Lucio Perez Cedeño
Expediente 465/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- LUCIO PEREZ CEDEÑO y Otros.
- Lucio Perez Cedeño
- Isaias Tellez Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (fojas 60 a 72), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el siete de marzo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 68/2016. b) Provea lo necesario para que se desahoguen los testimonios de Luis Rodríguez Castillo y Antonio Lorenzo Carrera Castillo, el careo constitucional entre el indiciado Lucio Pérez Cedeño y el agraviado Isaías Téllez Huerta, así como el careo constitucional entre el inculpado Lucio Pérez Cedeño y los elementos aprehensores (Guillermo Caselin Varela y José Marco Antonio Beltrán Mireles). En especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal y oportunamente a las referidas personas en un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tales probanzas ya se hubieran desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica del inculpado ahora quejoso, tomando en cuenta cada una de las pruebas ofrecidas por el inculpado, ya que éstas fueron ofrecidas para demostrar su inocencia del delito que se le imputa, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera el quejoso gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dicha diligencia. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio." Asimismo, en el considerando décimo, de dicha sentencia se estableció: "Por tanto, el juez responsable en caso de que no lo haya hecho, deberá dar vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones de la parte quejosa, en las que denuncia haber sufrido posiblemente golpes (tortura) durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto. Debiéndose garantizar la independencia del Agente del Ministerio Publico, es decir, que quien intervenga en la investigación de los hechos posiblemente de tortura, no sea el representante social que integró la averiguación previa AP-615/2016/TEPEA, y ante quien el veintiocho de febrero de dos mil dieciséis (foja 1 del tomo de pruebas), fue puesto a disposición el ahora quejoso y rindió su declaración ministerial; asimismo, deberá garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia al indiciado, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna, y sí ya lo hizo." Resolución que, en auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria, por lo que se solicitó el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 132 a 136). Por oficio 4309 de cinco de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 176 a 203), el juez de la causa remitió diversas constancias dictadas en el proceso penal 68/2016 de su índice, de las cuales se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Remitió las constancias del desahogo del testimonio de Luis Rodríguez Castillo (fojas 192 y 193), del desistimiento de la testimonial de Antonio Lorenzo Carrera Castillo (foja 195), del careo constitucional entre el indiciado Lucio Pérez Cedeño y el agraviado Isaías Téllez Huerta (fojas 200 y 201), así como el careo constitucional entre el inculpado Lucio Pérez Cedeño y los elementos aprehensores Guillermo Caselin Varela y José Marco Antonio Beltrán Mireles (fojas 185 y 186) y sus respectivas notificaciones. Probanzas que tomó en consideración en la resolución de término constitucional de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 221 vuelta a 223). Mediante oficio 4553 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 208 a 225), el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha dictada en la causa penal 68/2016 de su índice, de la cual se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de siete de marzo de dos mil dieciséis, así como la diversa de treinta de agosto del mismo año con la cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 224). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Lucio Pérez Cedeño, decretándole auto de formal prisión por el delito de robo de ganado, previsto y sancionado por los artículos 390 y 392, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla y 69 letra N del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, en agravio de Isaías Téllez Huerta. - Asimismo, en el resolutivo sexto de dicha determinación, ordenó dar vista a los Agentes del Ministerio del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en turno y al de su adscripción, respecto de las manifestaciones del aquí quejoso, donde denuncia haber sufrido tortura durante su detención ministerial. Mediante oficio 4688 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 231 a 236), el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la constancia de notificación de la vista dada en la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a los Agentes del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en turno y al de su adscripción, así como la remisión de diversas copias certificadas del proceso penal 68/2016, a efecto de que se inicie la investigación respectiva. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO ISAÍAS TÉLLEZ HUERTA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (fojas 60 a 72), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el siete de marzo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 68/2016. b) Provea lo necesario para que se desahoguen los testimonios de Luis Rodríguez Castillo y Antonio Lorenzo Carrera Castillo, el careo constitucional entre el indiciado Lucio Pérez Cedeño y el agraviado Isaías Téllez Huerta, así como el careo constitucional entre el inculpado Lucio Pérez Cedeño y los elementos aprehensores (Guillermo Caselin Varela y José Marco Antonio Beltrán Mireles). En especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal y oportunamente a las referidas personas en un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tales probanzas ya se hubieran desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica del inculpado ahora quejoso, tomando en cuenta cada una de las pruebas ofrecidas por el inculpado, ya que éstas fueron ofrecidas para demostrar su inocencia del delito que se le imputa, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera el quejoso gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dicha diligencia. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio." Asimismo, en el considerando décimo, de dicha sentencia se estableció: "Por tanto, el juez responsable en caso de que no lo haya hecho, deberá dar vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones de la parte quejosa, en las que denuncia haber sufrido posiblemente golpes (tortura) durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto. Debiéndose garantizar la independencia del Agente del Ministerio Publico, es decir, que quien intervenga en la investigación de los hechos posiblemente de tortura, no sea el representante social que integró la averiguación previa AP-615/2016/TEPEA, y ante quien el veintiocho de febrero de dos mil dieciséis (foja 1 del tomo de pruebas), fue puesto a disposición el ahora quejoso y rindió su declaración ministerial; asimismo, deberá garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia al indiciado, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna, y sí ya lo hizo." Resolución que, en auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria, por lo que se solicitó el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 132 a 136). Por oficio 4309 de cinco de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 176 a 203), el juez de la causa remitió diversas constancias dictadas en el proceso penal 68/2016 de su índice, de las cuales se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Remitió las constancias del desahogo del testimonio de Luis Rodríguez Castillo (fojas 192 y 193), del desistimiento de la testimonial de Antonio Lorenzo Carrera Castillo (foja 195), del careo constitucional entre el indiciado Lucio Pérez Cedeño y el agraviado Isaías Téllez Huerta (fojas 200 y 201), así como el careo constitucional entre el inculpado Lucio Pérez Cedeño y los elementos aprehensores Guillermo Caselin Varela y José Marco Antonio Beltrán Mireles (fojas 185 y 186) y sus respectivas notificaciones. Probanzas que tomó en consideración en la resolución de término constitucional de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 221 vuelta a 223). Mediante oficio 4553 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 208 a 225), el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha dictada en la causa penal 68/2016 de su índice, de la cual se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de siete de marzo de dos mil dieciséis, así como la diversa de treinta de agosto del mismo año con la cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 224). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Lucio Pérez Cedeño, decretándole auto de formal prisión por el delito de robo de ganado, previsto y sancionado por los artículos 390 y 392, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla y 69 letra N del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, en agravio de Isaías Téllez Huerta. - Asimismo, en el resolutivo sexto de dicha determinación, ordenó dar vista a los Agentes del Ministerio del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en turno y al de su adscripción, respecto de las manifestaciones del aquí quejoso, donde denuncia haber sufrido tortura durante su detención ministerial. Mediante oficio 4688 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 231 a 236), el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la constancia de notificación de la vista dada en la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a los Agentes del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en turno y al de su adscripción, así como la remisión de diversas copias certificadas del proceso penal 68/2016, a efecto de que se inicie la investigación respectiva. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento"
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y anexo; visto su contenido, téngase a la referida responsable desahogando oportunamente el requerimiento formulado el veintiuno de septiembre de esta anualidad, y remitiendo copia certificada de las constancias de notificación de la vista dada en la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a los Ministerios Públicos del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en turno, y al de su adscripción, así como la remisión de diversas copias certificadas del proceso penal 68/2016, a efecto de que se inicie la investigación respectiva. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y del diverso y su anexo agregados mediante auto de veintiuno de este propio mes de septiembre, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo"
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por la Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, y visto su contenido, no ha lugar a dar vista con tales constancias en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior es así, ya que si bien, dejó sin efectos las resoluciones de siete de marzo y treinta de agosto de dos mil dieciséis, y con libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó una nueva resolución en la que decretó auto de formal presión o preventiva en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 68/2016. Aunado a que, en cumplimiento al fallo protector en el resolutivo sexto de la determinación en análisis de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dio vista a los Ministerios Públicos del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en turno, y al de su adscripción, respecto de las manifestaciones del aquí quejoso, donde denuncia haber sufrido posiblemente tortura durante su detención ministerial, ordenando remitir copias certificadas de las constancias que estimó necesarias; también lo es que omitió remitir las constancias que acreditaran la respectiva notificación, de dicha vista a los Agentes del Ministerio Público en comento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias de notificación a los Ministerios Públicos del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en turno, y al de su adscripción, donde además conste la remisión de las copias certificadas del proceso penal 68/2016 de su índice que ordenó remitirles en su resolución de diecinueve de este propio mes de septiembre. En el entendido que de no hacerlo así, esta autoridad continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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