Lucía Solares Rodríguez

Expediente 938/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
938/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Lucía Solares Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de veinticinco de septiembre pasado, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, mediante el cual cumple la prevención formulada en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés. Esto es así, pues precisa que el acto reclamado es la falta o ilegal notificación de la sentencia dictada en el juicio civil ordinario ******************** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la segunda instancia respectiva. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es parte material dentro del juicio ordinario civil de origen como parte codemandada. Desechamiento De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El acto reclamado es la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad en el juicio ordinario civil ********************, así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la segunda instancia respectiva. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El principio de definitividad del juicio de amparo previsto en la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que establezca la ley, y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato prevé en su numeral 328: "ARTÍCULO 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. [.]"". Como se aprecia legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para dejar sin efectos una notificación mal practicada u omitida, así como todo lo actuado con posterioridad a la misma. En el caso la quejosa reclama la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad en el juicio ordinario civil ********************, así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la segunda instancia respectiva. Dichos actos encuadran en la hipótesis prevista por el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato (la omisión de notificar la sentencia dictada en autos); por lo que la solicitante del amparo debió promover la nulidad de la notificación del fallo de primera instancia, con la que hubiera dejado sin efectos todo lo actuado desde la notificación omitida. Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitivita, en razón de que: a) No se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte. c) No se trata de un acto en que la quejosa sea tercera extraña a juicio, en virtud de ser parte codemandada dentro del juicio civil de origen, por lo que no tiene esa calidad. d) La procedencia del recurso de reposición está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 77/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." No se soslaya que, como consecuencia de la supuesta notificación ilegal de la sentencia de primer grado, la quejosa reclama en vía de consecuencia todo lo actuado en la apelación respectiva; sin embargo, bajo protesta de decir verdad, la propia promovente del amparo manifiesta haber comparecido al procedimiento de alzada, donde únicamente presentó un alegato por escrito. Al respecto, este juzgado de distrito considera que esa era la actuación procesal idónea en la cual la quejosa podía haber controvertido en la jurisdicción ordinaria la ilegalidad de la notificación de la sentencia dictada en primera instancia, de conformidad con el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.4o.C.122 C, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. MOMENTOS EN QUE OPERA LA PRECLUSIÓN PARA PROMOVERLO. De conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, especialmente el artículo 77 y los criterios dominantes en la interpretación judicial federal, el tiempo conferido a las partes para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones se inicia el día de la emisión del acto procesal que constituye su objeto y concluye con cualquiera de los siguientes supuestos: a) La siguiente intervención de la parte afectada, dentro del procedimiento al que corresponda la providencia o diligencia impugnable, o b) el dictado de la resolución conclusiva de ese procedimiento, aunque enseguida se inicie otro procedimiento para continuar el mismo proceso jurisdiccional o llevar a cabo la ejecución del fallo. Así, las actuaciones del procedimiento de primera instancia se podrán impugnar en dicho incidente, hasta el momento de la siguiente intervención del afectado durante el desarrollo de la instrucción, pero el derecho a promoverlo se extinguirá si antes de esa participación subsecuente se dicta la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio sin decidir el fondo de la controversia, y en la misma forma ocurrirá con los actos procesales del recurso de apelación, los de la etapa de ejecutorización de sentencia, y los de los procedimientos de ejecución. Esto es, con la intervención inmediata posterior de la parte perjudicada con la actuación nula, sin haber promovido previa o simultáneamente, el incidente, o con la emisión de la actuación final del juzgador en el procedimiento correspondiente, opera la preclusión para promover la nulidad. De este modo, la nulidad de las actuaciones de primera instancia, que se encuentren en la situación indicada, podrán invocarse como agravios en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva; las de la segunda instancia, como conceptos de violación del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva; las de un procedimiento de ejecución, en la segunda instancia del mismo, si está contemplada, o en el juicio de garantías contra la última resolución, y así sucesivamente. Con base en el criterio interpretativo desarrollado, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria que concluyen con la práctica de la notificación solicitada, el incidente de nulidad promovido en contra de ésta resulta improcedente, por haberse cerrado esa etapa, aunado a que pueden controvertirse en el proceso contencioso que se ofrezcan como prueba. Acorde con lo expuesto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ********************

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, mediante el cual cumple la prevención formulada en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés. Esto es así, pues precisa que el acto reclamado es la falta o ilegal notificación de la sentencia dictada en el juicio civil ordinario ******************** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la segunda instancia respectiva. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es parte material dentro del juicio ordinario civil de origen como parte codemandada. Desechamiento De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El acto reclamado es la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad en el juicio ordinario civil ********************, así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la segunda instancia respectiva. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El principio de definitividad del juicio de amparo previsto en la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que establezca la ley, y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato prevé en su numeral 328: "ARTÍCULO 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. [.]"". Como se aprecia legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para dejar sin efectos una notificación mal practicada u omitida, así como todo lo actuado con posterioridad a la misma. En el caso la quejosa reclama la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad en el juicio ordinario civil ********************, así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la segunda instancia respectiva. Dichos actos encuadran en la hipótesis prevista por el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato (la omisión de notificar la sentencia dictada en autos); por lo que la solicitante del amparo debió promover la nulidad de la notificación del fallo de primera instancia, con la que hubiera dejado sin efectos todo lo actuado desde la notificación omitida. Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitivita, en razón de que: a) No se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte. c) No se trata de un acto en que la quejosa sea tercera extraña a juicio, en virtud de ser parte codemandada dentro del juicio civil de origen, por lo que no tiene esa calidad. d) La procedencia del recurso de reposición está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 77/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." No se soslaya que, como consecuencia de la supuesta notificación ilegal de la sentencia de primer grado, la quejosa reclama en vía de consecuencia todo lo actuado en la apelación respectiva; sin embargo, bajo protesta de decir verdad, la propia promovente del amparo manifiesta haber comparecido al procedimiento de alzada, donde únicamente presentó un alegato por escrito. Al respecto, este juzgado de distrito considera que esa era la actuación procesal idónea en la cual la quejosa podía haber controvertido en la jurisdicción ordinaria la ilegalidad de la notificación de la sentencia dictada en primera instancia, de conformidad con el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.4o.C.122 C, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. MOMENTOS EN QUE OPERA LA PRECLUSIÓN PARA PROMOVERLO. De conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, especialmente el artículo 77 y los criterios dominantes en la interpretación judicial federal, el tiempo conferido a las partes para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones se inicia el día de la emisión del acto procesal que constituye su objeto y concluye con cualquiera de los siguientes supuestos: a) La siguiente intervención de la parte afectada, dentro del procedimiento al que corresponda la providencia o diligencia impugnable, o b) el dictado de la resolución conclusiva de ese procedimiento, aunque enseguida se inicie otro procedimiento para continuar el mismo proceso jurisdiccional o llevar a cabo la ejecución del fallo. Así, las actuaciones del procedimiento de primera instancia se podrán impugnar en dicho incidente, hasta el momento de la siguiente intervención del afectado durante el desarrollo de la instrucción, pero el derecho a promoverlo se extinguirá si antes de esa participación subsecuente se dicta la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio sin decidir el fondo de la controversia, y en la misma forma ocurrirá con los actos procesales del recurso de apelación, los de la etapa de ejecutorización de sentencia, y los de los procedimientos de ejecución. Esto es, con la intervención inmediata posterior de la parte perjudicada con la actuación nula, sin haber promovido previa o simultáneamente, el incidente, o con la emisión de la actuación final del juzgador en el procedimiento correspondiente, opera la preclusión para promover la nulidad. De este modo, la nulidad de las actuaciones de primera instancia, que se encuentren en la situación indicada, podrán invocarse como agravios en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva; las de la segunda instancia, como conceptos de violación del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva; las de un procedimiento de ejecución, en la segunda instancia del mismo, si está contemplada, o en el juicio de garantías contra la última resolución, y así sucesivamente. Con base en el criterio interpretativo desarrollado, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria que concluyen con la práctica de la notificación solicitada, el incidente de nulidad promovido en contra de ésta resulta improcedente, por haberse cerrado esa etapa, aunado a que pueden controvertirse en el proceso contencioso que se ofrezcan como prueba. Acorde con lo expuesto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **************..."

  4. Principal

    Recepción de demanda Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 938/2023-V. Prevención. Antes de proveer respecto sobre la admisibilidad de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 114, fracciones ll y V, 108, fracción V y 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con copia para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: Primero.- Precise el acto reclamado. Lo anterior en virtud de que en el apartado IV de su escrito inicial, la quejosa señala como tal la falta o ilegal notificación de la sentencia dictada en el juicio civil ordinario ********* del Juzgado Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la segunda instancia respectiva. Sin embargo, en el apartado relativo a los conceptos de violación, la quejosa manifiesta que nunca fue oída ni vencida en juicio -página 6 de la demanda de amparo-; que no ha figurado como parte en sentido material dentro del juicio del cual proviene el acto reclamado -página 11 de la demanda de amparo-, y que tampoco ha sido oída y vencida en segunda instancia -página 12 de la demanda de amparo-. En tal virtud, no es claro si la quejosa se ostenta tercera extraña al juicio ordinario civil ********************; si se ostenta como parte material dentro de esa controversia y reclama la falta de notificación o la irregular notificación de la sentencia de primera instancia, así como todo lo actuado posteriormente a dicha comunicación procesal; o bien, si reclama también la omisión de darle intervención en el juicio civil ******************** de origen. Por ende, la solicitante del amparo deberá señalar con precisión el acto u omisión que reclama, así como el proceso jurisdiccional del cual deriva. Segundo. Precise los hechos que constituyan los antecedentes del acto reclamado o sean fundamento de los conceptos de violación. Una vez precisado el acto reclamado, la quejosa deberá exponer de manera detallada, ordenada y cronológica los hechos o abstenciones que constituyan sus antecedentes o que sirvan de base a los conceptos de violación formulados, por ser requisito previsto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues al analizar la demanda de amparo no es claro si la quejosa ha intervenido en el juicio ordinario civil C******************** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, ni el estado que guarda dicho proceso, de manera que no se encuentra satisfecho el requisito establecido en la disposición citada. En el entendido que de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes. ... Apercibimiento. Se apercibe a la promovente que de incumplir con la citada prevención dentro del plazo indicado, se procederá en los términos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá no presentada su demanda. Domicilio procesal Se reconoce como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado ************ de esta ciudad. Autorizados Téngase a ******************** como autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las demás personas señaladas por carecer de dicho registro. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos... Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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