Lucio Potenciano Caselin

Expediente 362/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
362/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
26/12/2017

Partes del expediente

  • Lucio Potenciano Caselin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diez de noviembre al uno de diciembre de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las copias certificadas de la averiguación previa 2313/2014/RUPUE que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio, con residencia en Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele dicho anexo, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales y el duplicado del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que son susceptibles de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 31 DE octubre DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogándola mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 172 a 184), mismo que, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticinco de octubre del año que transcurre, ratificó ante esta autoridad el treinta del mes y año en curso; ocurso que se ordena agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (fojas 61 a 75), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional solicitada por Lucio Potenciano Caselín, para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio del Estado de Puebla, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia y dentro del plazo que para tal efecto se le otorgue, realice lo siguiente en la averiguación previa 5/2015/AEED, derivada de la diversa 2313/2014/RVPUE: 1.- Deje insubsistente el acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción emita un nuevo acuerdo, el cual deberá contestar todas y cada una de las peticiones formuladas por el quejoso en su escrito presentado ante ella el dos de marzo de dos mil diecisiete, pero atendiendo a los razonamientos expuestos en esta sentencia, deberá purgar los vicios de forma, por cuanto hace a la insuficiente fundamentación y motivación, los cuales han quedado señalados en el considerando que antecede. 3. Notifique dicho acuerdo de manera personal al quejoso. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) La concesión no implica que necesariamente la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente lo solicitado por el quejoso, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión del agraviado sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia. La anterior concesión se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al 2. Director General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tepeaca, Puebla, al no reclamarse por vicios propios, y depender entonces su legalidad del acto emitido por la ordenadora, pues al resultar inconstitucional el acto a ella reclamado, también lo es la ejecución de éste." Resolución contra la cual la Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión (foja 88), del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en el toca R-169/2017 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 114 a 140). Atento lo anterior, en auto de tres de octubre de dos mil diecisiete (fojas 141 a 143), se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante oficio 3428/DGJCYAL/2017 de seis de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo a la fiscal responsable remitiendo inserto el acuerdo de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 5/2015/AEED, derivada de la diversa 2313/2014/RVPUE, del que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el acuerdo reclamado de tres de marzo de dos mil diecisiete. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dio contestación a las peticiones formuladas por el quejoso en escrito presentado ante dicha autoridad el dos de marzo de dos mil diecisiete, atendiendo a los razonamientos expuestos en la ejecutoria de amparo. Esto es, al acordar lo siguiente: "Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla, agréguese a los autos el escrito de Lucio Potenciano Caselín recibido el dos anterior en la Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos, por el cual señala domicilio para recibir notificaciones y reitera a las personas antes designadas para recibirlas. Por otra parte, hace manifestaciones en el sentido de que la integración de la A.P. 2313/2014/RVPUE por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos es ilegal, por las razones que destaca, transcribiendo alguna actuaciones; que en la sentencia de tres de febrero de dos mil diecisiete, además de otras documentales públicas se desprende que no quedaron demostrados los elementos del delito de almacenamiento de vehículo robado, razón por la cual fue absuelto por el juez penal. Finaliza el escrito señalado que al existir en autos pruebas suficientes que demuestran que adquirió el inmueble con el producto de su trabajo, debe agregarse la copia certificada de la sentencia dictada por el juzgador y devolverse el bien, al no ser producto, instrumento ni objeto de delito alguno. Al respecto, dígase al promovente que las manifestaciones relacionadas con la integración de la A.P. 2313/2014/RVPUE son ajenas a la materia de la A.P. 05/2015/AEED, ya que en esta unidad sólo se determinará el destino del inmueble asegurado, en términos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Puebla. Ahora, dado que del escrito se observa que el promovente exhibió copia certificada de la sentencia de fecha tres de febrero del año en curso, absolutoria en su favor respecto de la acusación en su contra, por el delito de almacenamiento de vehículo robado, solicita se le devuelva el inmueble. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hágase del conocimiento del promovente que de la propia sentencia que anexó a su escrito se aprecia que en el resolutivo quinto se ordenó comunicar a las partes que, en caso de inconformidad con la resolución, la ley les concede el término de cinco días para interponer el recurso de apelación en su contra. Sobre el tema, el artículo 266 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, dispone que son irrevocables y por tanto, causan ejecutoria; I. Las sentencias pronunciadas en primera instancia y además resoluciones que hayan sido consentidas expresamente; II. Las resoluciones que no fueren recurridas dentro del término legal; III. La sentencia de segunda instancia, y IV. Las resoluciones contra las cuales no concede la ley ningún recurso. Es indudable que no es suficiente con que el promovente sólo haya exhibido copia certificada de la sentencia dictada en su favor, para obtener la devolución del inmueble que dice es de su propiedad, pues no ha adquirido la firmeza que la ley exige para ser irrevocable, además de que es necesario que se realice un estudio técnico jurídico de las constancias que fueron remitidas a esta unidad para hacer una determinación sobre el destino del inmueble, de conformidad con los artículos 1, 3, 7 y demás relativos de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla, incluido el aspecto relativo a la demostración de la propiedad del mismo. Con base en lo expuesto, debe concluirse que en el estado en que se encuentran los autos no es posible por el momento hacer pronunciamiento en favor del solicitante, como lo pretende, tomando en cuenta una sentencia que no está demostrado en autos causó ejecutoria, la que resulta idónea para acreditar su pretensión, en el sentido de que no cometió el hecho delictivo que motivó el aseguramiento del bien y su puesta a disposición de esta unidad para resolver sobre el ejercicio de la acción de extinción de dominio, precisamente por uno de los delitos que el legislador considera debe extinguirse. En efecto, dado que corresponde a las partes demostrar sus pretensiones resulta necesario en el caso que el promovente acredite que la decisión sustentada por el juez penal constituye la verdad legal con fuerza suficiente para obtener la devolución del bien, y no así a esta autoridad responsable, cuya obligación consiste en analizar las actuaciones a la luz de la ley de la materia, en particular de las disposiciones normativas que establecen los supuestos en los que se debe extinguir el dominio de un bien, como son los artículos 1 y 7, y emitir el pronunciamiento que proceda conforme a derecho, de manera que resulta incierta la fecha en que pueda emitirse una determinación que satisfaga la pretensión del promovente, ya que no se cuenta con la resolución que le dé firmeza a la sentencia que en su favor obtuvo y pretende le beneficie para obtener la devolución del bien; sin embargo, se dará cuenta al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos con el estado de los autos." Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito presentado por la parte quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de diecisiete de octubre del mismo año, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, en atención a que la autoridad responsable en la resolución de cinco de octubre de dos mil diecisiete, no da cumplimiento a la misma, al referir que la averiguación previa 231/2014/RVPUE la que da origen a la causa penal 383/2014 del Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla, no tiene nada que ver con la actuación de extinción de dominio, y que además de la sentencia absolutoria a la que hace alusión el quejoso le ha ofrecido diversos medios de prueba con los cuales ha demostrado que es dueño del inmueble afecto. Dichas manifestaciones resultan infundadas, en virtud de que como se ha indicado, la autoridad responsable ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; en cambio las manifestaciones de la parte quejosa, se refieren a cuestiones de fondo de la determinación emitida por la fiscal responsable, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogándola mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 172 a 184), mismo que, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticinco de octubre del año que transcurre, ratificó ante esta autoridad el treinta del mes y año en curso; ocurso que se ordena agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (fojas 61 a 75), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional solicitada por Lucio Potenciano Caselín, para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio del Estado de Puebla, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia y dentro del plazo que para tal efecto se le otorgue, realice lo siguiente en la averiguación previa 5/2015/AEED, derivada de la diversa 2313/2014/RVPUE: 1.- Deje insubsistente el acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción emita un nuevo acuerdo, el cual deberá contestar todas y cada una de las peticiones formuladas por el quejoso en su escrito presentado ante ella el dos de marzo de dos mil diecisiete, pero atendiendo a los razonamientos expuestos en esta sentencia, deberá purgar los vicios de forma, por cuanto hace a la insuficiente fundamentación y motivación, los cuales han quedado señalados en el considerando que antecede. 3. Notifique dicho acuerdo de manera personal al quejoso. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) La concesión no implica que necesariamente la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente lo solicitado por el quejoso, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión del agraviado sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia. La anterior concesión se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al 2. Director General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tepeaca, Puebla, al no reclamarse por vicios propios, y depender entonces su legalidad del acto emitido por la ordenadora, pues al resultar inconstitucional el acto a ella reclamado, también lo es la ejecución de éste." Resolución contra la cual la Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión (foja 88), del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en el toca R-169/2017 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 114 a 140). Atento lo anterior, en auto de tres de octubre de dos mil diecisiete (fojas 141 a 143), se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante oficio 3428/DGJCYAL/2017 de seis de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo a la fiscal responsable remitiendo inserto el acuerdo de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 5/2015/AEED, derivada de la diversa 2313/2014/RVPUE, del que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el acuerdo reclamado de tres de marzo de dos mil diecisiete. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dio contestación a las peticiones formuladas por el quejoso en escrito presentado ante dicha autoridad el dos de marzo de dos mil diecisiete, atendiendo a los razonamientos expuestos en la ejecutoria de amparo. Esto es, al acordar lo siguiente: "Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla, agréguese a los autos el escrito de Lucio Potenciano Caselín recibido el dos anterior en la Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos, por el cual señala domicilio para recibir notificaciones y reitera a las personas antes designadas para recibirlas. Por otra parte, hace manifestaciones en el sentido de que la integración de la A.P. 2313/2014/RVPUE por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos es ilegal, por las razones que destaca, transcribiendo alguna actuaciones; que en la sentencia de tres de febrero de dos mil diecisiete, además de otras documentales públicas se desprende que no quedaron demostrados los elementos del delito de almacenamiento de vehículo robado, razón por la cual fue absuelto por el juez penal. Finaliza el escrito señalado que al existir en autos pruebas suficientes que demuestran que adquirió el inmueble con el producto de su trabajo, debe agregarse la copia certificada de la sentencia dictada por el juzgador y devolverse el bien, al no ser producto, instrumento ni objeto de delito alguno. Al respecto, dígase al promovente que las manifestaciones relacionadas con la integración de la A.P. 2313/2014/RVPUE son ajenas a la materia de la A.P. 05/2015/AEED, ya que en esta unidad sólo se determinará el destino del inmueble asegurado, en términos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Puebla. Ahora, dado que del escrito se observa que el promovente exhibió copia certificada de la sentencia de fecha tres de febrero del año en curso, absolutoria en su favor respecto de la acusación en su contra, por el delito de almacenamiento de vehículo robado, solicita se le devuelva el inmueble. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hágase del conocimiento del promovente que de la propia sentencia que anexó a su escrito se aprecia que en el resolutivo quinto se ordenó comunicar a las partes que, en caso de inconformidad con la resolución, la ley les concede el término de cinco días para interponer el recurso de apelación en su contra. Sobre el tema, el artículo 266 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, dispone que son irrevocables y por tanto, causan ejecutoria; I. Las sentencias pronunciadas en primera instancia y además resoluciones que hayan sido consentidas expresamente; II. Las resoluciones que no fueren recurridas dentro del término legal; III. La sentencia de segunda instancia, y IV. Las resoluciones contra las cuales no concede la ley ningún recurso. Es indudable que no es suficiente con que el promovente sólo haya exhibido copia certificada de la sentencia dictada en su favor, para obtener la devolución del inmueble que dice es de su propiedad, pues no ha adquirido la firmeza que la ley exige para ser irrevocable, además de que es necesario que se realice un estudio técnico jurídico de las constancias que fueron remitidas a esta unidad para hacer una determinación sobre el destino del inmueble, de conformidad con los artículos 1, 3, 7 y demás relativos de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla, incluido el aspecto relativo a la demostración de la propiedad del mismo. Con base en lo expuesto, debe concluirse que en el estado en que se encuentran los autos no es posible por el momento hacer pronunciamiento en favor del solicitante, como lo pretende, tomando en cuenta una sentencia que no está demostrado en autos causó ejecutoria, la que resulta idónea para acreditar su pretensión, en el sentido de que no cometió el hecho delictivo que motivó el aseguramiento del bien y su puesta a disposición de esta unidad para resolver sobre el ejercicio de la acción de extinción de dominio, precisamente por uno de los delitos que el legislador considera debe extinguirse. En efecto, dado que corresponde a las partes demostrar sus pretensiones resulta necesario en el caso que el promovente acredite que la decisión sustentada por el juez penal constituye la verdad legal con fuerza suficiente para obtener la devolución del bien, y no así a esta autoridad responsable, cuya obligación consiste en analizar las actuaciones a la luz de la ley de la materia, en particular de las disposiciones normativas que establecen los supuestos en los que se debe extinguir el dominio de un bien, como son los artículos 1 y 7, y emitir el pronunciamiento que proceda conforme a derecho, de manera que resulta incierta la fecha en que pueda emitirse una determinación que satisfaga la pretensión del promovente, ya que no se cuenta con la resolución que le dé firmeza a la sentencia que en su favor obtuvo y pretende le beneficie para obtener la devolución del bien; sin embargo, se dará cuenta al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos con el estado de los autos." Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito presentado por la parte quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de diecisiete de octubre del mismo año, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, en atención a que la autoridad responsable en la resolución de cinco de octubre de dos mil diecisiete, no da cumplimiento a la misma, al referir que la averiguación previa 231/2014/RVPUE la que da origen a la causa penal 383/2014 del Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla, no tiene nada que ver con la actuación de extinción de dominio, y que además de la sentencia absolutoria a la que hace alusión el quejoso le ha ofrecido diversos medios de prueba con los cuales ha demostrado que es dueño del inmueble afecto. Dichas manifestaciones resultan infundadas, en virtud de que como se ha indicado, la autoridad responsable ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; en cambio las manifestaciones de la parte quejosa, se refieren a cuestiones de fondo de la determinación emitida por la fiscal responsable, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el escrito al parecer signado por el quejoso Lucio Potenciano Caselín, por medio del cual solicita desahoga la vista otorgada por auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete; sin embargo, toda vez que la firma que lo calza difiere a simple vista de la que aparece en su demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al citado promovente para que dentro del término de tres días, siguiente a la notificación del presente auto, comparezca ante el personal actuante de este Juzgado a reconocer la firma que calza el ocurso de cuenta (con credencial oficial y vigente), apercibido que en caso de no hacerlo en el término indicado se tendrá por no presentada dicha promoción, con las consecuencias legales a que haya lugar; hágase del conocimiento del promovente que de no conducirse con la verdad, se actualiza el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas."

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano