Luciana Luis García

Expediente 703/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
703/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Luciana Luis García
  • Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación contra la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa en su ordinal 2°, se declara que dicha determinación ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario asentar el cómputo correspondiente, respecto a las demás partes, pues dado el sentido de la sentencia, no estuvieron en posibilidad de recurrirla. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Asimismo, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, que en su oportunidad remitió en un legajo el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse las constancias en mención, previo acuse de recibo que remita de su recepción. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. Este expediente se encuentra en etapa de ejecución. Visto el estado autos se advierte que a la fecha las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, han sido omisas en informar el cumplimiento al fallo protector; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la ley de la materia, requiérase a las responsables en cita, para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido. De igual forma, solicítese a las responsables que en las constancias que envíen a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, indiquen la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubieran utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Apercibidas que, de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Se instruye a los actuarios para que en la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 3.2.1. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes. 3.2.2. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 3.2.3. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al medio de comunicación que le indique el personal de actuaría. El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 3.2.4. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÒN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Mediante oficio a las autoridades responsables. 5.2. Por lista a las demás partes. NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS INDICADOS.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, A DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el Juicio de Amparo Indirecto 703/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ++++++ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto siguiente: III. Las autoridades responsables son: Ordenadora. a) Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en Tepic, Nayarit." IV. El acto u omisión que se reclama es: La omisión del Juez responsable de decretar visitas y convivencias del menor +++++++++++ con la suscrita +++++, durante el procedimiento y que a la fecha ya llevó desde el dos de marzo de dos mil veinte en que no he convivido con el menor y el padre se opone a que lo haga, a pesar de que lo he buscado. Asimismo, mediante escrito que se presentó el cuatro de marzo del año en curso ante el Juzgado se pidió que se proveyera al respecto y es la fecha en que no se ha proveído nada sobre el particular." Acto que consideró violatorio a sus derechos humanos previstos en los numerales 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 703/2020. El diecisiete de marzo de dos mil veinte (foja 16), se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable la rendición del informe con justificación, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio intervención legal de su competencia al Agente del Ministerio Público de la Federación y seguido el juicio en sus etapas respectivas, se celebró la audiencia constitucional este día, con el resultado que consta en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo establecen los ordinales 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve en contra de un acto omisivo atribuido a una autoridad que tiene su sede en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del precepto 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías se observa, que la parte quejosa reclama en esencia: La omisión de la autoridad responsable de determinar la convivencia con el infante de siglas J. G. L., dentro del juicio familiar 167/2020 de su índice, ello en atención a la solicitud realizada por libelo presentado el cuatro de marzo del año en curso. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negó el acto impugnado (foja 41); sin embargo, dicha consideración se desvirtúa, toda vez que conforme a las constancias que se acompañaron y que obran por separado se obtiene, que a la fecha de la presentación de la demanda de garantías que lo fue el trece de marzo del año en curso, no se había emitido el acuerdo en relación a la petición elevada en el escrito presentado ante la responsable el cuatro de marzo del año en comento (foja 58 del tomo de pruebas que obra por separado), sino que su pronunciamiento fue hasta el veinte de julio del año en cita (foja 76 ídem), de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. Informe y documental que al estar certificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones de autoridad, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su arábigo 2º; con lo que se corrobora la existencia de la omisión reclamada. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el dispositivo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el presente caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el ordinal y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. En suma, los efectos de los actos reclamados cesan cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la falta de respuesta a la petición realizada en el expediente familiar 167/2020 del índice de la autoridad judicial responsable, mediante escrito de cuatro de marzo de dos mil veinte, consistente en determinar la convivencia con el infante de siglas J. G. L. De las constancias allegadas en su oportunidad por la responsable, se advierte que el veinte de julio del año en curso (fojas 76 a la 78 del tomo de pruebas), la autoridad judicial responsable en atención a dos diversos libelos de la ahora quejosa, presentados el ocho y nueve de julio del año en comento, acordó al respecto el trámite del incidente de modificación de la medida cautelar por la que se decretó la guarda y custodia provisional del menor antes citado, teniéndose por realizadas las manifestaciones respectivas y los medios de convicción ofrecidos. De igual forma, en esa misma fecha proveyó de manera provisional respecto de la convivencia del menor y su progenitora ahora quejosa, del cual se indicó se efectuaría de manera virtual los días sábados de cada semana en el horario indicado para tal fin, ordenándose girar oficio al Director del Centro de Justicia Alternativa y de Convivencia Familiar, para que se llevara a cabo dicha convivencia y de presentarse algún suceso que pusiera en riesgo el estado emocional del menor, se suspendería de manera inmediata la multicitada convivencia. Precisado lo anterior, cabe señalar que si bien la autoridad judicial responsable en el auto de veinte de julio del año en curso, no citó acordar de forma expresa respecto a las omisiones de las solicitudes planteadas en su oportunidad en el libelo presentado el cuatro de marzo del año en comento que dio origen al acto reclamado (fojas 58 a la 64 del tomo de pruebas), consistente en lo que al caso interesa, a la solicitud de las visitas y convivencias con el menor de edad; cabe señalar, que sobre dicho tópico en el mencionado proveído de veinte de julio del año en cita, se realizó el pronunciamiento correspondiente con base en los diversos escritos presentados por la ahora quejosa, de donde se obtiene que además de haber admitido el trámite del incidente de modificación de la medida cautelar por el que se decretó la guarda y custodia provisional del infante; de igual forma estableció de manera provisional la convivencia con el multireferido menor de siglas J. G. L., indicando para ello los lineamiento respectivos. Luego, si lo que la parte quejosa reclamó es la falta de respuesta de la autoridad responsable sobre dicha convivencia con el mencionado infante, pero consta que dentro de ese procedimiento familiar ya se realizó el pronunciamiento respectivo en el auto de veinte de julio de dos mil veinte (después de la presentación de la demanda de amparo que lo fue el trece de marzo del presente año); de ahí que es evidente, que los efectos de dicho acto reclamado desaparecieron total e incondicionalmente. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, y lo conducente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los arábigos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ++++su Ppio derecho y en representación del menor con iniciales **., respecto del acto que reclamó a la autoridad judicial responsable, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta presentado por C**, en su carácter de representante legal del menor identificado con las iniciales J. G. L., a través del cual solicita se difiera la audiencia constitucional programa para el día de hoy, en atención a que dice no se le han entregado las copias que solicitó de las constancias que obran dentro del presente juicio, por lo que no ha sido posible se imponga de las aludidas documentales. Al respecto, agréguese el ocurso de mérito para los efectos legales a que haya lugar, y contrario a lo que manifiesta por auto de veintiocho de julio del año en curso, se le autorizaron las copias que solicitó, lo cual se le indicó se encontraban de manera electrónica, indicándosele que de no localizarse las documentales que necesitara lo hiciera saber a este juzgado, lo cual hasta este momento no ha acontecido. Por otra parte, en relación a su manifestación de que no se encuentra en el expediente electrónico la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, dígasele que el juicio se referencia se encuentre debidamente digitalizado y capturado en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Por otra parte, se obtiene del sistema que el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, el trece de agosto de dos mil veinte rindió su informe justificado y remitió en un tomo por separado las constancias del juicio natural materia del acto reclamado, las cuales no se encuentran digitalizas, por lo que a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente y con la finalidad de coadyuvar a las medidas de distanciamiento social, así como el evitar la propagación del agente infeccioso COVID-19, el archivo digital que contenga las copias de las documentales de referencia, le será remitido al correo carlos.lopez.balbuenacorreo.cjf.gob.mx. Luego, una vez que se envíe el archivo digital que contenga las copias al correo electrónico indicado, ésta deberá acusar recibo al emisor a través de ese mismo medio; en caso de no hacerlo, el envío se tendrá por realizado cumplidas veinticuatro horas. Ahora bien, en caso de que, por la voluminosidad del documento digitalizado, el tamaño del archivo informático resultante exceda la capacidad de los sistemas de comunicación electrónica y no se pueda enviar, se hará saber oportunamente a la parte quejosa, para que, previa cita que agende a través del sistema "Agenda OJ", acuda a este juzgado a obtener impresiones de lo actuado en este expediente, a través de los medios electrónicos con que cuente en ese momento la solicitante; en ese caso, no se permitirá la salida del personal de este juzgado de sus instalaciones ni la extracción de este expediente, con la finalidad de obtener copias por otros medios. En consecuencia, como lo solicita, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano