Luciano Alejandro Vázquez Barrientos
Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luciano Alejandro Vázquez Barrientos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días a que alude el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa recurriera el auto de nueve de agosto pasado, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, con el que devuelve diligenciado el exhorto 243/2023-VII (orden 1183) de este índice. En ese sentido, ténganse al quejoso notificado del proveído de nueve de los actuales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y dese de baja la comunicación oficial aludida.
- Principal
...Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Director General del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 840/2023-VII. ...De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. ...Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. ...Precisión de los actos reclamados De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados son: a) El traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit, el cual se llevó a cabo el dos de marzo de dos mil veintidós. b) La determinación del Juez de Ejecución Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, a través de la cual calificó de legal dicho traslado. Desechamiento respecto del acto reclamado precisado en el inciso a). En relación con el acto reclamado precisado en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El supuesto que contempla el numeral se actualiza de dos maneras: i) Por revocación, y ii) Por sustitución. El primer supuesto se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato, de manera que restablezca la situación que imperaba antes de la emisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. En el caso se actualiza la segunda hipótesis, pues el traslado fue sustituido por la determinación del juez de ejecución que lo calificó de legal. Es decir, no es posible analizar la constitucionalidad del traslado penitenciario del quejoso, pues su situación jurídica actualmente se rige por la resolución en la que el Juez de Ejecución Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, calificó de legal su traslado del Centro de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit. En ese sentido, respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Desechamiento respecto del acto reclamado precisado en el inciso b). Por lo que ve al acto reclamado precisado en el inciso b), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; a) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; b) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. c) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". El principio de definitividad consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le afecta, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, cuenta con legitimación, tanto procesal como sustantiva, para promover el juicio de amparo. Por tanto, ante el reclamo de algún acto en juicio de amparo indirecto, el órgano constitucional está obligado a verificar que el demandante haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad su modificación, revocación o anulación. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; así como órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos en los que se establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, aquellas que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece: "Artículo 52. Excepción al traslado voluntario. La autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Lo que se traduce en que la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad mediante resolución administrativa bajo el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los supuestos de urgencia en que procede -cuando se ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la salud, la seguridad o gobernabilidad del centro de reclusión, etcétera-, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa de traslado dentro del término de cuarenta y ocho horas. Entonces, contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En este caso excepcional la eventual autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En ese sentido, aun cuando la autoridad judicial hubiese aprobado o calificado de legal el traslado administrativo del quejoso, éste estaba obligado a agotar, antes de acudir al amparo, el recurso de apelación previsto en los artículos 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen lo siguiente: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." De tales preceptos, se advierte que efectivamente las resoluciones que se pronuncien sobre traslados son apelables, por tanto, resulta jurídicamente válido afirmar que la resolución en la que el juez de ejecución calificó de legal el traslado del quejoso ejecutado el dos de marzo de dos mil veintidós del Centro de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit, constituye una determinación que puede ser impugnada; de manera que no se trata de resolución irrecurrible a través de los medios ordinarios de impugnación. Así, el quejoso debió haber agotado el recurso de apelación contra la calificación de legal de su traslado, por ser el medio ordinario de defensa que procede contra esa determinación, previo a instar el juicio constitucional (medio de defensa extraordinario), máxime que en el caso no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad. Si bien el acto reclamado afecta indirectamente la libertad personal del quejoso, el procedimiento del traslado penitenciario se encuentra previsto y regulado en el capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal, caso contrario, por ejemplo, sería si se tratara de un acto que atentara contra libertad personal fuera de procedimiento. Es así, porque a partir de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con su reclusión; como lo es, lo relativo a su traslado. Adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que deben agotarlos previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. ... Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." [Lo resaltado es propio] ...Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." [Lo resaltado es propio] Bajo ese panorama, si el quejoso promueve la acción constitucional contra la calificación de legal de su traslado administrativo, sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa legal pertinente, se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad; por tanto, con fundamento en el diverso 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luciano Alejandro Vázquez barrientos. Domicilio procesal Téngase como domicilio de la parte quejosa el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit ubicado en KM. 10.690, Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 2.3 del Entronque carretero Ejido del Rincón, Código Postal 63502, en Tepic, Nayarit. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 298 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, instruya a quien corresponda, se constituya en aquel centro penitenciario y notifique al quejoso la presente determinación, corriéndole traslado con la versión electrónica que para tal efecto se remite. Para llevar a cabo la diligencia solicitada, se autoriza la habilitación de días y horas inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley de la materia. Se remite copia certificada de la demanda al Juzgado de Ejecución de origen. Por otra parte, en la demanda se advierte que la intención del quejoso es ser trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit, al Centro de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, o bien, al Centro de Readaptación Social de Guanajuato (Puentecillas), en razón de que son los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio; aunado a que no ha incurrido en malas conductas ni ha sido acreedor de castigos impuestos por autoridad carcelaria. En tales condiciones, en términos del artículo 25, fracción I, en relación con el artículo 50, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, remítase al Juez de Ejecución Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, copia certificada de la demanda, para que esté en condiciones de proveer sobre la solicitud de traslado voluntario, en virtud de que es la autoridad a quien compete proveer sobre las cuestiones de internamiento del quejoso. ...se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos... ... se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes
- Lucía Castañeda Ramírez575/2019
- Lucía González Venegas1003/2021
- Lucía Hernández González506/2015
- Lucía Luna Laguna50/2022
- Lucía Rivera Urrutia365/2012
- Lucía Solares Rodríguez938/2023
- Luciano Carlos Hernández Sosa248/2016
- Luciano Figueroa Cornejo1353/2022
- Luciano Juárez Caudillo922/2019
- Luciano Miranda Hernández984/2019
- Lucila Cervantes Cabrera117/2021
- Lucila de las Mercedes Salmerón Castro172/2020