Lucia Sanchez Ayala (Representante)

Expediente 327/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
327/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • LUCIA SANCHEZ AYALA (REPRESENTANTE) y Otros.
  • Juez de Control Especializado En Elsistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes En el Estado de Puebla
  • Lucia Sanchez Ayala (Representante)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra integrado para ser remitido al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para substanciar el recurso de revisión interpuesto por Lucia Sánchez Ayala, en representación de su menor hijo B. LS. (de identidad reservada), en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el siete de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, remítase el presente juicio de amparo, en los términos indicados por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito; y, cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintiuno. Regularización del procedimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que los informes justificados rendidos no se notificaron personalmente al quejoso menor de edad Brandon LS en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, tomando en consideración que aquél se encuentra resguardado en la "Casa del Adolescente" perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicada en kilómetro 4.5 de la Carretera Federal Puebla-Atlixco, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla y que dichos informes y los autos que los tuvieron por recibidos se notificaron por lista a su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la circunstancia de que en el auto admisorio -de trece de abril de dos mil veintiuno- se ordenaron que las notificaciones a la parte quejosa se realizarán por lista de acuerdos y dicha disposición es clara en establecer que las notificaciones se realizarán de forma personal al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento y, de conformidad con el referido numeral de la ley de la materia, se ordena notificar personalmente al aludido quejoso, los acuerdos dictados el veintidós de abril y el diez de mayo, ambos del año en curso, así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Alberto Bagatella Bermúdez, Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla y 2. Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla -registros 7098, 7976 y 7977, todos de 2021-, en la "Casa del Adolescente" perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicada en kilómetro 4.5 de la Carretera Federal Puebla-Atlixco, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla. Solicitud de constancias. Con el objeto de que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a 1. Alberto Bagatella Bermúdez, Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla -autoridad responsable- para que en el término de tres días, computado legalmente, realice lo siguiente: ( Remita los registros de audio y video de las audiencia orales celebradas el diecinueve y veinte agosto de dos mil veinte, así como el seis y nueve de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 33/2020/JEJA. ( Remita el índice cronológico de dichas audiencias orales. Se apercibe a la citada autoridad, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso menor de edad Brandon LS el presente acuerdo y los diversos de veintidós de abril y diez de mayo, ambos del año en curso, en la "Casa del Adolescente" perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicada en kilómetro 4.5 de la Carretera Federal Puebla-Atlixco, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla, corriéndole traslado con copia autorizada de dichas determinaciones y de los informes justificados rendidos en autos -registros 7098, 7976 y 7977, todos de 2021-; por oficio a 1. Alberto Bagatella Bermúdez, Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla -autoridad responsable- únicamente esta determinación; y, por lista a las demás partes únicamente esta determinación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de abril de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con veintiocho minutos del día de hoy; y, entre la fecha señalada para su celebración y el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que proporcione el domicilio de las terceras interesadas de identidad reservada I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), está en trámite para que manifesté lo que a su interés convenga. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las diez horas con veintiocho minutos del día hoy, se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veintiséis minutos del veinticuatro de mayo dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  4. Principal

    (SE PUBLICA CITATORIO) Se notifica por lista de acuerdos al tercero interesado Román González Valle, asesor jurídico de la víctima I.M.R., lo actuado el trece y veintidós de abril del año en curso, que dicen: San Andrés Cholula, Puebla, trece de abril de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período; Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021; Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el doce de abril de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 327/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PERSONALIDAD DE LA PROMOVENTE Cabe precisar que la promovente Lucia Sánchez Ayala, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, acredita la personalidad con la que se ostenta, con copia certificada del acta de nacimiento con número de folio A17 18766159, expedida por el Registro Civil del Estado de Morelos, con la que acredita el vínculo de madre e hijo entre Lucia Sánchez Ayala y el menor de edad con iniciales B.L.S.; razón por la cual, se tiene por reconocida la personalidad con la que se ostenta. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." SUPRESIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MENOR. Atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar del menor quejoso, al hacer públicas las resoluciones que se emitan en el presente asunto, suprímanse los datos que permitan la identificación de dicho menor, a quien en lo sucesivo se le identificará con la inicial B.L.S. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Lucía Sánchez Ayala, en representación de su menor hijo con iniciales B.L.S., contra los actos del 1. Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado de Puebla y del 2. Coordinador de la Casa del Adolescente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.), del Estado de Puebla. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el acta mínima y el registro audiovisual de la audiencia en la que se hubiere dictado el acto reclamado, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; de igual forma, el juez de control responsable deberá remitir la resolución que conste por escrito del acto reclamado, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlos, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables, que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251 , en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. Hágase saber a la juez responsable, que en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo (última parte), de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento dentro de la carpeta judicial 0033/2020/JEJA de su índice, por lo que hace a la parte quejosa -menor con iniciales B.L.S- una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto se resuelva en definitiva este juicio. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. Sin que haya lugar a tramitar de plano y de oficio la suspensión del acto reclamado, toda vez que a criterio de órgano de Control Constitucional, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues no consiste en actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. PARTE TERCERA INTERESADA. I. Resérvese acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos los informes justificados de las autoridades responsables. II. De conformidad con lo dispuesto por el inciso e) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad tercera interesada al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla (proceso 0033/2020/JEJA de su índice). Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a dicho fiscal al presente sumario constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia simple de la demanda de amparo y el presente acuerdo. Aunado a lo anterior, el Juez responsable deberá hacer del conocimiento a esta potestad Federal en el término de tres días, quién o quiénes son los Fiscales intervinientes dentro del proceso penal de origen (0033/2020/JEJA de su estadística). Apercibido que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señaló como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico 1976alejandro2009@live.com.mx y que el mismo no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo para tal efecto, no ha lugar a tenerlo como medio de notificación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y los subsecuentes por medio de lista de acuerdos. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Alejandro Rosas García y Jaime Saúl Rosas García, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp , de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA. ( Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese por lista a la parte quejosa, -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes, (Alberto Bagatella Bermúdez), con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. II. PRUEBA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado, por lo que dada la voluminosidad de las constancias se ordena formar el anexo I y los discos versátiles digitales que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción de los citados discos, dada su naturaleza jurídica. Guárdense en sobre cerrado los dos discos versátiles digitales que acompaña, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." III. AUTORIDAD TERCERO INTERESADA. Por otro lado, del análisis de las constancias se advierte el nombre propio y completo de los fiscales que intervienen en la causa penal 33/2020/JEJA, de su estadística, en consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley en comento, téngase como autoridades terceras interesadas a los agentes del Ministerio Público (Jenifer Urrutia García, Carlos Jonathan Lazo Montes y Hugo Adrián Pérez Soto); y, según lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena sean emplazados cada uno al presente juicio constitucional, por medio de oficios que se giren para tal efecto (en las direcciones de correo electrónico que indica la autoridad responsable), adjuntándole copia autorizada de la demanda de amparo y del auto admisorio. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." Por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción que corresponda, notificar a las citadas autoridades tercero interesadas, quien deberá asentar el acuse de recibo respectivo y comunicar dichos emplazamientos a la Secretaria de acuerdos encargada de este asunto. IV. EMPLAZAMIENTOS TERCEROS INTERESADOS DE IDENTIDAD RESERVADA VÍA DESPACHO. Igualmente, se advierte que a la víctima y ofendida, ambos de identidad reservada I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), les reviste el carácter de terceros interesados dentro de la causa penal 33/2020/JEJA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene a I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), con el carácter de terceros interesados en el juicio de amparo en que se actúa y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: 1). Notifique el auto admisorio y este acuerdo. 2). Emplace a la víctima y ofendida, ambos de identidad reservada I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), ambos con domicilio ubicado en calle Zaragoza, número nueve, colonia centro, Izúcar de Matamoros, Puebla. 3). Le corra traslado a cada uno con copia simple de la demanda de amparo y con copia autorizada del auto admisorio y de este acuerdo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. 4). Asimismo, les haga de su conocimiento que están señaladas las diez horas con veintiocho minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional y; 5). Finalmente, para que en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, las requiera para que señalen domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla; apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, se les harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del actuario que corresponda el envío de esta comunicación, cerciorarse de que la misma sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. V. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO POR CONDUCTO DEL ACTUARIO. Asimismo, se advierte que Román González Valle, es asesor jurídico de la víctima, quien atento la naturaleza especial que rige el procedimiento de menores infractores llámesele al presente sumario constitucional, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario adscrito realice lo siguiente: 1). Notifique el auto admisorio y este acuerdo. 2). Emplace a Román González Valle, con domicilio ubicado en calle diecisiete poniente, número mil setecientos cuatro, colonia Santiago de la ciudad de Puebla, (número telefónico 222-212-8667). 3). Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y con copia autorizada del auto admisorio y de este acuerdo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. 4). Asimismo, le haga de su conocimiento que están señaladas las diez horas con veintiocho minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional y; 5). Finalmente, para que en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, lo requiera para que señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al asesor jurídico victimal indicado en este acuerdo; vía despacho a los terceros interesados referidos; por oficio -vía emplazamiento- a las autoridades tercero interesadas; y, por lista a las demás partes.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes, (Alberto Bagatella Bermúdez), con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. II. PRUEBA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado, por lo que dada la voluminosidad de las constancias se ordena formar el anexo I y los discos versátiles digitales que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción de los citados discos, dada su naturaleza jurídica. Guárdense en sobre cerrado los dos discos versátiles digitales que acompaña, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." III. AUTORIDAD TERCERO INTERESADA. Por otro lado, del análisis de las constancias se advierte el nombre propio y completo de los fiscales que intervienen en la causa penal 33/2020/JEJA, de su estadística, en consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley en comento, téngase como autoridades terceras interesadas a los agentes del Ministerio Público (Jenifer Urrutia García, Carlos Jonathan Lazo Montes y Hugo Adrián Pérez Soto); y, según lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena sean emplazados cada uno al presente juicio constitucional, por medio de oficios que se giren para tal efecto (en las direcciones de correo electrónico que indica la autoridad responsable), adjuntándole copia autorizada de la demanda de amparo y del auto admisorio. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." Por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción que corresponda, notificar a las citadas autoridades tercero interesadas, quien deberá asentar el acuse de recibo respectivo y comunicar dichos emplazamientos a la Secretaria de acuerdos encargada de este asunto. IV. EMPLAZAMIENTOS TERCEROS INTERESADOS DE IDENTIDAD RESERVADA VÍA DESPACHO. Igualmente, se advierte que a la víctima y ofendida, ambos de identidad reservada I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), les reviste el carácter de terceros interesados dentro de la causa penal 33/2020/JEJA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene a I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), con el carácter de terceros interesados en el juicio de amparo en que se actúa y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: 1). Notifique el auto admisorio y este acuerdo. 2). Emplace a la víctima y ofendida, ambos de identidad reservada I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), ambos con domicilio ubicado en calle Zaragoza, número nueve, colonia centro, Izúcar de Matamoros, Puebla. 3). Le corra traslado a cada uno con copia simple de la demanda de amparo y con copia autorizada del auto admisorio y de este acuerdo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. 4). Asimismo, les haga de su conocimiento que están señaladas las diez horas con veintiocho minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional y; 5). Finalmente, para que en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, las requiera para que señalen domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla; apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, se les harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del actuario que corresponda el envío de esta comunicación, cerciorarse de que la misma sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. V. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO POR CONDUCTO DEL ACTUARIO. Asimismo, se advierte que Román González Valle, es asesor jurídico de la víctima, quien atento la naturaleza especial que rige el procedimiento de menores infractores llámesele al presente sumario constitucional, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario adscrito realice lo siguiente: 1). Notifique el auto admisorio y este acuerdo. 2). Emplace a Román González Valle, con domicilio ubicado en calle diecisiete poniente, número mil setecientos cuatro, colonia Santiago de la ciudad de Puebla, (número telefónico 222-212-8667). 3). Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y con copia autorizada del auto admisorio y de este acuerdo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. 4). Asimismo, le haga de su conocimiento que están señaladas las diez horas con veintiocho minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional y; 5). Finalmente, para que en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, lo requiera para que señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al asesor jurídico victimal indicado en este acuerdo; vía despacho a los terceros interesados referidos; por oficio -vía emplazamiento- a las autoridades tercero interesadas; y, por lista a las demás partes.San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes, (Alberto Bagatella Bermúdez), con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. II. PRUEBA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado, por lo que dada la voluminosidad de las constancias se ordena formar el anexo I y los discos versátiles digitales que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción de los citados discos, dada su naturaleza jurídica. Guárdense en sobre cerrado los dos discos versátiles digitales que acompaña, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." III. AUTORIDAD TERCERO INTERESADA. Por otro lado, del análisis de las constancias se advierte el nombre propio y completo de los fiscales que intervienen en la causa penal 33/2020/JEJA, de su estadística, en consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley en comento, téngase como autoridades terceras interesadas a los agentes del Ministerio Público (Jenifer Urrutia García, Carlos Jonathan Lazo Montes y Hugo Adrián Pérez Soto); y, según lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena sean emplazados cada uno al presente juicio constitucional, por medio de oficios que se giren para tal efecto (en las direcciones de correo electrónico que indica la autoridad responsable), adjuntándole copia autorizada de la demanda de amparo y del auto admisorio. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." Por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción que corresponda, notificar a las citadas autoridades tercero interesadas, quien deberá asentar el acuse de recibo respectivo y comunicar dichos emplazamientos a la Secretaria de acuerdos encargada de este asunto. IV. EMPLAZAMIENTOS TERCEROS INTERESADOS DE IDENTIDAD RESERVADA VÍA DESPACHO. Igualmente, se advierte que a la víctima y ofendida, ambos de identidad reservada I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), les reviste el carácter de terceros interesados dentro de la causa penal 33/2020/JEJA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene a I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), con el carácter de terceros interesados en el juicio de amparo en que se actúa y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: 1). Notifique el auto admisorio y este acuerdo. 2). Emplace a la víctima y ofendida, ambos de identidad reservada I. M. R. y A.M.R (hermana de la víctima), ambos con domicilio ubicado en calle Zaragoza, número nueve, colonia centro, Izúcar de Matamoros, Puebla. 3). Le corra traslado a cada uno con copia simple de la demanda de amparo y con copia autorizada del auto admisorio y de este acuerdo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. 4). Asimismo, les haga de su conocimiento que están señaladas las diez horas con veintiocho minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional y; 5). Finalmente, para que en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, las requiera para que señalen domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla; apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, se les harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del actuario que corresponda el envío de esta comunicación, cerciorarse de que la misma sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. V. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO POR CONDUCTO DEL ACTUARIO. Asimismo, se advierte que Román González Valle, es asesor jurídico de la víctima, quien atento la naturaleza especial que rige el procedimiento de menores infractores llámesele al presente sumario constitucional, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario adscrito realice lo siguiente: 1). Notifique el auto admisorio y este acuerdo. 2). Emplace a Román González Valle, con domicilio ubicado en calle diecisiete poniente, número mil setecientos cuatro, colonia Santiago de la ciudad de Puebla, (número telefónico 222-212-8667). 3). Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y con copia autorizada del auto admisorio y de este acuerdo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. 4). Asimismo, le haga de su conocimiento que están señaladas las diez horas con veintiocho minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional y; 5). Finalmente, para que en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, lo requiera para que señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al asesor jurídico victimal indicado en este acuerdo; vía despacho a los terceros interesados referidos; por oficio -vía emplazamiento- a las autoridades tercero interesadas; y, por lista a las demás partes.

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