Lucía Isabel Vázquez Lira

Expediente 499/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
499/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Lucía Isabel Vázquez Lira

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo el dos de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano, la demanda de amparo promovida por Lucia Isabel Vázquez Lira, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Sobre ese contexto, es dable sostener que el acto que reclama consistente en la orden de presentare a laborar a partir del primero de septiembre de dos mil veintiuno en el área de la jefatura de enfermería del Hospital de Pemex, ante un mayor riesgo de contagio de la covid-19, a pesar de que pertenece al grupo de personas vulnerables por sus padecimientos médicos, encontrándose actualmente bajo vigilancia médica, al haber sido diagnosticada en el año dos mil siete con cáncer "tumor maligno de la glándula tiroides", no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, debido a que lo solicitado por la parte quejosa repercute en el ámbito laboral al tener como consecuencia la modificación de las condiciones de los trabajadores. De ahí que resulte claro que los actos atribuidos a las autoridades responsables no son equiparables a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dicho ente, se insiste, es evidente que con las omisiones reclamadas, no actúa en un plano superior al del peticionario de amparo, ni lo consideró como gobernado, sino que ese acto lo omite realizar en su calidad de patrón; siendo evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajador; por lo que no se está en el caso de tener a aquélla como responsable para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la Junta Federal correspondiente. Es decir, la omisión reclamada, en su caso, sólo conlleva una actuación propia de la relación privada que une a dicha dependencia con la parte quejosa como particulares, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de un cambio de área dentro del centro laboral y una modificación de las condiciones de los trabajadores, lo que, consiste en el cumplimiento de una prestación de trabajo que, por regla general, no es reclamable en la vía constitucional Ello, debido a que el derecho de la quejosa, que aduce violado por la aquí designadas como autoridades responsables, para quien presta sus servicios y, por ende, las transgresiones que le atribuye, no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad, sino como incumplimiento del derecho a la protección y seguridad previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. En efecto, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Por su parte, el precepto 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que es trabajador toda persona que preste un servicio físico, intelectual de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. A su vez, los numerales 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo prevén que es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación y que cuando se ejerciten acciones relacionadas con la obligación en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, serán de la competencia de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con su jurisdicción. Las disposiciones mencionadas llevan que cuando un trabajador exprese a su concluir inconformidad para desempeñar sus funciones dentro de la institución, existen disposiciones que regulan los conflictos internos relacionados con las condiciones generales de trabajo, para lograr una conciliación y, que de no ser posible, entonces el trabajador tiene a su alcance acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dirimir el conflicto suscitado que, a su decir, le causa agravio por no cumplir con las disposiciones necesarias para proteger su salud. De esta manera se colige que, incluso las instituciones públicas, por el sólo hecho de su naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, el acto reclamado, con independencia de que esté o no acreditado, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particular a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarle actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. De ahí que, se concluye, que la relación los trabajadores dedicados a la prestación de servicios en alguno de los organismos públicos descentralizado o autónomos, se encuentra sujeta a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, para conocer de los conflictos que se susciten entre alguna entidad y el propio operador, resulta competente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en razón de que por la naturaleza de aquel organismo y de las funciones que realiza, los mismos no pueden ser analizados de manera inmediata a través de la acción de amparo, ya que es menester que sean sometidas en la vía ordinaria ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1.60.T. J/28 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, en la página 1956, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, por consiguiente, solo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Por lo que se concluye que la paraestatal a la que se le atribuyó el carácter de autoridad responsable en la demanda de amparo, se localiza en un plano de igualdad con los derechos de la quejosa, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleado (parte quejosa); y, por tanto, los actos que reclama la quejosa Lucia Isabel Vázquez Lira, no constituyen, de acuerdo con su naturaleza, actos de autoridad, sino actos entre particulares, pues las omisiones y negativa reclamadas, obedecen a las facultades que las señaladas como autoridades responsables ejercen como patrón, por lo que no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos que les son imputados pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), registro 2022822, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2596, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, la cual es de observancia obligatoria en términos de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo Indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resquardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de os un la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa do improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5º, fracción estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Am de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." De igual forma, robustece lo anterior, por analogía, lo definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/2020, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UN TRABAJADOR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO.", en la que sostuvo en esencia lo siguiente: "En ese orden de ideas, si bien se advierte que los acuerdos mencionados derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo. En efecto, del análisis de su contenido, en particular, de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implemento varias medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Lo anterior, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras; de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. Al respecto, destaca el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo. (14) en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. En ese sentido, los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originadas con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. De esa forma, si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En ese contexto, a juicio do esta Segunda Sala, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo." En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, de la Ley de Ampar, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente en su ocurso y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Blanca Ordaz Núñez y Rosa Margarita Alvarado Martínez, por tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a Smith Julián Martínez Vásquez y Víctor Manuel de los Reyes Peña, al no acreditar tal inscripción en el aludido registro. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la Secretaria del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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