Lucila Jurado Zepeda
Expediente 533/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lucila Jurado Zepeda
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Cuenta con autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Pronunciamiento del cumplimiento de ejecutoria. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, sigue analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Inconformidad 439/98. Raúl Enríquez Alvarado y Valentín Hernández Martínez. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Inconformidad 419/98. Gilberto Camilo Alquicira Zanabria. 19 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Hugo Guzmán López. Inconformidad 407/98. Mayo Sergio Raúl Chavira Díaz. 12 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Andrés Pérez Lozano. Inconformidad 466/99. Bertha Carmela Cortés Hernández. 21 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Inconformidad 446/99. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 28 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil. Nota: Esta tesis interrumpe parcialmente la jurisprudencia 2a./J. 85/98 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 408, con el rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI EL JUEZ DE DISTRITO TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA AL HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN UN AUTO ANTERIOR, DONDE ORDENÓ DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE YA CUMPLIÓ.". Precisión de los efectos del amparo. En sentencia dictada el once de agosto de dos mil diecisiete se concedió la protección de la Justicia Federal a Lucila Jurado Zepeda, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 633/2016, sobre nulidad de diligencias de jurisdicción voluntaria promovido por la aquí tercera interesada Adriana Morales Martínez, en contra de la quejosa Lucila Jurado Zepeda y otro, a partir de la diligencia de emplazamiento de la citada quejosa practicado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, quedando subsistente el emplazamiento practicado al codemandado Javier Morales Martínez; y, b) Asimismo, declare inválidas todas las actuaciones posteriores a dicha diligencia. [.] Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos reclamados a la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, así como a todos los actos dictados dentro del contradictorio de origen que hubieren derivado del aquí reclamado, por ser consecuencia del que se estimó inconstitucional.". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo. Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tiene superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Así, mediante oficio presentado ante oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el doce de septiembre del año pasado, la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de once de ese mes y año dictado en el toca I-381/2016 de su índice, mediante el cual dejó sin insubsistente y sin ningún efecto todas y cada una de las actuaciones que conforman el toca de que se trata, derivado del juicio ordinario civil 633/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán; información de la que se tomó conocimiento en proveído de trece del mismo mes y año. Luego, por oficio allegado a este juzgado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el juez de primera instancia responsable remitió copias certificadas del auto de dieciocho del mismo mes y año dictado en el juicio ordinario civil 633/2016 de su índice, en el que para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 633/2016 sobre nulidad de diligencias de jurisdicción voluntaria promovido por Adriana Morales Martínez en contra de Lucila Jurado Zepeda y Javier Morales Martínez, a partir de la diligencia de emplazamiento de la citada quejosa practicada el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, quedando subsistente el emplazamiento practicado al codemandado Javier Morales Martínez, declarando invalidas todas las actuaciones posteriores a dicha diligencia; y, 2.- Comisionó al actuario de su adscripción para efecto de que realizara el emplazamiento a juicio de la demandada y aquí quejosa, Lucila Jurado Zepeda en el domicilio ubicado en calle Niños Héroes número 15, colonia centro en la comunidad de San Cristóbal del municipio de Epitacio Huerta, Michoacán; 3.- Finalmente, giró oficios a la Oficina Rentística del Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán y al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, para que dejaran sin efecto la cancelación de la cuenta catastral y la cancelación de la inscripción del título de propiedad, respectivamente, a favor de Javier Morales Martínez y Lucila Jurado Zepeda. En mérito de lo anterior, mediante proveído dictado por este órgano jurisdiccional el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera las constancias relativas a la cancelación de la cuenta catastral y de la inscripción del título de propiedad que ordenó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, mediante diversos oficios presentados el veintiséis de septiembre, seis y once de octubre ambos de dos mil diecisiete, el juez responsable informó los trámites que estaba realizando para cumplir con el fallo protector, remitiendo para tal efecto copia certificada del acta de emplazamiento practicada a la aquí quejosa en el juicio de origen. En ese orden, el juez responsable mediante oficio presentado el quince de noviembre de dos mil diecisiete remitió copia certificada de la diversa comunicación que el remitió el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, con sede en esta ciudad, de cuyo contenido se advierte que dejó insubsistente la cancelación de la inscripción del título de propiedad a favor de Javier Morales Martínez y Lucila Jurado Zepeda, dándolo de alta nuevamente. Atento a ello, de nueva cuenta en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete se requirió a la responsable para que remitiera las constancias faltantes, relativas a la cancelación de la cuenta catastral. En cumplimiento al requerimiento efectuado, el juez responsable mediante el oficio presentado ante el oficial de partes de este juzgado federal el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, remitió testimonio del certificado de registro catastral del inmueble relacionado con el juicio de origen. Con dichas actuaciones, se consideró se daba cabal cumplimiento al fallo protector, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que hayan hecho uso de ese derecho. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistentes todas y cada una de las actuaciones que conforman el toca I-381/2016 del índice del Magistrado responsable así como todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 633/2016 sobre nulidad de diligencias de jurisdicción voluntaria promovido por la aquí tercera interesada Adriana Morales Martínez, en contra de la quejosa Lucila Jurado Zepeda y Javier Morales Martínez, a partir de la diligencia de emplazamiento de la citada quejosa practicado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, quedando subsistente el emplazamiento practicado al codemandado Javier Morales Martínez; y, haber declarado inválidas todas las actuaciones posteriores a dicha diligencia. Lo que se hizo extensivo a todos los actos dictados dentro del contradictorio de origen derivados del acto aquí reclamado, entre los que se encontraba dejar sin efectos las cuentas catastrales y registrales volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte quejosa...el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, mediante el cual, remite testimonio del certificado de registro catastral del inmueble relacionado al juicio de origen. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones autorizadas al titular mediante oficio CCJ/ST/6674/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorización que fue notificada mediante oficio número CR./CJD./011/6411/2017, signado por el Secretario de la Comisión de Receso, ante el licenciado Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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