Luciano Antonio González Grande
Expediente 232/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 05/08/2015
Partes del expediente
- Luciano Antonio González Grande
- Juez Quincuagésimo Tercero Penal del Distrtio Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
México, Distrito Federal, cinco de agosto de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante Javier Arturo Herrejón Cedeño, secretario de juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
México, Distrito Federal, a cinco de agosto de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de seis de julio de dos mil quince, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En otro orden de ideas, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del indicado acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, atento a lo acordado en párrafos precedentes y, ante la inexistencia de razón jurídica para conservarlos, devulevanse a la autoridad responsable, el tomo de pruebas que remitió, sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, seis de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a LUCIANO ANTONIO GONZÁLEZ GRANDE en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por las autoridades responsables se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en la orden de arresto por 36 horas decretada el 6 de marzo de 2015, dentro de la causa penal 248/2014, del índice del Juzgado Cuadragésimo Tercero Penal en el Distrito Federal, así como su ejecución. Mediante sentencia de amparo treinta de abril de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable: A. Dejara insubsistente la orden de arresto por 36 horas decretado contra el quejoso, dentro de la causa penal 248/2014, del índice del Juzgado Cuadragésimo Tercero Penal en el Distrito Federal. B. En ejercicio de su facultad discrecional, si decidía emitir otro acto en el mismo sentido, debía realizar los siguiente: a) Precisar las razones y circunstancias de hecho y de derecho, que tomara en consideración para determinar procedente el arresto como medida de apremio y no la multa que no exceda del equivalente al importe de treinta días de salario mínimo vigente; o bien, el auxilio de la fuerza pública, que deberá proporcionarse en el momento que fuere solicitado, así como la duración de la medida de apremio. b) Señalar los elementos y las particularidades del quejoso, así como las condiciones que le rodean, tales como: el grado de comprensión del hecho que implica la desobediencia y reprochabilidad de su conducta; y, c) Indicar la gravedad de la infracción, su reincidencia, el retraso o imposibilidad del cumplimiento y las consecuencias que el retraso del cumplimiento ocasiona en el procedimiento, y resolviera conforme a derecho. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Secretaría de Seguridad Pública y al encargado del despacho de la subdirección de ejecución de mandamientos judiciales y apoyos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al no reclamarse por vicios propios. La sentencia dictada el presente juicio de garantías causó ejecutoria mediante proveído de 4 de junio de 2015, por ello, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a dicha ejecutoria. Mediante el oficio registrado con el número 18510, el Juez Quincuagésimo Tercero Penal en el Distrito Federal informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para demostrar lo anterior remitió copia del proveído de 9 de junio de 2015, del que se advierte que: Dejó insubsistente la orden de arresto por 36 horas decretada en fecha 6 de marzo de 2015, en contra del quejoso, por lo que giró oficio al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto de que cancelara la ejecución de dicha orden. Hecho lo anterior, determinó que no era necesario dictar una nueva medida de apremio a fin de que se presentara el quejoso en los autos de la causa 248/2014, toda vez que el mismo s ehabia presentado el 15 de abril del año que transcurre. Por lo anterior, no es necesario analizar el resto de los efectos para los que se concedió el amparo, pues su exigibilidad se encontraba condicionada a que el juez responsable reiterara el sentido de su determinación, lo que en la especie no aconteció. Asimismo, mediante oficio registrado con el folio 18747, las autoridades señaladas como ejecutoras informaron que dejaron insubsistente la ejecución de la orden de arresto reclamada. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes se ajustaron a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de la impetrante de garantías este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese personalmente.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de seis de julio del dos mil quince, a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" México, Distrito Federal, seis de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a LUCIANO ANTONIO GONZÁLEZ GRANDE en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por las autoridades responsables se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en la orden de arresto por 36 horas decretada el 6 de marzo de 2015, dentro de la causa penal 248/2014, del índice del Juzgado Cuadragésimo Tercero Penal en el Distrito Federal, así como su ejecución. Mediante sentencia de amparo treinta de abril de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable: A. Dejara insubsistente la orden de arresto por 36 horas decretado contra el quejoso, dentro de la causa penal 248/2014, del índice del Juzgado Cuadragésimo Tercero Penal en el Distrito Federal. B. En ejercicio de su facultad discrecional, si decidía emitir otro acto en el mismo sentido, debía realizar los siguiente: a) Precisar las razones y circunstancias de hecho y de derecho, que tomara en consideración para determinar procedente el arresto como medida de apremio y no la multa que no exceda del equivalente al importe de treinta días de salario mínimo vigente; o bien, el auxilio de la fuerza pública, que deberá proporcionarse en el momento que fuere solicitado, así como la duración de la medida de apremio. b) Señalar los elementos y las particularidades del quejoso, así como las condiciones que le rodean, tales como: el grado de comprensión del hecho que implica la desobediencia y reprochabilidad de su conducta; y, c) Indicar la gravedad de la infracción, su reincidencia, el retraso o imposibilidad del cumplimiento y las consecuencias que el retraso del cumplimiento ocasiona en el procedimiento, y resolviera conforme a derecho. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Secretaría de Seguridad Pública y al encargado del despacho de la subdirección de ejecución de mandamientos judiciales y apoyos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al no reclamarse por vicios propios. La sentencia dictada el presente juicio de garantías causó ejecutoria mediante proveído de 4 de junio de 2015, por ello, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a dicha ejecutoria. Mediante el oficio registrado con el número 18510, el Juez Quincuagésimo Tercero Penal en el Distrito Federal informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para demostrar lo anterior remitió copia del proveído de 9 de junio de 2015, del que se advierte que: Dejó insubsistente la orden de arresto por 36 horas decretada en fecha 6 de marzo de 2015, en contra del quejoso, por lo que giró oficio al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto de que cancelara la ejecución de dicha orden. Hecho lo anterior, determinó que no era necesario dictar una nueva medida de apremio a fin de que se presentara el quejoso en los autos de la causa 248/2014, toda vez que el mismo s ehabia presentado el 15 de abril del año que transcurre. Por lo anterior, no es necesario analizar el resto de los efectos para los que se concedió el amparo, pues su exigibilidad se encontraba condicionada a que el juez responsable reiterara el sentido de su determinación, lo que en la especie no aconteció. Asimismo, mediante oficio registrado con el folio 18747, las autoridades señaladas como ejecutoras informaron que dejaron insubsistente la ejecución de la orden de arresto reclamada. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes se ajustaron a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de la impetrante de garantías este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese personalmente.
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