Lucila Palominos Herrera

Expediente 686/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
686/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Director del Hospital General Dr. Miguel Silva (Hospital Civil de Morelia), Michoacán
  • Lucila Palominos Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    En treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de treinta de octubre del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Apoderada Jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en representación del Director del Hospital General Dr. Pedro Daniel Martínez, con sede en Uruapan, Michoacán; por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del referido informe. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  2. Principal

    En treinta de octubre de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio, el cual quedó registrado con el número de folio 13386. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por la Apoderada Jurídica de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en representación del Director del Hospital General Dr. Pedro Daniel Martínez, con sede en Uruapan, Michoacán; en atención a su contenido y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo INFORME JUSTIFICADO, con el que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  3. Principal

    En cinco de octubre de dos mil veintitrés, la secretaria Certifica: Que en el correo electrónico institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio registrado con el número de folio 12717. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, cinco de octubre de dos mil veintitrés. INFORME A LA SUPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase al Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en representación del Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", y Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad, rindiendo informe a la suspensión de plano concedida a Lucila Palominos Herrera, mediante el cual informa que no se encontró registro de que la peticionaria de amparo hubiera acudido a alguno de dichos nosocomios a solicitar atención médica. No obstante, a efecto de dar cumplimiento a la suspensión decretada en autos, manifiesta que la quejosa previo a acudir al hospital deberá comunicarse con la licenciada Karen Steffani Yabra Pureco al número telefónico 4522047283, para que la acompañe al Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", de lunes a viernes en un horario de nueve a trece a horas, a fin de que se realice la apertura de su expediente clínico y, se le brinde la atención médica que requiere, para lo cual deberá exhibir copia simple de los documentos siguientes: INE Copia simple de acta de nacimiento (nuevo formato). CURP. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Documentos de no derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Finalmente, téngasele designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere y, señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio y correo electrónico que indica. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. En consecuencia, requiérase a la quejosa Lucila Palominos Herrera para que previamente a acudir al hospital se comunique con la persona indicada al número de teléfono señalado, a efecto de que la asista para la apertura de su expediente clínico en el Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", y le proporcionen la atención médica que requiere. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No obstante a lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, el cumplimiento de la suspensión de plano, de conformidad con los lineamientos dados en el proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, deberán notificar directamente a la impetrante, a través de los medios de contacto que ésta registre en su expediente clínico las subsecuentes citas que se agenden, a efecto de evitar mayores dilaciones en la atención médica requerida por la peticionaria de amparo. Por tanto, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, posteriores a que la parte quejosa se presente para recibir atención médica, deberán informar la condición de salud de la paciente y, el plan de tratamiento a seguir, para lo cual deberán remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo en el plazo concedido, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en término de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  4. Principal

    En tres de octubre de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: que********************, cuenta con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que la acredita como licenciada en derecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha se da cuenta al Juez con una demanda de amparo recibida en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional y registrada con el número de folio 12573. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, tres de octubre de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Lucila Palominos Herrera, por su propio derecho, contra un acto del Director del Hospital General Doctor Miguel Silva, (Hospital Civil de Morelia) con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo; y, de otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese bajo el juicio de amparo número 686/2023. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. La quejosa solicita la suspensión de plano respecto a la omisión de las autoridades responsables de colocarle una prótesis por motivo de la amputación de su pierna derecha, por lo anterior, se emiten las siguientes determinaciones: No ha lugar a decretar suspensión de plano respecto de la omisión reclamada. En principio debe señalarse que en el caso no procede conceder la suspensión de plano del acto reclamado, porque su concesión es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a los enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en un acto que lo obligue a decretarla. Esto es así, dado que la suspensión de oficio es una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso con el fin de salvaguardar al quejoso respecto de los actos que directamente pusieran en peligro su vida, permitiera su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibitivas por el ordinal 22 Constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hecho denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En ese orden, para el dictado de la suspensión de plano el juzgador federal es quien debe analizar de conformidad con los hechos expuestos en la demanda, y con los elementos que le sean presentados, si la realización de los actos reclamados por la quejosa tienen como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, lo que daría pauta a la procedencia de la suspensión de oficio en término del artículo 126, de la Ley de Amparo. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado la omisión de colocarle una prótesis por motivo de la amputación de su pierna derecha, no obstante, dicha situación no la coloca en los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, de ahí que no haya lugar a decretar la suspensión de plano solicitada, respecto a la omisión combatida. SUSPENSIÓN DE PLANO. No obstante lo anterior, de los antecedentes vertidos por la quejosa en su escrito inicial de demanda se advierte que ha llegado a padecer depresión al grado de querer suicidarse, lo anterior por motivo de la amputación de su pierna derecha. En ese sentido, con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO A LA PARTE QUEJOSA para cumplirse de inmediato y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, para el efecto de que se le proporcione la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, para la atención del padecimiento de depresión que presenta, además deberán realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios necesarios e insumos que dicho padecimiento requiere. Lo anterior, bajo su más estricta responsabilidad profesional y técnica, incluyendo practicarle todo tipo de estudios, proporcionarle medicamentos y terapias, ya sea por cuenta propia o por terceros, conforme a lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Ello, atendiendo a que de los antecedentes narrados por la parte quejosa en su demanda, se observa que presenta el padecimiento antes referido; lo que permite establecer, con base en una ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que la falta de atención médica reclamada a las autoridades responsables, compromete gravemente su integridad personal. REQUERIMIENTO. Se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, posteriores a que la quejosa se presente ante ellos para recibir atención médica, informen el cumplimiento exacto e inmediato que den a la suspensión concedida, una vez recepcionado el oficio correspondiente. Apercibidas que, en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Además, proporcionen a la parte quejosa de referencia la atención médica para enfrentar el padecimiento señalado con anterioridad, bajo su más estricta responsabilidad, profesional y técnica, incluyendo todo tipo de estudios, medicamentos y terapias, ya sea por cuenta propia o por terceros, conforme a lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, requiérase también a la impetrante de amparo, para que acuda al Hospital General Doctor Daniel Martínez, con residencia en esta ciudad, a fin de someterse al tratamiento médico que los especialistas de ese lugar estimen, bajo su apreciación técnica y profesional, idóneo para atender el padecimiento que le afecta; lo anterior, bajo la advertencia que en términos del artículo 77 Bis 38 de la Ley General de Salud, como beneficiaria de salud, tiene la obligación de informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención médica, colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud, cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado someterse, informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consultas y quejas, y hacer uso responsable de los servicios de salud. En su comparecencia ante las autoridades de salud, deberá manifestar libremente si acepta o no a someterse al procedimiento diagnóstico y terapéutico ofrecido; en la inteligencia de que de no ser posible que otorgue su consentimiento por sí misma, por medio de algún familiar o por su representante legal, las autoridades de salud deberán proceder de inmediato con lo que sea conducente para preservar la vida y salud de la quejosa, bajo su más estricta responsabilidad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar por separado el incidente de suspensión solicitado, toda vez que en líneas que anteceden se proveyó sobre la suspensión de plano del acto reclamado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De lo anterior, captúrese el registro correspondiente, en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo con la anticipación necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional y remitir copia certificada legible y completa de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio (correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx). Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa de doscientas unidades de medida y actualización, a cada uno, equivalente a ********************en término de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Sin que sea el caso de llamar a juicio a tercero interesado alguno, dada la naturaleza del acto reclamado. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a $********************como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Fiscal de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. AUTORIZADO Y USUARIO. Téngase a la parte quejosa autorizado en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, dado que tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que la acredita como licenciada en derecho. De igual manera, como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre el usuario ********************, a efecto de que tenga acceso al expediente electrónico y se le practiquen notificaciones en la misma forma. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número de telefónico que indica, a efecto de entablar comunicación no procesal y únicamente en casos excepcionales. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa en su ocurso de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Estas son las que se toman enseguida: Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo. Expediente físico y electrónico. Se instruye a los secretarios y actuarios adscritos, para que, tan pronto como se presente alguna promoción, se emita una actuación o se lleve a cabo una diligencia, en las que obran las firmas autógrafas o electrónicas con evidencias criptográficas, tales documentos sean integrados tanto al expediente físico como al electrónico, a fin de que ambos sean completamente coincidentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con el artículo 1 en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113, fracción I, de la referida Ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

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