Lucio Panchi Rodríguez
Expediente 620/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 15/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- LUCIO PANCHI RODRÍGUEZ y Otros.
- Lucio Panchi Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
CITATORIO.- NOTIFICACION POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LUCIO PANCHI RODRÍGUEZ, ROBERTO PANCHI SÁNCHEZ, VICENTE ÁLVAREZ DE LA CRUZ, JAVIER MAYO HUERTA, ISIDRA DE LOS SANTOS FLORES, HILARIO ALEJO CARILLO, MARGARITO PANCHI RODRÍGUEZ, RAMIRO PANCHI RODRÍGUEZ, SILVESTRE PANCHI HUERTA, FIDEL ALEJO CRUZ, ARTEMIO PANCHI RODRÍGUEZ, ARMANDO PANCHI COSME Y JANI GARCÍA CARMONA, el auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por otro lado, tomando en consideración que al presente asunto el Magistrado Presidente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con sede en esta ciudad, al rendir su justificado remitió copia certificada del juicio agrario 569/2013, que constituye los tomos I, II y III de pruebas; devuélvanse a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa anexo diversas documentales en original a su escrito de demanda, y el tercero interesado adjunto a su ocurso recibido el veinte de septiembre copia certificada del primer testimonio de la escritura pública ciento cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezcan ante este juzgado federal a recogerlas, respectivamente, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibidos que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejos ay tercero interesado.
- Principal
Acapulco, Guerrero, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias certificadas que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 620/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Lucio Panchi Rodríguez, Roberto Panchi Sánchez, Vicente Álvarez De la Cruz, Javier Mayo Huerta, Isidra De los Santos Flores, Hilario Alejo Carrillo, Margarito Panchi Rodríguez, Ramiro Panchi Rodríguez, Silvestre Panchi Huerta, Fidel Alejo Cruz, Artemio Panchi Rodríguez, Armando Panchi Cosme y Jani García , todos por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Uno, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Reclamo de la responsable, la sentencia definitiva de fecha 28 de Marzo del 2017, dictada dentro del Juicio Agrario bajo el número de expediente 569/2013, por considerar que los considerandos y puntos resolutivos de la misma son violatorios a nuestras garantías individuales, por tratarse de REVERSIÓN, sobre los terrenos que los suscritos tenemos en posesión por más de 25 años de manera ininterrumpida, pública, pacífica y de buena fe." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. Los quejosos señalaron como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 27, fracciones VII y XIX de la Constitución General de la República. TERCERO. Trámite del juicio de amparo Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de cinco de julio de dos mil diecisiete, por auto de veinticuatro de julio siguiente, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda que fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 620/2017; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto emitido dentro de un juicio agrario respecto del cual los quejosos tiene el carácter de terceros extraños y cuyo procedimiento se ventila por un tribunal agrario con domicilio dentro del ámbito de jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo, establece el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que los quejosos en su carácter de terceros extraños reclaman por esta vía todo lo actuado en el juicio agrario número 569/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Uno, promovido por el aquí tercero interesado Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y de Productos Pesqueros de Guerrero, Sociedad Anónima de Capital Variable, particularmente la resolución definitiva de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que se declaró procedente la reversión de tierras con una superficie de 2-50-38.00 hectáreas, correspondientes a la totalidad de la superficie expropiada al ejido denominado Marquelia, del Municipio de Marquelia, Guerrero, así como su reincorporación al patrimonio del actor y la inscripción del citado fallo ante el Registro Público de la Propiedad de esta entidad federativa, y su respectiva ejecución, superficie de la que se dicen legítimos poseedores. TERCERO. Certeza de acto reclamado. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Uno, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación aceptó el acto que se le reclama, lo que constituye una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero además, la mencionada circunstancia se robustece con la copia certificada de las constancias que integran el expediente agrario número 569/2013 (tomos I, II y III de prueba), las cuales, al ser documentales públicas, hacen prueba plena de la existencia del proceder combatido, de acuerdo con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo en cita, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, este juzgador de amparo advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61, en relación con los numerales 17, primer párrafo y 18, todos de la legislación de la materia, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que los quejosos tuvieron conocimiento del acto reclamado. En efecto dichas porciones normativas establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo por regla general dentro del término de quince días, computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifiquen ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días. 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro de los quince días (salvo en los casos previstos en las citadas fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo) siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el diverso numeral 18 de la ley de la materia, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Ahora bien, los quejosos al desahogar la prevención que les fue realizada manifestaron en su escrito de diez de julio pasado, que tuvieron cocimiento de la resolución que por esta vía reclaman, el doce de junio de dos mil diecisiete (confesión que se valora al tenor de los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo). Entonces, tomando en consideración la fecha en que los quejosos se ostentaron sabedores del acto reclamado (doce de junio de dos mil diecisiete); el término de quince días con que disponían para promover la acción de tutela constitucional transcurrió del trece de junio (día siguiente hábil) al tres de julio del año en curso, descontados los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio así como uno y dos de julio por haber sido inhábiles; de lo que se sigue que el aludido plazo de quince días transcurrió en su perjuicio, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el cuatro de julio del año pasado, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, por lo que cabe concluir que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado, sin que se ubiquen en alguna de las hipótesis de excepción a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia (particularmente en la fracción III dado que la demanda la presentaron por propio derecho y no en representación de algún núcleo de población ejidal o comunal), para estimar que deba considerarse otro el plazo con que contaban para acudir a la instancia constitucional. Máxime que la confesión de los quejosos en torno al conocimiento del acto reclamado, contenida en su escrito de aclaración de demanda, no se encuentra desvirtuada con prueba en contrario, y por tanto, en esta etapa goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 57, tomo III, Junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice. "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Consecuentemente, resulta fundada la causal de improcedencia que se analiza, es decir, la acción de amparo resulta improcedente por ser notoriamente extemporánea la impugnación de la resolución reclamada, pues los quejosos presentaron su demanda fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo y lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita. Es aplicable la tesis del Tribunal colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible a página 92, tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Igualmente, robustece la consideración anterior la jurisprudencia P./J. 6/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto disponen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo demás en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio 620/2017, promovido por Lucio Panchi Rodríguez, Roberto Panchi Sánchez, Vicente Álvarez De la Cruz, Javier Mayo Huerta, Isidra De los Santos Flores, Hilario Alejo Carrillo, Margarito Panchi Rodríguez, Ramiro Panchi Rodríguez, Silvestre Panchi Huerta, Fidel Alejo Cruz, Artemio Panchi Rodríguez, Armando Panchi Cosme y Jani García Carmona, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Paz del Municipio de Marquelia, Guerrero; mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 336/2017, que se envió para que el desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte quejosa. Acúsese el recibido correspondiente y háganse las anotaciones en el libro respectivo.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fabián Alejandro Leyva Monroy, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica del Titular autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/6068/2017, signado por el Secretario Técnico de dicha comisión; asistido de la licenciada Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
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