Luciano Pinto de Souza

Expediente 949/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
949/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Luciano Pinto de Souza
  • CARLOS MARTINS CHAVES y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria actuante hizo constar que se incorporaron cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es conservable por un término de tres años; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplido el plazo de tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su transferencia; lo anterior, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado acuerdo. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a los quejosos 1) ********************2)********************3)********************y 4) ********************para que dieran cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, sin que a la fecha hubiesen dado cumplimiento a la mencionada prevención. No presentada. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita, y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata y se dejan sin efectos las providencias decretadas en autos. Notifíquese vía electrónica al promovente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de agosto de dos mil veintitrés. Informe sobre suspensión de plano. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe rendido por la autoridad responsable sobre la suspensión de plano concedida a los quejosos, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; por lo tanto, dese vista a las partes con el mismo para los fines legales conducentes. Señalamiento de domicilio. Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona. Delegados. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, señalando como delegados de su parte a las personas que menciona para tales efectos. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 949/2023-V. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir, esencialmente, en: -Deportación; y, - Cualquier acto que tenga por objeto privarlos de su libertad fuera de procedimiento. Actos de los que dice son y pueden ser objeto 1) ********************2)********************3)********************y 4) ********************por parte del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidad extranjera. I.- Deportación. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentra y los directamente agraviados no sean deportados. II.- Cualquier acto que tenga por objeto privarlos de su libertad fuera de procedimiento. Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la privación de la libertad de las personas migrantes, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de las personas en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. A partir del momento de la revisión, la autoridad migratoria cuenta con un plazo de veinticuatro horas para dictar el acuerdo de puesta a disposición y hasta treinta y seis horas, de las que no se excluyen las primeras veinticuatro que se mencionaron, para que la persona continúe en la estación migratoria o estancia de alojamiento temporal, esto es, la autoridad cuenta con un máximo de treinta y seis horas, para que la persona continúe bajo la supervisión de la autoridad administrativa, en la estación migratoria o de alojamiento temporal. Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: a) En el caso de que la internación de 1) ********************2)********************3)********************y 4) ********************al país, no se considere irregular por la autoridad migratoria, estos no sean privados de su libertad, siempre y cuando, la detención no se funde la comisión de un hecho considerado como ilícito. b) En el supuesto de que la detención 1) ********************2)********************3)********************y 4) ********************derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, la autoridad deberá ponerlos en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. c) En el escenario de que la internación de 1) ********************2)********************3)********************y 4) ********************sea considerada irregular por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que le fueron puestos a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración. En el entendido de que su presentación (o cualquier acción que implique la restricción de su libertad de tránsito) no deberá exceder de treinta y seis horas, por lo que, si no resuelve el procedimiento administrativo migratorio dentro de dicho plazo, deberá fijarles las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que 1) ********************2)********************3)********************y 4) ********************continúen en libertad su procedimiento. Por tanto, las medidas que señale la autoridad deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de los sujetos en situación de migración, pero deberá tomar en cuenta aquellas que aseguren que éstos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, más no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que la persona migrante pueda seguir su procedimiento en libertad. Del mismo modo, en caso de que 1) ********************2)********************3)********************y 4) ********************opten por seguir su procedimiento alojados en la estación migratoria o en el alojamiento temporal con que cuente la autoridad administrativa, esta deberá hacerles saber los efectos y consecuencias de ello, en el entendido que, levantará un acta que así lo demuestre, así como, informarle a las personas en situación de migración que en cualquier momento (transcurridas las treinta y seis horas), pueden continuar con su procedimiento en libertad, bajo las condiciones que se les fijen. Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11a.), de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad." Informe. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndole para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibida que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opten por realizarlo mediante oficio que envíen físicamente a este juzgado. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción en IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos 1) ********************2)********************3)********************y 4) ********************para que dentro del plazo de cinco días legalmente computado, bajo protesta de decir verdad realicen lo siguiente: 1.- Informen si a la fecha tienen conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su extradición a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hicieron sabedores del mismo. En caso afirmado, indiquen si lo señalan como acto reclamado, para lo cual deberá narrar los antecedentes del mismo, toda vez que del capítulo de los mismos no se advierte dicha situación. Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Señalamiento de autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta electrónica. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta al usuario ********************. Notificación vía electrónica. De igual manera, dado que autoriza expresamente la vía electrónica para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización para consulta y notificaciones electrónicas del expediente al usuario antes señalado. Solicitud de copias. Respecto a la solicitud de copias por parte de la parte quejosa, dígasele que dichas constancias al formar parte del expediente electrónico, las mismas ya cuentan con la evidencia criptográfica, por lo cual se consideran como copias certificadas electrónicamente; por tanto, al tener la parte quejosa acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, dichas constancias las puede obtener por ese medio; sin perjuicio, de que si es su deseo acuda a este órgano jurisdiccional a fin de que se lleve a su costa el fotocopiado de las documentales solicitadas. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano