Luciano González Rosiles

Expediente 522/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
522/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Hospital Regional ISSSTE Morelia, Michoacán.
  • Luciano González Rosiles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se aprecia que en auto de veintiuno de junio en curso, se tuvo al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad exhibiendo el acta de defunción del quejoso Luciano González Rosiles. 1.1. Causa ejecutoria. Ahora, con vistas en la confirmación del lamentable deceso del quejoso Luciano González Rosiles y, tomando en consideración que, a la fecha ha trascurrido el plazo de diez días con que contaban las partes para recurrir el fallo protector; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional ha decidido: DEJAR SIN MATERIA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR A efecto de justificar lo anterior, en este apartado es pertinente analizar los aspectos siguientes: Que el o los derechos humanos reclamados sólo afecten a su persona, esto es, que se trate de un derecho personalísimo. Que el derecho humano reclamado no haya trascendido al patrimonio del quejoso o sus beneficiarios después de su muerte. Al respecto, debe decirse que el derecho humano reclamado por el peticionario de amparo, lo fue el derecho a la salud. En efecto, el derecho en comento sólo afectaba los derechos personales del quejoso, en atención a que la salud en un aspecto que es inherente al individuo, de tal manera que, inconcuso resulta que la trasgresión a ese derecho no trasciende al patrimonio del quejoso después de su muerte o de sus beneficiarios, pues dicho derecho a la salud se extingue con la muerte del propio peticionario de amparo. Por tanto, es pertinente dejar sin materia la ejecución del fallo protector; no sin antes realizar una breve reseña de las gestiones que realizó esta potestad federal para preservar la salud y la vida del finado quejoso Luciano González Rosiles. 2. Antecedentes. De autos se desprende lo siguiente: 2.1 Demanda. El trece de mayo de dos mil veintidós, Luciano González Rosiles presentó demanda de amparo en la que reclamó la omisión de proporcionársele el medicamento denominado "ARBIRATERONA 500MG", que le fue prescito por un médico especialista en oncología médica del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, para tratar su padecimiento de cáncer de próstata y huesos. 2.2 Actos llevados a cabo en el sumario. 2.2.1 Concesión de medida cautelar. El trece de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite y con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Ampao, se concedió la suspensión de plano a efecto de que las autoridades responsables, dentro de sus atribuciones conferidas y bajo su estricta responsabilidad, de inmediato proporcionaran la atención médica, medicamentos y tratamiento que requería Luciano González Rosiles, para el padecimiento que presentaba, esto es, cáncer de próstata y de huesos, así como para que se realizara las gestiones necesarias en caso de no contar con los equipos e insumos que dicha enfermedad requiere. 2.2.2 El dieciséis de mayo último, se tuvo al Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informando sobre la suspensión otorgada al quejoso; asimismo, toda vez que del informe en cuestión se advirtió que había señalado las nueve horas del dieciséis de mayo próximo pasado, para la atención al quejoso, fecha que ya había trascurrido se requirió nuevamente a las responsables, a fin de que señalara nueva fecha a efecto de q se le proporcionara la atención médica solicitada por el peticionario de amparo, a fin de que esta potestad federal estuviera en condiciones de hacerlo del conocimiento del amparista. 2.2.3 Así las cosas, más tarde ese día -dieciséis de mayo de dos mil veintidós- se tuvo al Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cumpliendo con el requerimiento que se indicó en el punto anterior, al señalar las nueve horas del dieciocho de mayo pasado, para proporcionar atención médica del quejoso, fecha que se ordenó hacer del conocimiento del quejoso en forma inmediata. No obstante lo anterior, se requirió a la responsable a fin de que informara a esta potestad federal sobre el protocolo de seguimiento y tratamiento para los padecimientos que aquejaban la salud del peticionario de amparo. 2.2.4 En efecto, el veinte de mayo de dos mil veintidós se tuvo al Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informando que el quejoso no acudió a la cita mencionada en el punto anterior, adicionando que éste se encontraba en el área de urgencias de dicho nosocomio, en donde se le había valorado, proporcionado atención médica y tratamiento el cual habían hecho del conocimiento de uno de sus familiares, lo que justificó con las constancias que allegó al sumario. 2.2.5 Concesión del fallo protector. Ahora de autos se advierte que por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se concedió al quejoso en cita, la protección de la Justicia Federal respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables encargado o director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para los efectos siguientes: Ordenar proporcionar de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente así como los medicamentos necesarios derivado de la insuficiencia renal crónica que padece el quejoso. Instruir al personal médico y administrativo del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al mandato anterior, en lo que concierne a la prestación del servicio de salud de Luciano González Rosiles. 3. Noticia de la defunción del quejoso. Así el nueve de junio en curso, se tuvo noticia de la muerte del quejoso, a través del informe que remitió el Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al que adjuntó el certificado de defunción del peticionario de amparo. 4. Medio de confirmación idóneo de la defunción del amparista. A fin de corroborar la defunción del peticionario de amparo a través de documento idóneo, se requirió al Director del Registro Civil del Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que remitiera el acta de defunción del quejoso; documento con el que se dio cuenta en el punto número 1., y el cual tiene eficacia probatoria en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, por disposición expresa del artículo 2o., de dicho cuerpo normativo, dado que fue expedido por una autoridad con fe pública en ejercicio de sus funciones. 5. Conclusión. De lo anterior se advierte que pese a las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados en aras de salvaguardar y preservar la salud y vida digna de Luciano González Rosiles, éste falleció el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, lo que se corrobora con la copia certificada del acta de defunción de la cual este juzgado se allegó como medio de convicción para mejor proveer. Derivado de lo anterior y como el amparo fue concedido en relación estricta con derechos personales del quejoso, por lo que no afecta a ninguna otra persona, es dable concluir que el cumplimiento de la ejecutoria carece de materia; en esa virtud, se declara sin materia su cumplimiento. Sirve de orientación la tesis 1ª. I/93, de registro digital 206148, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XI, marzo de 1993, página 5, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: y texto: "INCIDENTE DE INEJECUCION SIN MATERIA, POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. Debe declararse sin materia el incidente de inejecución de sentencia si se acredita fehacientemente que ha fallecido el quejoso y el acto reclamado afecta derechos estrictamente personales, por lo que ninguna otro persona podría tener interés en la ejecución de la sentencia de amparo". 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 6.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se aprecia que en auto de veintiuno de junio en curso, se tuvo al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad exhibiendo el acta de defunción del quejoso Luciano González Rosiles. 1.1. Causa ejecutoria. Ahora, con vistas en la confirmación del lamentable deceso del quejoso Luciano González Rosiles y, tomando en consideración que, a la fecha ha trascurrido el plazo de diez días con que contaban las partes para recurrir el fallo protector; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional ha decidido: DEJAR SIN MATERIA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR A efecto de justificar lo anterior, en este apartado es pertinente analizar los aspectos siguientes: Que el o los derechos humanos reclamados sólo afecten a su persona, esto es, que se trate de un derecho personalísimo. Que el derecho humano reclamado no haya trascendido al patrimonio del quejoso o sus beneficiarios después de su muerte. Al respecto, debe decirse que el derecho humano reclamado por el peticionario de amparo, lo fue el derecho a la salud. En efecto, el derecho en comento sólo afectaba los derechos personales del quejoso, en atención a que la salud en un aspecto que es inherente al individuo, de tal manera que, inconcuso resulta que la trasgresión a ese derecho no trasciende al patrimonio del quejoso después de su muerte o de sus beneficiarios, pues dicho derecho a la salud se extingue con la muerte del propio peticionario de amparo. Por tanto, es pertinente dejar sin materia la ejecución del fallo protector; no sin antes realizar una breve reseña de las gestiones que realizó esta potestad federal para preservar la salud y la vida del finado quejoso Luciano González Rosiles. 2. Antecedentes. De autos se desprende lo siguiente: 2.1 Demanda. El trece de mayo de dos mil veintidós, Luciano González Rosiles presentó demanda de amparo en la que reclamó la omisión de proporcionársele el medicamento denominado "ARBIRATERONA 500MG", que le fue prescito por un médico especialista en oncología médica del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, para tratar su padecimiento de cáncer de próstata y huesos. 2.2 Actos llevados a cabo en el sumario. 2.2.1 Concesión de medida cautelar. El trece de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite y con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Ampao, se concedió la suspensión de plano a efecto de que las autoridades responsables, dentro de sus atribuciones conferidas y bajo su estricta responsabilidad, de inmediato proporcionaran la atención médica, medicamentos y tratamiento que requería Luciano González Rosiles, para el padecimiento que presentaba, esto es, cáncer de próstata y de huesos, así como para que se realizara las gestiones necesarias en caso de no contar con los equipos e insumos que dicha enfermedad requiere. 2.2.2 El dieciséis de mayo último, se tuvo al Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informando sobre la suspensión otorgada al quejoso; asimismo, toda vez que del informe en cuestión se advirtió que había señalado las nueve horas del dieciséis de mayo próximo pasado, para la atención al quejoso, fecha que ya había trascurrido se requirió nuevamente a las responsables, a fin de que señalara nueva fecha a efecto de q se le proporcionara la atención médica solicitada por el peticionario de amparo, a fin de que esta potestad federal estuviera en condiciones de hacerlo del conocimiento del amparista. 2.2.3 Así las cosas, más tarde ese día -dieciséis de mayo de dos mil veintidós- se tuvo al Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cumpliendo con el requerimiento que se indicó en el punto anterior, al señalar las nueve horas del dieciocho de mayo pasado, para proporcionar atención médica del quejoso, fecha que se ordenó hacer del conocimiento del quejoso en forma inmediata. No obstante lo anterior, se requirió a la responsable a fin de que informara a esta potestad federal sobre el protocolo de seguimiento y tratamiento para los padecimientos que aquejaban la salud del peticionario de amparo. 2.2.4 En efecto, el veinte de mayo de dos mil veintidós se tuvo al Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informando que el quejoso no acudió a la cita mencionada en el punto anterior, adicionando que éste se encontraba en el área de urgencias de dicho nosocomio, en donde se le había valorado, proporcionado atención médica y tratamiento el cual habían hecho del conocimiento de uno de sus familiares, lo que justificó con las constancias que allegó al sumario. 2.2.5 Concesión del fallo protector. Ahora de autos se advierte que por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se concedió al quejoso en cita, la protección de la Justicia Federal respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables encargado o director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para los efectos siguientes: Ordenar proporcionar de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente así como los medicamentos necesarios derivado de la insuficiencia renal crónica que padece el quejoso. Instruir al personal médico y administrativo del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al mandato anterior, en lo que concierne a la prestación del servicio de salud de Luciano González Rosiles. 3. Noticia de la defunción del quejoso. Así el nueve de junio en curso, se tuvo noticia de la muerte del quejoso, a través del informe que remitió el Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al que adjuntó el certificado de defunción del peticionario de amparo. 4. Medio de confirmación idóneo de la defunción del amparista. A fin de corroborar la defunción del peticionario de amparo a través de documento idóneo, se requirió al Director del Registro Civil del Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que remitiera el acta de defunción del quejoso; documento con el que se dio cuenta en el punto número 1., y el cual tiene eficacia probatoria en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, por disposición expresa del artículo 2o., de dicho cuerpo normativo, dado que fue expedido por una autoridad con fe pública en ejercicio de sus funciones. 5. Conclusión. De lo anterior se advierte que pese a las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados en aras de salvaguardar y preservar la salud y vida digna de Luciano González Rosiles, éste falleció el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, lo que se corrobora con la copia certificada del acta de defunción de la cual este juzgado se allegó como medio de convicción para mejor proveer. Derivado de lo anterior y como el amparo fue concedido en relación estricta con derechos personales del quejoso, por lo que no afecta a ninguna otra persona, es dable concluir que el cumplimiento de la ejecutoria carece de materia; en esa virtud, se declara sin materia su cumplimiento. Sirve de orientación la tesis 1ª. I/93, de registro digital 206148, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XI, marzo de 1993, página 5, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: y texto: "INCIDENTE DE INEJECUCION SIN MATERIA, POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. Debe declararse sin materia el incidente de inejecución de sentencia si se acredita fehacientemente que ha fallecido el quejoso y el acto reclamado afecta derechos estrictamente personales, por lo que ninguna otro persona podría tener interés en la ejecución de la sentencia de amparo". 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 6.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe acta de defunción. Visto lo de cuenta, se tiene al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de junio de dos mil veintidós, mediante la exhibición del acta de defunción del quejoso Luciano González Rosiles. Al respecto, en atención a que la sentencia dictada en el presente asunto aún no ha causado ejecutoria, resérvese emitir la correspondiente consideración sobre la información a que se refiere dicho documento, hasta en tanto acontezca lo anterior.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe acta de defunción. Visto lo de cuenta, se tiene al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de junio de dos mil veintidós, mediante la exhibición del acta de defunción del quejoso Luciano González Rosiles. Al respecto, en atención a que la sentencia dictada en el presente asunto aún no ha causado ejecutoria, resérvese emitir la correspondiente consideración sobre la información a que se refiere dicho documento, hasta en tanto acontezca lo anterior.

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