Lucy María Noguera Santamaría

Expediente 1078/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1078/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Lucy María Noguera Santamaría

Actuaciones

  1. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte quejosa a quien pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado en este juicio, en fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja al que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en tal virtud, se declara que el referido proveído, en el que se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y por tanto, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por Ingrid Alejandra Solís León, apoderada legal de la quejosa Lucy María Noguera Santamaría, con el cual da cumplimiento a la prevención que se le hiciera en proveído de uno de los corrientes; en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento que se hizo en dicho acuerdo. En virtud de lo anterior, se tiene a Ingrid Alejandra Solís León, apoderada legal de la quejosa Lucy María Noguera Santamaría, personalidad que acredita con la copia de la carta poder en la que se le otorgó poder amplio, cumplido y bastante, para representar a la aquí quejosa. En consecuencia, toda vez que con el ocurso que se provee, la impetrante del amparo dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de uno de los corrientes, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a Ingrid Alejandra Solís León, apoderada legal de la quejosa Lucy María Noguera Santamaría, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la resolución de veintinueve de agosto del presente año, relativa a la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la aquí quejosa, en autos del juicio laboral 249/2015. Por lo que, SE ACUERDA: en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este órgano jurisdiccional se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se desprende que respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento laboral, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, de acuerdo al inciso b, de la fracción III, del artículo 107 constitucional, o que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como cuando afecten a personas extrañas al juicio. En efecto, conforme a la aludida ley de la materia, el amparo indirecto respecto de actos dentro de juicio, sólo procede en los siguientes casos de excepción: a). Cuando se trate de actos cuya ejecución sean de imposible reparación y, b) Cuando afecten a personas extrañas al juicio. Así pues, debe establecerse una interpretación congruente con el texto constitucional, de lo que debe entenderse por actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. En cuanto al tema que se aborda, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos previstos en la Carta Magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Es aplicable al caso la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone literalmente lo siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En estos casos, (los de excepción) la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En efecto, los actos de naturaleza adjetiva, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino que tan sólo hacen la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ante todo, se debe destacar que la Ley de Amparo, en su artículo 172, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, y que afectan las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva, mediante el juicio de amparo directo. Sentado lo anterior, se tiene que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la resolución de veintinueve de agosto del presente año, relativa a la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la aquí quejosa, en autos del juicio laboral 249/2015. De lo anterior, resulta claro que el acto reclamado en el caso, no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, porque no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la parte quejosa. Lo anterior es así, puesto que si se reclama la ilegalidad de la resolución de veintinueve de agosto del presente año, relativa a la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la aquí quejosa, en autos del juicio laboral 249/2015, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la parte promovente, ya que a través del citado acto no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, los cuales pueden ser reparados a través de una resolución favorable en el procedimiento laboral respectivo y, en caso de no ser así, el mismo podría ser impugnado en amparo directo como violación procesal, conforme a lo establecido por los artículos 171 y 172, fracción XII y 174, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.1o.28 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la foja 768, del Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No. Registro: 201,562, que precisa: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Ingrid Alejandra Solís León, apoderada legal de la quejosa Lucy María Noguera Santamaría, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, se tiene a Ingrid Alejandra Solís León, quien se ostenta apoderada de María Noguera Santamaría, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, fórmese expediente, regístrese con el número 1078/2017-IV-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 fracciones I y III, y 108, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: Acredite con documento fehaciente que efectivamente tiene el carácter de apoderada legal de María Noguera Santamaría, con el que promueve el presente juicio de amparo, en virtud de que omitió justificar tal extremo. En ese sentido, es menester destacar que la fracción I del numeral 108 de la Ley de Amparo, impone al peticionario del juicio, la obligación de acreditar la representación con la que se ostenta, a fin de que el juzgador de amparo, se encuentre en aptitud de proveer en forma adecuada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primer y Tercer Circuitos respectivamente y el Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del tomo IV, del mes de julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." De igual manera, hágase saber a la parte promovente, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda y anexos, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Lo anterior, toda vez que el acreditamiento pleno de la personalidad es requisito de la demanda que debe quedar satisfecho desde su presentación, en su caso, por lo que el documento con el que se satisface esa carga probatoria es parte integrante de la demanda y, por tanto, la parte quejosa está obligada a exhibir además de las copias de la demanda, las copias del documento o documentos que acrediten la representación de quien promueve a su nombre para que se les entregue a las demás partes en el juicio. Ello persigue el doble propósito que tiene el establecimiento de los requisitos de la demanda, entre ellos, que se señalen el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, que la representación quede plenamente acreditada, así como la exigencia de exhibir copias de la demanda, incluyendo las del documento o documentos con los que se satisfaga esa carga probatoria, ya que además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, facilita a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con la atribución relativa. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), con número de registro 2012992, de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la publicación de once de noviembre de dos mil dieciséis, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Se hace el apercibimiento a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se tendrá POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio y autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los que señala para tal fin en su demanda de amparo, en los términos que indica. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. Además, tal como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, así como del informe justificado y anexos que en su caso remita la autoridad responsable. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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