Lucina Agustín Rivas

Expediente 1890/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1890/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Lucina Agustín Rivas
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el nueve de octubre de dos mil diecinueve, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de su esfera jurídica los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que fue recurrida y confirmada por el órgano colegiado revisor mediante ejecutoria de treinta de enero de dos mil veinte. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el tres de agosto de dos mil veinte, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el tres de abril del presente año realizó una transferencia bancaria SPEI al impetrante valiosa por $15,143.08 (quince mil ciento cuarenta y tres pesos 08/100 moneda nacional), la cual fue ordenada el trece de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, y que ordenó la devolución de la cantidad el trece de marzo de dos mil veinte, la cual se realizó mediante la transferencia bancaria precisada en el párrafo que antecede, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecinueve al mes de febrero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes junio del año próximo pasado entre el mes de enero de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecinueve fue de 103.299 y para el mes de enero del presente año fue de 106.447, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.030474641574459. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) por concepto de inscripción de documento público, además del monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), por concepto de inscripción de crédito hipotecario, respecto de la cantidad de $15,265.25 (quince mil doscientos sesenta y cinco pesos con veinticinco centavos moneda nacional) da como resultado el importe de $14,695.25 (catorce mil ciento seiscientos noventa y cinco pesos con veinticinco centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.030474641574459), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $14,695.25 (catorce mil ciento seiscientos noventa y cinco pesos con veinticinco centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $15,143.08 (quince mil ciento cuarenta y tres pesos 08/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $447.83 (cuatrocientos cuarenta y siete pesos 83/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración; además, que no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el delegado de las autoridades responsables denominadas Tesorero y Jefe de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías, como lo acredita con las documentales que adjunta; sin embargo, únicamente agréguense a sus autos para que obren como corresponda, toda vez que este juzgado mediante acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso, tuvo por acatada la sentencia concesoria del amparo. No obstante lo anterior, toda vez que el expediente de que se trata fue remitido al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con motivo del incidente de inejecución de sentencia planteado por este Juzgado, el cual fue radicado bajo el número 38/2019 de su estadística; por tanto, remítase copia certificada del libelo y anexos de cuenta al citado Tribunal de Alzada, para los efectos legales que estime procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las constancias de autos, específicamente, la notificación del proveído de cinco de noviembre de este año, mediante el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Director General Jurídico y representante legal de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit y toda vez que de ésta se advierte que no median al menos ocho días de anticipación al día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio; en consecuencia, se difiere y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. ..." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, suscrito por ***, en su carácter de Agente de Ministerio Público de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional, en atención a su contenido, con sustento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se autoriza la expedición de las copias certificadas que indica, previa toma de razón y constancia de recibo que deje en autos, el promovente. Notifíquese.

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