Lucio Cruz Cruz
Expediente 551/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 39 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 15/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Lucio Cruz Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual informa que el treinta de abril del actual, determinó el no ejercicio de la acción penal persecutoria dentro de la carpeta de investigación CDI: 494/2019/UIET, por el delito de tortura, en agravio del quejoso Lucio Cruz Cruz, y se ordenó el archivo definitivo del asunto; de lo que se toma nota para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 884/2019 (orden 1222/2019) de este índice, de cuyas actuaciones se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se notificó al quejoso Lucio Cruz Cruz, en su lugar de reclusión, el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 421 a 426); de lo que esta autoridad queda enterada, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por medio del cual informa a este órgano de control constitucional que en atención al requerimiento que le hizo la Encargada del Área de Ventanilla Única de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, realizó el volante de control de gestión folio FECC/VG/1161/2019, mismo que envió al Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Tortura, mediante oficio número V/Ú/449/2019 de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; lo anterior, para que en el ámbito de sus obligaciones realice una investigación bajo un esquema imparcial, independiente y minucioso , iniciándose con ello en la unidad de investigación especializada la carpeta de investigación número 494/2019/UIET y para acreditar su dicho anexa copia del volante de control antes mencionado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, intégrese a los autos los oficios signados por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Tortura de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por medio de los cuales informa a este órgano de control constitucional que con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, aperturó la carpeta de investigación 494/2019/UIET de su índice, a fin de descubrir la verdad respecto a los actos de tortura alegados por el quejoso Lucio Cruz Cruz y al efecto, remite copia del registro de inicio de dicha indagatoria, en donde se advierte los actos de investigación ordenados; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 27 DE noviembre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia firmada y autorizada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (fojas 189 a 228), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Lucio Cruz Cruz, para los efectos que se transcriben a continuación: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Lucio Cruz Cruz, para que la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, en la carpeta administrativa penal 111/2019/ZACATLÁN de su índice, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos parcialmente la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, así como la diversa de veintitrés de mayo de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal citada; y en su lugar, reponga la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, a partir del momento en que el aquí quejoso manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público, para que así, en caso de considerarlo procedente, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo primero los motivos por lo que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte al imputado si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, de emitirse auto de vinculación en contra del quejoso en la misma audiencia en que se reponga la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, proceda a pronunciarse respecto a la medida cautelar que solicite el Ministerio Público, y el término para el cierre de investigación; y en caso de acogerse el imputado al plazo constitucional para resolver su situación jurídica, deberá en la misma audiencia en que reponga la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, pronunciarse respecto a la medida cautelar que solicite el Ministerio Público, y señalar fecha para la continuación de la audiencia inicial donde resolverá la situación jurídica del quejoso, y finalmente señalará el término para el cierre de investigación. Se invoca en apoyo, en lo conducente, la tesis I.8o.P.13 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: (.) En el entendido de que tal reposición de procedimiento no implica que el Ministerio Público pueda modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación. 2. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del hoy quejoso; y, 3. Debiendo llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso el mismo juez de control que haya celebrado la audiencia de imputación. Lo anterior en observancia a la tesis de jurisprudencia emitida por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: (.)" (fojas 219 y 220). En acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 285 a 288), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En tales condiciones, la 1. Jueza de Control del juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Norte, con sede en San Zacatlán, Puebla, realizó lo siguiente: I. Mediante oficio número JOPZ/1334/2019 de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve (foja 316), informó que en proveído de esa misma fecha, dejó sin efecto parcialmente la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, así como la diversa de veintitrés del mismo mes y año, y, ordenó la reposición de la misma, a partir del momento en el que el quejoso Lucio Cruz Cruz, manifestó que no deseaba declarar respecto a los hechos de los cuales el Ministerio Público formuló imputación (foja 316 frente). Asimismo informó, que señaló las doce horas del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, a efecto de que tuviera verificativo la audiencia inicial (foja 316 vuelta). II. Por telegrama de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la jueza de control responsable, informó que difirió la audiencia señalada para esa fecha, para el uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 323). III. Por oficio JOPZ/1347/2019, signado por la 1. Jueza de Control del juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Norte, con sede en San Zacatlán, Puebla, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la carpeta judicial 111/2019/ZACATLÁN, el uno de octubre de dos mil diecinueve, desahogó la audiencia inicial de imputación en contra del quejoso (foja 320); y, IV. Por oficio JOPZ/1368/2019, signado por la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, comunicó que dentro de la carpeta judicial 111/2019/ZACATLÁN, el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, desahogó la audiencia inicial de vinculación a proceso, emitiendo auto de vinculación en contra del quejoso "por el ilícito penal de violencia doméstica, ilícito previsto y sancionado por el artículo 284 Bis, segundo párrafo, enunciado final en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Elida Salazar Hernández" (foja 334). Del expediente de amparo en que se actúa, se advierte que por auto de once de octubre de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito, tuvo por recibido el disco versátil digital DVD relativo a la audiencia de cuatro de octubre del mismo año (fojas 339 y 341 a 343); y, en diverso auto de siete de noviembre, también de dos mil diecinueve, se recibió el diverso disco versátil digital DVD relativo a la audiencia de uno de octubre del mismo año (fojas 384 y 386 a 388). Discos de prueba a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin necesidad de audiencia especial para su desahogo al tener naturaleza jurídica de prueba documental pública, como lo sustenta la jurisprudencia número 43/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Luego, lo narrado con anterioridad en relación con los efectos de la ejecutoria de amparo, revela lo siguiente: I. En relación con el punto uno, consistente en que la juez de control responsable: "1. Deje sin efectos parcialmente la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, así como la diversa de veintitrés de mayo de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal citada; y en su lugar, reponga la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, a partir del momento en que el aquí quejoso manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público, para que así, en caso de considerarlo procedente, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo primero los motivos por lo que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte al imputado si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales." La jueza de control mediante oficio JOPZ/1334/2019 de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve (foja 316), informó que en esa fecha dejó sin efecto parcialmente la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, así como la diversa de veintitrés del mismo mes y año, y, ordenó la reposición de dicha audiencia, a partir del momento en el que el quejoso Lucio Cruz Cruz dijo que no deseaba declarar respecto a los hechos de los cuales el Ministerio Público formuló imputación, y señaló las doce horas del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, a efecto de que tuviera verificativo la audiencia inicial (foja 316 vuelta), misma que luego difirió para el uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 323). Por lo que se cumplió con la primera parte del punto uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. II. Por lo que hace a la segunda parte del punto uno, consistente en que: "1.(.) en caso de considerarlo procedente, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo primero los motivos por lo que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte al imputado si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales." Así como, por lo que respecta a los diversos puntos dos y tres de la ejecutoria emparo, relativos a que: "2. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del hoy quejoso; y, 3. Debiendo llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso el mismo juez de control que haya celebrado la audiencia de imputación." La jueza de control manifestó haberlo llevado a cabo en el desahogo de las audiencias celebradas el uno y cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Del disco correspondiente a la audiencia de uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 384) se advierte que la misma la desahogó la jueza de control Rosa Celia Pérez González en los siguientes términos (DVD 10:26:43 a 11:57:35 HRS): a) El quejoso manifestó que no era su deseo declarar; b) La agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del imputado, exponiendo los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación; c) El imputado, previa explicación de la jueza de Control de los plazos para resolver su situación jurídica, éste solicitó acogerse al plazo constitucional de setenta y dos horas para resolver su situación jurídica; d) Se señalaron las ocho horas con treinta minutos de cuatro de octubre del año en curso, para la continuación de la audiencia inicial; y, e) Se determinó como medida cautelar en contra del imputado la prisión preventiva necesaria. Del disco correspondiente a la audiencia de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 339) se advierte que la misma la desahogó la jueza de control Rosa Celia Pérez González en los siguientes términos (DVD 9:08:23 a 10:26:15 HRS): a) La defensa informó que no contaba con medios de prueba que desahogar en la audiencia; b) La defensa contestó la solicitud de vinculación del Ministerio Público; y, c) Se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 284 Bis, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla en agravio de Elida Salazar Hernández, aquí tercero interesada. En tal virtud, se tiene que se repuso la audiencia inicial de imputación y de vinculación a proceso, a partir del momento en que el aquí quejoso manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público, misma que se celebró en dos momentos, la primera el uno de octubre de dos mil diecinueve, donde una vez que el imputado dijo que no era su deseo declarar, y el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, primero, dicha representación social expuso los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, que acreditaban la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el quejoso hubiera intervenido en su comisión, y, luego, el juez de control le explicó los plazos para resolver su situación jurídica y le preguntó si se acogía o no al plazo constitucional o a su ampliación, acogiéndose al plazo constitucional de setenta y dos horas para resolver su situación jurídica, por lo que se determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva necesaria; y, en diversa audiencia de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, la defensa no ofreció pruebas y sólo contestó lo relativo a la vinculación a proceso que solicitó el Ministerio Público, y la juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar, "previsto y sancionado por el artículo 284 Bis, segundo párrafo, enunciado final en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Elida Salazar Hernández". Así también, de los dos discos versátiles digitales, se advierte que la audiencia inicial de imputación de uno de octubre de dos mil diecinueve, y la de vinculación a proceso de cuatro del mismo mes y año, fueron desahogadas por la misma jueza de control Rosa Celia Pérez González. Por lo que se dio cumplimiento a la segunda parte del punto uno, y los puntos dos y tres de los efectos de la ejecutoria de amparo. Así, quedan subsanadas las deficiencias destacadas en la sentencia de amparo. No es obstáculo para lo anterior que mediante escritos presentados el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el autorizado del quejoso en términos amplios (fojas 365 y 367) haya manifestado, que "el quejoso es inocente en la comisión del delito de violencia familiar", y por ello la privación de la libertad es inconstitucionalidad. Tal afirmación deviene infundada en virtud de que controvierte el fondo del auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva necesaria, lo que no puede ser analizado en el presente controvertido constitucional, en virtud de que la protección de la justicia federal se concedió para el efecto de que la responsable dejara sin efectos las audiencias donde emitió dichos actos y con libertad de jurisdicción emitiera otros. Por lo que no es factible que este juzgado de Distrito analice los aspectos pretendidos por la parte quejosa, en virtud de que ello implicaría emprender un nuevo análisis constitucional sobre el fondo del asunto, lo que no formó parte de los efectos del fallo protector. Es aplicable, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO PROCEDENTE. CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN UN ANTERIOR JUICIO DE GARANTIAS QUE OTORGO LA PROTECCION FEDERAL PARA DIVERSOS EFECTOS QUE, HABIENDOSE CUMPLIDO, DEJAN A LA RESPONSABLE EN APTITUD DE RESOLVER LO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA, EN PLENITUD DE JURISDICCION. No se está ante un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de una demanda de garantías por el solo hecho de que el acto reclamado lo sea una resolución pronunciada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, pues con motivo de la decisión que concedió la protección constitucional existe la posibilidad de que en un mismo asunto, la responsable quede por una parte, en cuanto a un aspecto, vinculada a emitir una nueva resolución cumpliendo con los lineamientos que se establezcan en la ejecutoria de amparo, y por otro lado, quede en libertad de jurisdicción para pronunciar su fallo en relación a una cuestión diversa. En el primer supuesto, indudablemente la resolución de la autoridad se estaría dictando en ejecución estricta de una sentencia de amparo y tal circunstancia por sí tornaría improcedente un nuevo juicio de garantías, esto con independencia de que de existir exceso o defecto en el cumplimiento de ese fallo el agraviado está en posibilidad de intentar el recurso de queja correspondiente; en cambio, en el segundo de los casos cuando la determinación de la autoridad surge del ejercicio del arbitrio que la ley le confiere por no haber quedado sujeta a la sentencia de amparo cuyo efecto fue dejar en plenitud de facultades a la autoridad responsable para que resolviera el conflicto sometido a su jurisdicción como en derecho procediera, una vez cumplidas las omisiones en que hubiese incurrido, siendo posible que en la emisión del nuevo fallo se cometa de nueva cuenta una violación de garantías individuales en perjuicio del quejoso, en cuyo supuesto sí es procedente el nuevo juicio de amparo que se interponga." Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, se ordena notificar personalmente al quejoso, el presente auto en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla), corriéndole traslado con copia autorizada del mismo. Por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla; a) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Lucio Cruz Cruz, y se cerciore de su identidad; b) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 551/2019-B-; c) Notifique al quejoso el presente acuerdo; d) Le corra traslado con copia autorizada del proveído aquí dictado, y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se solicita atentamente al Juez que ordene al diligenciario que corresponda realice la diligencia en los términos solicitados, a efecto de no retrasar el trámite del juicio de amparo en contravención de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por la Encargada del Área de Ventanilla Única de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (415), remite a este órgano de control constitucional copia certificada del oficio V/Ú/449/2019 dirigido a la Titular de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla -María Eugenia Calderón Olimán-, por el que le remite copia de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, dictada por este juzgado a fin de que se realice las gestiones necesarias para investigar los hechos manifestados por el quejoso en su demanda de amparo, esto es, los actos de tortura cometidos en su contra por personal del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, se requiere a la Titular de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla -María Eugenia Calderón Olimán-, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas contadas a partir del en que surta efectos al notificación del presente auto informe a este órgano jurisdiccional las medidas que tomó respecto a la solicitud que le hizo la Encargada del Área de Ventanilla Única de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, para lo cual deberá remitir las constancias conducentes. Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no atender el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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