Lucrecia Cue Ruiz
Expediente 1778/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1778/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lucrecia Cue Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito firmado por Lucrecia Cue Ruiz; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a la persona propuesta para ello. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1778/2016-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción; asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la JUEZA Y ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO MENOR EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE LA PRIMERA DEMARCACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE MORELOS , remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al V; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de, la sentencia de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, a la parte tercera interesada CARLOS ANTONIO MARTÍNEZ CUE Y YOLANDA ORTEGA MARTINEZ, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1778/2016-V, promovido por LUCRECIA CUE RUIZ, por propio derecho y; RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; y remitido a este juzgado de Distrito al día siguiente; LUCRECIA CUE RUIZ, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional; de quienes reclamó los actos siguientes: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye EL INFUNDADO E ILEGAL ACUERDO DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS dictado por la autoridad responsable que autoriza a practicar diligencias, notificaciones, citaciones y búsquedas CON AUXILIO DE FUERZA PUBLICA Y ROMPIMIENTO DE CERRADURAS en mi domicilio ubicado en CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA NUMERO 11-0 FRACCIONAMIENTO CUAUHNAHUAC C.P. 62430 EN ESTA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS, dirigidas a los demandados CARLOS ANTONIO MARTINEZ CUE Y YOLANDA ORTEGA MARTINEZ dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número 950/2009 radicado en la PRIMERA SECRETARIA del JUZGADO PRIMERO MENOR DE LA PRIMERA DEMARCACION TERRITORIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, en el cual la suscrita soy TOTALMENTE AJENA pues NO formo parte contendiente en él; ya que DESDE HACE VARIOS AÑOS EL DEMANDADO CARLOS ANTONIO MARTINEZ CUE DEJO DE HABITAR DICHO DOMICILIO; situación que sin lugar a dudas origina perjuicios a la suscrita, a mis posesiones y a mis derechos, originados por las mentiras y argumentaciones falsas de actuarios que por tener fe pública hacen nugatoria cualquier manifestación de los afectados contraria a su dicho, al ser su palabra contra la nuestra.". SEGUNDO. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 1778/2016-V; por lo que se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación; finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde se señala tienen ejecución los actos reclamados. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el imperante. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en lo siguiente: La orden de requerimiento de pago y/o embargo, con auxilio de fuerza publica y rompimiento de cerraduras, en el domicilio ubicado en calle Laguna de Zempoala número 11-D Fraccionamiento Cuauhnahuac, código postal 62430, Cuernavaca, Morelos, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 950/2009, emitida por la Juez Primero Menor de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y su ejecución. Precisado lo anterior, debe decirse que son ciertos tales actos reclamados, en virtud de que al rendir su informe justificado, así lo señaló la autoridad judicial responsable y se adhirió a ello la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional (fojas 58 y 59). Se corrobora lo anterior, mediante la fotocopia certificada de las constancias del juicio ejecutivo mercantil de mérito, en las que se observa en particular, la existencia del acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciséis mediante la que se ordenó la orden de ejecución combatida (foja 16 del anexo V). A dichas fotocopias certificadas se les otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un documento público, en virtud de haber sido expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. TERCERO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, respecto a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado, ELOY PORTILLO CÓRDOBA, que prevé el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, párrafo primero, del ordenamiento legal invocado en líneas precedentes, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". De las normas anteriores se advierte que el juicio de amparo debe ser instado por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado, al interpretar el artículo 4 de la Ley de Amparo abrogada, que para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. La jurisprudencia de mérito de la Novena Época; 1a. Sala; Semanario Judicial y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pág. 225, registro: 170 500, es del texto y rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Atento a lo anterior, se estima que dicha interpretación es acorde al contenido del artículo 5, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en la medida que este dispone que debe ser promovido el juicio por quien acredite "ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"; de ahí que se estime que tal interpretación del artículo 4 de la abrogada ley, no se contrapone con el texto del numeral citado en primer término; de ahí que se estime vigente el criterio jurisprudencial. Ahora, en el caso, si bien es cierto que se ha demostrado la certeza de los actos reclamados, consistentes en la orden de requerimiento de pago y/o embargo, con auxilio de fuerza publica y rompimiento de cerraduras, en el domicilio ubicado en calle Laguna de Zempoala número 11-D Fraccionamiento Cuauhnahuac, código postal 62430, Cuernavaca, Morelos, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 950/2009, emitida por la Juez Primero Menor de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y su ejecución; también lo es que no se demuestra que éstos afecten la esfera jurídica de derechos de la aquí parte quejosa. Ello, en virtud de que no ofreció documento alguno en el juicio, que sea idóneo para acreditar que es titular de la posesión y/o propiedad del bien inmueble identificado en el párrafo anterior y en el que, afirma, se ha ordenado la ejecución de un mandato de requerimiento de pago y embargo dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 950/2009, emitida por la Juez Primero Menor de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, en el que, afirma no ser parte, pero que se afectaría su domicilio y los bienes de su propiedad. En efecto, acompañó a la demanda de amparo fotocopia certificada de la credencial para votar a nombre de la quejosa (foja 17); fotocopia certificada de un carnet del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 18); dos estados de cuenta Banamex (fojas 19 y 20); y un estado de cuenta afore Banorte (foja 21). Sin embargo, por cuanto hace a la fotocopia certificada de la credencial para votar, no se le concede eficacia probatoria suficiente para acreditar que la parte demandada tiene su domicilio en calle Laguna de Zempoala número 11-D Fraccionamiento Cuauhnahuac, código postal 62430, Cuernavaca, Morelos; ni mucho menos, que sea poseedora y/o propietaria; pues es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, no se exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio de un particular, pues basta la simple manifestación del interesado; de ahí que resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 167262, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: VI.1o.C. J/26, Página: 986, con el rubro y texto siguientes: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.". Respecto a la fotocopia certificada de un carnet del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 18); dos estados de cuenta Banamex (fojas 19 y 20); y un estado de cuenta afore Banorte (foja 21); son igualmente insuficientes para acreditar que la quejosa tenga su domicilio en en calle Laguna de Zempoala número 11-D Fraccionamiento Cuauhnahuac, código postal 62430, Cuernavaca, Morelos; como también para demostrar para efectos del presente juicio, que es poseedora y/o propietaria de ese inmueble. Esto es así, porque dichos documentos no demuestran más que la quejosa registró dicho domicilio, en el caso de los estados de cuenta, para recibirlos en tal lugar, sin que ello implique, necesariamente, que la solicitante sea poseedora y/o propietaria del inmueble de que se trata; como ocurre igualmente con el carnet del Instituto Mexicano del Seguro Social, que demuestra en su caso, que registró ese domicilio ante dicha dependencia para efectos de los servicios a que tenga derecho. Es aplicable, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia de la Época: Novena Época, Registro: 186191, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Civil, Tesis: VI.3o.C. J/46, Página: 1184, del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. LA SOLICITUD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS RECIBOS POR PAGO DE ESE SERVICIO, SON INEFICACES PARA ACREDITARLA. La solicitud formulada por la quejosa para el suministro de energía eléctrica y los recibos de pago por ese servicio, aun cuando en los términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles demuestren la verdad de su contenido, porque la parte contraria no los objete; sin embargo, para efectos de la posesión constituyen un indicio que, por sí solo, sin adminicularse con otros medios de convicción, no es apto para acreditar aquélla, pues una persona puede solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que le proporcione ese servicio, sin que ello implique, necesariamente, que la solicitante sea poseedora del inmueble de que se trata. Es de señalarse que la quejosa ofreció como prueba en el presente cuaderno principal del juicio, las diligencias de inspección judicial practicadas con motivo del incidente de suspensión. Al respecto, en dicha diligencia practicada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional el veintiocho de octubre del año en curso, se puede observar que en cuanto a los puntos b) y c), relativas a la identidad de las personas que ocupan y/o habitan el domicilio de calle Lagunas de Zempoala, número 11-D, Fraccionamiento Cuauhnáhuac, de esta ciudad, estableció en el acta que era LUCRECIA CUE RUIZ, quien le manifestó: ".que se lo presta su sobrino Carlos Martínez Cue.". Ahora bien, dicha diligencia tampoco es suficiente para acreditar que la quejosa tiene interés jurídico para reclamar los actos de ejecución derivados del juicio ejecutivo mercantil de origen; puesto que en principio, dicha diligencia sólo tiene eficacia para acreditar la presencia de la quejosa en el lugar y hora en que se practicó la diligencia, pero no que se ejerce una posesión continua y en calidad de poseedora o propietaria; ya que la posesión requiere de una observación permanente, que no puede realizarse en una diligencia dada su duración tan limitada, y por ende, no puede ser justificada por una simple inspección transitoria. Sostiene el criterio anterior, la jurisprudencia de la Octava Época, Registro: 212459, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 77, Mayo de 1994, Materia(s): Civil, Tesis: VI.2o. J/272, Página: 71 POSESION. LA INSPECCION OCULAR NO ES APTA PARA PROBARLA. La inspección ocular no es suficiente para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble, puesto que su única finalidad es que el juez mismo compruebe por sus sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dicen existen, pero como la posesión requiere de una observación permanente, que no puede realizarse en una diligencia dada su duración tan limitada, no puede ser justificada por una simple inspección transitoria. De igual manera, la jurisprudencia de la Séptima Época, Registro: 394345, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 389, Página: 262, que a continuación se cita: "POSESION. PRUEBA. INSPECCION JUDICIAL NO ES BASTANTE. La prueba de inspección judicial no es bastante para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble.". En efecto, a fin de acreditar la posesión que intenta defender en el presente juicio, en su caso, la quejosa pudo ofertar prueba testimonial, porque es la idónea para demostrar la posesión material de un inmueble, porque son los testigos, quienes mediante sus sentidos han percibido la realidad del caso concreto de que se trate y pueden informar acerca de los hechos que les consten y de ahí inferir bajo qué condición se detenta un inmueble. Es aplicable la jurisprudencia de la Época: Octava Época, Registro: 209856, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 83, Noviembre de 1994, Materia(s): Civil, Tesis: I.6o.C. J/18, Página: 43, transcrita a continuación: "POSESION. LA PRUEBA TESTIMONIAL ES IDONEA PARA ACREDITARLA. La testimonial adminiculada con otros medios de prueba, es la idónea para demostrar la posesión material de un inmueble, porque son los testigos, quienes mediante sus sentidos han percibido la realidad del caso concreto de que se trate y pueden informar acerca de los hechos que les consten y de ahí inferir bajo qué condición se detenta un inmueble.". Cabe agregar que, precisamente respecto al aspecto relativo a bajo qué condición la quejosa afirmó detentar el bien inmueble de calle Laguna de Zempoala número 11-D Fraccionamiento Cuauhnahuac, código postal 62430, Cuernavaca, Morelos, en la demanda afirmó en los hechos de la demanda identificados con la letra F, que el quejoso y su esposa MARISOL MELÉNDEZ BRILANTI, le habían ofrecido la casa ubicada en dicho domicilio, porque se encontraba hipotecada a favor del BANCO BANORTE, para que la habitara y, en su caso, conviniera o negociara con dicha institución el pago y asumir los pagos mensuales y así en su momento, adquiriera la propiedad; sin embargo, como consta en el acta de la inspección, la quejosa le expresó al Actuario que habitaba el domicilio en cita porque "se lo presta su sobrino", advirtiéndose una absoluta contradicción en la causa generadora de la posesión. En ese orden de ideas, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, como es el caso, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; de manera que el quejoso tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate y no tener el carácter de simple detentador material del inmueble, en virtud de que esa no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. En esas condiciones, no debe confundirse al poseedor de un inmueble con su simple ocupante, pues mientras que el primero ejerce un poder de hecho al amparo de un título que define la calidad de su posesión, originaria o derivada; el segundo, esto es, el ocupante simplemente es la persona que habita el inmueble que carece de título, ya que depende de quien ejerce la posesión. Es aplicable la jurisprudencia Novena Época, Registro: 187733, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia(s): Civil, Tesis: P./J. 1/2002, Página: 5, del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En atención a lo anterior, es irrelevante que el tercero interesado, CARLOS ANTONIO MARTÍNEZ CUE, afirmara en sus alegatos que efectivamente él ha dejado de poseer el bien inmueble a que se ha venido haciendo referencia, y que lo posee la quejosa, inclusive, que acreditara con documentales exhibidas en autos, que le ha expresado a la autoridad judicial responsable el contar con un domicilio diverso; pues lo cierto es que por las razones anteriores, la detentación material de la quejosa no es suficiente para acreditar interés jurídico para combatir los actos reclamados en el presente juicio, pues para efectos del presente juicio de garantías, debe probarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones. Es aplicable en este punto, la jurisprudencia Registro No. 206338, Localización: Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 82, Octubre de 1994 Página: 17, Tesis: 2a./J. 16/94, Jurisprudencia, Materia(s): Común, "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". No puede soslayarse que la carga de acreditar tal afectación, corresponde precisamente a la parte quejosa. Al respecto es aplicable la jurisprudencia Registro No. 187777, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Página: 15, Tesis: 1a./J. 1/2002, Jurisprudencia, Materia(s): Común, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Así, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada, prevista en la fracción V del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró la afectación al interés jurídico; de ahí que deba sobreseerse con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. No es obstáculo para arribar a la conclusión anterior, que se hubiera otorgado la suspensión definitiva en el presente juicio de amparo, pues para ello se consideró únicamente la existencia de un interés suspensional, cuya valoración no es fehaciente, como sí se requiere para demostrar el interés jurídico. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por LUCRECIA CUE RUIZ, respecto de los actos y por las autoridades identificadas en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinte de diciembre de dos mil dieciséis, que las labores del juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
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