LUCIANO TADEU ROCHA y Otros.
Expediente 1013/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- LUCIANO TADEU ROCHA y Otros.
- Luciano Tadeu Rocha
- Leandro Antonio da Luz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1013/2023-III; y, R E S U L T A N D O S Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial habilitado la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Luciano Tadeu Rocha, Leandro Antonio Da Luz, Sandro Da Silva Pontes, Guilherme Pereira de Oliveira y José Víctor Campos Da Silva, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad señalada en el escrito inicial de demanda. Segundo. Trámite del juicio. El propio veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se radicó bajo el número de expediente 1013/2023-III, se admitió y se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados2 . Luego, seguidos los trámites de ley se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. Aunado a que los actos reclamados son atribuidos a una autoridad con sede en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y en atención a la jurisprudencia P./J. 40/20003 , sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro ''DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD'', se señala que la parte quejosa reclama la deportación y cualquier acto tendente a privarlos de su libertad, los cuales atribuye al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el 3 Época: Novena Época; Registro: 192097; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, Abril de 2000; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 40/2000; Página: 32. presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, la autoridad en representación de la responsable Encargado de Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado4 , negó la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación del impetrante de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. Por consiguiente, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales en torno a dicha autoridad, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, Novena Época, registro 187728, que expresa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen N pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión. En consecuencia, al ser inexistentes los actos que se atribuyen a la autoridad responsable antes enunciada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Resulta aplicable al presente asunto, la jurisprudencia número VI.2o. J/308, de la Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, visible en la página 77, registro 210769, cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO". En mérito de las consideraciones precedentes, no existe viabilidad técnica para estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa ante el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49 del Tomo 24 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de voz y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1013/2023-III, promovido por Luciano Tadeu Rocha, Leandro Antonio Da Luz, Sandro Da Silva Pontes, Guilherme Pereira de Oliveira y José Víctor Campos Da Silva, por su propio derecho, en contra de los actos y autoridad precisada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Informa gestiones. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo que envía el Administrador Postal de esta ciudad, a través de los cuales informa que el acuse de recibo requerido mediante oficio 18886/2023 de veinte de septiembre del año en curso, se encuentra en sus oficinas; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, el expediente no se encuentra integrado para su celebración, toda vez que no obra el informe justificado requerido a la autoridad responsable y a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días hábiles otorgado para tal efecto; sin que lo hubiere hecho. Apercibimiento. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de admisión y se tienen por ciertos los actos que se le reclaman. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, para que en el plazo de tres días hábiles computado legalmente, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que dieron origen a los actos reclamados; lo anterior, a efecto de estar en aptitud de resolver este juicio de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento, que en caso de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación. Diferimiento. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó y por otra parte se negó el amparo solicitado por la parte quejosa; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de conservable por haberse sobreseído y negado el amparo y protección de la justicia federal, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su transferencia en los términos previstos en el párrafo primero del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Cuaderno incidental. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible, al ubicarse en el supuesto del artículo 20, fracción III, del citado acuerdo, puesto que se negó la suspensión provisional y la definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 19, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
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