Lucio Moro Sánchez
Expediente 1444/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Lucio Moro Sánchez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del despacho, recibido en línea con evidencia criptográfica, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 507/2022 y de origen 497/2022, del índice de este juzgado, girado a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo; en tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Sin que resulte necesario acusar recibo del exhorto remitido por la autoridad oficiante, en virtud de que por la naturaleza de la comunicación, se genera por el propio sistema. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que en proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso se ordenó girar el oficio 38841/2022 al Director de Prestación del Servicio de Defensa Penal en la Ciudad de México, en el que se le requirió para que notifique dicho auto a Karen Fuentes Moreno, Asesora Jurídico Federal, a fin de que dentro del término de tres días acepte el cargo como representante legal de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González. En mérito de lo anterior, se realizó una búsqueda vía internet en la página del Servicio Postal Mexicano, en la liga: https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx, a fin de conocer la fecha de notificación del oficio 38841/2022 girado dentro del presente asunto, advirtiéndose que el mismo se encuentra en tránsito; de ahí la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional. Por tanto, para dar marguen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual solicita declarar ejecutoriada la sentencia de amparo. En ese sentido, se acuerda en los siguientes términos: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, en la que se determinó SOBRESEER y CONCEDER el amparo; atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes. Ahora bien, los efectos del fallo protector son los siguientes: "[.]1).- Las autoridades responsables deberán emitir una resolución, conforme a los lineamientos del este fallo, en la cual determine que como la remoción del ahora quejoso se realizó sin respetar su garantía de audiencia, se ordene a los entes públicos correspondientes: a).- El pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho. Este punto deberá realizarse en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que las autoridades responsables paguen a la parte quejosa la indemnización constitucional correspondiente (que, como mínimo, comprende el pago de 3 meses de sueldo y de 20 días por cada año laborado) y las demás prestaciones a que tenga derecho, entendiéndose esto último como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la parte quejosa por la prestación de sus servicios como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública responsable, esto desde que se decretó el cese de las funciones de procuración de justicia y hasta que se realice el atinente pago, y; b).- Que no procede su reinstalación. Debido a la restricción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, en la que se establece la prohibición absoluta de reinstalación de los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, los Estados y la Federación, cualquiera que sea el resultado del juicio, procedimiento o vía en el que se combata su separación, destitución, baja o cese. c).- Que tiene derecho a los servicios de salud, tanto el hoy quejoso, como en su caso, sus coasegurados, el cual se proporcionará hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho el servidor público. d).- La anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que este fue separado del cargo de policía o elemento de seguridad pública, de manera injustificada. Esto como parte de los efectos de la reparación integral de los derechos violados, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 897, Materias(s): Común, Administrativa de rubro siguiente: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS." Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución.[.]" Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral transcrito requiérase a las autoridades responsables, contra cuyo acto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comuniquen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la aludida ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de su aplicación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se ordena devolver al Presidenta Municipal Constitucional, el Síndico Municipal y el Director de Seguridad, todos del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, los documentos que anexaron a su informe mediante promoción con registro 12816, de los cuales se ordenó su guarda por separado en un tomo, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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