Lucila Plascencia Ibarra
Expediente 450/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 44 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 26/06/2018
Partes del expediente
- Lucila Plascencia Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO Visto el escrito de cuenta, signado por ******************** mediante el cual solicita copia simple de la resolución dictada en el recurso de revisión relativo a este sumario; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de la copia que solicita el promovente, a su costa, previa constancia que de su entrega deje en autos el solicitante.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de diecinueve de abril de este año (foja 303), se tuvo por recibido el libelo firmado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al fallo protector manifestó que se había depositado a la cuenta bancaria de la aquí quejosa *, la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitió copia certificada del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 301 a 302). En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la quejosa, con copia del oficio y documental de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que haya vertido argumento al respecto como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Bajo ese contexto, por sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 74 a 96), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Lucila Plascencia Ibarra, por lo que se determinó que las autoridades responsables tendrían que realizar lo siguiente: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la peticionaria de amparo las cantidades que se le hubieran descontado desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector.." Resolución que se declaró firme, ya que mediante ejecutoria terminada de engrosar el doce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, residente en Culiacán, Sinaloa, se desechó el recurso de revisión interpuesto (fojas 226 a 233). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y B).- Devolver a la peticionaria de amparo las cantidades que le fueron descontadas desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53" (fondo de pensiones). Ante ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el diecinueve de enero de este año, comunicó que desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; además, remitió el acuse de recibo del oficio dirigido a la impetrante por el que se le requirió ciertos documentos, mismo que le fue notificado por conducto de su autorizado (fojas 240 a 241). Posteriormente, por interlocutoria de veintisiete de marzo del año actual (fojas 292 a 295), se determinó que la cantidad que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, debía devolver por los descuentos realizados a la quejosa por "concepto 53", era de $200,939.77 (doscientos mil novecientos treinta y nueve pesos 77/100 moneda nacional). Luego, por proveído de diecinueve de abril del año actual (foja 303), por una parte, se declaró firme la interlocutoria aludida y por otra, se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informando que se había depositado a la cuenta bancaria de la referida quejosa, la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitió copia certificada del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 301 a 302). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. De otra parte, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió (fojas 29 a 33 y 47 a 53 ), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Finalmente, toda vez que obra por separado un sobre amarillo que dice contener recibos de nómina exhibidos por la parte quejosa; consecuentemente, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte procesal aludida para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger las referidas documentales; apercibida que de no hacerlo, dichas probanzas serán glosadas a este expediente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Director Jurídico Contencioso, dependiente de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que adjunta, a través del cual informa que realizó la transferencia de la cantidad de $200,939.77 (doscientos mil novecientos treinta y nueve pesos 77/100 moneda nacional), a la cuenta bancaria proporcionada por la quejosa Lucila Plascencia Ibarra, como lo acredita con las copias que exhibe; sin embargo, agréguense a sus autos sin mayor acuerdo, el escrito y anexo de cuenta, en virtud de que por proveído de diecinueve de abril de este año, se tuvo por recibida esa información y se dio vista a la parte quejosa con dicho cumplimiento.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Director Jurídico Contencioso, dependiente de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que adjunta, a través del cual informa que realizó la transferencia de la cantidad de $200,939.77 (doscientos mil novecientos treinta y nueve pesos 77/100 moneda nacional), a la cuenta bancaria proporcionada por la quejosa Lucila Plascencia Ibarra, como lo acredita con las copias que exhibe; sin embargo, agréguense a sus autos sin mayor acuerdo, el escrito y anexo de cuenta, en virtud de que por proveído de diecinueve de abril de este año, se tuvo por recibida esa información y se dio vista a la parte quejosa con dicho cumplimiento.
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