Lucio Roman Guajardo

Expediente 1231/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1231/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Lucio Roman Guajardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1231/2021-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Fernando Cobos González, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1231/2021-I, promovido por Lucio Román Guajardo, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales V.R.S.; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veintiocho de septiembre siguiente en este órgano jurisdiccional Lucio Román Guajardo, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales V.R.S., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de septiembre del año próximo pasado, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y el emplazamiento a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto que se reclama es atribuido a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, el acto reclamado consiste en: La resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, por virtud de la cual se le requiere la entrega de la menor con iniciales V.R.S., como providencia cautelar, en el expediente 437/2021 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Tal certeza se corrobora, entre otras, con la copia certificada de la resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, por virtud de la cual se requiere la entrega de la menor con iniciales V.R.S., como providencia cautelar, en el expediente 437/2021 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, que obran en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de documentos públicos al haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio, conviene establecer las premisas que servirán de respaldo para resolver el presente juicio de amparo. A. Fundamentación y motivación. Respecto a la debida fundamentación y motivación, el artículo 16 constitucional condiciona a todo acto de autoridad a reunir, entre otros, los requisitos de fundamentación y motivación que justifican la validez jurídica del acto privativo que se provoca en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, además de que dicho acto debe ser emitido por autoridad competente. Así, la cita de los preceptos legales y la exposición de los motivos, deben plasmarse en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En ese orden de ideas, para satisfacer el principio de legalidad previsto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el acto de autoridad deberá citar los fundamentos y motivos que originaron el acto de molestia, y existir adecuación entre éstos, porque se considera que la falta de tales elementos produce estado de indefensión al gobernado, lo cual le imposibilita determinar si el acto lesivo de sus intereses se dictó o no conforme al mandato constitucional. Por su parte, dentro de la materia familiar, en el artículo 181 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos se establece la obligación del juzgador local de fundamentar y motivar su sentencia, lo cual impacta en las diversas determinaciones adoptadas en dicho procedimiento, mismas que deben de cumplir con tal requisito. B. Interés superior de la infancia. Sobre el tópico relativo al interés superior del menor, es preciso mencionar que es doctrina consolidada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prevalencia del interés superior del menor en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los infantes. En este sentido, cabe recordar que el interés superior del niño y de la niña encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales. En efecto, en la reforma constitucional del doce de octubre del dos mil once, se incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4° de la Constitución Federal, para quedar como sigue: "Artículo 4. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. [.]". Asimismo, el interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos de la infancia, pues no solo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. En este sentido, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas las medidas concernientes a la infancia, tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a atender será el interés superior del niño. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el principio del interés superior de los infantes se aplica a todas las determinaciones que les afecten y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos de los menores de edad. Además, en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideró que el interés superior del niño es un principio rector de gran relevancia en atención a las siguientes razones: Conlleva a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño, niña o adolescente; Coloca los derechos de la niñez sobre otros intereses, especialmente si entran en conflicto con aquellos; Obliga a que en toda decisión concerniente al niño, niña o adolescente, se valore el impacto de la decisión en su futuro, y Obliga a la autoridad a actuar más allá de la demanda puntual que se le presenta cuando esto sea en aras del interés superior del niño, niña o adolescente, aun cuando este sea ajeno a la acción misma, pero bajo la consideración de que pudiera resultar afectado. Entonces, el principio del interés superior del infante constituye una garantía de vigencia de la satisfacción de sus derechos, es decir, el principio tiene sentido en la medida que existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran obligadas por aquellos. Así, la función hermenéutica de dicho principio permite interpretar sistemáticamente los derechos propios de la infancia reconociendo su carácter integral, ya que su ejercicio conjunto y satisfacción simultánea son la base para el desarrollo integral del niño y lograr el "nivel de vida adecuado" a que alude el punto 1, del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, para alcanzar su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño resalta en su proemio, como puntos esenciales, entre otros: la igualdad de derechos para todos los miembros de la familia; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como el espacio natural en donde la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la persona en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión como premisa para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida independiente con un "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad". Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada Convención enuncian, entre otras, las siguientes prerrogativas para la niñez: a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; a una atención especial en consideración a sus propios intereses, considerados como superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala del Alto Tribunal del País en la tesis de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", se ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) Como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que, si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades a la luz del interés superior del menor; y, c) Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de los menores, el interés superior de la niñez impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia atendiendo a lo que es mejor para el infante. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.) de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." Por tanto, si el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado a la determinación por la que se requiere al aquí quejoso la entrega inmediata de la menor a su progenitora -como en el caso- resulta evidente que se tiene que atender al interés superior de tal infante, pese a que tal circunstancia pudiere o no resultar contraria a los intereses del propio promovente del amparo. Ello es así, pues el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reproducido a su vez, en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo ha sido interpretado en el sentido que es deber de los Tribunales Federales quienes conocen del juicio constitucional, suplir la deficiencia de los conceptos de violación en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, como a favor de los menores o incapaces, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de amparo, ni la naturaleza de los derechos ahí cuestionados, pues la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapaces. Se reitera, cuando se traten de actos donde se involucren a menores, debe atemperarse bajo la excepción de que el estudio se exprese en lo más benéfico para los niños, aunque perjudique a la parte promovente, bajo la óptica del interés superior de los menores. Luego, los juzgadores de amparo se encuentran en la aptitud legal de analizar en toda su amplitud la litis sometida a su consideración con independencia de que de ese estudio cause un perjuicio a los padres recurrentes en lo individual, pues los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistirles a los padres; en otras palabras, los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que establece: "MENORES DE EDAD. LA TUTELA DE SU INTERÉS SUPERIOR NO PUEDE ESTAR SUBORDINADA A LOS INTERESES DE SUS PROGENITORES O TUTORES." C. Situación de los menores de edad en caso de separación de sus progenitores (guarda, custodia y régimen de visitas). El artículo 4o. de la Constitución General establece que la familia se consagra como el núcleo fundamental de la sociedad y, por ello, corresponde tanto al Estado como a la sociedad ampararla y garantizar su protección integral, consignando la obligación de toda autoridad de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; además, señala que los ascendientes tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios relativos al interés superior de los menores, lo cual permite inferir la obligación de los padres de cumplir con el derecho de los infantes a su debida guarda y custodia. A ese respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18 establece que los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño; así como que su preocupación fundamental será el interés superior de la niñez. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 22 y 23 establece lo concerniente al derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, acotando que cuando ésta se encuentre separada, los menores tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez. Sobre el tema, el artículo 212 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos establece que en caso de separación de los padres, el juez determinará la situación de los hijos menores e incapaces atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en cuenta las propuestas, si las hubiere, de los cónyuges o concubinos, quienes podrán de común acuerdo designar la persona que tendrá a su cargo la custodia de los hijos menores. En ausencia de convenio, y si el juez no encuentra obstáculo que ponga en riesgo la integridad física o moral de los menores, dejará a la madre el cuidado de los hijos que no hayan cumplido siete años. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que -por lo que hace a la guarda y custodia- no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, al momento de aplicar el artículo 212 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, el cual dispone al no llegar a algún acuerdo respecto a la guarda y custodia, los menores de siete años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor, deberá atender, en todo momento, al interés superior del infante. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no atiende aquel escenario menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del infante, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del infante, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]." Así como la tesis que dice: "GUARDA Y CUSTODIA. LA REGLA GENERAL ES QUE LOS PROGENITORES SON APTOS A MENOS QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO PROBABLE Y FUNDADO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS INVOLUCRADOS." Sobre tal tópico, el Máximo Tribunal del País ha establecido los diversos elementos que el Juez Familiar debe atender al momento de fijar un régimen de guarda y custodia. Así, el punto fundamental a considerar en el otorgamiento de tales medidas es el interés superior del infante con la intención de que éste reciba afecto, cuidados, educación y las condiciones adecuadas para su desarrollo. Así pues, la idoneidad de una persona para ejercer la guarda y custodia de un menor de edad debe atender únicamente a la posibilidad de brindarle cuidado y protección; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué progenitor sería más benéfico para el infante; y a partir de estas premisas las autoridades deben privilegiar el derecho de los menores a vivir y desarrollarse en un ambiente sano y estable. D. Caso en particular. Establecido lo anterior, en el caso se tiene que, de manera esencial, el quejoso aduce que se violan sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no existe una debida fundamentación y motivación del acto reclamado, en tanto la jueza responsable ordena requerir la entrega de la menor V.R.S, a su madre Berenice Santiago Meraz, sin haberse cerciorado de las condiciones en las cuales encuentra dicha infante. En otras palabras, antes de determinar aun provisionalmente la entrega de su menor hija a su madre, el juzgador de origen debió tomar en cuenta todos elementos que estuvieron a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior de la infancia lo más loable para la niña. Son infundados los motivos de disenso por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: La resolución reclamada contiene las medidas provisionales decretadas por el Juez responsable a favor de la actora Berenice Santiago Meraz en los siguientes términos: SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando V, de la presente resolución se decreta la GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL de la menor de iniciales V.R.S., a favor de su progenitora BERENICE SANTIAGO MERAZ; decretando además el DEPÓSITO PROVISIONAL de dicha infante, en el domicilio ubicado en: PRIVADA NARDO NÚMERO 22 FRACCIONAMIENTO COLORINES MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS. Sin perjuicio de los derechos de terceros, en el entendido para la actora que, en caso de cambio de domicilio del depósito, deberá hacerlo saber de manera inmediata a este juzgado. Por lo que, por conducto del Ciudadano Actuario adscrito, REQUIÉRASE AL DEMANDADO LUCIO ROMAN GUAJARDO, en el domicilio sito en CALLE CORRALEJO NÚMERO 4, GEO VILLAS LA HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, para que de manera inmediata haga entrega a la actora de la menor de edad de iniciales V.R.S., APERCIBIDO que en caso de no hacerlo, se autorizará el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras en caso de ser necesario. Ahora bien, los artículos 230 a 233 del Código Procesal Familiar en lo conducente establecen: Las providencias cautelares se decretarán a petición de parte legítima cuando exista un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tendrán por objeto asegurar sus efectos. La apreciación de la existencia del peligro y de todas las circunstancias que motiven la providencia cautelar la hará el Juez, sin substanciación alguna, ni audiencia del deudor y sólo con vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante. El Juez debe decretar la medida cautelar con la urgencia necesaria para su eficacia. El auto que concede la providencia servirá de mandamiento en forma para que se lleve a efecto, conforme a las reglas de la ejecución forzosa. No será necesaria fianza o caución cuando se trate de alimentos y derechos de los menores e incapaces. Además, las providencias cautelares podrán decretarse, según las circunstancias, como actos anteriores a la demanda, durante el juicio y aún después de dictada la sentencia definitiva. Ahora bien, en la resolución reclamada la jueza responsable valoró las testimoniales de Gloria Ofelia Camacho Brito y Jimena Santiago Meraz ofrecidas por la actora, en términos de lo que disponen los artículos 378, 379 y 404 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, las cuales formaron convicción en la juzgadora para tener por demostrado provisionalmente que: Berenice Santiago Meraz y Lucio Román Guajardo tuvieron una relación de la cual nació la menor V.R.S.; dicha menor cohabitó con su madre en el domicilio ubicado en privada Nardo, número 22, fraccionamiento Colorines, municipio de Emiliano Zapata hasta el mes de junio de dos mil veintiuno, fecha en que se la llevó su padre a vivir con él. Por tanto, consideró la jueza, es factible sostener que la menor generó un vínculo afectivo con su madre desde su nacimiento hasta el mes de junio de veintiuno, por lo que, cambiarla de su entorno social y familiar sería perjudicial para ella. Además, determinó la autoridad responsable, las testigos refirieron que la menor en la actualidad habita únicamente con su padre en el domicilio ubicado en fraccionamiento la Hacienda de Temixco, Morelos y durante la jornada laboral, la infante se queda sola en la casa, encerrada bajo llave, sin que tenga quien la auxilie en caso de alguna urgencia y es la propia menor quien se prepara los alimentos para comer. Asimismo, la jueza responsable sostuvo la inexistencia de elementos objetivos que demuestren que la menor corra peligro o riesgo al vivir bajo el cuidado de su madre ya que si bien sale a trabajar, la infante quedaría bajo el cuidado de la hermana de la actora Jimena Santiago Meraz y de su prima hermana Atzi Mar Santiago, lo cual implica que en todo momento estaría bajo la supervisión de una persona mayor de edad que le brindaría los cuidados correspondiente. En ese orden de ideas, atendiendo al interés superior de la menor, la jueza de origen concluyó que la actora Berenice Santiago Meraz acreditó la urgencia y necesidad de la medida provisional, por lo que le otorgó la guarda y custodia provisional de la menor de V.R.S. De lo anterior, se advierte que contrariamente a lo argumentado por el quejoso, la resolución se encuentra debidamente fundada en los numerales citados y motivada ya que se expresaron las razones que originaron su emisión. Además se observa que existe adecuación entre las disposiciones legales y los motivos aducidos, pues se otorgó la guardia y custodia provisional de la menor a su madre dado el peligro generado con motivo de que durante la jornada laboral de su padre, se queda sola en la casa, encerrada bajo llave, sin que existe persona alguna mayor de edad que pudiera auxiliarla en caso de una emergencia, y con su madre además del apego que tiene la menor con ella desde su nacimiento, estaría bajo la supervisión y cuidado de personas adultas. Razones por las que también se advierte que la autoridad responsable actuó observando el interés superior de la menor al buscar que se encuentre en mejores condiciones de seguridad. Aunado a lo anterior, contrario a lo aducido por el quejoso, la Jueza responsable sí se cercioró de las condiciones en las cuales se encuentra la infante y consideró los elementos que estuvieron a su alcance, pues desahogó las testimoniales de Gloria Ofelia Camacho Brito y Jimena Santiago Meraz, de las cuales obtuvo la información acerca del escenario en el que se desenvuelve la menor. Se estima oportuno precisar que la propia Jueza responsable estableció en la resolución reclamada que lo determinado tiene el carácter de provisional, pues la guarda y custodia definitiva es materia de la sentencia que se emita en el expediente. En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los conceptos de violación expresados en el escrito de demanda y al no advertir deficiencia que suplir de oficio, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. QUINTO. Elaboración de sentencia en formato de lectura fácil. Ahora, en atención a que en el presente juicio de amparo la quejosa de iniciales V.R.S. es menor de edad y tomando en cuenta que al momento de resolver este asunto tiene doce años siete meses de edad, pues de autos se advierte que nació el veintinueve de julio de dos mil nueve, se ordena elaborar una resolución complementaria en formato de lectura fácil, tomando en cuenta las particularidades de la menor a quien va dirigida (edad, instrucción escolar, contexto del asunto, entre otros factores que permitan conocer sus necesidades). Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Federal, así como en el diverso 12 de la Convención de los Derechos del Niño que prevén el derecho sustantivo, a favor de los menores, de participar de forma activa en los procedimientos que puedan afectar sus intereses. Lo que, en la especie, se materializa cuando el órgano de amparo elabora un documento breve, claro, empático y sensible, que permita hacer alusión a la cuestión jurídica resuelta, de manera sencilla -sin necesidad de hacer alusión a tecnicismos ni conceptos abstractos-, pues a partir de ello podrá comprender, de manera real, cuál fue la decisión que tomó el órgano jurisdiccional. Para su elaboración, resulta ilustrativo -por identidad de razón jurídica- atender los parámetros que ha establecido la Primera Sala referida, en la tesis 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), con registro digital 2005141, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 536, de rubro: "SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO." Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lucio Román Guajardo, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales V.R.S., contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el penúltimo considerando de la misma. SEGUNDO. Elabórese la sentencia en formato de lectura fácil, como está ordenado en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de marzo de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos del juicio de amparo 1231/2021-I, promovido por Lucio Román Guajardo, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales V.R.S.; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veintiocho de septiembre siguiente en este órgano jurisdiccional Lucio Román Guajardo, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales V.R.S., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de septiembre del año próximo pasado, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y el emplazamiento a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto que se reclama es atribuido a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, el acto reclamado consiste en: La resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, por virtud de la cual se le requiere la entrega de la menor con iniciales V.R.S., como providencia cautelar, en el expediente 437/2021 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Tal certeza se corrobora, entre otras, con la copia certificada de la resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, por virtud de la cual se requiere la entrega de la menor con iniciales V.R.S., como providencia cautelar, en el expediente 437/2021 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, que obran en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de documentos públicos al haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio, conviene establecer las premisas que servirán de respaldo para resolver el presente juicio de amparo. A. Fundamentación y motivación. Respecto a la debida fundamentación y motivación, el artículo 16 constitucional condiciona a todo acto de autoridad a reunir, entre otros, los requisitos de fundamentación y motivación que justifican la validez jurídica del acto privativo que se provoca en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, además de que dicho acto debe ser emitido por autoridad competente. Así, la cita de los preceptos legales y la exposición de los motivos, deben plasmarse en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En ese orden de ideas, para satisfacer el principio de legalidad previsto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el acto de autoridad deberá citar los fundamentos y motivos que originaron el acto de molestia, y existir adecuación entre éstos, porque se considera que la falta de tales elementos produce estado de indefensión al gobernado, lo cual le imposibilita determinar si el acto lesivo de sus intereses se dictó o no conforme al mandato constitucional. Por su parte, dentro de la materia familiar, en el artículo 181 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos se establece la obligación del juzgador local de fundamentar y motivar su sentencia, lo cual impacta en las diversas determinaciones adoptadas en dicho procedimiento, mismas que deben de cumplir con tal requisito. B. Interés superior de la infancia. Sobre el tópico relativo al interés superior del menor, es preciso mencionar que es doctrina consolidada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prevalencia del interés superior del menor en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los infantes. En este sentido, cabe recordar que el interés superior del niño y de la niña encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales. En efecto, en la reforma constitucional del doce de octubre del dos mil once, se incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4° de la Constitución Federal, para quedar como sigue: "Artículo 4. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. [.]". Asimismo, el interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos de la infancia, pues no solo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. En este sentido, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas las medidas concernientes a la infancia, tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a atender será el interés superior del niño. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el principio del interés superior de los infantes se aplica a todas las determinaciones que les afecten y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos de los menores de edad. Además, en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideró que el interés superior del niño es un principio rector de gran relevancia en atención a las siguientes razones: Conlleva a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño, niña o adolescente; Coloca los derechos de la niñez sobre otros intereses, especialmente si entran en conflicto con aquellos; Obliga a que en toda decisión concerniente al niño, niña o adolescente, se valore el impacto de la decisión en su futuro, y Obliga a la autoridad a actuar más allá de la demanda puntual que se le presenta cuando esto sea en aras del interés superior del niño, niña o adolescente, aun cuando este sea ajeno a la acción misma, pero bajo la consideración de que pudiera resultar afectado. Entonces, el principio del interés superior del infante constituye una garantía de vigencia de la satisfacción de sus derechos, es decir, el principio tiene sentido en la medida que existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran obligadas por aquellos. Así, la función hermenéutica de dicho principio permite interpretar sistemáticamente los derechos propios de la infancia reconociendo su carácter integral, ya que su ejercicio conjunto y satisfacción simultánea son la base para el desarrollo integral del niño y lograr el "nivel de vida adecuado" a que alude el punto 1, del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, para alcanzar su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño resalta en su proemio, como puntos esenciales, entre otros: la igualdad de derechos para todos los miembros de la familia; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como el espacio natural en donde la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la persona en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión como premisa para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida independiente con un "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad". Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada Convención enuncian, entre otras, las siguientes prerrogativas para la niñez: a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; a una atención especial en consideración a sus propios intereses, considerados como superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala del Alto Tribunal del País en la tesis de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", se ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) Como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que, si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades a la luz del interés superior del menor; y, c) Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de los menores, el interés superior de la niñez impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia atendiendo a lo que es mejor para el infante. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.) de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." Por tanto, si el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado a la determinación por la que se requiere al aquí quejoso la entrega inmediata de la menor a su progenitora -como en el caso- resulta evidente que se tiene que atender al interés superior de tal infante, pese a que tal circunstancia pudiere o no resultar contraria a los intereses del propio promovente del amparo. Ello es así, pues el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reproducido a su vez, en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo ha sido interpretado en el sentido que es deber de los Tribunales Federales quienes conocen del juicio constitucional, suplir la deficiencia de los conceptos de violación en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, como a favor de los menores o incapaces, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de amparo, ni la naturaleza de los derechos ahí cuestionados, pues la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapaces. Se reitera, cuando se traten de actos donde se involucren a menores, debe atemperarse bajo la excepción de que el estudio se exprese en lo más benéfico para los niños, aunque perjudique a la parte promovente, bajo la óptica del interés superior de los menores. Luego, los juzgadores de amparo se encuentran en la aptitud legal de analizar en toda su amplitud la litis sometida a su consideración con independencia de que de ese estudio cause un perjuicio a los padres recurrentes en lo individual, pues los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistirles a los padres; en otras palabras, los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que establece: "MENORES DE EDAD. LA TUTELA DE SU INTERÉS SUPERIOR NO PUEDE ESTAR SUBORDINADA A LOS INTERESES DE SUS PROGENITORES O TUTORES." C. Situación de los menores de edad en caso de separación de sus progenitores (guarda, custodia y régimen de visitas). El artículo 4o. de la Constitución General establece que la familia se consagra como el núcleo fundamental de la sociedad y, por ello, corresponde tanto al Estado como a la sociedad ampararla y garantizar su protección integral, consignando la obligación de toda autoridad de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; además, señala que los ascendientes tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios relativos al interés superior de los menores, lo cual permite inferir la obligación de los padres de cumplir con el derecho de los infantes a su debida guarda y custodia. A ese respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18 establece que los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño; así como que su preocupación fundamental será el interés superior de la niñez. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 22 y 23 establece lo concerniente al derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, acotando que cuando ésta se encuentre separada, los menores tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez. Sobre el tema, el artículo 212 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos establece que en caso de separación de los padres, el juez determinará la situación de los hijos menores e incapaces atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en cuenta las propuestas, si las hubiere, de los cónyuges o concubinos, quienes podrán de común acuerdo designar la persona que tendrá a su cargo la custodia de los hijos menores. En ausencia de convenio, y si el juez no encuentra obstáculo que ponga en riesgo la integridad física o moral de los menores, dejará a la madre el cuidado de los hijos que no hayan cumplido siete años. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que -por lo que hace a la guarda y custodia- no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, al momento de aplicar el artículo 212 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, el cual dispone al no llegar a algún acuerdo respecto a la guarda y custodia, los menores de siete años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor, deberá atender, en todo momento, al interés superior del infante. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no atiende aquel escenario menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del infante, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del infante, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]." Así como la tesis que dice: "GUARDA Y CUSTODIA. LA REGLA GENERAL ES QUE LOS PROGENITORES SON APTOS A MENOS QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO PROBABLE Y FUNDADO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS INVOLUCRADOS." Sobre tal tópico, el Máximo Tribunal del País ha establecido los diversos elementos que el Juez Familiar debe atender al momento de fijar un régimen de guarda y custodia. Así, el punto fundamental a considerar en el otorgamiento de tales medidas es el interés superior del infante con la intención de que éste reciba afecto, cuidados, educación y las condiciones adecuadas para su desarrollo. Así pues, la idoneidad de una persona para ejercer la guarda y custodia de un menor de edad debe atender únicamente a la posibilidad de brindarle cuidado y protección; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué progenitor sería más benéfico para el infante; y a partir de estas premisas las autoridades deben privilegiar el derecho de los menores a vivir y desarrollarse en un ambiente sano y estable. D. Caso en particular. Establecido lo anterior, en el caso se tiene que, de manera esencial, el quejoso aduce que se violan sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no existe una debida fundamentación y motivación del acto reclamado, en tanto la jueza responsable ordena requerir la entrega de la menor V.R.S, a su madre Berenice Santiago Meraz, sin haberse cerciorado de las condiciones en las cuales encuentra dicha infante. En otras palabras, antes de determinar aun provisionalmente la entrega de su menor hija a su madre, el juzgador de origen debió tomar en cuenta todos elementos que estuvieron a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior de la infancia lo más loable para la niña. Son infundados los motivos de disenso por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: La resolución reclamada contiene las medidas provisionales decretadas por el Juez responsable a favor de la actora Berenice Santiago Meraz en los siguientes términos: SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando V, de la presente resolución se decreta la GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL de la menor de iniciales V.R.S., a favor de su progenitora BERENICE SANTIAGO MERAZ; decretando además el DEPÓSITO PROVISIONAL de dicha infante, en el domicilio ubicado en: PRIVADA NARDO NÚMERO 22 FRACCIONAMIENTO COLORINES MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS. Sin perjuicio de los derechos de terceros, en el entendido para la actora que, en caso de cambio de domicilio del depósito, deberá hacerlo saber de manera inmediata a este juzgado. Por lo que, por conducto del Ciudadano Actuario adscrito, REQUIÉRASE AL DEMANDADO LUCIO ROMAN GUAJARDO, en el domicilio sito en CALLE CORRALEJO NÚMERO 4, GEO VILLAS LA HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, para que de manera inmediata haga entrega a la actora de la menor de edad de iniciales V.R.S., APERCIBIDO que en caso de no hacerlo, se autorizará el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras en caso de ser necesario. Ahora bien, los artículos 230 a 233 del Código Procesal Familiar en lo conducente establecen: Las providencias cautelares se decretarán a petición de parte legítima cuando exista un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tendrán por objeto asegurar sus efectos. La apreciación de la existencia del peligro y de todas las circunstancias que motiven la providencia cautelar la hará el Juez, sin substanciación alguna, ni audiencia del deudor y sólo con vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante. El Juez debe decretar la medida cautelar con la urgencia necesaria para su eficacia. El auto que concede la providencia servirá de mandamiento en forma para que se lleve a efecto, conforme a las reglas de la ejecución forzosa. No será necesaria fianza o caución cuando se trate de alimentos y derechos de los menores e incapaces. Además, las providencias cautelares podrán decretarse, según las circunstancias, como actos anteriores a la demanda, durante el juicio y aún después de dictada la sentencia definitiva. Ahora bien, en la resolución reclamada la jueza responsable valoró las testimoniales de Gloria Ofelia Camacho Brito y Jimena Santiago Meraz ofrecidas por la actora, en términos de lo que disponen los artículos 378, 379 y 404 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, las cuales formaron convicción en la juzgadora para tener por demostrado provisionalmente que: Berenice Santiago Meraz y Lucio Román Guajardo tuvieron una relación de la cual nació la menor V.R.S.; dicha menor cohabitó con su madre en el domicilio ubicado en privada Nardo, número 22, fraccionamiento Colorines, municipio de Emiliano Zapata hasta el mes de junio de dos mil veintiuno, fecha en que se la llevó su padre a vivir con él. Por tanto, consideró la jueza, es factible sostener que la menor generó un vínculo afectivo con su madre desde su nacimiento hasta el mes de junio de veintiuno, por lo que, cambiarla de su entorno social y familiar sería perjudicial para ella. Además, determinó la autoridad responsable, las testigos refirieron que la menor en la actualidad habita únicamente con su padre en el domicilio ubicado en fraccionamiento la Hacienda de Temixco, Morelos y durante la jornada laboral, la infante se queda sola en la casa, encerrada bajo llave, sin que tenga quien la auxilie en caso de alguna urgencia y es la propia menor quien se prepara los alimentos para comer. Asimismo, la jueza responsable sostuvo la inexistencia de elementos objetivos que demuestren que la menor corra peligro o riesgo al vivir bajo el cuidado de su madre ya que si bien sale a trabajar, la infante quedaría bajo el cuidado de la hermana de la actora Jimena Santiago Meraz y de su prima hermana Atzi Mar Santiago, lo cual implica que en todo momento estaría bajo la supervisión de una persona mayor de edad que le brindaría los cuidados correspondiente. En ese orden de ideas, atendiendo al interés superior de la menor, la jueza de origen concluyó que la actora Berenice Santiago Meraz acreditó la urgencia y necesidad de la medida provisional, por lo que le otorgó la guarda y custodia provisional de la menor de V.R.S. De lo anterior, se advierte que contrariamente a lo argumentado por el quejoso, la resolución se encuentra debidamente fundada en los numerales citados y motivada ya que se expresaron las razones que originaron su emisión. Además se observa que existe adecuación entre las disposiciones legales y los motivos aducidos, pues se otorgó la guardia y custodia provisional de la menor a su madre dado el peligro generado con motivo de que durante la jornada laboral de su padre, se queda sola en la casa, encerrada bajo llave, sin que existe persona alguna mayor de edad que pudiera auxiliarla en caso de una emergencia, y con su madre además del apego que tiene la menor con ella desde su nacimiento, estaría bajo la supervisión y cuidado de personas adultas. Razones por las que también se advierte que la autoridad responsable actuó observando el interés superior de la menor al buscar que se encuentre en mejores condiciones de seguridad. Aunado a lo anterior, contrario a lo aducido por el quejoso, la Jueza responsable sí se cercioró de las condiciones en las cuales se encuentra la infante y consideró los elementos que estuvieron a su alcance, pues desahogó las testimoniales de Gloria Ofelia Camacho Brito y Jimena Santiago Meraz, de las cuales obtuvo la información acerca del escenario en el que se desenvuelve la menor. Se estima oportuno precisar que la propia Jueza responsable estableció en la resolución reclamada que lo determinado tiene el carácter de provisional, pues la guarda y custodia definitiva es materia de la sentencia que se emita en el expediente. En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los conceptos de violación expresados en el escrito de demanda y al no advertir deficiencia que suplir de oficio, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. QUINTO. Elaboración de sentencia en formato de lectura fácil. Ahora, en atención a que en el presente juicio de amparo la quejosa de iniciales V.R.S. es menor de edad y tomando en cuenta que al momento de resolver este asunto tiene doce años siete meses de edad, pues de autos se advierte que nació el veintinueve de julio de dos mil nueve, se ordena elaborar una resolución complementaria en formato de lectura fácil, tomando en cuenta las particularidades de la menor a quien va dirigida (edad, instrucción escolar, contexto del asunto, entre otros factores que permitan conocer sus necesidades). Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Federal, así como en el diverso 12 de la Convención de los Derechos del Niño que prevén el derecho sustantivo, a favor de los menores, de participar de forma activa en los procedimientos que puedan afectar sus intereses. Lo que, en la especie, se materializa cuando el órgano de amparo elabora un documento breve, claro, empático y sensible, que permita hacer alusión a la cuestión jurídica resuelta, de manera sencilla -sin necesidad de hacer alusión a tecnicismos ni conceptos abstractos-, pues a partir de ello podrá comprender, de manera real, cuál fue la decisión que tomó el órgano jurisdiccional. Para su elaboración, resulta ilustrativo -por identidad de razón jurídica- atender los parámetros que ha establecido la Primera Sala referida, en la tesis 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), con registro digital 2005141, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 536, de rubro: "SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO." Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lucio Román Guajardo, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales V.R.S., contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el penúltimo considerando de la misma. SEGUNDO. Elabórese la sentencia en formato de lectura fácil, como está ordenado en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de marzo de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito del autorizado de la parte tercera interesada, mediante el cual solicita se notifique a la autoridad responsable la suspensión definitiva concedida en resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, por las razones que expone; agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, sin que haya lugar a acordar de conformidad lo peticionado, toda vez que el promovente sólo se encuentra autorizado para oír y recibir notificaciones, no así para promover en el presente juicio de amparo. Esto es así toda vez que de la comparecencia de la tercero interesada efectuada el once de octubre de dos mil veintiuno (folio 16081) no se observa que haya facultado a dicho profesionista en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se informa a las partes, que los oficios dirigidos a la autoridad responsable, quien tiene su residencia fuera de la residencia de este juzgado federal, fueron enviados mediante Correo Postal de México. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe. Ser*

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