Lucio Campos Romero

Expediente 934/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
934/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Lucio Campos Romero
  • Juez de Primera Instancia del Ramo Civil Y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, Con Residencia En Tecpan de Galeana, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; doce de junio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan, a través del cual acusa recibo del oficio 9426/2018, de veintinueve de mayo pasado, por el cual se devolvieron los originales del expediente 170/2013-II. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, remitió los autos originales del expediente 170/2013-II, y dado que los mismos resultan innecesarios que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen.

  3. Principal

    VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 934/2017. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo Por oficio 4455/2017, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, la demanda de amparo promovida por Lucio Campos Romero, por su propio derecho, en contra de actos de la Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, residente en Tecpan de Galeana, Guerrero y de otra autoridad al estimar que ese Tribunal Colegiado carecía de competencia legal para conocer de la misma. El quejoso presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana. Ejecutora Actuario del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana. Residentes en Tecpan de Galeana, Guerrero. ACTO RECLAMADO "Respecto de la Autoridad Responsable señalada como ordenadora: a). La violación procesal de substanciar sin mi audiencia el expediente 170/2013-II, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Olga Beatriz Carachure Alonso en contra de Cruz Alejandra Parra Morales y del suscrito Lucio Campos Romero. b). Consecuentemente todo lo actuado en dicho expediente, a partir de un ilegal emplazamiento a juicio realizado a mi persona que se traduce en una falta de notificación legal de la demanda, que dio origen a la substanciación del juicio sin mi audiencia. c). La ilegal sentencia definitiva y la ejecución de la misma sustentadas en un procedimiento totalmente viciado. d). La desposesión de un bien inmueble de mi propiedad o lanzamiento, ordenado en mi contra con motivo de la adjudicación en remate llevado a cabo en ejecución de sentencia definitiva, dictada bajo un procedimiento viciado por un ilegal emplazamiento a juicio realizado a mi persona o por una falta de emplazamiento a juicio a mi persona, en el referido expediente ejecutivo mercantil promovido en contra del suscrito, por la hoy tercera interesada Olga Beatriz Carachure Alonso. De la Autoridad Responsable señalada como ejecutora: a) Los inobservancia en mi perjuicio a los artículos 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio y los artículos 309 fracción I, 310 párrafo tercero y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, al ejecutar el auto de exequendo, en el expediente número 170/2013-II, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Olga Beatriz Carachure Alonso en contra de Cruz Alejandra Parra Morales y del suscrito Lucio Campos Romero. b) El ilegal emplazamiento a juicio realizado supuestamente al suscrito, o la falta de emplazamiento a juicio a mi persona, en el citado expediente número 170/2013-II, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en mi contra, por la hoy tercero interesada Olga Beatriz Carachure Alonso. c) La pretensión de ejecutar la desposesión a mi persona de un bien inmueble de mi propiedad, que fue embargado ilegalmente y rematado con apoyo en la ejecución de una sentencia definitiva proveniente de un procedimiento viciado por un ilegal emplazamiento a juicio realizado supuestamente a mi persona o por la falta de emplazamiento a juicio del suscrito, en el mencionado expediente número 170/2013-II, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en mi contra por la hoy tercero interesada Olga Beatriz Carachure Alonso." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de once de octubre de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, registró la demanda de amparo promovida por Lucio Campos Romero, bajo el número de amparo directo civil 703/2017; asimismo, declaró carecer de competencia legal para conocer de la misma y ordenó remitir dicho ocurso por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad; comunicado oficial que en dicha oficina se recibió el diecinueve de octubre siguiente y quien en esa data, por razón de turno la remitió a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, este Juzgado Federal registró la demanda bajo el número de juicio de ampro 934/2017 y se avocó al conocimiento del asunto; sin que se solicitaran los informes justificados por las autoridades responsables ni se ordenara el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada al obrar estos en autos; así también, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto proveniente de una autoridad judicial radicada en la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis del escrito de demanda y al advertirse que sólo se atribuyen vicios propios a las diligencias realizadas por el actuario el veinte y veintiuno de febrero de dos mil catorce; con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto destacado la diligencia de emplazamiento realizada en el juico ejecutivo mercantil 170/2013-II. Esto, pues aun cuando también se señala la sentencia, que contiene condena en contra del quejoso, y su ejecución, como actos reclamados, sólo refiere que se emitieron sin haber sido emplazado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana y a la Secretaria Actuaria de esa adscripción, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, pues al rendir su informe con justificación de manera conjunta el Secretario de Acuerdos de ese juzgado encargado del despacho por ministerio de ley, así como la segunda de los mencionados, así lo reconocieron expresamente; lo que constituye una confesión en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. Además porque que se corrobora con las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil número 170/2013-II (Tomo I de prueba) que en original remitió la autoridad citada en primer término como justificación a su informe; la cual por ser una documental pública tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del ordenamiento adjetivo en cita. CUARTO. Causales de Improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público se examinan preferentemente las causas de improcedencia invocadas por las partes o se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de manera oficiosa se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que se tuvo conocimiento de los actos reclamados. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: I. Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. II. Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. III. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifiquen alguno de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: Uno. En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; Dos. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. Tres. La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. Cuatro. En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este punto, conviene tener presente que para actualizar la causa de improcedencia a que se hace referencia, en tratándose de un gobernado que acude a la instancia constitucional con el carácter de tercero extraño a juicio, es necesario demostrar los siguientes extremos: a) Un acto de autoridad. b) Una persona que se hace sabedora de que puede sufrir o está siendo afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Lo antepuesto tiene sustento en la tesis aislada número I.6o.C.84 K, que integró el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2128, del Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL HECHO DE QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ENTERE FEHACIENTEMENTE DE QUE EN ESA CONTIENDA SE PODRÍA AFECTAR O SE ESTÁ AFECTANDO SU ESFERA JURÍDICA. De la interpretación del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 del mismo ordenamiento, excepto los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes, de esa forma, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, se tienen que presentar los siguientes supuestos: a) Un acto de autoridad; b) Una persona que se hace sabedora de que puede sufrir o está siendo afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Ahora bien, todos los elementos anteriormente señalados deben concurrir necesariamente, porque ante la falta de alguno de ellos impediría que se reuniera lo indispensable y necesario para estimar que se encuentra actualizada la causal de improcedencia en cita. En este orden de ideas, cuando una persona es tercera extraña a juicio, no es suficiente para considerar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, el hecho de que ésta haya tenido conocimiento de la existencia del procedimiento, sino que es requisito esencial que se encuentre enterada fehacientemente de que en esa contienda se podría ver afectada o se está afectando su esfera jurídica." Así las cosas, es evidente que el primero de los extremos, se tiene actualizado con la existencia de las diligencias de veinte y veintiuno de febrero de dos mil catorce, en las cuales se requirió al quejoso (quien tiene el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 170/2013-II), el pago de la cantidad que como suerte principal se le reclamó y al no hacerlo se le embargó el bien inmueble inscrito ante la autoridad registral bajo el número de folio de derechos reales 1973 del Distrito Judicial de Galeana; hecho lo cual se le emplazó a juicio. Respecto a la segunda y la tercera de las exigencias también se colman; para justificarla se retoma lo mencionado bajo protesta de decir verdad, por el quejoso al narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, precisamente en el apartado V, relativo a la "Fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo", manifestó que: ". el día veintiséis de octubre de 2016, ocurrí a Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de esta ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero, para hacer un pago y me percate de un edicto de fecha 23 de febrero de ese año, suscrito por el licenciado Lauro Solano Pinzón, en calidad de Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, mediante el cual se convoca postores para participar en una subasta pública en primer almoneda, referente a una fracción de terreno de mi propiedad, que fue embargado en el expediente número 170/2013-II, relativo al juicio ejecutivo mercantil del índice del mismo Juzgado, promovido por Olga Beatriz Carachure Alonso en contra de Cruz Alejandra Parra Morales y del suscrito Lucio Campos Romero, por lo que inmediatamente fui a las oficinas de dicho Juzgado y en punto de las diez horas consulté dicho expediente.". Lo anterior, ya que se toma como fecha para el cómputo referido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo; aquélla a partir de la cual Lucio Campos Romero tuvo conocimiento pleno y cierto de la existencia del juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra, cuya falta de emplazamiento reclama al no existir duda de que en ese momento el peticionario de amparo conoció de la afectación al derecho que ahora pretende le sea salvaguardado en esta instancia constitucional, pues desde ese entonces estaba en aptitud de acudir al juicio de amparo indirecto para que le fueran restituidas las garantías que estimara trastocadas. Resulta ilustrativa en sentido contrario la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Bajo ese contexto, conforme con los razonamientos expuestos, es indudable que desde el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, tuvo conocimiento pleno y cierto del acto reclamado y por ende, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término que disponía para promover demanda de amparo comenzó a transcurrir a partir del día siguiente hábil, esto al no ubicarse en la hipótesis a que se refiere la primera parte del citado numeral, sino en la subsecuente, pues el conocimiento que tuvo de los actos reclamados, no provino de una conducta de la autoridad sino de su propio actuar que se materializó cuando en aquella fecha, una vez que se percató del edicto en el que el juzgado responsable convocaba postores para participar en una subasta pública en primer almoneda, referente a una fracción de terreno de su propiedad, embargado en el juicio natural que en su contra promovió Olga Beatriz Carachure Alonso, acudió inmediatamente a las oficinas de dicho Juzgado y en punto de las diez horas consultó el juicio ejecutivo mercantil 170/2013-II. De ahí que, es indudable que el término de quince días para promover la acción de tutela constitucional aludido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido con exceso; luego, es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la parte quejosa, con lo que se colman los dos últimos de los requisitos analizados; sin que se ubique en alguna de las causas de excepción a que se refieren las fracciones I a IV del citado numeral; para estimar que debe considerarse otro plazo con que contaba para acudir a la instancia constitucional; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 27/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 57 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 934/2017, promovido por Lucio Campos Romero, en contra del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Incidental

    .... ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...

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