Lucia Moreno Ramírez

Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
210/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Lucia Moreno Ramírez
  • Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Inmediata Michoacán, con residencia en Tlalpujahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, toda vez que el treinta de mayo del presente año, causó ejecutoria el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, por el cual informa que los oficios 4018 y 4019 no se adjuntaron al despacho 236/2022 del índice de este juzgado por lo que solicita los mismos sean enviados para llevar a cabo la diligencia encomendada. Consecuentemente, como lo solicita la autoridad auxiliar, envíense las constancias que refiere en su oficio de cuenta, mismas que deberán ser remitidas a su correo institucional 1jmx_maravatio@poderjudicialmichoacan.gob.mx. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, por el cual devuelve el despacho ********************del índice de este juzgado; lo anterior, debido a que el veintiuno de abril del año en curso se tuvo por recibida dicha comunicación y se acordó en cuanto al fondo de las constancias que la integran. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata e Investigación Adscrita al Municipio de Tlalpujahua, Michoacán. Asimismo, manifiesta que es cierto el acto reclamado debido a que dentro de la carpeta de investigación ********************, misma que se instruye en contra de ******************** y de los menores de iniciales ********************. en agravio de ********************, en la que el quince de febrero del año en curso por un error involuntario se giró un citatorio a la parte quejosa en calidad de investigada. Asimismo, refiere que si bien se giraron diversos citatorios a la parte quejosa éstos fueron con la finalidad de que la misma exhibiera las actas de nacimiento de los menores de iniciales ********************., lo que a la especie ya aconteció, pues la peticionaria de amparo cumplió con dicho requerimiento el tres de marzo pasado. Por otro lado, del estado que guarda el presente juicio se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hizo consistir en la orden de citación de quince de febrero del año en curso, en la que se solicita la presencia de la parte quejosa en razón de estar integrada una carpeta de investigación en su contra. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así tenemos que, en el presente juicio se reclama la orden de citación de quince de febrero del año en curso en el que se informa a la parte quejosa que debe presentarse en la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado de Tlalpujahua, Michoacán, debido a que existe una carpeta de investigación en su contra. Sin embargo, del informe justificado rendido por el agente responsable se desprende que: * Si bien, dentro de la carpeta de investigación ********************, el quince de febrero pasado se giró una orden de citación a la impetrante de amparo, lo cierto es que dicha actuación se debió a un error involuntario; * Dentro de la carpeta de investigación referida se han girado diversas citaciones con la finalidad de que la parte quejosa exhiba las actas de nacimiento de los menores de iniciales ********************; y, * La quejosa ya cumplió con lo solicitado en los diversos citatorios que le fueron enviado, lo anterior, debido a que el tres de marzo del año en curso exhibió la documental que le fue requerida. Lo anterior, trae como consecuencia que el acto reclamado se encuentre consumado lo que genera que el juicio de amparo sea improcedente, pues el acto reclamado ha producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir a la parte quejosa el goce del derecho violado por lo que no es factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior por identidad jurídica substancial la jurisprudencia 2a./J.171/2007, visible en la página 423, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, Materia común, pagina 386, tomo XVII, marzo 2003 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de donde se desprende que el Juez de Distrito no se encuentra obligado a dar vista a la parte quejosa con las causas de improcedencia advertidas de oficio. Cobra aplicación la jurisprudencia VI. 1. T.J/I, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007628, Materia común, pagina 2421, octubre 2014 de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO." En consecuencia se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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