Luciano Pablo Gutierrez Perez

Expediente 527/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
527/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Luciano Pablo Gutierrez Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    "2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" OF. 16420. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EN TURNO. CIUDAD. Para el trámite del recurso de revisión interpuesto por la parte tercera interesada, contra la sentencia emitida en autos; remito lo siguiente: a) Los autos originales del juicio de amparo 527/2023, en trescientas nueve fojas; b) Escrito de expresión de agravios en el que consta la firma electrónica de la parte recurrente y el sello de recibo de la Oficialía de partes de este juzgado, constante de dos fojas; y, c) Copia del escrito de expresión de agravios en igual número de fojas. Asimismo, solicito atentamente, ordene a quien corresponda acuse el recibo de estilo correspondiente. Sin otro particular, reitero mi más atenta y distinguida consideración. MORELIA, MICHOACÁN, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ATENTAMENTE EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ. MAESTRO EN AMPARO (FIRMA ELECTRÓNICA)

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese al expediente copia del escrito mediante el cual el apoderado jurídico de la tercera interesada Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 82, 83, 88 y 89, de la Ley de Amparo córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro del término de tres días los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 04 de septiembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 527/2023, promovido por Luciano Pablo Gutiérrez Pérez; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés (fojas 2-17), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Luciano Pablo Gutiérrez Pérez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que la registró con el número de expediente 527/2023; en auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés (foja 19) la admitió; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; reconoció el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán y ordenó su emplazamiento; asimismo fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos se atribuyen a una autoridad con sede en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por la parte quejosa al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán consiste en: La dilación en ejecutar el laudo emitido en el expediente 514/2002. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que dicha autoridad adjuntó a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas del expediente laboral 514/2002. Documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, ya que de las constancias remitidas se advierte que no se ha dado cumplimiento al laudo. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 917812, la cual es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, registro digital 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable, lo conducente es examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el presente caso se reclama en esencia, la dilación por parte del tribunal responsable para hacer cumplir el laudo emitido en el expediente laboral 514/2002. Dicha circunstancia, en apariencia, podría revelar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Lo anterior, porque en las fracciones I a XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye también, los demás casos en que ésta derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la Materia, dispone que si se trata de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En tanto que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en la última resolución dictada en el mismo procedimiento respectivo. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución. Así como se dijo anteriormente, en el caso pudiera establecerse en una primera impresión, que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; ya que se trata de actos en ejecución de un expediente laboral, el cual en apariencia, tendría que reclamarse hasta la última resolución emitida en dicho procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, el suscrito considera que el presente asunto se trata de un caso excepcional, que no encuadra en la causal de improcedencia señalada, dado que el acto reclamado no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino, por el contrario, impide su cumplimiento. Ello, en atención a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer la contradicción de tesis 348/2010, en la que señaló que es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En dicha ejecutoria citó como caso de ejemplo, el auto en virtud del cual el juez natural niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor; al respecto, señaló que el mismo puede considerarse dentro de los supuestos de excepción, pues por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino, por el contrario, tiene como propósito impedir su cumplimiento. Así, indicó que, en el supuesto referido, al tratarse de un acto dictado después de concluido el juicio que obstaculiza la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo indirecto. Señaló que si bien es cierto que en la Ley de Amparo se establece que tratándose de actos dictados después del juicio, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, más lo es que, con esa interpretación literal se podría atentar contra la administración de justicia en tanto que se dejaría al arbitrio del juez la decisión sobre cuándo continuar con la ejecución, sin que esa arbitrariedad pudiera ser combatida; asimismo, que la consecuencia de esa interpretación sería la prolongación (que podría ser arbitraria) de los procedimientos. Concluyó señalando que, si no se permitiera la procedencia del amparo indirecto en contra de las resoluciones mencionadas, no existiría defensa en contra de los actos que podrían arbitrariamente impedir la ejecución de las sentencias firmes. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 160866, que establece: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad." Por ello, en atención a que el suscrito considera que el acto reclamado en esta instancia constitucional, es la omisión y/o dilación de ejecutar el laudo; es decir, está impidiendo su cumplimiento; por ello, resulta necesario que este juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente. Por otra parte, el Ayuntamiento tercero interesado, mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintitrés (foja 254), manifestó: "[.] Visto lo actuado informo a su Señoría que existe diverso juicio de amparo promovido por el quejoso, contra el mismo acto reclamado y misma autoridad, siendo el expediente 1007/2015 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, lo que informo para los efectos legales subsecuentes. [.]" De lo transcrito se advierte que, si bien no lo adujo expresamente, considera actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia que es infundada. Para evidenciar lo anterior, se estima necesario traer a glosa la porción normativa mencionada, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". Conforme al artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas. Asimismo, debe precisarse que tal figura no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional. De lo narrado se desprende que para que se actualice la cosa juzgada, se deben cumplir con los requisitos siguientes: 1. Necesariamente ambos juicios de amparo deben estar promovidos por el mismo quejoso o quejosos; contra las mismas autoridades; y, por el propio acto reclamado. 2. El acto reclamado en el nuevo juicio de amparo, haya sido materia de una ejecutoria en uno diverso. En el caso concreto, las hipótesis detalladas -contrario a lo que señala el quejoso- no se encuentran cubiertas. En efecto, entre las constancias remitidas por la responsable obra la sentencia dictada en el juicio de amparo 1007/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el cual fue promovido por Luciano Pablo Gutiérrez Pérez, contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de emitir el acuerdo correspondiente al escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el expediente 514/2002 (fojas 69 y 70). En dicho juicio se dictó sentencia el tres de diciembre de dos mil quince, en la que concedió el amparo solicitado, misma que causó ejecutoria por auto de ocho de enero de dos mil dieciséis (foja 72). Por su parte, de la demanda de amparo que incoó este juicio, se advierte que: El quejoso lo es Luciano Pablo Gutiérrez Pérez. La responsable es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. El acto reclamado es la omisión y/o dilación en ejecutar el laudo en el expediente 514/2022. Bajo esas premisas, en la especie, el requisito marcado con el número 1, no se encuentra cubierto, pues si bien el tanto el juicio de amparo 1007/2005 como el 527/2023 fueron promovidos por el mismo quejoso Luciano Pablo Gutiérrez Pérez y en ambos expedientes se señaló como como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; sin embargo, el acto reclamado es diferente, toda vez que en el juicio 1007/2015, lo fue la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de acordar el escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil quince; y en el presente juicio, la dilación en ejecutar el laudo dentro del expediente laboral 514/2002. En ese sentido, no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el ayuntamiento tercero interesado. Una vez precisado lo anterior y toda vez que las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia ni este juzgador advierte la actualización de alguna de ellas, lo conducente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa señala como conceptos de violación -en esencia- lo siguiente: La autoridad responsable al omitir ejecutar el laudo dentro del expediente de origen viola en su perjuicio sus derechos humanos y fundamentales de legalidad y suficiente fundamento establecidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 constitucionales, al no aplicar el contenido de los artículos 685, 837 y 838 de la Ley Federal del Trabajo y la tesis de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES". También señala que los derechos humanos y fundamentales de legalidad y suficiente fundamento establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales se conculcan con los actos que de la autoridad responsable se reclaman, pues de conformidad con lo que disponen los artículos 17 y 123 de la Carta Magna, los tribunales estarán expeditos para administrar la justicia en los plazos y términos que fije la ley, lo cual no ha sido cumplido por la responsable, ya que se ha dilatado en ejecutar el laudo, no obstante que desde septiembre de dos mil dos se presentó la demanda laboral. De conformidad con el artículo 74, fracción II y 79, de la Ley de Amparo, en un análisis sistemático de los motivos de disenso que formula la parte quejosa en su demanda, suplidos en su queja deficiente, son fundados los conceptos de violación. En efecto, el tribunal responsable vulnera su derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución, porque ha sido omisa en obligar a la demandada a cumplir con el laudo respectivo. Para establecer lo anterior es necesario traer a glosa el contenido del artículo 17, segundo y sexto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.]". Este numeral reconoce el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, que es el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, ante tribunales independientes, expeditos e imparciales a efecto de plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute la decisión. Además, el derecho sustantivo a la jurisdicción comprende la obligación de los tribunales de proveer eficazmente el cumplimiento de sus decisiones, es decir, se trata de una consecuencia natural que forma parte esencial de esa prerrogativa porque a través de ella se logra la efectiva tutela de los derechos e intereses que dieron inicio al proceso. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015591, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". En ese contexto, se debe señalar que el derecho a solicitar la ejecución del laudo es de carácter sustantivo porque está vinculado estrechamente al derecho de efectivo acceso a la jurisdicción, lo que a su vez se encuentra relacionado con el "efecto útil" de la resolución que puso fin al enjuiciamiento obrero, es decir, que la decisión correspondiente solucione el problema planteado conforme a la ley aplicable, que esté debidamente fundada y motivada, y además se ejecute, pues ese es el fin último de la impartición de justicia. Sustenta en lo conducente, la tesis I.3o.C.42 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 2006406, que prevé lo siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES UN DERECHO SUSTANTIVO SUJETO A PRESCRIPCIÓN. El derecho a solicitar la ejecución de la sentencia es de carácter sustantivo porque se vincula estrechamente al derecho de efectivo acceso a la jurisdicción, lo cual a su vez, se encuentra relacionado con el "efecto útil" de la sentencia, es decir, que la decisión correspondiente solucione el problema planteado conforme a la legislación aplicable; que la sentencia del juzgador se encuentre debidamente motivada y, además, se ejecute, pues ése es el fin último de la impartición de justicia. Así, el ejercicio de tal derecho se encuentra sujeto a prescripción por ser un derecho sustantivo, no a preclusión. Lo anterior es así porque a diferencia de lo ocurrido durante el proceso de origen, en donde la falta de realización de ciertos actos provoca la preclusión del derecho para hacerlo valer; el dejar de ejercitar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo, ocasiona la prescripción del derecho a solicitar la ejecución de la sentencia al tratarse de un derecho sustantivo". Y la tesis V.1o.C.T.58 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, registro digital 168527, que establece: "TUTELA JURISDICCIONAL O DE ACCESO A LA JUSTICIA. DICHA GARANTÍA CONTIENE LA SUBGARANTÍA DE "EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES" O DE "JUSTICIA CUMPLIDA", QUE OTORGA A LOS GOBERNADOS EL DERECHO DE QUE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE CUMPLAN CABALMENTE. La garantía de tutela jurisdiccional o de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene a la vez la subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho de que los fallos dictados a su favor por las autoridades jurisdiccionales se cumplan cabalmente, ya que de otra manera la prerrogativa constitucional primeramente indicada no podría verse satisfecha". Ahora bien, los artículos 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, establecen: "ARTÍCULO 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes." "ARTÍCULO 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente." De este marco legal deriva, la clara e ineludible obligación que tiene el tribunal responsable de proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo, imponiendo dicho precepto, el deber de dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que sean conducentes. Bajo la óptica jurídica anterior, se obtiene en el caso particular la violación al derecho de justicia pronta por parte de la autoridad responsable, ya que de las constancias que obran en el expediente 514/2002 se advierte lo siguiente: El veinticuatro de junio de dos mil quince, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitió laudo en cumplimiento a lo ordenado en ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, dentro del amparo directo laboral 817/2014 [se tuvo por cumplida en auto de tres de septiembre de dos mil quince] (fojas 44-50). El veintiocho de septiembre dos mil quince, la apoderada jurídica del actor, solicitó la actualización de salarios caídos y que se hiciera la expedición de facturas judiciales sobre vehículos embargados y adjudicados por el trabajador (foja 75). Escrito que fue acordado hasta el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo 1001/2015, en el que la responsable ordenó la expedición en rebeldía de la parte demandada, de las facturas de los bienes muebles embargados, rematados y adjudicados al trabajador; fijó hora y fecha para la entrega real y material de los mismos; asimismo, actualizó los salarios caídos por la cantidad de un millón ciento nueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos, a la que descontó el monto de setecientos mil pesos, resultando la suma de cuatrocientos nueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos con setenta y tres centavos (fojas 77-79). Por oficio TCA/P/0578/2016, de once de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente del Tribunal responsable, requirió al banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a fin de que informara si la cuenta 04019072586 tenía fondos suficientes para garantizar el cobro del cheque 62228555 por doscientos mil pesos para estar en condiciones de entregarlo al trabajador (foja 86). El dos de marzo de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de reinstalación; sin embargo, la parte demandada se negó a reinstalar al trabajador [tenía el cargo de Jefe de Mantenimiento de la Unidad Deportiva Municipal]. En la misma fecha, se llevó a cabo la diligencia de entrega real y material de los bienes muebles embargados, rematados y adjudicados al trabajador; sin embargo, el Ayuntamiento tercero interesado no los entregó (fojas 89-95). El diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, el representante legal de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, manifestó que el Tribunal debía dirigir su solicitud fundada y motivada por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (foja 99). En auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el Tribunal determinó que como en auto de cuatro de febrero del mismo año fue omisa en actualizar el aguinaldo y prima vacacional, se ordenaba hacerlo por el monto de cuatrocientos setenta y cinco mil ciento seis pesos con setenta y seis centavos; y, requirió al banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a fin de que informara si la cuenta 04019072586 tenía fondos suficientes para garantizar el cobro del cheque 62228555 por doscientos mil pesos para estar en condiciones de entregarlo al trabajador en términos del artículo 783 de la supletoria Ley Federal del Trabajo (fojas 102-103). En proveído de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, acordó los escritos del actor de once y veinticuatro de febrero y seis de abril de dos mil dieciséis. Por lo que ve al primer escrito, determinó que toda vez que la parte demandada se negó a materializar la reinstalación, en términos del artículo 947, fracciones I y II de la supletoria Ley Federal del Trabajo, se daba por terminada la relación laboral y se condenaba a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario (diecinueve mil setecientos setenta y tres pesos); actualizó los salarios caídos por la suma de quinientos diecinueve mil setecientos cinco pesos con ochenta y seis centavos; y, ordenó girar oficio al Ayuntamiento demandado para que pusiera a su disposición los vehículos embargados, rematados y adjudicados al trabajador; y, toda vez que el banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC no había dado respuesta al requerimiento que se le hizo, se ordenó poner a disposición del trabajador actor el cheque 62228555 para que lo recogiera (fojas 108 y 109). El nueve de febrero de dos mil dieciocho, entre otras cuestiones, el Tribunal responsable actualizó los salarios caídos, por el monto de cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y ocho pesos con noventa y seis centavos; asimismo, comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio del ayuntamiento demandado lo requiriera del pago; y, en caso de que no lo hiciera le embargara bienes suficientes de su propiedad para garantizar el pago (fojas 133 y 134). Por escrito de veinte de octubre de dos mil diecisiete, la apoderada de la actora, solicitó que se hicieran efectivos los apercibimientos decretados en autos en vía de ejecución forzosa, y se girara oficio al Congreso del Estado y la Coordinación de Contraloría del Estado, para que iniciara procedimiento administrativo de responsabilidad a los integrantes del ayuntamiento por su desacato de cumplir con lo ordenado por el tribunal; diera vista al Ministerio Público para que iniciara la carpeta de investigación correspondiente por los delitos que resulten a tal incumplimiento; actualizara el monto de los salarios caídos y comisionara al actuario adscrito para realizar el requerimiento de pago o bien embargara bienes suficientes; promoción que no fue acordada por la responsable (foja 140). El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, derivado del diverso escrito presentado por la parte actora (veintiséis de febrero de dos mil dieciocho), el tribunal responsable ordenó enviar oficio a la Secretaría de Finanzas para que informara si dos de los vehículos adjudicados a favor del actor se encontraban registrados a nombre del ayuntamiento; y, comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio del ayuntamiento demandado para requerir la entrega de uno de esos automotores (fojas 142-144). En proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, la responsable, a petición de la parte actora, actualizó los salarios caídos; ordenó despachar auto de ejecución y comisionó al actuario para su debida diligencia, autorizó el uso de la fuerza pública y de los medios de apremio estipulados en la supletoria Ley Federal del Trabajo; señaló fecha para que se llevara a cabo la reinstalación del actor; volvió a requerir a Secretaría de Finanzas para que informara si dos de los vehículos adjudicados a favor del actor se encontraban registrados a nombre del ayuntamiento; y, giró oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para que fuera retenido uno de los vehículos adjudicados al actor (fojas 149-152). El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, tuvo lugar la diligencia de reinstalación del actor (foja 159-161). En auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, la responsable, entre otra cuestiones, tuvo al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, informando que los vehículos Atos y Camioneta tipo hormiga, se encontraban a nombre del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas (foja 213). El trece de diciembre de dos mil veintidós, el tribunal responsable, reconoció como apoderados jurídicos del actor a los licenciados Manuel Zuno Ramírez, Alfonso Magallán Jacobo y Enrique Leyva Espinosa (foja 245). De lo reseñado se advierte el retraso en que ha incurrido la autoridad responsable en la substanciación del procedimiento de ejecución del juicio laboral de origen, puesto que el laudo se emitió desde el veinticuatro de junio de dos mil quince, y al menos hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo (cuatro de mayo de dos mil veintitrés), sigue sin ser acatado por la demandada; esto es, han pasado casi ocho años y el tribunal responsable no ha logrado su cumplimiento, lo que se traduce en una violación al artículo 17 constitucional; inobservando también lo preceptuado en el artículo 120 de la ley burocrática, que dispone que el laudo se debe ejecutar de manera inmediata, pues se insiste el tribunal responsable ha sido omisa en proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo. Lo que se evidencia de las actuaciones reseñadas, toda vez que si bien obra el acuerdo catorce de febrero de dos mil diecinueve en el cual ordenó despachar auto de ejecución; no hay constancia alguna que acredite que el Actuario se haya constituido en el domicilio de la demandada a requerirle el pronto y efectivo pago de lo condenado. Asimismo, se advierte que existe dilación entre la data en que el actor presenta una promoción y ésta es acordada por la responsable, como sucedió con la presentada el veintiocho de septiembre de dos mil quince, la cual fue acordada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis y esto en cumplimiento al juicio de amparo 1007/2015; el escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, fue atendido por hasta el veintisiete de mayo siguiente; el presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se acordó hasta el treinta y uno de mayo de esa misma anualidad; incluso, no se advierte que la diversa promoción exhibida el veinte de octubre de dos mil diecisiete, haya sido acordada. De igual manera, aunque en proveído de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la responsable ordenó requerir al ayuntamiento demandado para que pusiera a su disposición los vehículos embargados, rematados y adjudicados a favor del actor con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría del conocimiento del Ministerio Público para que integrara la carpeta de investigación correspondiente; a pesar de que en la constancias no se advierte que el ayuntamiento haya acatado dicho mandato, no hizo efectivo el apercibimiento. En ese contexto, se insiste, es evidente que la responsable ha violado en detrimento de la parte quejosa el acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Consecuentemente, resulta procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable, realice lo siguiente: Provea de inmediato el eficaz requerimiento al Ayuntamiento Constitucional de Lázaro Cárdenas, Michoacán, encaminado a dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente 514/2002 y dé continuidad al mismo; en la inteligencia de que para ello el deberá dictar y hacer efectivos los medios de apremio procedentes. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen a surgir de manera posterior, acorde con lo establecido en el criterio 2a CV/2013 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luciano Pablo Gutiérrez Pérez, en contra de los actos y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones y para los para los efectos contenidos en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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