y archívese este expediente como asunto concluido. Devuélvasele al Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, devuélvasele el expediente 289/2013, que adjuntó al rendir su informe justificado, el cual obraba de la foja 46 a la 211 de los presentes autos. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por ********************; visto su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, su petición en razón de que por auto de siete de octubre del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte el presente juicio de amparo promovido por LUIS ADELFO MIRÓN JIMÉNEZ, se sigue única y exclusivamente por el acto que se le reclama Secretario de Acuerdos Non del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, consistente en la certificación realizada en el expediente 289/2013; por lo tanto, resulta improcedente. En efecto, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto reclamado consistente en la certificación la certificación realizada en el expediente 289/2013 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, por las razones que enseguida se expondrán. Los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de garantías, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esas consideraciones, a través del juicio de garantías, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Conviene tener presente que sobre la institución de autoridad para efectos del juicio de amparo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, definió el carácter de autoridad responsable. De dicha ejecutoria derivó la tesis aislada P. XXVII/97, visible en la página ciento dieciocho, Novena Época, tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y siete, de rubro: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. De ello, se advierte que la Superioridad sostuvo que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y es del tenor siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado De conformidad con las premisas legales y criterios que soportan a la causa de improcedencia invocada, se tiene que el Secretario del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, no le puede revestir el carácter de responsable, ya que si bien es cierto que entre sus atribuciones se encuentran las de realizar cómputos, certificaciones y dar fe de lo actuado; sin embargo, con tales facultades no pueden ejercitar ningún tipo de acciones decisorias y ejecutorias que pudieran invadir la esfera de derechos de la parte quejosa, pues el objeto de certificar equivale a dar fe o confirmar que tales resoluciones fueron efectivamente pronunciadas por aquella autoridad, toda vez que quien realmente sanciona, dicta y ordena la publicación de las actuaciones para hacerlo del conocimiento de las partes y con ello les surta efectos, lo es el juez por ser éste quien ejercita la facultad decisoria; siendo por ello que tales funciones del secretario no se encuentran comprendidas dentro de los actos de autoridad para los efectos del amparo definidos por el artículo 5, fracción II, de la ley reglamentaria del juicio de garantías; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por lo que ve a la responsable de mérito. Esto es, el Secretario en comento, al llevar a cabo las actividades comprendidas dentro de sus atribuciones, no puede crear ni extinguir derechos, ya que esta función está reservada al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala. Se acata por obligatoria, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia número VI.2o. J/95, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento ochenta y cinco, Tomo IV, abril de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, con relación con el diverso 5, fracción II, de dicho ordenamiento, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con lo previsto por la fracción V del numeral 63 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, ya que de acuerdo a lo expuesto en párrafos precedentes, desde el análisis preliminar de las constancias de autos es posible determinar la improcedencia del juicio, situación que no podría ser desvirtuada por el promovente durante el procedimiento del juicio de amparo ni en la audiencia constitucional, de ahí que no exista justificación jurídica, práctica, ni lógica para esperar la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Por lo tanto, se encuentra justificado que se sobresea el juicio antes de la audiencia constitucional, pues continuar con el trámite del asunto sería inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, para este juzgado, para la autoridad que se señala como responsable y para la parte quejosa, a quien además se le generaría una falsa expectativa de lo que en este juicio de amparo puede obtener. Por lo anterior, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia de lo anterior, se dejan sin efecto las nueve horas con seis minutos del dia dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en que tendría verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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