Luciano Alcántara Mijangos

Expediente 534/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
534/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Luciano Alcántara Mijangos

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio número 20825/2023, con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residentes en San Bartolo Coyotepec, por el que remite sin diligenciar el exhorto 453/2023, con número de orden 1197/2023, que se giró para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional se notificara personalmente al quejoso ****....la imposibilidad material que tuvo el actuario para notificar al quejoso el referido acuerdo, por los motivos que expuso en su razón respectiva; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto proporcione domicilio en esta ciudad para tales efectos Notifíquese por lista al quejoso en cumplimiento a esta determinación INSERCION Salina Cruz, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Se da cuenta con el oficio ...., firmado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, por el que transcribe el acuerdo dictado por el Titular de ese órgano jurisdiccional, el veintiocho de septiembre del año en curso, en el juicio de amparo 972/2023, en el que declaró carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda promovida por el quejoso ********************, por propio derecho, contra actos del Delegado de la Procuraduría Agraria en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otras autoridades SE ACEPTA COMPETENCIA Tomando en consideración los motivos legales que expone la autoridad oficiante, los cuales se comparten, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada; acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LOS INCISOS A) AL G). Ahora, previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de la materia...... Ahora, en el caso en concreto, como ya se dijo, la parte quejosa reclama, substancialmente, el desposeimiento y ejecución de una parte de la fracción de terreno que refiere tener en posesión, cuyas medidas y colindancias han quedado precisadas Por otra parte, en la certificación secretarial que antecede, se hizo constar como un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el diverso juicio de amparo número 502/2023, promovido por el aquí quejoso ********************, por propio derecho, por acuerdo dictado el trece de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó de plano su demanda de amparo, promovida contra actos del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, que hizo consistir en la orden para desposeerlo de una parte de la fracción de terreno que refiere tener en posesión... Acuerdo de desechamiento que el dos de octubre del año en curso; causó estado, en virtud de que la parte quejosa no lo recurrió. De lo expuesto, se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que desde el día treinta de agosto de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento del desposeimiento de una parte de su terreno que refiere tener en posesión, cuyas medidas y colindancias coinciden con las precisadas en la demanda de amparo de cuenta. Cabe precisar que la protesta de decir verdad, es una manifestación que constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la interposición oportuna de la demanda de amparo, en los casos como el que nos ocupa, se computa a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama, que lo fue el uno de septiembre del año en curso, concluyendo el plazo legal respectivo el veinticinco de ese mes, sin contar los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de septiembre del actual, por corresponder a sábados y domingos, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los días catorce y quince de septiembre pasado, por haber sido declarados inhábiles por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. En este orden, es evidente que la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, no fue presentada dentro del término legal de quince días que prevé el mencionado numeral 17 de la ley en aplicación, dado que la misma se presentó el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, tal como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, asentado al margen superior del escrito de demanda; de lo cual resulta evidente, que entre esa fecha y en la que se hizo sabedor el quejoso del precisado acto reclamado, transcurrieron dieciséis días hábiles, quedando manifiesta e indudable su extemporaneidad. Cabe señalar, que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido cardinal 17 de la Ley de Amparo, en la medida en que no se reclama una ley general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); ni tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa se emiten dentro de un procedimiento penal; aunado a que no reclama algún acto como incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV). ...En consecuencia, en este aspecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, respecto de los actos reclamados en los incisos a) al g). PREVENCION RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSION A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 108, fracción IV, así como 110, en relación con el diverso 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad.... PRIMERO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, cuándo tuvo conocimiento de la orden de aprehensión que reclama, a efecto de acordar lo que en derecho proceda. SEGUNDO. En términos del ordinal 110 del cuerpo de leyes invocado, dígasele que su escrito aclaratorio lo deberá presentar con el número de copias que resulten necesarias para ser distribuidas de la siguiente manera: una por cada una de las autoridades señaladas como responsables, otra para dar legal intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y una más para la tramitación del incidente de suspensión. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que de no acatar el requerimiento en el plazo señalado se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Asimismo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado a ********************, ******************** y ********************, ....LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ..se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Se da cuenta con el oficio 19494/2023, firmado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, por el que transcribe el acuerdo dictado por el Titular de ese órgano jurisdiccional, el veintiocho de septiembre del año en curso, en el juicio de amparo 972/2023, en el que declaró carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda promovida por el quejoso ********************, por propio derecho, contra actos del Delegado de la Procuraduría Agraria en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otras autoridades, que hace consistir literalmente en:***** Lo que se justifica con la constancia de posesión de fecha cinco de marzo de dos mil seis, expedida a mi favor por el Comisariado de Bienes Comunales, del núcleo agrario denominado: "Santa María Huatulco, del municipio del mismo nombre, perteneciente al distrito de Pochutla, Oaxaca, que adjunto en copia certificada por Notario Público y con las copias suficientes para el incidente de suspensión que desde este momento pido que se tengan por cotejadas, con lo que acredito el interés legítimo par comparecer en este juicio y demandar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. B).- La orden que han dictado o promulgado, fuera de todo juicio y de procedimiento legal para desposeerme de una parte de mi predio que tengo en legítima posesión. C) La orden de confiscación que han dictado o promulgado, fuera de todo juicio y de procedimiento legal de mi bien inmueble descrito en el inciso a), con la finalidad de privarme de la posesión que engo en la parcela descrita. D).- La orden que han dictado promulgado fuera de todo juicio y de procedimiento legal para despojarme de los derechos de posesión que tengo sobre mi predio que tengo en legítima posesión y que se ubica en el paraje denominado ********************, considerado dentro de la demarcación territorial del Núcleo Agrario de Santa María Huatulco, del municipio del mismo nombre, del distrito de Pochutla, Oaxaca. E).- La orden que han dictado o promulgado, fuera de todo juicio y procedimiento legal para causarme daños a mi posesión, propiedad y patrimonio en las cercas, alamabradas y mojoneras en el paraje denominado ********************, el cual se encuentra dentro de la delimitación jurisdiccional del núcleo agrario denominado S anta María Huatulco, municipio del mismo nombre, del distrito de Pochutla, Oaxaca, descrito. F).- El daño a la ecología y medio ambiente, al intentar de despojarme de una parte de mi parcela comunal, para supuestamente, destinarlo a una reserva natural, la vengo cuidando de hace tiempo. G).- La ejecución material y jurídica consistente en la adjudicación del inmueble, como es la desposesión y privación de la propiedad comunal; todo derivado de las órdenes de las responsables. H).- La orden de aprehensión verbal o escrita que han librado las responsables y el particular señalado también como responsable en su doble carácter, en mi contra para ser privado de la libertad corporal, por negarme a ser desposeído de una parte de mi parcela comunal; y de las ejecutoras les reclamo el cumplimiento material que pretenden dar a dicha orden de captura en mi contra, por si mismos o por medio de sus subordinados o representados, las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la ejecución y cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por sus superiores, la que dada su naturaleza puede ser ejecutada en cualquier momento así como las consecuencias inherentes a ello, como es la pérdida de mi libertad personal. Y de las responsables señaladas como Ejecutoras, les reclamo por si mismas o por sus subordinados, el cumplimiento material a la orden que han dictado o promulgado fuera de todo juicio y procedimiento legal las ordenadoras, para despojarme, dañarme y perjudicarme en mis derechos de posesión sobre el predio que tengo en legítima posesión en el paraje denominado ********************, ubicado en el núcleo agrario, denominado Santa María Huatulco, municipio del mismo nombre, del distrito de Pochutla, Oaxaca". (sic) ANOTACIONES Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número ********************-A que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno Impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. SE ACEPTA COMPETENCIA Tomando en consideración los motivos legales que expone la autoridad oficiante, los cuales se comparten, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada; acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de ese año. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye al secretario de Juzgado adscrito, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LOS INCISOS A) AL G). Ahora, previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.*************** Se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: .Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se desprende: que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, el término genérico para presentar la demanda con sus excepciones, y la forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 transcrito. Los actos consentidos tácitamente son aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 citado, se realiza de las siguientes formas: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Pues bien, existen tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla oportunamente promovida, todas ellas tienen características propias y excluyentes entre sí. En la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hizo saber al agraviado el acto reclamado. La segunda forma de computar el plazo aludido, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa o, incluso, del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Por su parte, en la tercera forma referida, se establece que el plazo para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que el inconforme se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifieste que conoció del acto impugnado; conducta que puede estimarse que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Bajo este contexto, cuando el inconforme se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa de los mismos, toda vez que ello se encuentra inmerso al mostrarse conocedor de aquellos, de tal manera que basta con que el solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa bajo protesta de decir verdad, se ostente sabedor del acto o actos reclamados en determinada fecha, para que se contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que lo refiera. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis relativas, debe señalarse también que éstas no guardan un orden de preferencia, pues la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos, lo que autoriza afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos. Ahora, en el caso en concreto, como ya se dijo, la parte quejosa reclama, substancialmente, el desposeimiento y ejecución de una parte de la fracción de terreno que refiere tener en posesión, cuyas medidas y colindancias han quedado precisadas Por otra parte, en la certificación secretarial que antecede, se hizo constar como un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el diverso juicio de amparo número 502/2023, promovido por el aquí quejoso ********************, por propio derecho, por acuerdo dictado el trece de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó de plano su demanda de amparo, promovida contra actos del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, que hizo consistir en la orden para desposeerlo de una parte de la fracción de terreno que refiere tener en posesión, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al norte, mide: 665:00 MTS (seiscientos sesenta y cinco metros-) y colinda S/LIN. QUEB. CPN, los CC. ******************** y ********************. Al Sur, mide: 1,455.00 MTS (Un mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros-) y colinda S/LIN. QUEB. Con terreno comunal y el C. ********************. Al Este, mide: 1,129 MTS (un mil ciento veintinueve metros-) y colinda S/LIN. QUEB. Con los CC ******************** y ********************. Al O este, mide: 993:00MTS (novecientos noventa y tres metros-) y colinda S/LIN: QUEB. Con los CC. ******************** y ********************. Acuerdo de desechamiento que el dos de octubre del año en curso; causó estado, en virtud de que la parte quejosa no lo recurrió. Cabe precisar que en la demanda de amparo que dio origen al aludido juicio de amparo 502/2023, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, refirió literalmente lo siguiente: ".V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO SON LOS SIGUIENTE: 1.- Como ha sido del dominio público, la parcela de referencia, la heredé de mi padre, el finado ********************, quien a su vez lo heredó de mi abuelo, también finado: ********************, es decir, que tiene más de cien años que venimos poseyendo y trabajando dicho terreno, ahí creció tanto mi citado padre, como el suscrito, donde hemos sembrado, maíz, frijol, ajonjolí y criamos animales, como borregos, gallinas, patos, entre otros. Posesión que ha sido de manera pública, pacífica y continúa. Como lo tengo manifestado, el cinco de marzo de dos mil seis, la autoridad comunal, de mi pueblo, Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, me expidió mi respectiva constancia de posesión; y, el veintidós de abril, de mil novecientos noventa y nueve, la delegación del Registro Agrario Nacional del Estado, expidió a mi favor la constancia donde se me reconoce como legítimo comunero del citado núcleo agrario, ambos documentos en copia certificada por notario público, anexo a la presente para justificar mi dicho. 2.- Grande fue mi sorpresa cuando el día treinta y uno de agosto último, como a eso de las tres de la tarde, estando en nuestro domicilio, mi esposa de nombre ********************, me dice "mira lo que estoy viendo en el feis (FB), momento en que me muestra un video y apreciamos que en la imagen se veía el presidente del Comisariado de los Bienes Comunales, del núcleo agrario de "Santa María Huatulco, ingeniero ********************, a quien conozco perfectamente, porque desde la infancia y por ser comunero, participante activo en muchas reuniones de nuestra comunidad lo he tratado, autoridad que junto con otras persona, sin mi permiso y sin mi consentimiento, estaban metidos en el interior de mi parcela, entre mi milpa, hablando de que en esa parte donde están parados y señalando otros vértices, va a ser destinado a zona de reserva natural y que a la brevedad iba a deslindar y a tomar las medidas necesarias para que se proceda a despojarme de una parte de mi terreno, mencionando que dicha acción iba también a efectuar a otros comuneros. Anexo un disco DVD, donde se aprecia dicha intervención y es la base de la presente demanda." (sic) De lo expuesto, se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que desde el día treinta de agosto de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento del desposeimiento de una parte de su terreno que refiere tener en posesión, cuyas medidas y colindancias coinciden con las precisadas en la demanda de amparo de cuenta. Cabe precisar que la protesta de decir verdad, es una manifestación que constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la interposición oportuna de la demanda de amparo, en los casos como el que nos ocupa, se computa a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama, que lo fue el uno de septiembre del año en curso, concluyendo el plazo legal respectivo el veinticinco de ese mes, sin contar los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de septiembre del actual, por corresponder a sábados y domingos, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los días catorce y quince de septiembre pasado, por haber sido declarados inhábiles por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. En este orden, es evidente que la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, no fue presentada dentro del término legal de quince días que prevé el mencionado numeral 17 de la ley en aplicación, dado que la misma se presentó el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, tal como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, asentado al margen superior del escrito de demanda; de lo cual resulta evidente, que entre esa fecha y en la que se hizo sabedor el quejoso del precisado acto reclamado, transcurrieron dieciséis días hábiles, quedando manifiesta e indudable su extemporaneidad. Cabe señalar, que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido cardinal 17 de la Ley de Amparo, en la medida en que no se reclama una ley general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); ni tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa se emiten dentro de un procedimiento penal; aunado a que no reclama algún acto como incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV). Es aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, correspondiente al mes de octubre de 1992, con registro 218145, cuyo tenor literal es: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la sustanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 535, del Libro 9, correspondiente al mes de agosto de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2007063, cuyo rubro y texto son como sigue: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo." De igual forma, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Agosto de 1994, página 619, Octava Época, con registro digital 210856, que dice: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACION CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMAS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." En consecuencia, en este aspecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, respecto de los actos reclamados en los incisos a) al g). PREVENCION RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSION A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 108, fracción IV, así como 110, en relación con el diverso 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Desahogue el siguiente requerimiento: PRIMERO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, cuándo tuvo conocimiento de la orden de aprehensión que reclama, a efecto de acordar lo que en derecho proceda. SEGUNDO. En términos del ordinal 110 del cuerpo de leyes invocado, dígasele que su escrito aclaratorio lo deberá presentar con el número de copias que resulten necesarias para ser distribuidas de la siguiente manera: una por cada una de las autoridades señaladas como responsables, otra para dar legal intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y una más para la tramitación del incidente de suspensión. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la Ley de Amparo. Acude en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia número P./J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar el auto de prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación, siempre y cuando estén autorizados en términos amplios a los que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1ª./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, página 68 de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que de no acatar el requerimiento en el plazo señalado se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Asimismo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado a ********************, ******************** y ********************, como licenciados en derecho, quienes tienen inscrita sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que la autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho. Y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, en virtud que no tienen inscritas sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto lo demuestren con prueba idónea. CORREO ELECTRÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de tener el correo electrónico abrahamoax@hotmail.com, toda vez, si bien la ley de la materia establece la práctica de la notificación vía electrónica, ésta no es para efectuarla tal cual a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, que establece la vía telefónica y el uso de medios tecnológicos convenidos para comunicaciones no procesales. Sin que sea óbice que como de la certificación de cuenta se advierte que dicho correo electrónico está relacionado al usuario "AbrahamCruzGarcia", sin embargo no solicito la notificación o consulta por dicho medio NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo; así como en los diversos numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto al Juez de Distrito, en turno, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique personalmente al quejoso ********************, el presente acuerdo, quien señaló como domicilio para tales efectos el ubicado en ********************; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le hará por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, lo devuelva vía interconexión. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir las actuaciones que obren en el expediente físico pues, como se precisó en párrafos que anteceden, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente, por tanto, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 263 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta (invita) a las partes continúen dicha tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los Secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto.

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