Lucia Leyva Gordiano
Expediente 169/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 05/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lucia Leyva Gordiano y Otros.
- Lucia Leyva Gordiano
- Juez Mixto de primera Instancia en Huetamo, Mich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-169/2018 promovido por Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se estimó innecesario reconocerle el carácter de tercero interesado a persona alguna. A continuación, el Secretario destaca que en proveídos de veintisiete de marzo, dieciséis de abril y quince de mayo, todos del presente año, se hicieron efectivos los apercibimientos formulados en autos, y en consecuencia se ordenó tener como inexistentes a las autoridades señaladas como responsables: "Comandante de la Policía Ministerial, destacamentado en la ciudad de Huetamo, Michoacán"; "Comandante de la Policía Ministerial, destacamentado en la ciudad de Huetamo, Michoacán"; y, "Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero", por lo que no se hace mayor pronunciamiento respecto de las mismas. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero. Coordinador de la Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargada de la Coordinación Regional de Tierra Caliente, residente en Coyuca de Catalán, Guerrero. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en cuaderno de pruebas por separado la copia certificada de la causa penal 5/2017-II, remitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero, como sustento de su informe justificado; asimismo, obra en autos la diversa documental que, en cumplimiento a la solicitud formulada en el presente asunto, remitió el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, consistente en copia certificada de las principales constancias del juicio de amparo 400/2017-3-W de su índice. EL JUEZ: Medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza; y, al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, formuló los alegatos que a su parte corresponden. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo V-169/2018, promovido por Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. a) EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUETAMO, MICHOACÁN, [.] d) EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA, [.] f) EL COORDINADOR DE LA AGENCIA REGIONAL DE INVESTIGACIONES EN LA TIERRA CALIENTE DE LA POLICIA MINISTERIAL, con domicilio bien conocido en Coyuca de Catalán, Guerrero. [.] IV. ACTO RECLAMADO. Constituye el acto reclamado la ORDEN DE APREHENSIÓN y/o REAPREHENSIÓN y/o DETENCIÓN, girada por las autoridades responsables señaladas como ordenadoras; así como la ejecución de la misma por parte de las autoridades precisadas como ejecutoras. [.] La parte promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulneradas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de uno de marzo pasado, este órgano jurisdiccional estimó que carecía de competencia legal para conocer del referido libelo, el cual generó el cuaderno de amparo V-169/2018, por lo que se remitió el mismo al Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, en turno; posteriormente, en proveído de nueve de marzo de la presente anualidad, se tuvieron por devueltos los autos en atención a que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, no aceptó la competencia legal para conocer del asunto, por lo que en dicha actuación se admitió a trámite la demanda de garantías; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, en virtud de que carece de competencia legal para ello, según se verá a continuación. De la lectura de la demanda de garantías así como de las constancias que remitió el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero, se obtiene que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la orden de reaprehensión dictada por dicha autoridad, en contra de las quejosas Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del proceso penal 5/2017-II. De la misma forma, del informe con justificación rendido por la Coordinadora de la Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargada de la Coordinación Regional de Tierra Caliente, residente en Coyuca de Catalán, Guerrero, se obtiene que aceptó el acto de ejecución que se le atribuye, aduciendo que de una búsqueda minuciosa en los libros de gobierno que obran en dicha coordinación regional, se encontró la orden de reaprehensión aludida supra líneas; sin que las accionantes constitucionales hubieren realizado manifestación alguna al respecto. Además, de las constancias que integran la causa penal de origen, en específico, del auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se libró la orden privativa de libertad que nos ocupa, se desprende que se giró oficio al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero, a fin de que una vez que sea lograda la captura de las imputadas y aquí quejosas, se pongan a disposición de dicho órgano jurisdiccional. En ese contexto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este numeral se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan en el orden siguiente: a) Será competente el juez de distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Aquel ante el que se presente la demanda, si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; c) El juez de distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Luego, es claro que de conformidad con las enunciadas reglas de competencia, este juzgador no puede conocer del juicio de amparo promovido por Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, en contra de la orden de reaprehensión dictada el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero, dentro del proceso penal 5/2017-II, así como su ejecución, pues como ha quedado puntualizado en líneas precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de garantías lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si en el presente caso la Coordinadora de la Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargada de la Coordinación Regional de Tierra Caliente, residente en Coyuca de Catalán, Guerrero, señalada como autoridad responsable ejecutora, aceptó la existencia del acto que le atribuyen las quejosas, resulta incuestionable que el suscrito carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto. De ahí que acorde con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del mismo año, la legal competencia para conocer del presente juicio se surte a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. No pasa inadvertido que las quejosas manifestaron que tienen una negociación en Michoacán y que originalmente fueron a buscarlas a ese lugar; empero, esa sola circunstancia no genera certeza o por lo menor la posibilidad de que dicho auto se vaya a ejecutar en esta entidad. Máxime, si se tiene en cuenta que las autoridades señaladas como responsables "Comandante de la Policía Ministerial, destacamentado en la ciudad de Huetamo, Michoacán"; "Comandante de la Policía Ministerial, destacamentado en la ciudad de Huetamo, Michoacán"; y, "Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero", se declararon inexistentes, y el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, negó la existencia de los actos. Por tanto, es factible colegir que los actos reclamados solo pueden ejecutarse en Guerrero; de modo que únicamente se actualiza la primera de las hipótesis mencionadas; esto es, que debe conocer el juez en cuya jurisdicción habrán de ejecutarse los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias, de contenido literal siguientes: "Época: Novena Época Registro: 190373 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 9/2001 Página: 5 COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. Contradicción de tesis 1/95. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz". "Época: Novena Época Registro: 200455 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 12/95 Página: 97 COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Competencia penal 297/94. Suscitada entre los Jueces Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y Cuarto de Distrito en el Estado de México. 3 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Angeles Espino. Competencia penal 198/94. Suscitada entre la Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel Angel Cruz Hernández. Competencia penal 313/94. Suscitada entre el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua y el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 3 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretaria: Guadalupe Cueto Martínez. Competencia penal 334/94. Suscitada entre los Jueces Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla. 3 de marzo de 1995. Mayoría de cuatro votos, en contra del voto emitido por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: María Elena Leguízamo Ferrer. Competencia penal 6/95. Suscitada entre el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz y el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla. 28 de abril de 1995. Mayoría de cuatro votos en contra del emitido por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien formuló voto particular. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: María Elena Leguízamo Ferrer". En consecuencia, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, ordenándose remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, en turno, con el objeto de que determine lo que en derecho proceda, previo cuaderno de antecedentes que se forme al efecto con las principales constancias que obran en el expediente en que se actúa; además, solicítese al órgano jurisdiccional que conozca del mismo, que acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta la competencia que se le plantea. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el los artículos 37 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para resolver el presente juicio de garantías, promovido por Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, y otras autoridades. SEGUNDO. Remítase el presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, en turno, junto con el cuaderno de pruebas que obra por separado, así como el incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a sus autos el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a través del cual hace manifestaciones a guisa de alegatos, mismos que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados; sin perjuicio de hacer relación de todo lo anterior en la audiencia constitucional. SOLICITUD DE COPIAS. En torno a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, una vez que acontezca dicha situación, expídasele la misma, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Dva
- Incidental
Por lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución incidental: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión V-169/2018, promovido por Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Arturo Amaro Flores Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 y 146 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario destaca que en proveídos de veintisiete de marzo, dieciséis de abril y quince de mayo, todos del año en curso, se hicieron efectivos los apercibimientos formulados en autos, y en consecuencia se ordenó tener como inexistentes a las autoridades señaladas como responsables "Director General de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado"; "Comandante de la Policía Ministerial destacamentado en la ciudad de Huetamo, Michoacán"; y, "Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Chilpancingo", respectivamente, por lo que no se hace mayor pronunciamiento respecto de las mismas. De la misma forma, el Secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Asimismo, da cuenta con los informes previos rendidos por: Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, Guerrero. Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargada de la Coordinación Regional, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero. EL JUEZ: Téngase por realizada la relación que antecede; asimismo, los informes de referencia se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tuvieron por rendidos; enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas de su parte. EL JUEZ: Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos; Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló los alegatos que a su parte corresponden. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los mismos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión V-169/2018; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el veintiocho de febrero de la presente anualidad en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, solicitaron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, y otras autoridades. 2.- Previa prevención formulada en el juicio de amparo del cual emana la presente incidencia, mediante proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Del informe previo rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, se obtiene que negó la existencia del acto que la parte quejosa le reclama. Por su parte, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra de los referidos actos, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, visible en la Segunda Parte, página 1630, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, bajo la voz: "INFORME PREVIO". En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables de la existencia del acto reclamado, sin que la parte peticionaria del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de sus informes previos y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia de contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Amparo en revisión 154/88. Dominga Trinidad Robles. 5 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 472/90. Eduardo Salomón Quiroz. 15 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 126/92. Josefa Yauhtentzi Montiel. 31 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 592/92. Anselmo Tochihuitl Ramírez y otra. 8 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 281/95. J. Trinidad Valencia García. 7 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz". SEGUNDO.- Por su parte, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, Guerrero y la Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargada de la Coordinación Regional, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero, al rendir sus informes previos, respectivamente, aceptaron la existencia del acto que las quejosas les atribuyen, consistente en la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o detención dictada en su contra, así como la ejecución. En ese sentido, el referido Juez informó que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se libró orden de reaprehensión en contra de las quejosas Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, dentro de la causa penal 5/2017-II, por el delito de fraude específico, en agravio de Carolina Vázquez Villa. Bajo ese contexto y tomando en consideración que en la especie se satisfacen los requisitos que establecen los artículos 128 de la Ley de Amparo, pues las quejosas solicitan la suspensión de los actos reclamados a las autoridades responsables, y teniendo en consideración que las promoventes reclaman la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o detención dictada en su contra, así como la ejecución de dicha orden privativa de libertad, atribuida a diversas autoridades responsables en su carácter de ejecutoras, que por tanto se actualizan en la especie las hipótesis previstas en los artículos 131 y 139 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 128, de la propia ley; se CONCEDE a Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, la suspensión definitiva que se solicita respecto de los actos reclamados; en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que guardan y las quejosas no sean privadas de su libertad, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte en los autos del juicio de amparo del cual emana el presente incidente suspensión. Sin embargo, la suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si las citadas quejosas, no exhiben, cada una, ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de TRES DÍAS, garantía por la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en billete de depósito, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante las propias quejosas y de manera individual, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Dicha suma se fija, en razón del tiempo que perdure la suspensión que ahora se concede y de manera discrecional, en atención a lo dispuesto por los artículos 162 y 168 de la Ley de Amparo, además de que, con base en los datos aportados por las quejosas, no se desprende que dicha garantía no sea accesible para las impetrantes y por el contrario, se estima que la suma fijada permite garantizar el fin perseguido, esto es, que éstas no se sustraigan a la acción de la justicia y sean devueltas a la autoridad que les inició el procedimiento. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 1º./J.16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 226, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 198729 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 16/97 Página: 226 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión. Contradicción de tesis 33/96. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Cuarto Circuito. 16 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Angeles Espino". Asimismo, la suspensión que se concede, no producirá el efecto apuntado, si las quejosas, son sorprendidas en la comisión del delito flagrante, pues en ese caso, sólo producirá el efecto de que queden a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar donde deban ser recluidas, en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa, por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo Se impone a las quejosas la obligación de presentarse ante el Juez instructor en un término de tres días a fin de continuar con el proceso penal, bajo apercibimiento que en caso de no acreditar ante este tribunal federal que comparecieron dentro del plazo referido ante el Juez responsable, pese a haber otorgado la garantía fijada y que por tal motivo hubiese surtido sus efectos, la misma dejará de surtirlos. Apoya la anterior consideración la Jurisprudencia, que es del siguiente texto: "Época: Novena Época Registro: 188346 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Noviembre de 2001 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 94/2001 Página: 26 SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia. Contradicción de tesis 63/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el antes Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Cuarto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito. 8 de agosto de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo". De igual forma, hágase del conocimiento de las citadas quejosas la presente resolución interlocutoria, a fin de que estén en condiciones de cumplir con la obligación que se les impuso en líneas precedentes, de comparecer ante el Juez Instructor dentro del término de tres días para la continuación del proceso que se le instruye, como requisito de efectividad para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva del acto reclamado. Sirve de apoyo al anterior criterio la jurisprudencia por contradicción de tesis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "Tesis: 1a./J. 149/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 170432 Primera Sala Tomo XXVII, Enero de 2008 Página 371 Jurisprudencia (Penal) SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. Contradicción de tesis 79/2007-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se NIEGA a Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos atribuidos a la autoridad y en los términos precisados en el primero de los considerandos de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO.- Se CONCEDE a Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, la suspensión definitiva que solicitan, respecto de los actos atribuidos a las autoridades y en los términos precisados en el segundo de los considerandos de esta determinación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Arturo Amaro Flores, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión V-169/2018, promovido por Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Arturo Amaro Flores Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 y 146 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario destaca que en proveídos de veintisiete de marzo, dieciséis de abril y quince de mayo, todos del año en curso, se hicieron efectivos los apercibimientos formulados en autos, y en consecuencia se ordenó tener como inexistentes a las autoridades señaladas como responsables "Director General de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado"; "Comandante de la Policía Ministerial destacamentado en la ciudad de Huetamo, Michoacán"; y, "Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Chilpancingo", respectivamente, por lo que no se hace mayor pronunciamiento respecto de las mismas. De la misma forma, el Secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Asimismo, da cuenta con los informes previos rendidos por: Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, Guerrero. Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargada de la Coordinación Regional, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero. EL JUEZ: Téngase por realizada la relación que antecede; asimismo, los informes de referencia se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tuvieron por rendidos; enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas de su parte. EL JUEZ: Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos; Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló los alegatos que a su parte corresponden. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los mismos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión V-169/2018; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el veintiocho de febrero de la presente anualidad en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, solicitaron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, y otras autoridades. 2.- Previa prevención formulada en el juicio de amparo del cual emana la presente incidencia, mediante proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Del informe previo rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, se obtiene que negó la existencia del acto que la parte quejosa le reclama. Por su parte, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra de los referidos actos, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, visible en la Segunda Parte, página 1630, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, bajo la voz: "INFORME PREVIO". En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables de la existencia del acto reclamado, sin que la parte peticionaria del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de sus informes previos y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia de contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Amparo en revisión 154/88. Dominga Trinidad Robles. 5 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 472/90. Eduardo Salomón Quiroz. 15 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 126/92. Josefa Yauhtentzi Montiel. 31 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 592/92. Anselmo Tochihuitl Ramírez y otra. 8 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 281/95. J. Trinidad Valencia García. 7 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz". SEGUNDO.- Por su parte, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, Guerrero y la Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargada de la Coordinación Regional, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero, al rendir sus informes previos, respectivamente, aceptaron la existencia del acto que las quejosas les atribuyen, consistente en la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o detención dictada en su contra, así como la ejecución. En ese sentido, el referido Juez informó que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se libró orden de reaprehensión en contra de las quejosas Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, dentro de la causa penal 5/2017-II, por el delito de fraude específico, en agravio de Carolina Vázquez Villa. Bajo ese contexto y tomando en consideración que en la especie se satisfacen los requisitos que establecen los artículos 128 de la Ley de Amparo, pues las quejosas solicitan la suspensión de los actos reclamados a las autoridades responsables, y teniendo en consideración que las promoventes reclaman la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o detención dictada en su contra, así como la ejecución de dicha orden privativa de libertad, atribuida a diversas autoridades responsables en su carácter de ejecutoras, que por tanto se actualizan en la especie las hipótesis previstas en los artículos 131 y 139 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 128, de la propia ley; se CONCEDE a Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, la suspensión definitiva que se solicita respecto de los actos reclamados; en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que guardan y las quejosas no sean privadas de su libertad, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte en los autos del juicio de amparo del cual emana el presente incidente suspensión. Sin embargo, la suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si las citadas quejosas, no exhiben, cada una, ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de TRES DÍAS, garantía por la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en billete de depósito, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante las propias quejosas y de manera individual, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Dicha suma se fija, en razón del tiempo que perdure la suspensión que ahora se concede y de manera discrecional, en atención a lo dispuesto por los artículos 162 y 168 de la Ley de Amparo, además de que, con base en los datos aportados por las quejosas, no se desprende que dicha garantía no sea accesible para las impetrantes y por el contrario, se estima que la suma fijada permite garantizar el fin perseguido, esto es, que éstas no se sustraigan a la acción de la justicia y sean devueltas a la autoridad que les inició el procedimiento. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 1º./J.16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 226, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 198729 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 16/97 Página: 226 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión. Contradicción de tesis 33/96. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Cuarto Circuito. 16 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Angeles Espino". Asimismo, la suspensión que se concede, no producirá el efecto apuntado, si las quejosas, son sorprendidas en la comisión del delito flagrante, pues en ese caso, sólo producirá el efecto de que queden a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar donde deban ser recluidas, en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa, por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo Se impone a las quejosas la obligación de presentarse ante el Juez instructor en un término de tres días a fin de continuar con el proceso penal, bajo apercibimiento que en caso de no acreditar ante este tribunal federal que comparecieron dentro del plazo referido ante el Juez responsable, pese a haber otorgado la garantía fijada y que por tal motivo hubiese surtido sus efectos, la misma dejará de surtirlos. Apoya la anterior consideración la Jurisprudencia, que es del siguiente texto: "Época: Novena Época Registro: 188346 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Noviembre de 2001 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 94/2001 Página: 26 SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia. Contradicción de tesis 63/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el antes Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Cuarto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito. 8 de agosto de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo". De igual forma, hágase del conocimiento de las citadas quejosas la presente resolución interlocutoria, a fin de que estén en condiciones de cumplir con la obligación que se les impuso en líneas precedentes, de comparecer ante el Juez Instructor dentro del término de tres días para la continuación del proceso que se le instruye, como requisito de efectividad para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva del acto reclamado. Sirve de apoyo al anterior criterio la jurisprudencia por contradicción de tesis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "Tesis: 1a./J. 149/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 170432 Primera Sala Tomo XXVII, Enero de 2008 Página 371 Jurisprudencia (Penal) SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. Contradicción de tesis 79/2007-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se NIEGA a Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos atribuidos a la autoridad y en los términos precisados en el primero de los considerandos de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO.- Se CONCEDE a Lucia Leyva Gordiano y Adriana Estrada Domínguez, la suspensión definitiva que solicitan, respecto de los actos atribuidos a las autoridades y en los términos precisados en el segundo de los considerandos de esta determinación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Arturo Amaro Flores, Secretario que autoriza. Doy fe.
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