Lucía Ordoñez Bravo
Expediente 986/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Lucía Ordoñez Bravo
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Admisión de recurso de revisión. Glósese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Lucia Ordoñez Bravo contra la resolución dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, el cual se radicó bajo el toca ********************. Se ordena vincular expediente. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Se interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el autorizado legal de la parte quejosa mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de quince de diciembre de dos mil veintidós; por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios; en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente la representación social de la adscripción y por lista a la parte quejosa ******************** Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con seis minutos del quince de diciembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridad responsable, quejoso y fiscal federal de la adscripción-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en representación de la junta directiva del citado instituto; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del referido informe justificado, y el diverso de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de noviembre pasado, para que manifestara su deseo de ampliar la demanda, previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que hiciera uso de ese derecho. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y como la quejosa no amplió su demanda se continúa con la secuela procesal correspondiente únicamente respecto los actos, conceptos de violación y la autoridad precisada anteriormente. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por la autoridad responsable y la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que la parte tercera interesada formuló alegatos. El juez acuerda: Ténganse por hechas tales manifestaciones y por perdido el derecho a las restantes partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Lucía Ordoñez Bravo, contra el acto atribuido a la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por demanda turnada al Juzgado Decimotercero de Distrito en la Entidad, Lucía Ordoñez Bravo y otros demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la citada autoridad y por el acto consistente en la resolución de negativa ficta configurada con motivo de la solicitud que formularon mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte; juicio que registró con el número 438/2020. Separación de autos. Mediante proveído de seis de agosto siguiente, al estimar que a virtud que cada quejoso tiene su propio expediente respecto la pensión que a cada uno le corresponde, ante una posible concesión del amparo, dicha prestación debería analizarse de manera particular, por tanto, sus pretensiones no podían ser analizadas en un solo juicio de amparo; por ello, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la separación de autos y se remitió copia certificada de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a fin de que la registrara y la turnara al órgano jurisdiccional correspondiente. Se admite demanda 493/2020. Por acuerdo de veintiuno de agosto de ese año, este juzgado tuvo por recibida la demanda remitida por la citada Oficina de Correspondencia Común, y la admitió, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ampliación de demanda. Posteriormente, la aquí quejosa amplió su demanda de derechos y por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, este órgano judicial determinó que los actos reclamados en dicha ampliación eran autónomos y no guardaban relación con el combatido inicialmente, pues sus efectos y naturaleza son independientes de aquella respuesta; por ello, se ordenó remitir copia certificada de la citada ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a fin de que la registrara y la turnara al órgano jurisdiccional correspondiente. Returno. De la ampliación de demanda señalada en el párrafo precedente, correspondió conocer al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, el cual, por determinación de dieciséis de diciembre de ese año, declinó competencia por razón de turno para conocer del presente juicio y lo remitió a este juzgado de Distrito; lo anterior, al estimar que los actos combatidos en la ampliación de demanda guardan estrecha relación con el reclamado en el juicio 493/2020, del índice de este juzgado. Se admite demanda. Por ende, por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, previo requerimiento, este juzgado aceptó el returno planteado y admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar el veinte de mayo de dos mil veintiuno y, en la misma fecha, se sobreseyó en el juicio. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, y por ejecutoria de catorce de octubre de dos mil veintidós, revocó la resolución recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, para efecto de que se previniera a la parte quejosa para que, de estimarlo conveniente, dentro del plazo de quince días hábiles, ampliara su demanda de amparo respecto del nuevo acto, consistente en el acta de sesión 708, de treinta de septiembre de dos mil veinte, que resulta ser un acto diverso a los inicialmente reclamados a la autoridad responsable. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se realizaron las gestiones necesarias para su cumplimiento, por lo que se previno en los términos solicitados por el tribunal revisor a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se entendería que no era su deseo realizar la ampliación de demanda y se continuaría con la secuela normal del procedimiento y se señaló nuevamente día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado del presente fallo, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: Los acuerdos J.D.S.O. 672/08 y N°5.1-2020-SE-705, adoptados durante las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas por la responsable el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y quince de julio de dos mil veinte, respectivamente. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos a la junta directiva del ISSSTESON, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de la lectura de su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, lo relevante es que su certeza se advierte con las constancias que al efecto remitieron la citada responsable y la quejosa; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" De dicha causa de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso a estudio, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas -sustitución-, pues la peticionaria de amparo combate los acuerdos J.D.S.O. 672/08 y N°5.1-2020-SE-705, adoptados durante las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas por la responsable el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y quince de julio de dos mil veinte, respectivamente. En efecto, del contenido de dicha demanda se advierte que la quejosa señala bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de su demanda, lo siguiente: Que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (acta 672), ordenó un incremento en la pensión de los trabajadores en un 3.9%, para lo cual aplicó uno de los dos parámetros previstos por el artículo quinto transitorio del decreto 211 que reformó la Ley Número 38 del ISSSTESON. Después, en el año de dos mil diecinueve la responsable ordenó que el incremento al salario fuera por un 4% (cuatro por ciento), para lo cual aplicó el parámetro del aumento salarial pactado con los trabajadores estatales. Finalmente, el quince de julio de dos mil veinte (acta 705), ordenó corregir lo ordenado en dos mil diecinueve, para actualizar ese incremento en un 1%, para quedar en un incremento total de 5%. Ahora bien, mediante acta 708, aprobada en sesión ordinaria de treinta de septiembre de dos mil veinte, se emitió el acuerdo N°8.X-2020-SO-708, en el que se autorizó el pago del .55% (punto cincuenta y cinco por ciento) de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del 1% (uno por ciento) de los demás pensionados y jubilados del instituto, por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio dos mil diecinueve, por el periodo de enero a septiembre de dos mil veinte, que se encuentra corroborado con las copias certificadas que la junta directiva allegó a este juicio, y que fueron valoradas en el apartado precedente. En esa virtud, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que mediante la citada acta 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la cual se aprobó por unanimidad el acuerdo N°8.X-2020-SO-708, relacionado anteriormente, sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, por lo que no se puede entrar al estudio de fondo del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación jurídica imperante para el quejoso ante la autoridad responsable. Por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, al haber sido sustituido los acuerdos J.D.S.O. 672/08 y N°5.1-2020-SE-705, adoptados durante las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas por la responsable el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y quince de julio de dos mil veinte, respectivamente, lo que hace improcedente este juicio de derechos, y, en vía de consecuencia, la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL." Por último, debe destacarse que no pasa inadvertido para este juzgador, la circunstancia que de la demanda de derechos -que inicialmente se presentó como ampliación-, se desprende como acto reclamado destacado la negativa tácita configurada con motivo de la solicitud presentada el veinticinco de febrero de dos mil veinte ante la responsable; empero, se hace la precisión que dicho acto en reclamo será materia de análisis y resolución en el diverso juicio de amparo 493/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la propia quejosa y contra la misma autoridad responsable. V. Decisión En esa virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Lucía Ordoñez Bravo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de catorce de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que en el amparo en revisión 462/2021 el órgano plenario, resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se repone el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 986/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, promovido por Lucía Ordoñez Bravo. [.]" Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en el amparo en revisión 462/2021, del control del tribunal oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 986/2020 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Determinación del órgano revisor. Ahora bien, con base en el resolutivo efectuado por el órgano revisor en su testimonio de ejecutoria, se advierte que se revocó la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo, a fin de que: Se requiera personalmente a la parte quejosa a fin de que manifieste si es su deseo o no ampliar la demanda de derechos respecto del acta de sesión 708, de treinta de abril de dos mil veinte; y, Se prosiga con la substanciación del juicio y, en su oportunidad, se resuelva lo que en derecho corresponda, en relación con los actos reclamados que se tuvieron como tales en la ejecutoria de amparo, así como los que, en su caso, pudiesen ser materia de amparo. Ahora bien, en el sumario obra el informe justificado rendido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como las constancias agregadas mediante acuerdos de veintitrés de marzo y siete de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la presente determinación, manifieste por escrito si es su deseo ampliar la demanda, respecto de un nuevo acto reclamado y concepto de violación consistente en el contenido del acta sesión número 708, emitida el treinta de septiembre de dos mil veinte. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido, el presente juicio se resolverá únicamente por los actos, conceptos de violación y las autoridades precisadas en la demanda inicial. Señalamiento de fecha para la audiencia constitucional. Finalmente, se señalan las nueve horas con seis minutos del quince de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese; mediante oficio al órgano colegiado y a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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