Lucina Isabel Alejandre Montañez
Expediente 735/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- LUCINA ISABEL ALEJANDRE MONTAÑEZ y Otros.
- Lucina Isabel Alejandre Montañez
- Marisol Alvarez Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de marzo de dos mil veintidós. *****************ADMISION DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda como en derecho procede, respecto de los actos y autoridades siguientes: DEL JUZGADO CUARTO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN KANASÍN. El auto de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 37/2021, a través del cual se impone al quejoso una multa. DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA. La ejecución de lo ordenado en el auto de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con copia autorizada del presente proveído, copia simple de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, fórmese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS; en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo que, de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, en términos del precepto 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por el similar 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 01/2022, en relación al periodo de vigencia; se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General, durante la vigencia del mismo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberá cumplir las autoridades responsables a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando el informe ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como la Circular CAP/3/2020; de tal manera que de hacerlo de manera distinta se tendrá por no rendido. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda, del escrito aclaratorio y de este proveído, para los efectos legales conducentes. TERCERO INTERESADO POR DESPACHO Por otro lado, toda vez que se advierte del escrito de demanda que de conformidad con el dispositivo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercera interesada a Miriam Georgina Canul Burgos, quien tiene su domicilio en el predio 515 "A", de la calle 67 INT, por 60 y 17, de la colonia Santa Isabel, de Kanasín, Yucatán. Por tanto, como lo establece el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva emplazar a dicha tercera interesada, entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica, del acuerdo de prevención, copia simple de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, que se envían, habilitando días y horas inhábiles para tal fin. Previniendo además a la nombrada tercera, para que dentro del término de tres días, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Exhortando a la parte tercero interesada a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que en el acuerdo de prevención, del cual se ordenó entregarle copia en el párrafos que anteceden, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del presente juicio. Asimismo, se otorga plenitud de jurisdicción al referido Juez, para el cumplimiento de lo solicitado y para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su total desahogo. Hecho lo anterior, y una vez diligenciada la encomienda, devuelva a este Juzgado el despacho de mérito, con todo lo actuado al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia con Registro: 162,965, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Enero de 2011, Tesis: 1a./J. 90/2010, Página: 448, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Apercibidas que, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, la cual equivale a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional). PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que adjuntó a su escrito de demanda, así como las referentes a las constancias que integren los presente autos; y la presuncional en su doble aspecto. En cuanto a la diversa probanza que ofrece consistente en los informes justificados y anexos que deberán remitir las autoridades responsables, se reserva acordar lo conducente, en tanto las mismas rindan sus informes de ley. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese, haciéndolo personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos incidentales para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por la autoridad responsable Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, por conducto del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Bienestar, con sede en esta ciudad. Mediante el cual, informa que en misiva 151.710.801.2022, solicitó al Dr. Carlos Gómez Montes de Oca, Coordinador del Operativo de Vacunación en el Estado de Yucatán, establecer lo procedente para proceder a la vacunación para el menor quejoso. Asimismo, manifiesta que se puso a disposición de dicha Coordinación, dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones para el cumplimiento de la medida ordenada. Al respecto, resérvese de acordar lo conducente con relación al oficio de cuenta, hasta en tanto las diversas autoridades responsables informen lo propio. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta al Juez con la circunstancia de que en relación con la autoridad señalada como responsable COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, hasta el momento de dictar la presente interlocutoria, este Juzgado Federal no tiene conocimiento de que haya presentado su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, de conformidad con la constancia respectiva que obra en autos, relativa a la entrega del oficio correspondiente. Por otra parte, se advierte que tampoco obra agregado en este cuaderno el informe previo de la autoridad foránea TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, residente en la Ciudad de México; ni tampoco obra constancia de que hubiese recibido el correspondiente oficio con el que se le solicitó. En consecuencia, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha, para el desahogo de la audiencia incidental por lo que a la citada autoridad foránea se refiere. Ello, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera del lugar de residencia de este juzgado y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. Asimismo, téngase por hecha la relación secretarial que antecede y celébrese la audiencia incidental en el presente asunto. Seguidamente, abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa acompañó al escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas dichas probanzas, en virtud de su propia naturaleza. Con ello, se declara cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución: VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 274/2022-IV-A, promovido por ADRIANA CRUZ VÁZQUEZ, representante del menor de edad quejoso JOSÉ DANIEL REYNOSO CRUZ; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, por ADRIANA CRUZ VÁZQUEZ, representante del menor de edad quejoso JOSÉ DANIEL REYNOSO CRUZ solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: 1.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2.- COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el nueve de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo conforme al acta que antecede, únicamente por la autoridad COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: a) La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2; y, b) La omisión de integrar a la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 al grupo etario del menor quejoso de 5 a 11 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto último, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo su salud. SEGUNDA. Certeza de actos. Respecto a la autoridad señalada como responsable COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, al momento de resolver el presente incidente, no se tiene conocimiento de que hubiese rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, de conformidad con la constancia respectiva, relativa a la entrega del oficio correspondiente; misma que obra en autos. Por ello, deben tenerse como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa consistente en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, atendiendo a su naturaleza se trata de un acto consumado con efectos positivos, en atención a que dicha política ya fue emitida por la autoridad responsable y ha surtido sus efectos, los cuales se traducen precisamente en la omisión de aplicarle la vacuna al menor quejoso, quien tiene cinco (5) años de edad, al no haberlo contemplado dentro de la misma. Por tanto, a efecto de realizar un adecuado estudio de la medida cautelar solicitada, resulta necesario analizar ambos actos de manera conjunta, en razón de que la aludida omisión deriva de la política nacional de vacunación, por consiguiente, esta última se analizará en función de la primera, es decir, se hará pronunciamiento en torno a la omisión de aplicar la vacuna, incluyendo aspectos relativos a la política nacional de vacunación combatida. Precisado lo anterior, es procedente CONCEDER la medida cautelar definitiva instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado determina que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Ahora bien, la promovente del amparo solicita la suspensión respecto de la omisión de las responsables de contemplar a los menores de cinco a once años, entre ellos, su menor hijo que tiene cinco (5) años de edad, en la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19, pues refiere que su exclusión de la política nacional de vacunación puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. En este contexto, es oportuno invocar como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitió el Comunicado 23/2021, mediante el cual modificó la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo contenido se encuentra publicado en la página oficial del gobierno federal, que dispone en la parte que interesa, lo siguiente: "...El biológico cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para el grupo etario de referencia. Es la primera vacuna contra COVID-19 autorizada en México para su aplicación en adolescentes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, las expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible enhttps://bit.ly/3tNfUzL. Se reitera el riesgo de aplicarse cualquier supuesta vacuna contra COVID-19 en espacios, laboratorios, hospitales y clínicas no designadas por la autoridad. Si conoce algún establecimiento que ofrezca cualquier producto que se sospeche es apócrifo o que los ofertantes lo hagan pasar como sustancia contra el virus SARS-CoV-2, usted podrá realizar la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: www.gob.mx/cofepris/accionesyprogramas/denunciassanitarias." De la transcripción anterior, se aprecia que la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, denominada Pfizer-BioNTech, en México sólo es recomendable al grupo etario mayor de los 12 años; esto es, al momento no existe un pronunciamiento de la autoridad mexicana especializada en la evaluación de los riesgos a salud, que haya definido la seguridad de la aplicación del biológico en menores de doce años, como el caso del menor quejoso, quien a la fecha tiene cinco años de edad. Sin embargo, también es un hecho notorio que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. -FDA, por sus siglas en inglés- autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; autorización que se basó en la evaluación exhaustiva de la FDA de los datos que incluyó aportes de expertos del comité asesor independiente que votaron, contundentemente, a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad. En este comunicado de la FDA de los Estados Unidos, se concluye que los beneficios de prevenir casos graves de COVID-19 con la vacuna de Pfizer generalmente superan los riesgos de los posibles efectos secundarios en ese grupo de edad. Otros aspectos relevantes en relación con la protección de este grupo etario son la posibilidad de reducir algunas complicaciones derivadas de la infección por el virus SARS-CoV-2 en niños como miocarditis o síndromes inflamatorios generalizados que, aunque son complicaciones poco frecuentes si pueden aparecer en un pequeño porcentaje de niños infectados con este virus y finalmente reducir la transmisibilidad del virus a los familiares o compañeros de escuela de estos niños. Lo anterior, además está reforzado por las recomendaciones emitidas por el Centro Para el Control de Enfermedades de los E.E.U.U. -CDC por sus siglas en inglés- y la Academia Americana de Pediatría. Además, es un hecho notorio que no sólo la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; pues el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también recomendó que se otorgue una extensión de indicación para la vacuna frente a la COVID-19, para incluir su uso en menores de cinco a once años; lo a su vez fue retomado por la Asociación Española de Pediatría. Datos que redundan en el consenso científico que existe respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna en niños de ese grupo etario de cinco a once años de edad. Más aún, el viernes veintiuno de enero de dos mil veintidós, el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) en inmunización de la OMS amplió su recomendación sobre el uso de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech con una dosis reducida, precisamente al grupo etario que comprende a los niños entre cinco y once años de edad. En el documento publicado en el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351139/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BNT162b2-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y Se observa que se hace la recomendación de la aplicación de la vacuna con dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda entre las cuatro u ocho semanas. Así las cosas, este órgano jurisdiccional advierte que la evaluación científica referida, pone en evidencia los serios riesgos y peligros por no administrar el biológico y, en contrapartida, los riesgos y contraindicaciones son de mucho menor entidad, lo que permite ponderar la razonabilidad y conveniencia de aplicar la vacuna en este grupo etario. Esto es, la evaluación ponderada de ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos, aconsejan aplicar la vacuna y no negarla, acorde a lo solicitado y respaldado por los padres en pleno ejercicio de su autonomía como responsables de la salud e integridad de sus menores hijos. Con base en lo expuesto, resulta procedente conceder la SUSPENSIÓN DEFINITIVA al menor quejoso, ya que de no hacerlo se pone en riesgo su vida, dado que esa petición se funda en la condición de peligro grave que le afecta al no recibir el esquema de vacunación anti COVID-19 de Pfizer-BioNTech, en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual derivan los presentes autos incidentales. Ello para no infligir el derecho fundamental del quejoso de acceso a una medida esencial para la prevención de la mencionada enfermedad epidémica, en términos de los artículos 4,° constitucional, 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 2°, 4° y 6° de la Convención de los Derechos del Niño y, 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, de los que México es parte. Por lo que SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, a la brevedad lleve a cabo la aplicación del esquema de vacunación en los términos anteriormente descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y de acuerdo con lo que por su edad le corresponda. Al tratarse de un menor de edad, deberá explicársele a él y a quien lo acompañe (tutora), el procedimiento de aplicación de la vacuna antes de hacerlo, así como la naturaleza y efectos secundarios que eventualmente podrían derivarse. Lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de sus padres o tutores, y previo conocimiento informado y firma que deben tener respecto de los posibles riesgos que implican la aplicación del esquema completo de la vacuna, que deben ser hechos de su conocimiento por la autoridad de salud correspondiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 136/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 61, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Registro digital: 168549, que se transcribe: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." En la inteligencia de que la autoridad responsable señalada debe acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se indican. Igualmente, no debe dejar de destacarse que en caso de encontrarse vigente la presente suspensión y durante ese lapso se llegara a precisar la hora y fecha en que se aplicaría la vacuna en esta ciudad para los menores que se encuentran dentro del rango de edad del menor quejoso, entonces la presente suspensión dejará de surtir sus efectos; ello, a fin de no crear a través de esta determinación una condición de discriminación frente a derechos del mismo grupo etario que se encuentre en las mismas condiciones para ser vacunados, lo cual es inadmisible como lo dispone el artículo 1° constitucional. CUARTO. Diferimiento de la audiencia por lo que se refiere a la autoridad foránea. Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, procede DIFERIR la audiencia incidental respecto de la autoridad foránea TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con sede en la Ciudad de México. Fijándose para tal efecto, las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva al menor JOSÉ DANIEL REYNOSO CRUZ, solicitada por conducto de su representante ADRIANA CRUZ VÁZQUEZ, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, por los motivos expuestos en la tercera consideración de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se DIFIERE la celebración de la audiencia incidental respecto de la autoridad responsable TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con sede en la Ciudad de México, señalada en la consideración cuarta, fijándose para tal efecto, las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución que en su punto resolutivo primero concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y del actuario de su adscripción, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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