Lucia Sosa Ortega
Expediente 603/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Lucia Sosa Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio II-4969/2019, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal +6del Sexto Circuito, con el que hace del conocimiento de esta potestad federal que por acuerdo de presidencia de diecinueve de noviembre de esta anualidad, admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia 7/2019 de esa estadística, formado con motivo de la remisión de autos que esta potestad federal hizo de las constancias que integran el juicio de amparo 603/2019-B, ante la imposibilidad de la Jueza de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla, para dar cumplimiento a la sentencia pronunciada, por el desistimiento en la tramitación del incidente de libertad anticipada en su modalidad de libertad preparatoria, promovido por la quejosa Lucía Sosa Ortega y su defensa, de lo que este juzgado federal queda enterado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 224 a 226), donde se declaró la imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de amparo 603/2019-B, transcurrió del veintitrés de octubre al trece de noviembre de dos mil diecinueve, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo, y último de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme de este controvertido, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para su respectiva revisión y determinación sobre la imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido en proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve (foja 219), a las partes quejosa y tercera interesada, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubieran desahogado la vista conferida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que en sentencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas 150 a 166), se concedió el amparo a Lucía Sosa Ortega, para los siguientes efectos: ".NOVENO Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que quede firme la presente determinación y dentro de los quince días siguientes a que ello acontezca, la jueza de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla, en el expediente de ejecución 18/2018/JES de su índice: 1. Dictará un proveído en el que establezca todas y cada una de las actuaciones y constancias que le resulten necesarias para resolver el incidente planteado por Lucía Sosa Ortega. 2. En dicho proveído habrá de indicar todas y cada una de las medidas necesarias para allegarse de dichas actuaciones y constancias en un plazo no mayor a cinco días. En la inteligencia de que deberá vigilar acuciosamente el cumplimiento total y puntual de los requerimientos y medidas que tome, haciendo uso eficaz y sin pretextos de las medidas de apremio que la ley le confiere para tal efecto; y 3. Una vez que cuente con las constancias o actuaciones requeridas -desde luego sin rebasar el término de quince días concedido-, deberá emitir de inmediato la resolución que en derecho proceda, respecto del incidente no especificado de beneficio de libertad anticipada en su modalidad de libertad preparatoria, promovido por la quejosa. 4. Remitirá a este juzgado las constancias de las que se aprecie la resolución de la incidencia planteada y su notificación a las partes. (.)" En acuerdo de once de septiembre de dos mil diecinueve se declaró que la sentencia de marras causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 180 a 182) En ese sentido, es menester destacar que mediante oficio JES/9020/2019, de nueve de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla, envió a este juzgado copia certificada de la comparecencia de esa data, levantada en el expediente de ejecución 18/2018/JES y constancia de su notificación a las partes. En dicho constancia aparece -en lo que interesa- que la aquí quejosa Lucía Sosa Ortega, de forma conjunta con su defensora, desistieron de la tramitación del incidente de libertad anticipada en su modalidad de libertad preparatoria, por lo que en ese acto la jueza responsable declaró sin materia el incidente, dejó sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia incidental y ordenó el archivo definitivo del asunto (fojas 214 a 218). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En esa línea de pensamiento, este órgano jurisdiccional determina que existe imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable cumpla con el efecto del fallo protector, tomando en consideración que si bien la autoridad responsable realizó las gestiones necesarias para la celebración de la audiencia correspondiente al incidente planteado, lo cierto es que ante el desistimiento de la quejosa en su trámite, resulta imposible su celebración y, por ende, imposible resulta también el dictado de la interlocutoria respectiva. Por lo tanto, se itera, quien esto provee considera que existe la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos segundo y último del numeral 196 de la Ley de Amparo, de no interponer las partes recurso de inconformidad contra esta determinación, una vez transcurrido el plazo a que alude el diverso ordinal 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que en turno corresponda, para que determine lo conducente. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio JES/9020/2019 signado por la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con el que remite copia certificada de la audiencia de nueve de octubre de dos mil diecinueve celebrada, en autos del incidente de ejecución 18/2018/JES, de su estadística, de cuyo contenido se aprecia, en lo que interesa que tuvo a la sentenciada Lucía Sosa Ortega, ratificando el contenido del escrito presentado ante ese órgano jurisdiccional por el que se desistió de la tramitación del incidente de beneficio de libertad anticipada en su modalidad de libertad preparatoria, por lo que ordenó el archivo de esa incidencia. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta; dese vista a la parte quejosa, a los terceros interesados, así como a la autoridad tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante.
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