Lucino Juan Lopez Rosales

Expediente 936/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
936/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Lucino Juan Lopez Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y sus anexos, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 575/2017 de este índice, enviado para emplazar a la parte tercero interesada Rufino Eduardo Rodríguez Mejía; toda vez que en auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 31 DE AGOSTO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos el oficio 1134 del Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, así como las constancias remitidas por dicha autoridad vía correo electrónico y, visto su contenido, se provee: En relación con el oficio de cuenta, téngase al Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla remitiendo las constancias de emplazamiento que, según su dicho, le fueron requeridas por oficio E-679-2 del índice de este juzgado; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, pues mediante dicha comunicación oficial se emplazó al presente juicio a la autoridad responsable 2. Diligenciario adscrito al Juzgado Penal Municipal de Tehuacán, Puebla y se le requirió su informe justificado, mas no se ordenó que llevara a cabo emplazamiento alguno, ya que tal diligencia se ordenó por conducto del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a través del despacho 575/2017 (foja 13). Por otra parte, intégrense las constancias remitidas por el juez responsable vía correo electrónico, por medio de las cuales da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veintinueve de agosto del año en curso. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y las constancias mencionadas en el párrafo precedente, esta autoridad Federal advierte de oficio, que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, por lo que se atiende a la misma y se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Lucino Juan López Rosales, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- El Ciudadano JUEZ PENAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA en su calidad de Autoridad Ordenadora; y el DILlGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA en su calidad de Autoridad Ejecutora, ambos con domicilio Oficial bien conocido en Calzada Adolfo López Mateos de la Ciudad de Tehuacán, Puebla. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- A.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA JUEZ PENAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA reclamo la omisión de acordar mi escrito presentado en fecha ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE mediante el cual solicité la devolución de la fianza exhibida de mi parte dentro del citado proceso 435/2014. B.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA.- DILlGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA reclamo la falta de notificación del acuerdo que debe recaer a mi escrito presentado en fecha ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE mediante el cual solicité la devolución de la fianza exhibida de mi parte dentro del citado proceso 435/2014." (foja 4). En ese sentido, la autoridad responsable Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar la petición formulada por el aquí quejoso, mediante escrito presentado el once de julio de dos mil diecisiete, dentro del proceso 435/2014 de su índice (foja 18), por tanto, se tiene plenamente probada la existencia de dicho acto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas derivadas de la causa penal 435/2014 (fojas 33 a 38), a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -quince de agosto de dos mil diecisiete-, el juez responsable aún no se había pronunciado sobre la petición controvertida en este juicio-lo que aconteció hasta el dieciocho de agosto del año en curso-; por tanto, al momento de instar esta vía constitucional, la omisión reclamada aún existía. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No pasa inadvertido, que a la fecha no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable 2. Diligenciario adscrito al Juzgado Penal Municipal de Tehuacán, Puebla; sin embargo, ello no es motivo suficiente para modificar la determinación adoptada por este juzgado Federal, pues de las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe de ley, se advierte que la omisión reclamada al citado Diligenciario también resulta cierta. En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el caso, de las documentales existentes en el sumario (fojas 33 a 38), ya valoradas en términos de ley, se advierte que: 1.- El once de julio de dos mil diecisiete, el quejoso Lucino Juan López Rosales, presentó ante la autoridad responsable un escrito, mediante el cual solicitó la devolución de la fianza que en su momento, exhibió dentro de la causa penal 435/2014 de su índice. 2.- Al referido ocurso, recayó el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (foja 35), mediante el cual se requirió al aquí quejoso para que en el término de tres días contado a partir de que fuera notificado, compareciera ante esa autoridad a ratificar su escrito y, hecho lo anterior, se acordaría lo procedente. 3.- Determinación que se notificó personalmente al peticionario de garantías, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (foja 37). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso, ante la autoridad responsable, el once de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 435/2014, al haberse dictado el acuerdo respectivo y notificado al peticionario de amparo. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de septiembre de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal que a la fecha no obran las constancias que acrediten que se logró el emplazamiento del agraviado en la causa penal de origen, en su carácter de tercero interesado; sin embargo, tomando en consideración el sentido de este auto, no resulta necesario que obre en el expediente la mencionada constancia de emplazamiento, por no irrogarle algún perjuicio a la parte tercera interesada; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido de la sentencia, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos el oficio 1134 del Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, así como las constancias remitidas por dicha autoridad vía correo electrónico y, visto su contenido, se provee: En relación con el oficio de cuenta, téngase al Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla remitiendo las constancias de emplazamiento que, según su dicho, le fueron requeridas por oficio E-679-2 del índice de este juzgado; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, pues mediante dicha comunicación oficial se emplazó al presente juicio a la autoridad responsable 2. Diligenciario adscrito al Juzgado Penal Municipal de Tehuacán, Puebla y se le requirió su informe justificado, mas no se ordenó que llevara a cabo emplazamiento alguno, ya que tal diligencia se ordenó por conducto del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a través del despacho 575/2017 (foja 13). Por otra parte, intégrense las constancias remitidas por el juez responsable vía correo electrónico, por medio de las cuales da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veintinueve de agosto del año en curso. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y las constancias mencionadas en el párrafo precedente, esta autoridad Federal advierte de oficio, que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, por lo que se atiende a la misma y se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Lucino Juan López Rosales, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- El Ciudadano JUEZ PENAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA en su calidad de Autoridad Ordenadora; y el DILlGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA en su calidad de Autoridad Ejecutora, ambos con domicilio Oficial bien conocido en Calzada Adolfo López Mateos de la Ciudad de Tehuacán, Puebla. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- A.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA JUEZ PENAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA reclamo la omisión de acordar mi escrito presentado en fecha ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE mediante el cual solicité la devolución de la fianza exhibida de mi parte dentro del citado proceso 435/2014. B.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA.- DILlGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA reclamo la falta de notificación del acuerdo que debe recaer a mi escrito presentado en fecha ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE mediante el cual solicité la devolución de la fianza exhibida de mi parte dentro del citado proceso 435/2014." (foja 4). En ese sentido, la autoridad responsable Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar la petición formulada por el aquí quejoso, mediante escrito presentado el once de julio de dos mil diecisiete, dentro del proceso 435/2014 de su índice (foja 18), por tanto, se tiene plenamente probada la existencia de dicho acto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas derivadas de la causa penal 435/2014 (fojas 33 a 38), a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -quince de agosto de dos mil diecisiete-, el juez responsable aún no se había pronunciado sobre la petición controvertida en este juicio-lo que aconteció hasta el dieciocho de agosto del año en curso-; por tanto, al momento de instar esta vía constitucional, la omisión reclamada aún existía. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No pasa inadvertido, que a la fecha no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable 2. Diligenciario adscrito al Juzgado Penal Municipal de Tehuacán, Puebla; sin embargo, ello no es motivo suficiente para modificar la determinación adoptada por este juzgado Federal, pues de las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe de ley, se advierte que la omisión reclamada al citado Diligenciario también resulta cierta. En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el caso, de las documentales existentes en el sumario (fojas 33 a 38), ya valoradas en términos de ley, se advierte que: 1.- El once de julio de dos mil diecisiete, el quejoso Lucino Juan López Rosales, presentó ante la autoridad responsable un escrito, mediante el cual solicitó la devolución de la fianza que en su momento, exhibió dentro de la causa penal 435/2014 de su índice. 2.- Al referido ocurso, recayó el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (foja 35), mediante el cual se requirió al aquí quejoso para que en el término de tres días contado a partir de que fuera notificado, compareciera ante esa autoridad a ratificar su escrito y, hecho lo anterior, se acordaría lo procedente. 3.- Determinación que se notificó personalmente al peticionario de garantías, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (foja 37). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso, ante la autoridad responsable, el once de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 435/2014, al haberse dictado el acuerdo respectivo y notificado al peticionario de amparo. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de septiembre de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal que a la fecha no obran las constancias que acrediten que se logró el emplazamiento del agraviado en la causa penal de origen, en su carácter de tercero interesado; sin embargo, tomando en consideración el sentido de este auto, no resulta necesario que obre en el expediente la mencionada constancia de emplazamiento, por no irrogarle algún perjuicio a la parte tercera interesada; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido de la sentencia, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada."

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