Lucia Carrillo Arías

Expediente 85/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
85/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Lucia Carrillo Arías
  • Director de la Clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En siete de junio de dos mil veintitrés, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que por sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de mayo al uno de junio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por medio de lista el diecisiete de mayo del año en curso, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. En esta misma fecha, con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de junio de dos mil veintitrés. 1. CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 VALORACIÓN. Ahora bien, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se determina que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior, con apoyo en el capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA... VISTOS, para resolver el juicio de amparo 85/2023, promovido por ********************, contra actos del Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 81, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de autoridad que a continuación se describen: "III. La autoridad o autoridades responsables: El director de la clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Secretario de Salud del Estado de Michoacán." "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Reclamo la deficiente y nula atención a mi salud que recibo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así como la omisión de proporcionarme una fecha pronta y urgente para mi operación de columna consistente en una intervención quirúrgica de disectomia instrumentación transpedicular. La promovente del amparo consideró que se violaron los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales previstos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que en auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, se registró con el número 85/2023, y se previno a la parte quejosa a fin que dentro del término de cinco días, aclarara su demanda, en cuanto a lo siguiente: "1.Respecto al acto reclamado identificado en el inciso a), la quejosa deberá indicar, en qué consiste la deficiente y nula atención médica a su salud, que dice recibir por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es, cual es el acto u omisión en concretó, que actualiza dicha deficiencia o nula atención médica; pues de las constancias que al efecto anexó a su libelo constitucional, se desprende que se le ha venido brindado la atención médica que requiere, de acuerdo a su padecimiento, consistentes en consultas médicas, acceso al banco de sangre, laboratorio clínico, apoyo económico para traslado a la ciudad de Morelia, a fin de acudir a las consultas médicas programadas; precisando a qué funcionario de dicha unidad médica, así como su residencia, le atribuye esos actos. 2.En relación con el diverso acto reclamado identificado en el inciso b), la impetrante deberá precisar a qué funcionario adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como su residencia, le reclama la omisión de programarle, fijándole hora y fecha para la práctica de la cirugía que requiere, en relación con el padecimiento que le fue diagnosticado; pues como se vio, en el relato de sus antecedentes, sólo indicó que al entrevistarse con personal del área de trabajo social de dicha dependencia, le informó que no aparecía su registro para ser programada para cirugía. 3. Finalmente, respecto de la autoridad que señaló como responsable, que denominó como Director de la Clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, la quejosa deberá indicar qué acto en concreto le clama a la misma, dado que omitió hacer dicha precisión dicho dato; máxime, que como se asentó, la omisión de que se queja, es atribuida al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la ciudad capital del Estado de Michoacán." Seguidamente, en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa, desahogando la prevención realizada y se le tuvo señalando lo siguiente: "En cuanto al inciso a) He de aclarar que se trata de un solo acto reclamado el que se encuentra en la demanda de amparo, siendo este la omisión de proporcionarme un fecha pronta y urgente para mi operación de columna consistente en una intervención quirúrgica de disectomia instrumentación transpedicular.. .En cuanto al inciso b) he de manifestar que la autoridad responsable de la omisión de proporcionarme una fecha para la cirugía que necesita la quejosa es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social del hospital general regional charo 1. .En cuanto al inciso c) he de manifestar que de manera solidaria al director de la clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social le reclamo la omisión de proporcionarme a la de la voz una fecha para la cirugía que necesita. " En consecuencia, precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo, concedió la suspensión de plano, a efecto de que se le brindara el tratamiento médico que requería, en relación al padecimiento que le fue diagnosticado, esto es, le fuera agendada una cita para cirugía respecto de su padecimiento de disectomía L4 - L5, PB Instrumentación Transpedicular, y en caso de que la intervención quirúrgica que decía requerir, su espera pueda ocasionar detrimento importante en su salud, relativo al riesgo parcial o total de parálisis corporal, o en su caso la vida, de inmediato le fuera practicada la operación necesaria. Asimismo, solicitó los informes de suspensión de plano y con justificación de las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, lo anterior, tomando en consideración lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción primera, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los artículos Primero, fracción XI, Segundo, fracción XI, punto 3, y Cuarto, fracciones XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud que la omisión reclamada es atribuida, entre otras, a una autoridad administrativa con sede en Uruapan, residente dentro de la circunscripción territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente la quejosa; sino que, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Cobra aplicación, la tesis I.130.A.4K (10a), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva." De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la impetrante del amparo ********************, reclama de las autoridades responsables: Del Director del Hospital General Regional Número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo; Del Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 81, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, Del Secretario de Salud de Michoacán de Ocampo. La falta de atención médica adecuada derivada de la omisión de realizar la cirugía urgente que requiere respecto de su padecimiento de disectomía L4 - L5, PB Instrumentación Transpedicular. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, consultable en la foja 68, tomo 76, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 212775, que dice: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. En esa tesitura, en relación con el acto reclamado de la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán, este órgano de control constitucional advierte, de oficio, que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que es inexistente. En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En ese sentido, no es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán, no obstante éste haya sido omiso en rendir su correspondiente informe justificado, pues de las constancias que obran en autos, así como de las manifestaciones vertidas por la quejosa, se advierte su inexistencia. Lo anterior es así, en virtud de que, el acto aquí reclamado, consistente en la omisión de realizar la cirugía urgente para el padecimiento que presenta la quejosa, es atribuido a autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de las constancias que obran en autos, se desprende que aquella es derechohabiente de dicha Institución (número de seguridad social: 5382623040) y, precisamente, es ahí donde le fue diagnosticado el padecimiento que presenta, derivado de los estudios que le fueron realizados y de la atención médica que ha recibido desde el año dos mil veintidós, por médicos especialistas de dicho Organismo, consistentes en consultas médicas, acceso al banco de sangre, laboratorio clínico, apoyo económico para traslado a la ciudad de Morelia, a fin de acudir a las consultas médicas programadas. Máxime que, la quejosa no es paciente de los Servicios de Salud que brinda la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe de la suspensión de plano, al indicar lo siguiente: "En ese sentido y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en el hospital de la ciudad de Uruapan, siendo el lugar donde radica la quejosa, se informa que no se cuenta con registro de la quejosa." (Sic). De ahí que, se tenga como inexistente el acto que se atribuye al Secretario de Salud del Estado de Michoacán, pues como se precisó en párrafos que anteceden, de las constancias que obran en autos, así como de las manifestaciones vertidas por la quejosa, se advierte claramente que no existe el acto reclamado, pues la omisión de llevar a cabo la cirugía que se reclama en esta instancia constitucional es atribuida a las autoridades diversas. En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de garantías, respecto al acto reclamado de la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán; lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo y Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 81, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social; no obstante que al rendir su informe justificado, hubieran negado su existencia; empero, tal negativa quedó desvirtuada con las manifestaciones vertidas en su informe de ley, pues de las propias constancias allegadas se advierte que fue realizada la cirugía de columna que reclamó la quejosa en su libelo constitucional, el tres de marzo de dos mil veintitrés, fecha posterior a la presentación de la demanda, y en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en favor del aquí quejosa. En esa tesitura, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda (catorce de febrero de dos mil veintitrés) si existía el acto reclamado, consistente en la omisión de realizar la cirugía urgente a la quejosa respecto de su padecimiento de disectomía L4 - L5, PB Instrumentación Transpedicular. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". De ahí que, se tengan por ciertos los actos reclamados a las referidas autoridades responsables. Ilustra, la tesis 1a. XXXVII/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2023556, de rubro y texto: "CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA. SUPUESTOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE EXCEPCIONALMENTE REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA. Hechos: En un juicio ordinario civil se ejerció la acción de daño moral contra una empresa a partir del fallecimiento de una de sus trabajadoras dentro de sus instalaciones. La parte actora adujo como hecho ilícito el incumplimiento de la empresa a sus deberes de cuidado como patronal. En particular, le atribuyó no proveer la seguridad adecuada de la trabajadora; el retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de la trabajadora, así como en dar noticia del deceso a las autoridades; la incertidumbre sobre las verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento; y, la falta de atención, apoyo e información a los familiares con motivo de los hechos. En primera instancia se tuvo por acreditada la acción; sin embargo, en apelación la Sala civil determinó que la parte actora no probó la conducta ilícita, por lo que absolvió a la empresa demandada. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien en materia de responsabilidad extracontractual por daño moral, por regla general, corresponde a la parte actora probar los hechos constitutivos de los elementos de su acción, excepcionalmente procede invertir esa obligación adjetiva para que sea la parte demandada quien justifique alguno de estos hechos cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad probatoria del hecho. Justificación: La anterior determinación tiene sustento en la garantía del derecho de igualdad de las partes en los juicios, como una manifestación del debido proceso, la cual exige la existencia de un equilibrio procesal entre ellas, de modo que se logre una concurrencia al litigio en un plano de igualdad material y no meramente formal, lo que implica que cualquier situación de facto que impida mantener ese equilibrio debe ser solventada por la autoridad jurisdiccional mediante las herramientas hermenéuticas correspondientes. Por lo tanto, procede invertir la carga de la prueba cuando, derivado de las circunstancias particulares del caso, la parte actora esté imposibilitada o tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios a fin de justificarlo y, en contrapartida, la parte demandada cuente con una mayor disponibilidad de los medios de convicción y una mejor facilidad para aportarlos al juicio, a fin de acreditar el hecho contrario. La postura expresada se torna aún más relevante cuando la responsabilidad extracontractual por daño moral se hace derivar de un hecho ilícito conformado por el incumplimiento de deberes tutelares de derechos humanos, lo que resulta aplicable a los particulares siguiendo la doctrina sobre la transversalidad de los derechos humanos sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en estos supuestos la necesidad de mantener el equilibrio procesal entre las partes garantiza, además del debido proceso, los derechos a la dignidad humana y una justa indemnización en favor de las víctimas, lo que justifica la inversión de la carga probatoria para imponer el deber de demostrar el hecho contrario al actuar ilícito a la parte que tiene una mayor proximidad probatoria (facilidad y disponibilidad). Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que exhibieron las autoridades responsables, consistentes en la nota de egreso a nombre de la quejosa, de fecha cinco de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se le dio de alta a domicilio con traslado en ambulancia, así como la constancia médica post quirúrgica, de fecha cinco de abril del año en curso, y copia del correo electrónico de fecha dieciocho de abril de la presente anualidad, suscrito por el Director médico de la Unidad de Medicina Familiar número 81, con residencia en Uruapan, Machacón, mediante el cual, informa el retiro de puntos de sutura realizados a la quejosa el veinticuatro de marzo de este año; con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Tomando en consideración que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, en términos de los dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se procede a realizar el estudio oficioso de la procedencia del juicio. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En esa tesitura, las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo y Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 81, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, alegan que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, virtud que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que se realizó la cirugía requerida por la quejosa y haber sido dada de alta a su domicilio, dando continuidad con el cuidado de su padecimiento, otorgando citas para el retiro de puntos, proporcionando medicamentos, así como las especificaciones para los cuidados post-operatorios. Dicha causa de improcedencia es fundada, pues en efecto, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que la reparación constitucional reclamada carece de materia, toda vez que, la autoridad responsable destruyó los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional. La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la citada fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpretan, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia 9/98, de la sala referida, consultable en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis CL/97, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 71, del tomo VI, noviembre de 1997, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Precisado lo anterior, en el caso específico analizado, la quejosa reclama de las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo y Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 81, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social; la omisión de realizar la cirugía urgente que requiere respecto de su padecimiento de disectomía L4 - L5, PB Instrumentación Transpedicular. Sin embargo, dicho acto cesó en sus efectos, toda vez que, si tomamos en consideración que de lo que se dolió la quejosa en su demanda de amparo fue de la actitud omisiva de las autoridades responsables de realizar la cirugía urgente que requiere respecto de su padecimiento (disectomía L4 - L5, PB Instrumentación Transpedicular); y, con posterioridad a la presentación del libelo constitucional, el tres de marzo de dos mil veintitrés, le fue realizada la cirugía de columna requerida; asimismo, el cinco de ese mes y año, se le dio de alta a domicilio con traslado en ambulancia, es inconcuso que dicho acto ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, en la esfera jurídica de la quejosa. Máxime que, de las constancias allegadas por las autoridades responsables, se advierte que, se le ha brindado el seguimiento postquirúrgico, como se desprende de la nota médica y prescripción de fecha cinco de abril del año en curso, suscrita por el médico tratante del Hospital General Regional Número 1, con sede en Morelia, donde consta que la quejosa acudió a su cita postquirúrgica de instrumentación transpedicular y laminectomia descomprensiva de L4-S1, refiriéndose que presentó mejoría; de igual forma, obra copia del correo electrónico de fecha dieciocho de abril de la presente anualidad, suscrito por el Director médico de la Unidad de Medicina Familiar número 81, con residencia en Uruapan, Michoacán, mediante el cual, informa el retiro de puntos de sutura realizados a la quejosa el veinticuatro de marzo de este año. Por tanto, la omisión impugnada por esta vía ha dejado de surtir plenamente efectos legales al haberse efectuado la cirugía de columna que requería la quejosa, respecto del padecimiento de la quejosa (disectomía L4 - L5, PB Instrumentación Transpedicular); al margen de que con posterioridad presentó mejoría en día postquirúrgico, por lo que se le dio de alta; además, se le dieron las indicaciones necesarias para proseguir con sus cuidados personales, para lo cual se le indicó el tratamiento adecuado para el cuidado de su herida quirúrgica, así como el otorgamiento de los medicamentos indicados para ello, entre los cuales se encuentra analgésico y levofloxacino, con cita para atención médica y retiro de puntos quirúrgicos, el cual llevó a cabo el veinticuatro de marzo pasado; de ahí que, debe estimarse que el acto reclamado cesó en sus efectos, configurándose la causal de improcedencia invocada. Por tanto, se pone de manifiesto que cesaron, de manera incondicional e inmediata, los efectos de la omisión combatida, dado que la autoridad responsable realizó la cirugía requerida por la quejosa y, en consecuencia, otorgó el alta médica de la misma, luego de la mejora post-operatoria mostrada por la paciente al tratarse de una cirugía ambulatoria, para lo cual se le indicó el tratamiento indicado. Por lo que, se eliminó la huella que provocó la citada omisión en la esfera jurídica de la impetrante en su situación anterior a la promoción del juicio de amparo, de modo que no surte ya efecto alguno. De ahí, que resultaría ocioso y contradictorio efectuar el control constitucional respecto de dicha omisión, en tanto que ha dejado de incidir en la esfera jurídica de la quejosa. En las relatadas consideraciones, es claro que en el presente asunto se actualiza la invocada causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que motiva decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la referida ley. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    En veintiuno de abril de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, registrado bajo el folio 5101. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. SE ACUERDA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado jurídico de las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo y Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 81, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con el requerimiento de cuatro de abril pasado, y al efecto, remite las constancias que contienen las notas médicas post quirúrgica a favor de la quejosa **********, así como, copia del correo electrónico, por medio del cual, el médico tratante informó sobre el retiro de puntos de sultura realizado a la impetrante el veinticuatro de marzo del año en curso. Con lo que se ordena dar vista a las partes y nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En veinte de abril de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo y Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 81, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, no han dado cumplimiento al requerimiento de cuatro de abril de dos mil veintitrés. En razón a lo anterior, a fin de tener las constancias necesarias para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 75 párrafo tercero en relación con el 117 de la Ley de la Materia y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo y Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 81, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que, de inmediato, den cumplimiento al requerimiento de cuatro de abril de la presente anualidad, y se sirvan remitir las constancias que les fueron requeridas. Dígaseles que, subsiste el apercibimiento decretado en auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, esto es, multa de cien unidades de medida y actualización, a cada una, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difieren la audiencia constitucional programada para el día de hoy, señalándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, captúrese en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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