LUCINA CASIMIRO SÁNCHEZ y Otros.
Expediente 1035/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/06/2022
Partes del expediente
- LUCINA CASIMIRO SÁNCHEZ y Otros.
- Lucina Casimiro Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual hace de conocimiento que recibió los autos originales del presente juicio de amparo, e informa que aceptó la competencia planteada del juicio de amparo 1035/2021-I, del índice de este juzgado federal. Toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Como lo solicita el oficiante, remítanse los cuadernos incidentales que derivan del presente sumario, sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, sin que haya lugar a realizar mayor proveído, ello, en razón a que se proveyó lo conducente el ocho de junio pasado; por tanto, una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que conozca del presente sumario derivado de la competencia declinada, remítasele el comunicado aludido. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de la autoridad responsable que lo suscribe, a través del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de uno de junio pasado, en consecuencia, se provee: Incompetencia De la lectura del escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte promovente de amparo reclama: La omisión de dar respuesta su escrito elevado el seis de diciembre de dos mil veintiuno. Consideración previa De la revisión integral del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: 1. La aquí quejosa tiene el carácter de denunciante dentro de la carpeta de investigación ***********. 2. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, la quejosa elevó un escrito dirigido a la Coordinación General Jurídico y de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual formuló una denuncia de hechos -querella- en contra del servidor público Agente del Ministerio Público, en la Fiscalía de Procesos de Juzgado Familiares, Agencia Investigadora AEAM, Unidad de Investigación 1, Sin Detenido de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien actuó en la carpeta de investigación *********. 3. Como se advierte de las constancias exhibidas en esta data por la responsable, se desprende que mediante oficio de catorce de enero de la presente anualidad, el Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que con motivo de la petición en la que formuló su queja se asignó el número de expediente QD/407/11-2021, el cual le fue notificado vía correo electrónico (fojas 176 a 178). En ese sentido, visto el acto que se reclama y las constancias que allegó la responsable, este Jugador Federal determina carecer de competencia por razón de materia para conocer del asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en al artículo 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: I. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; II. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. III. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y IV. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el acto combatido no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, pues no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, ni mucho menos se trate de una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general en materia penal. Ahora bien, el numeral 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De lo anterior, se desprende que dentro de las atribuciones de los jueces de distrito en materia de administrativa, se encuentran los supuestos en los que se ha seguido un procedimiento seguido por autoridad administrativa en los que deba decidirse sobre su legalidad o subsistencia de los actos reclamados. Ahora, si los actos reclamados se hacen consistir en la omisión de dar respuesta su escrito elevado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se apertura el expediente QD/407/11-2021, correspondiente a una queja administrativa y lo atribuye al Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además que del estado que guardan los autos, no se desprende dato que revele que dichos actos estén relacionados con la carpeta de investigación que señala la parte promovente, por lo que es claro que tal omisión no guarda relación con dicho proceso de índole penal, o con algún hecho constitutivo de delito, sino que está vinculada con un procedimiento de índole administrativo relacionado con la revisión del actuar de un servidor público, por lo que es inconcuso que no se justifica la actualización de alguna de las hipótesis que establece el citado artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, tal como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia firme, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa, ya que su integración no se relaciona con el procedimiento penal propiamente, sino que solamente se ciñe a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubor y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia. En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa. En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público. En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia. Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría. Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa.". En consecuencia, al tratarse de un acto administrativo, es incuestionable que la competencia le corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgador estima que por razón de la especialidad compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad de México, en turno, conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata. En virtud de lo anterior, remítase el presente sumario, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Se deja sin efectos audiencia constitucional Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con quince minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad de México, uno de junio de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, se tiene como domicilio de la autoridad oficiante el que precisa en el informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa. Se autoriza el uso de medios electrónicos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Por lo que hace a la utilización de grabadora, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad su uso; lo anterior, ya que no es el medio idóneo para imponerse de autos. Requieren constancias De la revisión integral de las constancias, se advierte que la autoridad responsable informó a la aquí peticionaria que su queja fue atendida y le fue asignado el número de expediente QD/407/12-2021; sin embargo, no remitió las constancias relativas a dicho expediente con el que se justifique fehacientemente lo afirmado en el informe de ley. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias relativas al expediente QD/407/12-2021, de las que se desprenda que con motivo del escrito elevado por la justiciable se dio inició al citado procedimiento administrativo; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización. Notifíquese.
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