Lucas Palacios Flores
Expediente 415/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lucas Palacios Flores
- Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con Competencia en Materia de Ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en funciones de juez de ejecución
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Devolución de tomo de pruebas. Visto, el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que en auto de treinta y uno de enero del presente año, se ordenó el archivo del presente expediente; sin embargo, de la revisión física del sumario no se aprecia que se haya devuelto el legajo de pruebas que remitió la responsable, relativo al S.I.P.E. ******************** Por tanto, dado que resulta innecesario conservar el tomo de prueba que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, se ordena su devolución en un cuaderno, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Démian Gibrán González Ramírez, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Intégrese para que obre como corresponda, el oficio que remite la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, mediante el cual remite, copia del audio y video de la audiencia celebrada el dieciocho de octubre de la presente anualidad, en el procedimiento de ejecución SIPE 112/2017, de lo cual este juzgado toma conocimiento, toda vez que la presente incidencia se encuentra concluida. Cúmplase.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Oficio. Intégrese el oficio signado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, a través del cual solicita se informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. Atento a ello, hágase de su conocimiento que el quince de julio de la anualidad que cursa, se celebró la audiencia constitucional en el presente sumario y, el treinta y uno de agosto siguiente, se dictó la sentencia relativa, en la cual se determinó negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
- Principal
SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II- 415/2021 promovido por Lucas Palacios Flores1 por alegada violación a los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuidos a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en funciones de Jueza de Ejecución Penal y a la Agencia de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán ambos con residencia en esta ciudad este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primero Consideración previa El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso sin que previo a la emisión de esta sentencia tal incorporación se haya informado a las partes Sin embargo se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses no se ha dictado sentencia sino hasta ahora; cuestión que cabe precisar no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción como sí lo es en cambio remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo Lo anterior sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión en términos de la jurisprudencia 2a /J 104/2010 de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse bajo protesta de decir verdad los hechos que la fundamentan sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo Segundo Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia es competente para resolver el presente juicio de amparo en términos de los artículos 94 103 fracción I y 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 51 fracción I y 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ya que el acto reclamado produce sus efectos dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción Tercero Precisión de la norma general acto u omisión reclamada La parte quejosa reclama lo siguiente2: ? La orden de reaprehensión emitida por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán en funciones de Jueza de ejecución penal dentro del procedimiento de ejecución SIIPE 112/2017 de seis de mayo de dos mil veintiuno " ? La ejecución de la orden de reaprehensión que se reclama a la Agencia de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Michoacán TERCERO Norma general acto u omisión cuya existencia se encuentra acreditada Son ciertos el acto que se reclama a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán en funciones de Jueza de ejecución penal ya que así se desprende del contenido del informe justificado rendido y se corrobora con las copias certificadas del procedimiento de ejecución SIIPE 112/2017 las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo Con base en el artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo procede presumir cierto el acto que se reclama a la Agencia de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Michoacán ya que omitió rendir el informe justificado que se le requirió Cuarto Análisis de causas de improcedencia La procedencia del juicio de amparo constituye presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo ninguna de las partes las hizo valer y este juzgador no advierte de oficio alguna que impida el estudio de los conceptos de violación Quinto Estudio de fondo Son infundados los conceptos de violación El acto reclamado es la orden de reaprehensión emitida por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán en funciones de Jueza de ejecución penal dentro del procedimiento de ejecución SIIPE 112/2017 en virtud de que en la audiencia de revisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del beneficio de condena condicional a que se acogió el sentenciado se estableció que existe un notorio desinterés del sentenciado hoy quejoso para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la prerrogativa que se le otorgó Acto de autoridad que en concepto del quejoso viola derechos humanos porque no fue oído ni vencido mediante un juicio oral respetando en todo momento el principio de contradicción concentración juicio previo y debido proceso no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento no se observó el debido proceso Asimismo -señala el quejoso- que una de las garantías que protegen el derecho humano de libertad es la de audiencia previa que consiste en la concesión de una amplia y adecuada oportunidad de defensa antes de emitir el acto privativo y se integra esencialmente por cuatro principios jurídicos que a su vez comprende cuatro garantías específicas de seguridad jurídica necesariamente concurrentes y que son: a) el juicio previo al acto de privación; b) que dicho juicio se siga ante los tribunales previamente establecidos c) el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales y d) la decisión jurisdiccional ajustada a leyes vigentes con antelación a la causa que origina él juicio Parámetros que desde su perspectiva no contempló la jueza de ejecución porque omitió tomar en cuenta una sanción menos lesiva que incluso la ley lo contempla en el artículo 90 fracción IX del Código Penal Federal "En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a algunas de la condiciones fijadas se hará efectiva dicha sanción" Aduce que la jueza de ejecución aplicó la medida más lesiva que lo es la privación de la libertad sin ser oído y vencido en juicio (debido proceso) ni el principio pro homine ya que: 1 Si bien es cierto que el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve se amonestó al sentenciado Lucas Palacios Flores en términos del artículo 90 fracción IX del Código Penal Federal a fin de que cumpliera con las obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la condena condicional también lo es que se desconoce la razón por la cual no cumplió con la totalidad de sus reportes pues hasta la fecha de la audiencia de seis de mayo de dos mil veintiuno existen cuatro reportes esto es septiembre y octubre de dos mil diecinueve y enero y febrero de dos mil veinte; sin embargo se desconoce algún motivo de la falta de los demás reportes pues si no se le escucha al justiciable menos se puede saber algún motivo para así se tome una determinación 2 El hecho de que tuviera problemas técnicos no se puede considera imputable a una persona que no cuenta con aparatos ni personal técnico como un Centro de Justicia Penal Federal dado que incluso lo indicó el Traductor Belisario García Corrales por la región esto es en Maruata Michoacán no existe buena recepción de ahí que esa no era una razón justificable para que el justiciable no fuera escuchado y saber si existía o no una causa razonable sobre la falta de sus reportes 3 No debe olvidarse que la pandemia ha afectado de tal medida el cierre de escuelas negocios trabajos oficinas no salir del domicilio trabajar a distancia además que Lázaro Cárdenas Michoacán tuvo serios problemas de riesgo de propagación del virus COVID-19 afectando en gran medida a las poblaciones o localidades de esa región sobre todo para la gente más vulnerable pues se trata de una persona que se ha dedicado a la pesca a la agricultura y algunas veces de ayudante de albañil de ahí que no se puede exigir que tenga los instrumentos y el conocimiento para conectarse por videoconferencia ante la juez de ejecución sobre todo si era la primera ocasión que tenía que llevar a cabo a través de ese medio de comunicación 4 Aunado a que se trata de un apersona de un grupo indígena (Náhuatl); y si bien habla el español ha sido su deseo que las audiencias se lleven a cabo en su idioma o lengua pues ese derecho no pueda estar condicionado ha si habla o no el castellano de ahí que era indispensable que se le asignara algún traductor en su lengua o idioma 5 Que no es obstáculo para lo anterior el hecho de que se hubiera designado defensor púbico al sentenciado pues ello la existencia de una defensa técnica adecuada presupone la participación del reo a efecto de que pudiera justificar las razones del incumplimiento que se le imputa las que sólo él puede conocer directamente Por otro lado se señala en la demanda que el artículo 20 apartado A fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado en junio de dos mil ocho dispone que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra respetando en todo momento el principio de contradicción salvo las excepciones que establece esta Constitución Luego señala que el imputado (sic) tiene la calidad de parte de ahí que tiene derecho a ser oído y vencido en juicio ya que la constitución determina que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra respetando en todo momento el principio de contradicción Como se precisó lo anterior es infundado Resulta conveniente recordar que el acto reclamado es la emisión de una orden de reaprehensión que se libró en un procedimiento de ejecución en virtud de que el quejoso incumplió con las obligaciones que le fueron impuestas para hacer uso del derecho de la condena condicional y no un orden de aprehensión Esta distinción no es meramente semántica porque aunque ambos medios tiene por objeto conducir a las personas ya sea al proceso penal o al procedimiento de ejecución cuando ello sea necesario y aunque se trata de determinaciones similares en cuanto a su objeto -conducir a las personas a un procedimiento- los requisitos para su emisión son diferentes porque se emiten en distintos procedimientos Lo que se afirma en ese sentido porque la orden de aprehensión regulada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una forma de conducción del imputado al proceso a efecto de que quien desarrolla un investigación en su contra le comunique de manera verbal y directa que existen datos de prueba para demostrar la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que él lo cometió o participó en su comisión y que en su caso se desarrollará una investigación formal que podría concluir con el ejercicio de la acción penal respectiva En cambio la orden de reaprehensión también constituye una forma de conducción pero a diferencia de la orden de aprehensión el objeto no es hacerle saber al imputado que en su contra se desarrollará una investigación formal; sino que será conducido de nueva cuenta al proceso por haber incumplido alguna de las obligaciones impuestas para hacer uso del derecho a permanecer en libertad Por tanto el fundamento de la orden de aprehensión es diverso de la de reaprehensión pues mientras en la primera deben cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la segunda es suficiente con que se incumpla una obligación impuesta ya sea en el proceso penal o en el procedimiento de ejecución En el caso la orden de reaprehensión reclamada dimana de una procedimiento de ejecución en el que el quejoso ya no tiene el estatus de imputado sino de sentenciado y para hacer uso del beneficio de la condena condicional se le impusieron determinadas obligaciones que aceptó cumplir; esto es existe consentimiento pleno de los términos en que el beneficio se mantendría y un apercibimiento en el sentido de que en caso de incumplimiento sería revocado el beneficio y se decretaría orden de reaprehensión En ese orden es infundado lo aducido por la parte quejosa en el sentido de que no fue oído y vencido en un juicio oral en él se observaran los principios de contradicción concentración juicio previo y debido proceso porque el procedimiento de ejecución no es propiamente un juicio sino un procedimiento que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal pero restringido a garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos salvaguardando la invariabilidad de cosa juzgada con los ajustes que la legislación vigente al momento de la ejecución permita3 En virtud de lo anterior como la pena pertenece al ámbito del derecho punitivo del estado y su ejecución es de orden público la participación del sentenciado constituye para él una carga procesal sobre todo cuando la controversia en la ejecución versa sobre algún beneficio que substituye la pena de prisión que se le impuso en el proceso penal que se ejecuta En el caso particular la controversia versa sobre el incumplimiento de las condiciones que le fueron impuestas al quejoso para beneficiarse de la condena condicional beneficio que quedó supeditado al cumplimiento de las obligaciones que para tal efecto se impusieron Es por ello que la obligación de la Jueza de Ejecución de notificar al sentenciado del inicio de la controversia cumple con el derecho de la garantía de audiencia pues a través de esa notificación el sentenciado queda enterado que se iniciará una revisión de las condiciones que previamente se le impusieron para hacer acceder al beneficio de la condena condicional Máxime que de autos consta que desde el inicio del procedimiento de revisión de las condiciones en las que comenzó la ejecución de la pena y por ende el beneficio de la condena condicional se le apercibió que en caso de no comparece o justificar el incumplimiento de tales condiciones se revocaría el beneficio y se libraría en su contra la orden de reprensión En virtud de lo anterior resulta infundado el concepto de violación que se vincula con el debido proceso y la garantía de previa audiencia porque a diferencia del proceso penal en el procedimiento de ejecución previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal la comparecencia del sentenciado cuantas veces sea requerido por el la Jueza es una carga procesal Además -como ya se indicó- la ejecución de la pena es una cuestión de orden público que no puede estar supeditada a que comparezca o no el sentenciado al procedimiento de revisión de las condiciones en las que se otorgó el beneficio de la condena condicional; en todo caso dada las prevenciones que se realizaron desde que se otorgó ese beneficio el sentenciado tiene pleno conocimiento de las consecuencias del incumplimiento de esas condiciones dentro de las que se encuentra la obligación de comparecer cuantas veces sea requerido También es infundado lo aducido en el sentido de que las garantías que protegen el derecho humano de libertad es la de audiencia previa que consiste en la concesión de una amplia y adecuada oportunidad de defensa antes de emitir el acto privativo y se integra esencialmente por cuatro principios jurídicos que a su vez comprende cuatro garantías específicas de seguridad jurídica necesariamente concurrentes y que son: a) el juicio previo al acto de privación; b) que dicho juicio se siga ante los tribunales previamente establecidos c) el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales y d) la decisión jurisdiccional ajustada a leyes vigentes con antelación a la causa que origina él juicio Lo anterior porque si bien es cierto que la garantía de audiencia previa opera respecto de todos los actos que tengan por objeto privar a las personas de algún derecho sustantivo también lo es que el incumplimiento de las obligaciones impuestas para hacer uso del beneficio de la condena condicional no constituye por sí un acto de privación Efectivamente la condena condicional es un beneficio por virtud del cual una pena de prisión impuesta en un proceso penal en el que se cumplieron con todas las garantías a que alude el artículo 14 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que ya causó ejecutoria puede quedar suspendida siempre y cuando se cumplan con las condiciones que para tal efecto establezca la autoridad jurisdiccional Lo anterior significa que la privación de la libertad no deriva de la revocación del beneficio sino de la sentencia ejecutoria en la que se determinó que el sentenciado es penalmente responsable en la comisión de un delito En ese orden el cumplimiento de las obligaciones impuestas como condición dentro de las que se encuentra la de comparecer cuantas veces sea requerido ante el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de la sentencia es una carga procesal que de no cumplirse traerá como consecuencia hacer efectivos los apercibimientos decretados entre ellos la revocación del beneficio También es infundado lo alegado en el sentido de que previo a decretar la orden de reaprehensión la Jueza de Distrito debió tomar en cuenta una sanción menos lesiva que incluso la ley lo contempla en el artículo 90 fracción IX del Código Penal Federal; esto es que en caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a algunas de la condiciones fijadas se hará efectiva dicha sanción Lo que resulta infundado porque la Jueza de Distrito hizo del conocimiento del sentenciado cada una de las condiciones que debía cumplir para hacer uso del beneficio de la condena condicional los cuales fueron aceptados por el sentenciado lo que es así porque de hecho la ejecución de la pena de prisión se suspendió revocándose el beneficio precisamente por el incumplimiento de esas condiciones En virtud de ello dado que con base en el artículo 25 fracción II de la Ley Nacional de Ejecución Penal la Jueza de Distrito no puede variar la cosa juzgada el incumplimiento de las condiciones tiene por consecuencia revocar el beneficio procediendo entonces la ejecución de la pena de prisión; para ello la forma de conducir al sentenciado para lograr el cumplimiento es la emisión de la orden de reaprehensión correspondiente Sin que la revocación del beneficio y la consecuente emisión de la orden de reaprehensión pueda ser considerada como la medida más lesiva prevista en la ley o que por aplicación del principio pro-persona tuviera que ser elegida una de menor intensidad pues como ya se precisó el cumplimiento de las obligaciones impuestas son condición para que la condena condicional tuviera efecto Dicho de otra forma las condiciones para que operara el beneficio no podría ser variadas porque provienen de un determinación definitiva e inatacable que además eran del pleno conocimiento del sentenciado También es infundado loa alegado en el sentido de que por tratarse de una apersona de un grupo indígena (Náhuatl); que si bien habla el español y que ha sido su deseo que las audiencias se lleven a cabo en su idioma o lengua se viole algún derecho humano porque de autos consta que las condiciones a que quedó sujeto el beneficio de la condena condicional fueron hechas de su conocimiento de manera cierta y plena incluso el sentenciado cumplió con algunas de ellas ya que remitió el reporte mensual en cuatro ocasiones a la autoridad supervisora sin que la auto adscripción al grupo indígena Náhuatl haya sido obstáculo para ello También es infundado que en perjuicio del sentenciado se haya violado el artículo 20 apartado A fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado en junio de dos mil ocho que dispone que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra respetando en todo momento el principio de contradicción salvo las excepciones que establece esta Constitución Lo anterior porque consta en autos que el sentenciado fue citado en varias ocasiones a comparecer a la audiencia de revisión del cumplimiento de las obligaciones incluso que a la misma compareció el defensor que le fue asignado En ese contexto la garantía de audiencia previa no rige para la emisión de la orden de reaprehensión porque constituye una medio de conducción para hacer efectiva una determinación judicial en la que sí se otorgó ya que en el presente caso se advierte que el quejoso fue requerido en varias ocasiones por la Jueza de Distrito previo a hacer efectivo el apercibimiento de revocación del beneficio de la condena condicional Lo anterior es así porque el seis de julio de dos mil diecisiete el quejoso se acogió al beneficio de la condena condicional y exhibió para tal efecto el billete de depósito N806365 con lo que cumplió con uno de los requisitos que le fueron impuestos empero también se condicionó el citado beneficio a que en el plazo de cinco días se sometiera a la autoridad correspondiente esto es Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social y se le apercibió por primera ocasión para que en caso de incumplir cualquiera de las condiciones le sería revocado el beneficio Ahora en acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve se fijó hora y fecha para la audiencia de revisión de las condiciones relativos al beneficio de la condena condicional la que tuvo lugar el quince de julio de dos mil diecinueve sin la asistencia del quejoso por ello se trasladó al tres de septiembre de dos mil diecinueve la que tampoco pudo verificarse Por acuerdo de veintiuno de noviembre el defensor público asignado al quejoso exhibió dos reportes mensuales correspondientes a septiembre y octubre de dos mil diecinueve y en ese acuerdo se volvió a exhortar al quejoso para que cumpliera con la obligación de estar disposición de la autoridad encargada de la supervisión y nuevamente se le apercibió que en caso de incumplimiento le sería revocado el beneficio concedido y eventualmente se ordenaría su reaprehensión El uno de junio de dos mil veinte se realizó el cómputo de la condena condicional a efecto de verificar qué obligaciones se encontraban cumplidas y en su caso cuando se tendría por concluida la sanción; para ello se realizaron varios requerimientos al quejoso para que acreditara haber cumplido con todas las obligaciones impuestas El doce de junio de dos mil veinte el Director de Control de Sentenciados en Libertad del Organismo desconcentrado Prevención y Readaptación Social informó que el sentenciado no se había puesto a disposición de esa institución para dar inicio al control y vigilancia del beneficio otorgado Con base en lo anterior se emitió el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veinte en el que se requirió al quejoso para que controvirtiera la información rendida por el Organismo Público Desconcentrado y nuevamente se le apercibió que en caso de no hacerlo le sería revocado el beneficio en cuestión y se ordenaría la reaprehensión; requerimiento que se reiteró el seis de agosto de dos mil veinte Autos que fueron debidamente notificados al quejoso a través de la requisitoria 454/2020 De lo anterior se advierte que previamente a la celebración de la audiencia de revisión del cumplimiento de las obligaciones impuestas para hacer uso del beneficio de la condena condicional que se verificó el seis de mayo de dos mil veintiuno se brindó al quejoso la oportunidad de desvirtuar los informes del Organismo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social lo que pudo hacer valer por sí o por conducto de su defensor de ahí que el concepto de violación expuesto en el sentido de que no se respetaron las formalidades del procedimiento es infundado Por otra parte el argumento en el que se propone que el hecho que pudo haber tenido problemas técnicos no se puede considerar imputable a una persona que no cuenta con aparatos ni personal técnico como un Centro de Justicia Penal Federal dado que incluso lo indicó el Traductor Belisario García Corrales por la región esto es Maruata Michoacán no existe buena recepción de ahí que esa no era una razón justificable para que el justiciable no fuera escuchado y saber si existía o no una razón razonable sobre la falta de sus reportes también es infundado porque con base en las actuaciones descritas el quejoso tuvo varias oportunidades para demostrar haber cumplido con las obligaciones que le fueron impuestas sin que para ello tuviera que hacer uso de herramientas informáticas además que la razón por la que se revocó el beneficio de la condena condicional y se ordenó su reaprehensión no se debió a que no se hiciera presente en la audiencia de revisión sino porque previamente había incumplido las obligaciones que se le impusieron entre ellas ponerse a disposición de la autoridad competente para el control y revisión Sin que se soslaye el hecho público y notorio que la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por la enfermedad Covid-19 haya dificultado básicamente todas las actividades del ser humano debido al distanciamiento social que se utilizó como medida para mitigar la propagación del virus que produce tal enfermedad sin embargo esa circunstancia no es impedimento para que el quejoso cumpliera con los requerimientos que se le hicieron en diversas ocasiones porque para el cumplimiento de la obligación de ponerse a disposición de la autoridad competente podría realizarse vía correo postal incluso y en intervalos que no afectan de manera desproporcional la vida cotidiana de las personas; de ahí que lo alegado en este apartado también es infundado Tampoco es óbice a lo anterior que el quejoso pertenezca a un grupo indígena (Náhuatl); y si bien habla el español ha sido su deseo que las audiencias se lleve a cabo en su idioma o lengua pues ese derecho pueda estar condicionado si habla castellano no es indispensable algún traductor en su lengua o idioma porque ello no es una razón que le imposibilitara a cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas Lo que se afirma en ese sentido porque incluso en cuatro ocasiones cumplió con enviar el reporte correspondiente lo que se pudo realizar gracias al auxilio que le brindó la defensoría pública entonces su condición de indígena tampoco es obstáculo para cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas para hacer uso del beneficio aludido De ahí que los conceptos de violación son infundados aún suplidos en su deficiencia por tanto procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión Solicitados Por lo expuesto se R E S U E L V E ÚNICO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lucas Palacios Flores contra los actos que reclamó a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán en funciones de Jueza de ejecución penal por las razones expuestas en el último considerando de este fallo
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