Lucía Romero Benítez

Expediente 2499/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2499/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • Lucía Romero Benítez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 72 a 74), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de junio del año en curso (foja 75), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "****". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinticuatro de mayo de la presente anualidad (fojas 38 a 53), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder a la quejosa Lucia Romero Benítez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en San Blas, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en San Blas, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el trece de junio de dos mil diecinueve (fojas 66 y 67), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consiste en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veintisiete de junio del presente año (fojas 72 a 74), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, entregó a la aquí quejosa, la cantidad de tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos con treinta y un centavos, lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0001290, de seis de junio del año en curso y copia de la identificación oficial de la accionante de garantías (fojas 73 y 74). Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho y que el veinticinco de junio de la presente anualidad se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo del año en que se actúa entre el índice para el mes de octubre del año próximo pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo del año en curso fue de 103.233 y para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.017675. Ahora, dado que al monto de $3,772.32 (tres mil setecientos setenta y dos pesos 32/100, moneda nacional), al cual se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, nos da como resultado la cantidad de $3,492.32 (tres mil cuatrocientos noventa y dos pesos 32/100, moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $3,554.04 (tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 04/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $61.72 (sesenta y un pesos 72/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la quejosa la cantidad de $3,554.04 (tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 04/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $3,564.31 (tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos 31/100, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $10.27 (diez pesos con veintisiete centavos 27/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el cual informa las gestiones realizadas para notificar al quejoso que se encuentra a su disposición un cheque valioso por la cantidad que pagó por derechos registrales y acuda a las oficinas de dicho ente a efectuar su cobro; al respecto, agréguense a sus autos para que obren como corresponda; en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el fallo protector concedido a la parte quejosa, sino únicamente en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo.

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